Muertos
hubo, y bastantes, el 4 de febrero y el 27 de noviembre de 1992, producto de
fallidos golpes militares cruelmente ejecutados contra un gobierno nacido del
voto popular.
Todavía resuenan las tanquetas entrando a plomo al Palacio de
Miraflores y al Palacio Blanco, las metralletas y fusiles vomitando fuego sobre
la residencia presidencial de La Casona y, por si fuera poco, los aviones bombardeando criminalmente
el centro de Caracas para echar del poder al presidente constitucional Carlos
Andrés Pérez II. El inspirador y comandante de aquellas sangrientas intentonas,
el teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, así como los demás jefes
castrenses, fueron procesados por rebelión militar y encarcelados, aunque con
trato privilegiado, para ser liberados poco después por los presidentes Ramón
J. Velásquez y Rafael Caldera II.
Chávez,
el jefe supremo de aquellos actos violentos, fue sobreseído por Caldera tras
algo más de dos años de prisión y elegido Presidente en 1998 por votación
mayoritaria del pueblo venezolano.
Esa
irrefutable historia viene al recuerdo cuando uno escucha a los voceros
oficiales, empezando por el presidente Nicolás Maduro, patinar en
contradictorios argumentos para justificar su negativa a otorgar una medida
humanitaria en favor del comisario Iván Simonovis, cuyos nueve años en prisión
exceden con creces los dos y pico que pagó Chávez por hechos similares.
Culpable o no de los crímenes que se le imputan en ocasión a los actos
violentos que condujeron al golpe de estado que en abril de 2002 desalojó por
dos días del poder al entonces presidente Chávez, los delitos de Simonovis son
de la misma naturaleza política que los del insurgente teniente coronel de
1992. De modo que si Chávez era un preso político, también lo es ahora
Simonovis.
Esta
es, justamente, una emblemática expresión de la doble moral que caracteriza a
la jerarquía chavista y de la cual tampoco están exentos algunos sectores de la
oposición.
Por eso resulta tragicómico ver a la ministra
de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez, criminalizar y acusar de doble
moral a algunos dirigentes políticos, parlamentarios, empresarios, comunicadores
y voceros de ONGs no afectos al gobierno que viajaron al exterior con motivo
del fin de año. Que se sepa, viajar libremente al exterior es un derecho
constitucional. Y así lo hacen a menudo muchos jerarcas de la élite política,
militar, empresarial, burocrática y familiar del chavismo, con la sola
diferencia de que lo hacen bien guillados y, en no pocos casos, con logística,
pasajes y muchas lechugas verdes provenientes del patrimonio nacional.
Y hablando de lechugas verdes y doble moral,
¿Será que la muy moralista plana mayor, media o menor del chavismo cambia sus
dólares (ya sean provenientes de viáticos, cupos de Cadivi o Sicad,
asignaciones especiales, ganancias en el exterior o de cualquier otra fuente) a
6,30 bolívares por unidad en el Banco Central de Venezuela o los engordan y
revenden ilegalmente a la tasa del mercado negro o rojo rojito?
Razones tiene la vox populi de preguntarse por qué los revolucionarios de nuevo cuño tienen que sufrir tantos sacrificios, como vivir en las más encumbradas urbanizaciones del país, andar súper escoltados en lujosísimos autos y oligárquicas camionetotas, poseer jugosas cuentas bancarias en Venezuela y el exterior, mandar a sus hijos a los mejores colegios privados del país y a las más reputadas universidades del mundo, asistir a las más lujosas clínicas privadas, frecuentar exquisitos bares y restaurantes, realizar excéntricas bacanales o suntuosas celebraciones familiares, entre otras ingratas penalidades. Atrás dejaron sus tan añoradas barriadas populares, los viajes en metro, en camioneticas o en modestos automóviles, los simoncitos y las escuelas bolivarianas, las clínicas populares, los módulos de Barrio Adentro y las sencillas celebraciones en casa.
El caso del muy revolucionario ex ministro y
ex gobernador Rafael Isea, hoy residenciado a todo trapo con su familia en el
muy odiado imperio estadounidense, es apenas otra muestra de lo que aquí
decimos.
Pero
los ejemplos de la doble moral que inspira al gobierno son verdaderamente
interminables. Ahí tenemos los casos de Chile y Honduras. Instantes después de
conocerse el reciente triunfo de Michelle Bachelet, el presidente Maduro la
felicitó formal y efusivamente como la nueva presidenta del pueblo chileno.
Pero a más de un mes de haber ganado en Honduras por amplio margen, el nuevo
presidente Juan Orlando Hernández aún no ha sido reconocido por el gobierno
venezolano.
¿La
razón? Derrotó a la candidata chavista Xiomara Castro, esposa del ex presidente
Manuel Zelaya, quienes cantaron fraude y convocaron al pueblo hondureño a la
calle a desconocer los resultados publicados y ratificados por el Tribunal
Supremo Electoral. Curiosamente, fue eso justamente lo que en Venezuela hizo el candidato Henrique Capriles, con la diferencia de que
aquí la distancia entre el candidato ganador y el perdedor fue de apenas uno y
piquito por ciento, mientras que allá la victoria de Hernández sobre Castro fue
de 6 puntos. Conclusión: lo que en Venezuela fue considerado por el gobierno como
una conducta violenta y delictual, se justifica en Honduras y motiva un
intrusivo desconocimiento a la soberanía popular del pueblo hondureño.
No
alcanzarían las páginas de ningún diario para reseñar las sopotocientas
manifestaciones del llamado doble rasero o doble estándar que emplea el
chavismo para evaluar cualquier hecho. Manifestaciones que se resumen en una
célebre expresión no pocas veces repetidas por figuras emblemáticas de la
llamada revolución bonita: “Con los míos, con razón o sin ella”.
Y
por cierto, la ministra Rodríguez no escapa a la práctica de la doble moral.
Fresco está el recuerdo de la amenazante prepotencia con la que actuó ante el
personal de una lujosa clínica de la urbanización Altamira, en el este de
Caracas, a la que fue llevado su hermano Jorge Rodríguez, hoy alcalde del
municipio Libertador, cuando éste sufrió un grave accidente de tránsito al
conducir su muy proletario automóvil último modelo marca Audi.
Razón tampoco le faltaba a la vox populi
cuando se preguntaba por qué razón la ministra no llevó a su hermano a uno de
los supuestamente muy modernos y bien dotados centros públicos de salud, como
tampoco cuando se preguntaba por qué el alcalde Rodríguez habita en una
opulenta urbanización fuera de su municipio y sus hijos cursaban en colegios
privados a los que acuden los hijos del mantuanaje capitalino.
Sería
bueno saber en qué modesta barriada del municipio Libertador vive la flamante
ministra de Comunicación e Información. Como bueno también sería que aclarase
si ciertamente tiene o tuvo una tienda no precisamente en el Mercado Popular de
La Hoyada sino en el muy revolucionario Centro Comercial San Ignacio, tal vez
el más opulento de toda Venezuela, como sostiene una fuente altamente confiable
para quien esto escribe.
Si
vamos a hablar de doble moral, hablemos pues. Pero siempre he dicho, y repito,
que tener doble moral equivale a no tener ninguna. Así que quien tenga rabo de
paja es mejor que no se arrime a la candela.
Mario
Villegas
Periodista
venezolano
mariovillegas100@gmail.com
@mario_villegas
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