Por órdenes de Chávez, la Asamblea Nacional comenzó a legislar sobre 43 leyes que fueron rechazadas por la mayoría de electores en el referéndum del 2 de diciembre de 2007 debido a su tendencia comunista, autoritaria e inconstitucional. Entre ellas destaca el proyecto de designar vicepresidentes para reemplazar a los gobernadores y alcaldes. Y la posibilidad de restarles facultades administrativas, gestión y presupuesto.
Para el alcalde caraqueño, la nueva ley del Distrito Capital pretende crear “una autoridad única con la figura de un vicepresidente, que podría ser Arístóbulo Iztúriz, según deseos de Chávez, para sacarse el clavo de que perdió en los comicios del 23 de noviembre pasado”.
El gobierno chavista ha intentado impedir la gestión de Ledezma desde el mismo día en que ganó limpiamente los comicios regionales.
El grupo chavista “La Piedrita” ocupó y destruyó la sede de la Alcaldía Metropolitana. Le quitaron el presupuesto, las escuelas y los hospitales y dispensarios sanitarios. También le han saboteado sus planes de mejorar el transporte y la circulación de coches.
La presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, anunció que aprobarán la nueva ley del Distrito Capital porque la actual de la Alcaldía Metropolitana, promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente en el 2000 es “un adefesio”.
Ledezma considera que es “un golpe a la constitución y un atentado contra la autonomía”.
La Asamblea Nacional, dominada en un 90 % por el chavismo, también aprobó este jueves la reforma a la Ley Orgánica de Descentralización, que se sancionará de manera definitiva el próximo martes.
En síntesis, la reforma a la descentralización le resta poder, autonomía y competencias a las gobernaciones y alcaldías. El gobierno central se queda con la administración de los peajes de las carreteras y autopistas, puertos y aeropuertos y de los servicios públicos. Pero lo insólito es que el Ejecutivo podrá despojar de las competencias y facultades por “razones estratégicas, de mérito o conveniencia”. En el texto también se incluyó el aprovechamiento de bienes de “interés público”, sin especificar cuáles.
El gobierno chavista ha intentado impedir la gestión de Ledezma desde el mismo día en que ganó limpiamente los comicios regionales.
Por su lado, el gobernador opositor de Carabobo, centro del país, Henrique Salas Feo, acusó al Legislativo de “fraguar un golpe de Estado en cámara lenta contra la autonomía con la intención de favorecer a mafias enquistadas en la Asamblea Nacional, cuyo único objetivo es hacer negocios con los dineros públicos”.
Los catedráticos de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, José Vicente Haro y Enrique Sánchez Falcón respectivamente calificaron de inconstitucional la medida. “revertir las competencias es ir contra lo que está previsto en la Carta Magna”.Las organizaciones civiles, estudiantiles, sindicales y políticas se están preparando para impulsar un amplio frente unitario para defender la constitución y la democracia. “Vamos a movilizarnos para protestar cívicamente en la calle”, afirma el político Américo Martín.
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