JOSÉ ANGEL BORREGO, REGLA DE TRES SIMPLE

Venezuela, según Rafael Ramírez, produce 3.500 millones de barriles diarios de petróleo.

Voces más serias estiman que podría rozarse los tres millones. No más. Y de esos 3 millones hay deducciones automáticas como la venta a China, el obsequio a Cuba, la deferencia para con Petrocaribe y el consumo interno en el país, que apenas permite que se pueda exportar 2.2 millones de barriles o algo menos.

Pero dejemos la cifra en 2.2 millones que a Bs 68 (última cotización internacional) abre un boquete inconmensurable en la economía venezolana. Ahora bien; los prelados del Gobierno negocian con los países productores una rebaja en las cuotas de producción para obligar a los precios a subir.

Digamos que tienen éxito en esa gestión y se acuerde una cota de 10 % menos que las cuotas antes convenidas por la OPEP. Venezuela dejaría de producir 350 mil barriles diarios (10 % de lo que dice que produce) y por ende su capacidad de exportación se reduce hasta 1.850.000 barriles, es decir, 18.91 % menos que la exportación actual.

Supongamos optimistamente que el crudo se revalorice en 15 % y se cotice en $ 78,92 que multiplicados por 1.850.000 barriles permite que ingresen $ 144.670.000 diarios. Pero si mantenemos el estatus vigente y multiplicamos 2.2 millones de barriles por esa misma cotización de $ 68 obtenemos $ 149.600.000, es decir, $ 4.930.000 más que imputando la reducción global de 15 % que además es bien cuesta arriba lograr.

En consecuencia estaríamos frente a un nuevo “negocio” chucuto. Todo ello sin considerar que si el crudo asciende a $ 78,92 resulta atractivo para los productores de USA extraer petróleo de esquisto que permite mayores beneficios y con ello Estados Unidos estaría reduciendo su brecha de dependencia externa al importar menos, de países como precisamente, Venezuela. (¿Difícil de entender?)

José Angel Borrego

periodistaborrego@gmail.com

@periodistaborr1

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PEDRO LUIS ECHEVERRIA, ¿A DONDE VAMOS? ¿EN DÓNDE ESTAMOS?

Transcurren los días, la represión aumenta y se perfeccionan y profundizan los métodos para ejercerla, aumentan las víctimas fatales, los lesionados, los torturados, los detenidos, impunemente los grupos armados e irregulares auspiciados, protegidos y financiados por el gobierno incrementan la virulencia de los ataques a las personas, a la propiedad privada y a las pertenencias ajenas y; a pesar de ello, la fuerza de la  protesta crece, persevera, se mantiene, se reinventa y se extiende paulatinamente a diversas ciudades y sectores sociales. Es una suerte de loca espiral en donde se confrontan la violencia oficial y la resistencia heroica, una y otra vez, sin que la balanza de resultados de la pugna favorezca claramente a ninguna de las partes involucradas.

El gobierno irresponsablemente asume el rol de feroz contendiente, en lugar de abrir, mediante acciones políticas contundentes y veraces, los caminos para el entendimiento; los cierra a través de un discurso altanero y desconsiderado en el cuál campean perversas órdenes de incremento  de la represión, llamados a las hordas que controla a la confrontación abierta, mentiras, amenazas, descalificaciones y violaciones flagrantes al orden constitucional del país. A casi dos meses de diarios enfrentamientos con una parte importante de la población, el régimen no ha cedido un ápice a las justas demandas de la disidencia, condiciones mínimas éstas, que facilitarían la posibilidad de mantener conversaciones sobre la forma de abordar conjuntamente las soluciones a la terrible situación que vive el país en todos los órdenes.

No es posible despegar un proceso de desarrollo sustentable cuando las cicatrices de la contienda no han sido sanadas. Después de una fase de horror y abusos de los derechos humanos como la que estamos viviendo y para la que no se vislumbra su tiempo de terminación, nuestra sociedad requiere la reconstitución de su tejido social asegurando la convivencia mediante procesos de entendimiento sostenibles en el largo plazo. Pero ese camino está repleto de escollos.

Promover un diálogo supone: la edificación institucional de la democracia y el estado de derecho;   contar con instituciones políticas y judiciales respetadas y creíbles para la administración y solución de conflictos por vías no violentas; llegar a un consenso sobre lo que no es aceptable promover y los medios que resulta inaceptable emplear para proteger intereses por legítimos que sean. Todo eso supone la aplicación de un enfoque multilateral del ejercicio de la justicia en los procesos de cambio.

Vivimos una nueva era, pero, el régimen continúa  anclado en viejas doctrinas que le impiden ver  como es la realidad. La revolución  que necesitamos es la de nuestro pensamiento. Sólo una transición hacia un nuevo paradigma de desarrollo democrático, capaz de administrar y resolver sus conflictos de manera institucional y no violenta, podrá dar respuesta a los anhelos de la sociedad venezolana.

Pedro Luis Echeverria

pedroluis.echeverria33@gmail.com

@PLEcheverria

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