UNA DE PIRATAS, ARGELIA RÍOS

El libreto revolucionario disfraza la bagatela en que se ha convertido este gobiernito cursi

Ya no hay promesas en el discurso de la revolución. Todas han sido empleadas en el transcurso de estos once años. ¿Qué se le puede proponer a un país después de tanto tiempo? ¿Qué oferta resultaría atractiva? ¿Qué nuevo compromiso se puede adquirir con un electorado al que se le han ofrecido tantos castillos falsos? La campaña del oficialismo carece de luces: es una cruzada sombría, donde el elenco bolivariano hace esfuerzos por mantenerse fuera de la línea de combate, y dentro de los límites del disimulo.

Los señores del "proceso" disimulan que lo han tenido todo para hacer el mejor gobierno que haya podido tener la República. Disimulan que son un fiasco; que representan el fracaso más bullicioso de la Venezuela contemporánea. Que no merecerían un nuevo espaldarazo y que, de obtenerlo, sería solo producto de la generosidad de quienes, por ingenuos, prefieren descreer de los caminos retorcidos de la política... Las revoluciones siempre disimulan y ésta no es una excepción: ninguna de ellas posee límites éticos. Su objetivo único es preservarse a sí mismas, aunque sea en estado vegetativo.

La de Chávez es una revolución languidecida, en la que ya todo constituye "pasado". Una revolución que no exhibe ímpetus; que solo se defiende de su opacidad. No hay verdores en el "proceso bolivariano". No hay nada qué aportar, como no sea un palabreo ideologizante, bobalicón, aunque, ciertamente, nunca inofensivo... El "proceso" se ha vuelto aburrido; una rutina de guiones repetidos: Colombia, la Iglesia, el magnicidio, la épica independentista, las "hazañas" diplomáticas, Bolívar, el pobre Libertador transformado, otra vez, en la coartada de la misma claqué de pillos que revolotean circularmente por la Historia de Venezuela.

El libreto revolucionario encubre su pequeñez; disfraza la bagatela en que se ha convertido este gobiernito cursi con ínfulas de grandeza. Oculta negligencias, ineptitudes, incapacidades, desastres penosos cometidos en nombre de un supuesto "fin superior", tras el cual yacerá en escombros un país cuyos administradores -unos piratas inmorales- lo ultrajan al asumirle como un mero botín de guerra.

Y es justamente ése el mensaje de esta campaña. Venezuela es un botín y en su procura nos ofrecen guerras, enfrentamientos, ofensivas y exterminios... Nos ofrecen el "tesoro" de la división, de la lucha de clases. Una "confrontación final" en la que el ganador se quedará con todo, sin contrapesos, sin vigilancia, sin control, sin resistencia política... Si así buscan los votos, bien vale -y se agradece- imaginar en qué emplearán un resultado favorable. La campaña evasiva de Chávez es elocuente y dice mucho sobre el uso que seguirá dándole a su empoderamiento... Por eso, para que se vaya en 2012, hay que pensar en desempoderarlo desde ya.

argelia.rios@gmail.com

@argeliarios

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RESPETO Y PODER, LUIS PEDRO ESPAÑA N.

Es como para perder la cuenta de todas las veces que el Gobierno pide respeto a los demás. Cualquier varón venezolano sabe que el respeto no se pide, y que de tanto reclamarlo pareciera que cualquiera se lo falta. Mala señal de quienes han hecho del poder un fin en sí mismo antes que un instrumento, que es como moderna y civilizadamente se entiende el ejercicio del poder para el logro de metas colectivas.

A los fortachones, a los que impúdicamente lucen pistolotas, porras y excesos no se les respeta, en el peor de los casos, provisionalmente, se les trata con cautela mientras la asimétrica relación de poder cambia.

Se respeta a los pacifistas, a las nobles almas que han enseñado que el abuso se vence con coraje y determinación.

Se respeta la delgada figura sola que detiene un tanque de guerra. Se respeta la cárcel de los presos de conciencia, no a quienes desde sus cargos los encarcelan. Se respetan las huelgas de hambre de quienes no tienen más poder que aguantar necesidad para incomodar a quienes las satisfacen todas. En suma, se respeta a quien se compromete con el prójimo, no a quien reclama que los demás se comprometan con uno.

El respeto y el poder no son bidireccionales. El poder no proporciona respeto, pero el respeto sí otorga poder. El respeto es como el prestigio, el liderazgo y la confianza. Son los demás quienes lo adjudican.

Las personas, instituciones o gobiernos deben hacer méritos para hacerse respetar, pero el resultado último no depende de aquellos que tratan de que los respeten, sino de quienes deciden si hay algo que respetar o no.

La reputación es el principal activo del que se nutre el respeto. Por el contrario, el poder necesita de recursos para poder doblegar la voluntad de quienes se resisten a comportarse como quiere quien lo ejerce; por ello, en el primer caso, se obedece por convicción, y en el segundo, por coacción.

Pero lo que resulta realmente patético es que quien debiera ser objeto de respeto, bien por la posición que ostenta, por lo que representa para la colectividad o por los valores que profesa, pretenda desde el poder recuperar, cuando no reclamar, respeto. Llegados a este punto, el poder se ve desnudo, pierde majestad y entereza y se muestra como un simple superior al que temporalmente hay que calarse.

Recuperar el respeto es una tarea imposible, al menos desde el poder. Para quien ha sido figura o proyecto de prestigio volver a ser auténticamente respetado le supone tener que bajar al infierno de la cotidianidad y construir de nuevo las fuentes de prestigio. Es probable que una sola vida no alcance para ir y volver, por eso a quien ha perdido el respeto le cuesta tanto dejar el poder.

Venezuela vive un momento de recomposición de sus fuentes de respeto y de poder en las instituciones, proyectos y creencias. Los próximos tres años, cuando menos, se pondrá a prueba qué tanto nos mantendremos dentro de este intento refundacional que sólo ha consistido en cambiar nombres y desacralizar cuanto símbolo se construyó entre 1830 y 1998 y pretendido lanzar a la basura todo lo que venezolano alguno hizo en ese largo trecho de casi 170 años.

No ha transcurrido ni tiempo, ni gesta ni realizaciones para respetar la cursi floritura que recientemente ha adquirido el poder.

lespana@ucab.edu.ve

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CAPITAL DE ESPERANZA, LEOPOLDO LÓPEZ

En mi artículo anterior, "El Nula: capital guerrillera", escribí mis impresiones sobre la penetración de la guerrilla colombiana (FARC y ELN) y venezolana (FBL) en el territorio y la vida del Alto Apure, luego de una visita de varios días por Elorza, Trinidad, Guasdualito y El Nula. Presenté relatos realmente conmovedores de madres y jóvenes afectados por las amenazas, la vacuna, la recluta y los desaparecidos en manos de los grupos irregulares.

El artículo recibió muchos comentarios; unos apoyando las denuncias; otros, la minoría, negando esa realidad.

Ciertos mensajes venían con una carga de desesperanza, como si la realidad actual de la frontera venezolana fuera a estancarse por siempre. Otros, provenientes de los habitantes del Alto Apure, estaban llenos de esperanza y compromiso de cambiar.Ni El Nula ni Venezuela están destinadas a estancarse en el presente incierto, inseguro y conflictivo. Con voluntad ciudadana que la hay y mucha y política, en corto tiempo El Nula podría pasar de ser un santuario de grupos armados a la capital de la esperanza del Alto Apure.

La realidad de El Nula es como la realidad de Venezuela, donde una mayoría está sometida por una minoría criminal ante un Estado indolente.

Siendo un tema de mayorías y minorías, en la entrega anterior hablé de la minoría que representan los grupos irregulares; hoy le dedico estas líneas a la mayoría decente y trabajadora de El Nula.

La fuerza de la voluntad ciudadana para pasar del país actual al que queremos y merecemos se está organizando de muchas maneras, y el primer paso es reconocer el potencial que tenemos para transformar desde cada pueblo y barrio y desde cada uno de nosotros.

El Nula cuenta con un liceo, una escuela técnica de Fe y Alegría, un núcleo de la Unellez y otro de la UPEL. Allí hay un potencial de juventud esperando la oportunidad de echar raíces en su tierra. Reunido con los futuros técnicos de Fe y Alegría, varios hicieron referencia a su aspiración de ser veterinarios, ingenieros agrícolas, médicos y maestros, todos con la idea de quedarse en El Nula.

Hoy, la falta de oportunidades los lleva a buscar otro destino o a abandonar sus sueños de superación. Crear las condiciones para estudiar y ejercer profesiones del campo sería una primera prioridad.

El Nula, al igual que muchos pueblos del país, es creyente.

Además de la importante presencia de la Iglesia Católica, hay ocho iglesias evangélicas.

Más allá del trabajo religioso y social que adelantan diariamente, todos los años, con el liderazgo del padre Aparicio, llevan a cabo la denominada Marcha por la Vida, actividad que en un futuro debería ser la más importante, en la que grupos religiosos, comunitarios y sobre todo autoridades se congregaran a celebrar y defender el sagrado derecho a la vida.

Si bien hoy la mayoría está representada en diversas formas de organización social, religiosa y productiva, es necesario dar el paso a ser una mayoría organizada con un compromiso de cambio y de lucha por un mejor futuro. No es suficiente ser mayoría, es necesario ser una mayoría organizada. En El Nula y en Venezuela ese primer propósito común es la seguridad, la paz y la tranquilidad.

De El Nula a Pedernales, de Antímano a San Félix, estamos llamados a hacer causa común para derrotar a una minoría que, utilizando prácticas criminales, han mantenido sometidos a la inmensa mayoría de venezolanos que queremos una Venezuela llena de oportunidades, seguridad y prosperidad. Esta nueva mayoría organizada debe imponer el respeto a la Constitución y las leyes, enfrentar la impunidad y garantizar que el Estado avance hacia la Venezuela en la que todos los derechos sean para todas las personas. Sin exclusiones, sin privilegios y sin imposiciones ideológicas.

leopoldoenred @gmail.com

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''EN AQUELLOS PAÍSES DONDE EL SISTEMA POLÍTICO HA IMPLOSIONADO SE POSIBILITA LA EMERGENCIA DE FENÓMENOS POPULISTAS''

GABRIEL C. SALVIA ENTREVISTA A CARLOS MALAMUD , ENVIADO A NUESTROS CORREOS POR DANIEL SANTOLO

Gabriel C. Salvia: ¿Por qué es difícil definir al populismo?

Carlos Malamud: En realidad, del populismo hay tantas definiciones como de terrorismo, lo cual habla de la complejidad de definir un fenómeno. Es un fenómeno que va de la extrema derecha a la extrema izquierda, tiene manifestaciones de diversos tipos y un largo recorrido histórico. Es decir, los populistas rusos o los populistas de Estados Unidos de fines del siglo XIX, marcaron algunas tendencias, pero no son las únicas que podemos encontrar en el fenómeno, de ahí su dificultad para la definición.

Gabriel C. Salvia: ¿Entonces no es un invento exclusivamente latinoamericano?

Carlos Malamud: No, en absoluto. Inclusive en la actualidad podemos encontrar, por ejemplo, en políticos como Silvio Berlusconi, algunas políticas fácilmente definibles como populistas y en algunos casos similares a la que llevan adelante algunos líderes políticos latinoamericanos. Por ejemplo, su desprecio por la justicia, el hecho de subordinar la justicia y las instituciones a la llamada "voluntad popular", que por supuesto él encarna, pues son unas constantes que podemos encontrar también en América Latina.

Gabriel C. Salvia: Además de esos aspectos, ¿cuáles son los denominadores comunes que tiene el populismo?

Carlos Malamud: Mi libro no tiene ninguna pretensión teórica ni pretende definir a priori lo que es el populismo. Es más bien un relato en el cual se da la voz a los principales protagonistas para que ellos sean los que muestren las principales características. A partir de aquí podemos encontrar una serie de notas comunes, entre ellas, por ejemplo, el peso del caudillismo y del liderazgo personal, el fuerte proyecto estatista, la falta de respeto por la legalidad y las instituciones, la voluntad de cambiar las reglas de juego a mitad de partido donde se adecuen a sus necesidades y la falta de creencia en la alternancia que hay en otras instituciones democráticas. Es decir, hay toda una serie de cuestiones que de alguna manera lo que hacen es evidenciar cuáles son las notas características del populismo.

Gabriel C. Salvia: Entre las distintas etapas de populismo, ¿cuáles serían las principales diferencias entre los populismo de mercado de los 90, con los clásicos y los que vinieron después?

Carlos Malamud: Los primeros populistas fueron los que de alguna manera sentaron las bases del fenómeno en América Latina. A mitad del siglo XX podemos incluir al peronismo y también algunos fenómenos anteriores como el cardenismo en México o el varguismo en Brasil, los cuales tenían un manejo de la cosa pública algo diferente, sobre todo de la economía. Y en este sentido, la economía no era una prioridad para ellos. Quizás la nota distintiva que instauran los llamados populismo de mercado es el mayor respeto por las cuestiones macroeconómicas y esta tendencia se extiende a los actores populistas que podríamos definir a priori como bolivarianos.

Gabriel C. Salvia: ¿Cuáles son los aspectos más antidemocráticos, autoritarios, que tiene el populismo y que luego pueden derivar en una dictadura?

Carlos Malamud: Las notas más antidemocráticas pasan por la falta de respeto a las minorías, su deseo de aplastar cualquier opción de oposición que surja, el confundir la contestación política con terrorismo, golpes de Estado y demás. Es decir, su confrontación con la prensa y con algunas libertades públicas, y en este sentido la deriva hacia el autoritarismo y hacia la dictadura pasa evidentemente por el momento en el cual las reglas básicas de la política son terminalmente saltadas. En ese sentido llama la atención una entrevista reciente a Rafael Correa publicada en La Nación de Buenos Aires, en la cual él decía que la alternancia es un fenómeno que era bueno para los países avanzados, pero que en países como los nuestros esto no es aplicable. Yo puedo entender, decía, la alternancia de personas pero no de proyectos y en ese sentido, y aquí hay una nota característica del fuerte personalismo de su proyecto decía, "cómo puedo tolerar yo, no el pueblo ecuatoriano, que llegue la derecha y cambie el proyecto, por ejemplo, vuelva atrás con la estatización del petróleo". Con lo cual, lo que está señalando es que el proyecto es el que él encarna, pero no el que pueda defender la mayoría de los ecuatorianos. Y en ese sentido, evidentemente la diferencia entre imponer con el respaldo popular un proyecto que puede ser cuestionable, o no, pero que tiene el respaldo evidente, con un proyecto que es impuesto con otro tipo de mecanismo.

Gabriel C. Salvia: Sobre eso, precisamente la democracia implica la alternancia y que a través del voto el pueblo quiera cambiar las políticas. Entonces, ¿Lo que dice Correa no sería claramente antidemocrático?

Carlos Malamud: Evidente. Lo que pasa es que también señala otra cosa que hay que tener presente y es la falta de cumplimiento de las reglas de juego de forma sistemática en la región durante mucho tiempo y esto es algo que es compartido por unos y otros, por la izquierda y por la derecha. En ese sentido, lo que sería conveniente es dejar de mirar hacia el pasado -por lo menos de esa forma tan recurrente- para proyectarse hacia el futuro y partir de una situación en la cual el respeto a las reglas de juego sea la norma. Y esto lo podemos encontrar claramente en algunos países como Brasil, Chile, Uruguay, inclusive como Colombia, donde son las reglas las que predominan, es decir, las instituciones por encima de las personas y los políticos.

Gabriel C. Salvia: ¿Cuál es la vinculación entre el surgimiento del populismo y la debilidad de los partidos políticos?

Carlos Malamud: Pues es directa. Precisamente es en aquellos países donde el sistema político ha implosionado, como Venezuela, donde es prácticamente inexistente como en Ecuador, donde se posibilita la emergencia de fenómenos populistas. Es decir, a más fuerza del sistema de partidos, menos posibilidad de que el populismo emerja con fuerza en estos países.

Gabriel C. Salvia: ¿Hasta qué punto los populismos actuales en América Latina contrarían lo que dice la Carta Democrática Interamericana, especialmente en cuanto a la democracia representativa y puntualmente al Estado de derecho?

Carlos Malamud: Muchos de los populistas latinoamericanos, sobre todo los de la etiqueta bolivariana, la democracia es un sistema en el cual el pueblo puede expresarse directamente, por supuesto a través de interlocución que supone el líder que está en contacto directo entre el poder y las masas. Pero más allá de eso, lo que vemos, no hay un avance, o un respeto por la democracia representativa, algo que se contempla como, según esta lectura, como fenómeno claramente elitista y por lo tanto que debe ser combatido. De aquí que establecer algún tipo de vínculo entre la carta democrática de la OEA y estos gobiernos sea complicado, aunque evidentemente tampoco se los puede definir como absolutamente antidemocráticos.

Gabriel C. Salvia: ¿Cómo se puede salir del populismo teniendo en cuenta que mucho de los casos son regímenes personalistas que tratan de impedir la alternancia en el poder?

Carlos Malamud: La receta es con política, más política. Con una oposición unida, cosa que no ocurre en buena parte de estos países, donde la oposición está fragmentada y debilitada. También es verdad que a partir y como consecuencia de ataques sistemáticos que sufren desde el poder, pero también es cierto que esta oposición debe mejorar, construir opciones y sobre todo ser una alternativa creíble para la mayor parte del electorado. En ese sentido no es, por ejemplo como ocurre en algunos sectores de la oposición venezolana, como definiendo como castro-bolchevique al gobierno de Hugo Chávez como lo va a poder derrotar. Lo que tiene que hacer la oposición es retomar aquellos programas y proyectos sociales que están impulsando los populismos, que evidentemente es algo necesario en sus países y a partir de ahí plantear una serie de políticas públicas que supongan una mejora del proyecto populista.

Gabriel C. Salvia: ¿Cuál es la diferencia de resultados entre la permanencia en el poder de los populismos frente a gobiernos con mejor calidad institucional que no tienen reelección inmediata?

Carlos Malamud: Son fenómenos diferentes. Las reglas de juego para los gobiernos democráticos son los que son, aquel presidente que llega al gobierno por cuatro años sabe cuál es su fecha de caducidad y vencimiento, y por lo tanto las medidas que tenía que adoptar son unas y evidentemente el lapso temporal que tiene para llevar a cabo sus proyectos les pone limitaciones. Al mismo tiempo, en estos países, es posible también llegar a consensos amplios con otras fuerzas políticas y desarrollar determinadas políticas de estado que permitan también trascender el tiempo de un mandato o dos mandatos. Y en el caso, por ejemplo de Chile y Brasil, esto se ha visto claramente, es verdad, el período en Chile son cuatro años improrrogables, en Brasil existe la reelección y por lo tanto los presidentes puede estar hasta ocho años, pero entre el gobierno de Fernando Henrique Carsdoso y Lula ha habido una continuidad más que evidente. Lo mismo se puede decir entre los distintos gobiernos de la Concertación, inclusive el gobierno de Piñera también está marcando algunas líneas fundamentales que vinculan los gobiernos anteriores con sus políticas y esto es algo clave para no frenar el desarrollo de un país. En este sentido, lo que ocurre en muchos otros países de América Latina, donde asistimos al síndrome permanente de la reinvención de la rueda es preocupante. Es decir, la llegada de un nuevo gobernante implica hacer tabla raza con el pasado, negar de forma sistemática las bondades de cualquier proyecto viable del pasado y por lo tanto, de este modo es imposible acumular ningún capital ni social, ni económico, ni político, ni institucional y de ahí las dificultades para lograr el crecimiento y el desarrollo.

Gabriel C. Salvia: ¿Hasta qué punto los gobiernos que tienen mejor calidad institucional deben expresarse frente a lo que sucede en países donde se deteriora el estado de derecho, donde surgen estos populismos con esas características antidemocráticas y autoritarias? Le pregunto esto a raíz de las declaraciones que acaba de hacer el candidato oficialista en Colombia, Santos, donde dijo que su intención era llevarse bien con Chávez.

Carlos Malamud: Es un tema complicado. Tiene que ver, por un lado, los intereses nacionales y la defensa de esos intereses por los gobiernos de los distintos países. Está claro que desde el punto de vista de cualquier gobierno colombiano, sea el de Santo, el de Uribe o cualquier otro, la relación con Venezuela es vital y de ahí la necesidad de no tener una mala relación con el gobierno de Chávez. Otra cosa es que el reforzamiento de la democracia en América Latina requiere también de posturas firmes por parte de esos mismos gobiernos. Y en este sentido, por ejemplo, lo que es preocupante es la actitud de la casi totalidad de los gobiernos latinoamericanos frente a lo que está ocurriendo en Cuba. Es decir, parece bien que los gobiernos latinoamericanos quieran recuperar a Cuba para el sistema internacional de América Latina, pero también deberían exigir como contrapartida un esfuerzo en el proceso de democratización en Cuba, cosa que no ocurre y en general lo que nos encontramos es con un silencio que tiende a bendecir a la dictadura castrista.

Gabriel Salvia: ¿Cuáles serian los líderes que representan la contracara de los populistas?

Carlos Malamud: Es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que actitudes populistas encontramos en muchos de ellos. Pero de todas maneras ha habido una serie de líderes que han tenido actitudes bastante distintas de lo que es la generalidad populista y en este grupo podríamos incluir a Ricardo Lagos, a Tabaré Vázquez y al propio Lula.

Gabriel C. Salvia: En el marco de los festejos del bicentenario y sobre los lugares comunes de la historia de América Latina, ¿cuánto hay de verdades, mentiras y muchas mentiras?

Carlos Malamud: Eso es difícil de establecer, sobre todo porque muchas veces nos movemos en un terreno donde lo que imperan no son tanto las verdades o las mentiras, sino las medias verdades. Medias verdades que evidentemente según cómo se utilicen y cómo se plantean pueden dar lugar a malos entendidos o probablemente a re-escrituras interesadas de la historia. Por ejemplo, cuando en Argentina se afirma que la Argentina del bicentenario está en una mejor situación que la del centenario es, por un lado, una obviedad. Pero al mismo tiempo se está encubriendo otra cuestión diferente, que tiene que ver con el gran potencial que tenía la Argentina del centenario frente a la crisis en la que se encuentra la Argentina del bicentenario.

Gabriel C. Salvia: ¿Cómo está viendo los festejos del bicentenario en la región y esto de cómo se reinterpreta la historia?

Carlos Malamud: Los festejos del bicentenario creo que están cumpliendo algo que se planteaba desde sus inicios, si es que son festejos eminentemente nacionales. Por más que se le quiera dar una pátina continental, una pátina inclusive bolivariana, podríamos decir -más allá del turismo presidencial que algunos mandatarios realizan cada vez que hay un festejo en un país vecino o de la región- lo cierto es que estos festejos hasta ahora van teniendo un componente básicamente nacional. Ha sido imposible coordinar proyectos de alcance continental y esto muestra claramente el peso que cada día el nacionalismo tiene en nuestros países. Ahora bien, dicho esto hay que matizar un poco lo que han sido los festejos en los distintos países. En todos ellos evidentemente el poder ha intentado instrumentalizar los festejos. De momento, los países donde se han realizado conmemoraciones han sido Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina, en este orden. En todos ellos, podríamos decir que bajo la égida de gobiernos populistas, lo cual permite por un lado hacer una comparación general, pero por el otro lado, ver qué pasa en otros países como en México, Colombia a la hora de llegar a estos festejos o Chile inclusive. Pero en Argentina también lo que hemos visto ha sido una gran participación popular en los festejos, un fenómeno muy superior al contemplado en los restantes países que hasta ahora han tenido estas celebraciones.

Fuente: CADAL - Centro para la Apertura y el Desarrollo de America Latina http://www.cadal.org/

Enviado a nuestro correos por Daniel santolo danielsantolo@gmail.com

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PUDREVAL, PICA Y SE EXTIENDE, SECUNDINO CAMACARO

El país está conmocionado desde que salió a flote el caso de los alimentos encontrados en estado de descomposición dentro de containers de PDVAL, filial de PDVSA, y otras entidades del Gobierno. Ya van 130.000 toneladas de comida podrida halladas en varias regiones del país (y siguen apareciendo más cada día), dentro de puertos, depósitos y centros de distribución controlados por el Gobierno y "asesores" cubanos.

Pero desde la Presidencia de la República, la de PDVSA, la roja Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la República, se ha negado la gravedad del asunto. Para éstos "no hay nada que investigar".

El Gobierno tratando de exculpar al Presidente de PDVSA y al propio Presidente de la República

, encarcelaron y están enjuiciando a Luis Enrique Pulido, el ex gerente general Ronald Flores y la ex directora ejecutiva de operaciones, Vilyeska Betancourt, otro par de funcionarios de baja graduación más. Los chinos de Pudreval.

Sin embargo, la situación pica y se extiende.

Esta semana la Comisión de la Verdad, conformada por la bancada parlamentaria de Podemos y el Movimiento Ecológico de Venezuela para investigar irregularidades en PDVAL y contrarrestar el silencio de los rojos legisladores, dio a conocer un informe de auditoría interna de PDVSA, que sería del conocimiento del Presidente de PDVSA, Rafael Ramírez y del presidente Chávez desde mediados de 2009.

El dato más escandaloso de este informe, es que los alimentos comprados con sobreprecios ni siquiera llegaron a su destino, los sectores más pobres que compran en la cada vez más desabastecida Red Mercal.

Entre el sin fin de irregularidades que revela el informe se cuenta que en el proceso de adquisición de alimentos que llevaron a cabo distintas filiales de PDVSA, entre noviembre de 2007 y junio de 2008, el sobreprecio estimado en las compras de alimentos llegaría a $54 millones.Se afirma que en una sola compra de 5.000 Tm de alimentos, Bariven y Pdvsa Services, INC (PSI), habrían pagado $10 millones de sobreprecio, al no considerar una oferta por $2.950 por Tm., y preferir una con un precio de $4.958 dólares por Tm.

El informe también denuncia "deficiencias en el control de recepción de mercancía" que provocaron una diferencia de $10 millones por costos asociados a pedidos pagados y recibidos de 3.047 Tm de alimentos. Así como pago de adelantos sin garantía a los proveedores por $110 millones; altos costos de traslados de leche; empresas de maletín creadas por venezolanos relacionados con el Gobierno en Argentina, Brasil y Uruguay encargadas de comprar para PDVAL; que de las 10 empresas con los pedidos más grandes, seis eran intermediarios y apenas cuatro son productores; y pare de contar.

Además el informe confirma una verdad de Perogrullo que "Bariven no poseía los controles, la pericia ni la estructura para el manejo adecuado de los alimentos".

Este camino revolucionario de corrupción y complicidades automáticas va en contravía a la pregonada seguridad alimentaria.

www.notitarde.com

Secundino Camacaro

secundinocamacaro@yahoo.es

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RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE VIGILANCIA ELECTORAL PARLAMENTARIAS 2010 28 DE JULIO DE 2010, TOMADO DE EL NACIONAL

Nueva Ley Electoral, inconstitucional

El año pasado fue aprobada una nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) por la Asamblea Nacional (AN) y el Presidente de la República le dio el ejecútese el 12 de agosto, quedando publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 5.928.

Según este nuevo instrumento electoral, entre otras violaciones a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), por ejemplo, se legaliza un sistema paralelo mayoritario (artículo 8 de la LOPRE), que violenta el sistema de representación proporcional establecido en la CRBV (artículos 63 y 293 de la CRBV), así como en el Estatuto Electoral del Poder Público y la Ley Orgánica de Sufragio y Participación Política (LOSPP), derogados ambos por la LOPRE.

A pesar de las distintas observaciones a la LOPRE, sustentadas por organizaciones independientes de la sociedad civil organizada y diversos partidos políticos, este instrumento legal fue sancionado el 31 de julio de 2009 por la AN, con la aprobación de los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV)

A pesar de las acciones de rechazo de la ciudadanía y de los partidos políticos con derechos de palabra y documentos solicitando que la Ley no fuera promulgada, el Poder Ejecutivo oficializó las violaciones a la CRBV asociadas a la aprobación de la Lopre.

Elecciones de Concejos Municipales y Juntas Parroquiales pendientes por convocatoria

En agosto del año pasado, cuando se completaba el período de 4 años de los gobiernos correspondientes, debieron realizarse las elecciones de Concejos Municipales y de Juntas Parroquiales; según lo disponen los artículos 82 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), y los artículos 160 y 174 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV).

Según la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP), vigente para la época y posteriormente derogada por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE), tales elecciones debían convocarse en febrero del año pasado, pues según el artículo 152 de la LOSPP el CNE debía convocar cada elección con un período de antelación de seis meses respecto a la fecha de su celebración.

Sin embargo, la Asamblea Nacional reformó el artículo 294 de la LOPPM, en fecha 22 de abril de 2009, postergando con ello las elecciones de Concejales y Miembros de las Juntas Parroquiales para el segundo semestre de 2010. Por su parte, en fecha 27 de mayo el Directorio del CNE emitió la Resolución No. 090527-0301, mediante la cual suspendió "por este año (...) la convocatoria a la celebración de los procesos electorales que estaban previstos para celebrarse durante el año 2009", regalándole de esta manera a los funcionarios cuyo período acababa de expirar, un lapso comprendido entre un año y un año y medio, violentando la CRBV de manera expresa. Adicionalmente, se extendió ilegalmente y sin justificación alguna el mandato de Alcaldes de los Municipios Achaguas del Estado Apure y del Municipio Miranda en el Estado Carabobo, entre otros, así como del Gobernador de Amazonas, cuyos períodos de gobierno también vencieron.

Por tal razón, Súmate introdujo el 9 de julio ante la Sala Constitucional una acción popular de nulidad por inconstitucionalidad de la reforma aprobada por la Asamblea Nacional del artículo 294 de la LOPPM, que pretendió justificar la omisión del CNE en la convocatoria de las elecciones municipales, postergándolas hasta el 2010 aunque debieron celebrarse en agosto de 2009. Aunque este recurso de nulidad por inconstitucionalidad fue presentado oportunamente por Súmate ante el Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de impugnar estos actos arbitrarios de posposición de elecciones, ha sido objeto de dilaciones procesales y continúa en trámite para admisión y sentencia.

Selección inconstitucional de nuevos rectores CNE

El año pasado se nombraron dos nuevas rectoras principales del Poder Electoral, Socorro Elizabeth Hernández y Tania D´Amelio Cardiet, así como el suplente Iván Zerpa, a pesar de sus vinculaciones con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), violando así el artículo 296 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), según el cual "El Consejo Nacional Electoral estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos".

Esta designación inconstitucional fue denunciada oportuna y formalmente por Súmate ante las instancias jurisdiccionales correspondientes (Comité de Postulaciones Electorales, Asamblea Nacional, Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia), ya que se venía fraguando desde la conformación del Comité Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales (CPE) con once (11) diputados afectos al oficialismo, continuando con la forma irregular de la convocatoria a la sociedad civil para integrar al CPE, como a la selección de los diez (10) miembros de la misma para su constitución, vinculados igualmente a la tendencia política del Presidente de la República. Finalmente, se incorporó en la lista definitiva de postulados por el CPE ocho (8) ciudadanos que fueron objetados por su militancia y vinculación con el PSUV, entre los cuales se seleccionaron las dos rectoras principales y el rector suplente mencionados anteriormente.

Ventajismo en cambio de las circunscripciones electorales

En la conformación de las circunscripciones, que constituye un proceso previo fundamental en la organización de las Elecciones Parlamentarias 2010, se demuestra un claro ventajismo y diseño electoral en el diseño de las mismas en ocho estados del país, a la medida de los intereses y cálculos preliminares del oficialismo.

En particular, se detecta la aplicación de dos tipos de estrategia específica en el cambio de los límites de las circunscripciones utilizadas anteriormente, en el marco de dicha estrategia general.

El primer tipo de estrategia es el de cambios que buscan aislar y concentrar el voto que históricamente se ha manifestado adverso al gobierno, confinando a los grupos poblacionales correspondientes a límites geográficos discrecionales. Si bien el cálculo previo permite anticipar que el oficialismo no conseguirá el(los) escaño(s) asociado(s) en estos casos, este tipo de estrategia se combina con el confinamiento de un gran número de votos potencialmente adversos al gobierno, que sólo le permitirían a la opción política que los respalde obtener un mínimo de escaños en la Asamblea Nacional. En casos como el de la Circunscripción Nº 3 del Estado Carabobo o la Nº 9 del Estado Zulia, por ejemplo, la elección del diputado nominal está asociado a un grupo poblacional de 421.108 y 424.133 electores, respectivamente.

El segundo tipo de estrategia, cuando no se aplica la primera o en complemento a ésta, es el de desconcentrar el voto que históricamente se ha manifestado adverso al gobierno, uniendo cuando es posible ciertas áreas con esta característica, con áreas cercanas que en el pasado han tenido un elevado arrastre oficialista, con el propósito de diluir el impacto de los posibles votos en contra en la futura elección, pretendiendo con ello que la opción política no oficialista no alcance la cantidad de votos necesaria para ganar el(los) escaño(s) correspondiente(s). Por su parte, en casos en que los cálculos basados en los resultados históricos permiten prever victorias oficialistas, como en los Estados Apure y Cojedes, los índices poblacionales asociados a cada diputado correspondiente al Estado es de 169.440 y 159.518 electores, respectivamente.

La posibilidad de hacer estos cambios, evidentemente reprochables y los cuales pueden considerarse ilegítimos, intenta ampararse en algunas modificaciones permitidas luego de la aprobación de la nueva e inconstitucional Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) en agosto de 2009.

Inhabilitación política en época electoral

La decisión de la Sala de Casación Penal del TSJ el pasado 19 de mayo declararando sin lugar el recurso de nulidad en contra de la sentencia de los ex comisarios de la Policía Metropolitana Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas; es calificada por Súmate de interesada y expresamente política ya que con la misma logró impedir su derecho a ser elegidos como diputados a la Asamblea Nacional el próximo 26 de septiembre, como también se afectó el derecho a elegir del resto de los ciudadanos.

Este tipo de decisiones, producidas en lapsos procesales mínimos, además de vulnerar el derecho al debido proceso, ratifican la percepción ciudadana de que el poder judicial venezolano no es independiente ni autónomo.

Adicionalmente, se produjeron otras inhabilitaciones por parte de la Contraloría General de la República, que afectaron a varios precandidatos, a quienes el CNE no les permitió su inscripción como candidatos y que obligó a las fuerzas que los respaldaban a sustituirlos.

El Poder Electoral está obligado por la Constitución de la República a garantizar a todos los venezolanos su derecho a elegir y a ser elegido, por lo que el Consejo Nacional Electoral no debería impedir la inscripción de otros presos y procesados políticos sin sentencia definitivamente firme, como candidatos a diputados a la Asamblea Nacional.

En definitiva, los rectores electorales se prestaron al juego del gobierno nacional de negarle sus derechos políticos a este grupo de venezolanos presos o en libertad condicional, sustentándose en un proceso judicial evidentemente político, ya que el único impedimento legal aplicable ha debido ser una sentencia definitivamente firme dictada por un tribunal penal, según lo contemplado en el artículo 42 de la Constitución de la República y el artículo 23 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

Restricciones a la libertad de expresión

Una de las responsabilidades del Estado venezolano en un ambiente electoral es garantizar el total respeto a los derechos humanos, especialmente el de la Libertad de Expresión para que se dé el debate intenso y abierto entre los candidatos y las fuerzas políticas que los respaldan sobre todas las cuestiones de interés público; sin embargo, considera que hay una serie hechos que ensombrecen y enturbian este ambiente electoral en el cual está inmerso el país, entre los cuales destacan:

La persecución judicial, medidas de coerción y amenazas contra periodistas, directivos de medios de comunicación social y ciudadanos en general, por informar y opinar de forma diferente a la óptica de los altos funcionarios del gobierno nacional;

La sentencia judicial contra el periodista del diario El Carabobeño Francisco "Pancho" Pérez;El cierre definitivo de RCTV Internacional en este año 2010 y el cese de transmisiones de 32 emisoras de radio y 2 televisoras regionales en agosto de 2009, junto con las medidas administrativas contra otros medios de comunicación por parte de CONATEL, como la restricción del límite geográfico de cobertura de las transmisiones a la emisora Radio Victoria, en el estado Aragua; La utilización de la plataforma de medios de comunicación pública y privada, en particular a través de las cadenas presidenciales de radio y televisión, para beneficiar a una parcialidad política como el PSUV; lo cual es una clara muestra de ventajismo electoral.

Uso de bienes y recursos del estado para campaña electoral a favor del PSUV

Súmate denunció formalmente al Presidente de la República por el uso de la plataforma de medios de comunicación social del Estado y de la infraestructura pública cultural y de entretenimiento de los venezolanos, para nueve actos proselitistas, en beneficio del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, durante el primer semestre de este año. La denuncia se formuló el 12 de julio de 2010 ante la Contraloría General de la República, porque tiene la responsabilidad de controlar las gestiones administrativas de todos los poderes públicos; y el 19 de julio ante el Consejo Nacional Electoral, porque tiene el deber de aplicar los correctivos necesarios para evitar que estos abusos, inconstitucionalidades e ilegalidades se sigan cometiendo.

En el documento consignado ante la Contraloría General de la República, Súmate denunció que de las 170 alocuciones presidenciales (15 Aló Presidente, 96 cadenas nacionales, 9 programas especiales, 9 entrevistas especiales y 3 ruedas de prensa); nueve de ellas fueron explícita y completamente a favor del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). También denunció que en algunas de las restantes 161 alocuciones, el Presidente hizo campaña a favor de sus candidatos a diputados a la Asamblea Nacional y se pronunció abiertamente en contra de la oposición política, para lo cual dio como prueba el Programa Aló Presidente, desde Filas de Mariche en Caracas, el 17 de enero de 2010.

Con esta utilización de la plataforma de medios de comunicación social y de la infraestructura física pública para la cultura y el entretenimiento del Estado venezolano, el Presidente de la República viola disposiciones constitucionales y legales que exigen que los funcionarios públicos estén al servicio del Estado y no de parcialidad política alguna: Los artículos 21.1, 67 y 145 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Los artículos 13 y 18 de la Ley Contra la Corrupción, El artículo 75 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, El artículo 91 numeral 5 Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, El artículo 9 del Reglamento Nº 5 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en Materia de Control del Financiamiento de Campaña Electoral, y Los artículos 5, 18 y 19 del Reglamento N° 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en Materia de Propaganda Electoral.

Esta organización ciudadana solicitó al Contralor General de la República: Abrir un procedimiento administrativo para determinar la responsabilidad del Presidente de la República en estas denuncias, ya que dispone de fondos y bienes públicos para financiar la campaña electoral, con lo cual se está aprovechando de su investidura y cargo público para favorecer una parcialidad política, lo cual está sancionado en la Ley Contra la Corrupción y la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Oficiar a los organismos competentes para que establezcan las responsabilidades a que haya lugar en virtud de las repetidas violaciones a la legislación mencionada; entre ellos a la Fiscalía General de la República. Exigir al Presidente de la República, como a su partido PSUV, a cancelar los costos estimados que adeudan por la transmisión ilegal de actos explícitamente proselitista, a través de la plataforma pública de medios de comunicación social y edificaciones públicas.

A la par los representantes de Súmate fueron al CNE, donde fueron atendidos por el Rector del CNE Vicente Díaz, a quien le hicieron entrega de la documentación pormenorizada, acompañada de las respectivas grabaciones de los nueve programas a favor del PSUV y de los candidatos que representan a esta parcialidad política, que fueron transmitidos por la plataforma de medios de comunicación pública y en los cuales se utilizó la infraestructura física pública para la cultura y el entretenimiento, perteneciente a todos los venezolanos: cuatro (4) veces el Teatro Teresa Carreño, tres (3) veces el Teatro Municipal de Caracas y dos (2) veces el Poliedro de Caracas.

Este ventajismo electoral ha ocurrido durante el desarrollo del proceso preparatorio de las elecciones convocadas por el Consejo Nacional Electoral para el 26 de septiembre de 2010.

Se está violando lo dispuesto sobre uso de bienes y recursos del Estado y conducta de funcionarios públicos en la campaña electoral, según se establece en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre), así como el Reglamento Nº 5 de la LOPRE en materia de Control del Financiamiento de Campaña Electoral, el Reglamento N° 6 de la LOPRE en materia de Propaganda Electoral y el Reglamento Especial del CNE sobre la Campaña Electoral para las Elecciones Parlamentarias 2010.

En la denuncia consignada, esta organización ciudadana solicitó al CNE iniciar un procedimiento administrativo y aplicar la multa establecida en el artículo 33 del Reglamento N° 6 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales en Materia de Propaganda durante Campaña Electoral; consistente entre cinco mil Unidades Tributarias (5.000 U.T.) a siete mil Unidades Tributarias (7.000 U.T.), de conformidad con lo previsto en el artículo 232 numeral 4 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, por adelanto de la campaña electoral y uso ilegal de recursos y bienes del Estado en la misma.

Limitaciones impuestas por el Reglamento de Observación Nacional Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral

El verdadero rol que naturalmente le correspondería a una organización independiente como Súmate, que realiza un trabajo continuo de Contraloría Ciudadana, sería el de Observación Electoral Nacional. Sin embargo, debido a las restricciones que impone el reglamento del CNE a los observadores, no seria útil que Súmate se acreditara como tal.

No obstante, Súmate entiende la importancia de participación nuevamente en este rol de las organizaciones que en el pasado han realizado Observación Nacional Electoral, para los comicios del próximo 26 de septiembre.

En el caso internacional, una verdadera observación electoral requiere que los técnicos electorales de las misiones internacionales se hagan presentes en el país con semanas de anticipación a la fecha de los comicios y que tengan posibilidad de desplegar su trabajo técnico sin más restricciones que las asociadas a las de un trabajo profesional, independiente e imparcial y al respeto de la soberanía nacional.

En cuanto al ejercicio de la observación, de acuerdo con el "Reglamento en Materia de Observación Nacional Electoral y Acompañamiento Internacional Electoral", publicado por el CNE en su página web el pasado 16 de junio, las organizaciones observadoras deberán "Mantener bajo estricta confidencialidad o reserva el contenido de los intercambios de opinión o sugerencias formuladas a la autoridad electoral" (artículo 16, numeral 5).

Por ello, los observadores electorales sólo podrían ejercer una vigilancia electoral silenciosa, en los centros de votación en los que el CNE permita su acreditación. De esta manera, aún con el ejercicio del tipo de labor permitida por este Reglamento, el CNE no tendría ningún estímulo para garantizar el desarrollo de las elecciones libres, justas y transparentes que cualquier organismo de observación electoral independiente e imparcial esperaría.

De hecho, este Reglamento establece una serie de condiciones que restringen sensiblemente las posibilidades para que las organizaciones observadoras o de acompañamiento puedan evitar el ventajismo oficialista permitido por el CNE.

El artículo 15 de este reglamento, por ejemplo, no deja espacio a la interpretación: las organizaciones observadoras no podrán denunciar públicamente las violaciones a la equidad en la contienda electoral, que - por cierto - están a la vista de todos los venezolanos: "Las personas acreditadas (...) no podrán: Emitir declaraciones ni opinión en general y en particular sobre los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela hasta que haya culminado el proceso electoral (...) De igual modo, se abstendrán de inducir, persuadir u orientar al electorado, así como hacer pronunciamientos públicos".

Proceso de selección de Miembros y Secretarios de Organismos Electorales Subalternos avalado por los partidos políticos

Los Miembros y Secretarios de las Juntas Electorales fueron seleccionados el miércoles 24 de marzo, y los Miembros y Secretarios de las Mesas de Votación el jueves 25 de marzo.

Ambos eventos, de carácter público, se realizaron en la sede principal del Consejo Nacional Electoral, con la participación de los técnicos acreditados por los partidos políticos, que previamente habían revisado el programa que hizo la selección aleatoria.

Los elegibles para Miembros y Secretarios de las Juntas y Mesas Electorales son electores que saben leer y escribir y menores a 65 años.

Son seleccionados 6 miembros principales (1 presidente, 4 miembros principales y 1 secretario) y 12 suplentes para cada Junta Regional, Metropolitana, Municipal y Parroquial.

Para cada mesa de votación hay 3 miembros principales (Presidente, miembro A y miembro B) y 1 secretario, 4 suplentes y 4 de reserva, es decir, por mesa de votación son seleccionados 12 electores.

Súmate sugiere que para esta selección sean aplicados en el futuro mecanismos más sencillos, rápidos y fáciles de entender por los ciudadanos. La experiencia en Perú donde la selección de miembros y secretarios se realiza de forma manual sería un buen ejemplo a seguir: cada elector tiene un número asignado en las mesas de votación y se seleccionan manualment tantos números como cargos deben ser escogidos, luego quienes ocupen esos números en cada mesa, resultan seleccionados.

La participación en estas revisiones de organizaciones civiles que, como Súmate, se dedican a la Contraloría Electoral, sería muy conveniente como una muestra de apertura que podría darle plena transparencia al proceso

Registro Electoral sin auditoría

El Registro Electoral (RE) debe formarse con procedimientos abiertos y transparentes, de manera de garantizar que el sistema llene los requisitos de legitimidad y, de esa forma, contribuya a la integridad de la elección, y no a ponerla en duda.

Sin embargo, en los últimos años el RE venezolano ha sido administrado con escasa transparencia por parte del CNE, organismo responsable de su formación y mantenimiento, generando una grave desconfianza en significativos sectores de la ciudadanía. Por ejemplo, cualquier internauta puede verificar que en la página de web aparecen habilitados para votar 34 registros de ciudadanos con cédulas de identidad de apenas dos dígitos, que por las características de emisión del documento de identidad venezolano es muy poco probable que estén vivos aún.

Un RE adecuado debería cumplir con los siguientes aspectos:

Que estén efectivamente inscritos todos los ciudadanos que deberían poder votar, y que aparezcan registrados una sola vez.

Que los inscritos cumplan las condiciones legales para votar. Que los datos contenidos sobre los electores sean correctos.

Desde el año 2003, a partir del cual el RE ha tenido un crecimiento del 44%, el CNE no ha entregado a ningún organismo independiente las direcciones de los electores, con lo cual es imposible verificar el cumplimiento de estos aspectos en una muestra representativa de los registros.

Técnicos acreditados por los partidos políticos, candidatos y grupos de electores han participado en revisiones técnicas sobre la base de datos del RE, aplicando protocolos que el CNE ha permitido. Sin embargo, estas revisiones técnicas no son suficientes para garantizar que la información del RE corresponda confiablemente con los electores del país.

Dada la imposibilidad de auditar el RE a través de la visita a una muestra representativa de los electores, Súmate se ha focalizado en la aplicación de "antídotos" ante las posibles irregularidades presentes en el mismo; por ejemplo, en el uso de una tinta indeleble que funcione adecuadamente. En este sentido, a fin de evitar las votaciones múltiples por parte de una misma persona, para las Elecciones Parlamentarias 2010 es fundamental que se asegure la aplicación de una tinta indeleble eficaz, más aún considerando que se ha reportado la falla de la misma en algunos comicios previos.

Intimidación a través de capta huellas y otros mecanismos

Las máquinas captahuellas resultan inútiles, ya que no garantizan el principio de "un elector, un voto"; para ello, una tinta indeleble efectiva sería suficiente. Además, las mismas pueden

ser utilizadas como ventajismo político a favor del Gobierno, permitiéndole saber durante el proceso de votación quiénes están votando.

Lo que sí logran las captahuellas es intimidar y asustar al ciudadano, lo cual se refleja en encuestas que han indicado que más del 60 por ciento de los venezolanos rechazan su utilización. Si el CNE hubiera querido generar confianza en los ciudadanos, debió haber eliminado el uso de las captahuellas.

Los efectos perversos de las máquinas captahuellas en los resultados de las Elecciones son incuantificables; sin embargo, dada la situación del manejo de los poderes públicos al antojo del Presidente, se puede crear una matriz de opinión que distorsiona la preferencia en el voto, que puede tener como consecuencia electoral alguno de los impactos siguientes, por el temor a que a través de las máquinas captahuellas el CNE pueda conocer el voto individual de cada elector, lo cual recientemente se ha alimentado con otros supuestos medios que según se difunde a través de medios bajo el control del oficialismo podría aplicar el ente electoral (Satélite Simón Bolívar, Reconocimiento digital por parte de la máquina de votación, etc.) para disponer de esta información y proporcionársela al Gobierno:

i) Electores coaccionados para cambiar su voto; es decir, electores que sin tener genuinamente la preferencia de votar por un candidato X, lo hicieron al sentir que su voto no sería secreto y que su verdadera preferencia puede ocasionarles algún perjuicio; entre éstos están funcionarios públicos, beneficiarios de los programas sociales, contratistas del Estado y ciudadanos en general. Para corregir este impacto, habría que multiplicar por dos a cada elector coaccionado (voto ganado por el candidato X y voto perdido por el candidato contrario).

ii) Abstencionistas coaccionados para votar; es decir, electores que en condiciones normales se abstienen de votar pero que son movilizados electoralmente para evitar posibles represalias políticas; entre éstos se encuentran las mismas categorías indicadas para el caso anterior. Para corregir este impacto habría que restarle un voto al candidato X por cada elector coaccionado.

iii) Electores que se abstienen de ejercer su derecho al voto; es decir, aquellos que al preferir votar por el candidato opositor optan por abstenerse para evitar represalias políticas; entre éstos estarían ciudadanos en general con mayor independencia del Estado. Para corregir este impacto habría que sumarle un voto al candidato opositor por cada abstencionista coaccionado para no votar.

El antídoto usado por Súmate para enfrentarse a la irregularidad del uso de las captahuellas, una vez que se realicen las revisiones técnicas correspondientes sobre el Sistema Automatizado de Votación y que esto sea verificado, es recordar a los electores que el voto es secreto.

Inscripción de militares en el PSUV afecta neutralidad del Plan República

Se ha denunciado la inscripción de algunos militares de alto y mediano rango en el Partido Socialista Unido de Venezuela PSUV), que ameritaría una acción inmediata de las autoridades competentes, ya que además de contravenir lo dispuesto en el artículo 328 de la Constitución de la República, compromete la neutralidad de la Fuerza Armada Nacional en el Plan República, a través del cual sus miembros son los responsables de la logística, el reguardo de los materiales y equipos, así como de la seguridad y el orden público en los centros de votación, especialmente durante el acto de auditoría y escrutinio.

Súmate considera que el CNE debe aprovechar esta denuncia para exhortar a los componentes de la FAN a dar muestras fehacientes de independencia de toda línea partidista, tal como lo exigen la Constitución y leyes de la República, con el fin de que los diferentes actores políticos no cuestionen ni rechacen su intervención, a través del Plan República, durante la jornada electoral.

Falta de reglas claras en la reglamentación aprobada por el CNE

La Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) aprobada en agosto del año pasado, 2009, no establece plazos específicos para la elaboración por parte del CNE de 23 reglamentos previos a cada elección. Aunque la ley electoral derogada por la LOPRE sí establecía estos lapsos, estos fueron violados sistemáticamente por el CNE en los últimos procesos de votación, dificultando la labor de las organizaciones que trabajan en formación electoral, al aprobar las normativas a poco tiempo de las elecciones.

Aunque para este año los Reglamentos comenzaron a aprobarse a principios de año, para mencionar un ejemplo reciente, el CNE modificó el jueves 22 de julio de 2010 el Reglamento No. 4, aprobado previamente el 25 de febrero de 2010, de manera de eliminar la utilización del sello "VOTO"; básicamente la mesa tendrá ahora sólo un sello, el de "NO VOTO".

Estos cambios afectan los procesos de formación de los testigos y miembros y secretarios de las mesas electorales, sobre todo sabiendo que ya el manual de formación fue elaborado y se deberán explicar estos cambios y hacer una fe de errata.

Revisiones técnicas en vez de auditorías

El trabajo de revisión técnica realizado por personal acreditado por los partidos políticos, grupos de electores y candidatos ha permitido avances en el conocimiento del Sistema Automatizado de Votación, SAV.

Sin embargo, no podría considerarse que estas revisiones sean verdaderas "auditorías". En una "auditoría", el auditor (técnico) está en la posibilidad de pedir al auditado (CNE) toda la información necesaria para poder realizar análisis y elaborar informes sobre lo auditado (SAV). Mientras que en las revisiones técnicas el CNE se reserva el establecimiento de los aspectos a ser mostrados a los técnicos.

A manera de ejemplo, luego de la elección presidencial de diciembre 2006 fue la última vez que se entregó a los técnicos los "logs", o bitácoras que contiene el intercambio de información entre las máquinas de votación y el Sistema Nacional de Totalización, SNT. Desde entonces se han realizado tres procesos electorales y a pesar del compromiso en la entrega de los "logs", no ha sido posible conseguir y por lo tanto analizar tan valiosa información.

Conclusión

A través de sus informes de evaluación y de sus propuestas técnicas basadas en el marco constitucional y legal vigente en el país, para las elecciones que se han realizado desde el Referendo Revocatorio Presidencial de 2004, Súmate ha venido denunciando la aplicación reiterada de las estrategias de ventajismo, intimidación y diseño y control de los procesos electorales a la medida de los intereses del oficialismo, que evidencia y es consecuencia de la falta de imparcialidad del organismo electoral.

De lo anterior se concluye que, desde el propio CNE, se busca que los resultados electorales favorezcan al gobierno, de manera que éste logre mantener la mayoría de los escaños en la Asamblea Nacional.

La verdad sobre lo que realmente quieren los venezolanos, sólo se sabrá cuando en Venezuela haya Elecciones Limpias, Libres y Justas.

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CON LOS BUENOS DIAS. TIPS NOTICIOSOS NACIONALES E INTERNACIONALES, CARLOS EDUARDO SOSA NÚÑEZ,JUEVES, VIERNES, 30 DE JULIO DE 2010

• Colombia: Venezuela impidió acuerdo para erradicar a las FARC en otros países
• Incendio destruye biblioteca de la Facultad de Derecho de la UCV
• Reunión de cancilleres de Unasur finaliza sin acuerdos concretos
• 791.000 toneladas de comida nunca llegaron al país. Pdvsa desembolso 2,2 millardos de dólares en apenas 8 meses. Informe de auditoría interna de Pdvsa revela que la empresa se endeudo para adquirir alimentos, pago a Argentina sin recibir garantías y contrato cargamentos de pollo en Colombia que no fueron enviados.
• Gobierno reabrirá mercado de permutas en 2 meses!!!!!!Mecanismo paralelo al SITME.
• Nueva emisión de bonos será de $3 millardos.
• Venezuela y Colombia discutirán en Unasur.
• Cuatro muertos en El Rosal por intoxicación.
• Empleados y trabajadores civiles del Hospital Militar protestaron contra el energúmeno del director.
• UCV diseño sistema de ingreso asistido.
• En Pakistán las víctimas del accidente aéreo llegaron a 152.
• Aparecieron fotos de Maduro con jefe guerrillero paraguayo. Paraguay niega los vínculos.
• Raúl al Shalke.
• Rasparon a Maradona.
• Residentes en Colombia podrán votar el 26S.
• Carlos Osorio nuevo ministro de Alimentación. Pdval pasó al Minal. Suspendieron audiencia de los implicados en el caso de la comida podrida.
• Empresarios de la frontera piden oxigeno al Gobierno.
• Gobierno analiza prohibir desalojo de inquilinos.
• Candidatos de la Mesa alertan del dengue y la malaria.
• AN aprueba Bs50 millones para gastos de la Presidencia.
• Inversión publicitaria golpeada. Preventa en pico e zamuro.
• No más toros en Cataluña. Estocada final.
• TSJ acusa a Súmate de ser agente de EEUU.
• TSJ revisara la legalidad del proceso contra Globovision.
• No aparece el video de la interpelación de Urosa.
• Sesto "Tal vez nunca se sepa la causa de la muerte del Libertador".
• Saludos.
• Las condiciones están dadas para obtener una altísima votación el 26S. Si vencemos la abstención derrotaremos al comunismo el 26S.
• Lapatilla.com esta que revienta!

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¡BERRACO!, COMO RÓMULO, ASDRÚBAL AGUIAR

Recuerdo la frase de Luis Herrera, quien al comentar sobre los gobiernos que se aproximan a su término dice que “gobierno es gobierno hasta en las orillas”.

La referencia viene a propósito de quienes critican al presidente de Colombia, Álvaro Uribe, por plantear a “destiempo” y en la OEA formal acusación contra Venezuela por servir de aliviadero cómodo a la narcoguerrila vecina, responsable de crímenes de lesa humanidad, de terrorismo, y de tráfico de estupefacientes. No se trata, por ende y como lo creen el régimen denunciado y sus clientes aliados, de asuntos que afectan o hacen chocar soberanías o dignidades nacionales ofendidas. Ellos, antes bien, degradan y ofenden a la dignidad de todo el género humano, según el Derecho internacional contemporáneo.

Lo cierto es que a nadie debe sorprenderle la queja de Uribe. Menos todavía puede hacerse vestal ofendida el innombrable, por cómplice de las FARC. ¿O es que olvida que hace doce años, en 1999, recibe de su Director de Inteligencia, Ramón Rodríguez Chacín, un punto de cuenta donde éste le informa del pacto de ayuda mutua alcanzado entre su gobierno, que recién se inaugura, y las FARC? ¿O es obra de una conspiración mediática o traición de la imaginación el reconocimiento que le otorga a la narcoguerrilla colombiana desde la Asamblea Nacional, misma que declara unilateralmente, a su pedido, el estatus político y carácter beligerante de la organización guerrillera, el 16 de enero de 2008?

La continuidad delictiva, pues, es larga. Tanto que el embajador Adolfo Taylhardat, el día antes de la reunión de la OEA y a propósito del adelanto de la denuncia sobre la presencia entre nosotros de 1500 guerrilleros en 28 campamentos, recuerda en su columna de opinión que “el 24 de febrero de 2003 el presidente colombiano aseguró que las FARC tenían presencia en Venezuela y propuso coordinar acciones contra los rebeldes. La Embajada venezolana en Bogotá reconoció una “presencia mínima” de esa guerrilla en zonas vecinas a la frontera común. En diciembre de 2005 fue capturado aquí Rodrigo Granda. El 17 de diciembre de 2007 se advirtió sobre la presencia de Manuel Marulanda y de Ingrid Betancourt en una finca en Elorza, Estado Apure. Las autoridades venezolanas reconocieron “el incremento de la presencia guerrillera en Elorza” pero dijeron no tener noticias de que Betancourt estuviera allí.

En febrero de 2008 Colombia advirtió nuevamente al gobierno venezolano sobre la presencia aquí de Marulanda y hubo una denuncia acerca de una supuesta entrevista de él con el presidente venezolano en un lugar del Estado Barinas. Ese mismo mes las autoridades colombianas detuvieron al guerrillero Helí Mejía, alias Martín Sombra, cuando regresaba de Venezuela. En marzo de 2009 fue denunciada la presencia de nueve miembros del Estado Mayor de las FARC en Venezuela. En agosto de 2009 la INTERPOL emitió una notificación solicitando información sobre los movimientos de la guerrillera Lucía Andrea Amoret en Venezuela”.

Así las cosas, el cuestionamiento de la oportunidad y pertinencia de la grave acusación que pesa sobre Esteban, es pueril. Todavía lo es más la declaración del resbaladizo Secretario de la OEA, José Miguel Insulza, para quien el problema debe contenerse dentro del marco bilateral diplomático, por ajeno a lo multilateral. ¡Eso debió pensar, más ajustadamente, cuando decide intervenir en la vida política interna de Honduras, que en nada molesta a sus vecinos, salvo al inefable Esteban y sus compinches!

Lo cierto es que Uribe es un gobernante consistente desde el principio hasta el final. No le da tregua a la subversión, como otrora no se la da, en Venezuela, Rómulo Betancourt, durante su quinquenio constitucional. Tanto que, realizadas las elecciones y electo Raúl Leoni como su sucesor, una misión de la OEA cierra el año 1963 investigando sobre nuestro suelo la intervención cubana. ¡Eran tiempos de hombría, no cabe duda! ¡Es cuanto ahora le pide Colombia a la cobarde diplomacia hemisférica!

Betancourt sabe entonces, al igual que Uribe, que la lucha por la libertad no tiene orillas ni límites de tiempo, menos a la luz del permanente despropósito de la izquierda colonizada. “Conquistar Venezuela, controlar sus reservas petrolíferas, así como lograr el dominio de su posición geoestratégica, eran asuntos de vida o muerte para el proyecto continental de Fidel Castro”, recuerda Betancourt con palabras diversas y lo confiesan así, medio siglo después, quienes, entre nosotros, participan de la violencia en los años ’60.

ENTRE LINEAS

La arremetida contra el Banco Federal, de la que no se salvan siquiera quienes aprecia Esteban tienen relación familiar con Nelson Mezerhane, incluidas hasta las abuelas, tiene una clara explicación que el propio Régimen no oculta: silenciar a Globovisión. No obstante, los exquisitos, interesados en la muerte de dicha institución financiera para ocupar sus espacios, y quienes, desde el órgano de supervisión financiera deben explicar lo inexplicable del atropello ordenado desde las mas altas esferas del poder, motivan preguntas en la opinión que demandan respuestas precisas. Quien esto escribe también se las hace. Desde finales del pasado ano pasado, voceros del régimen señalan que el Banco Federal no es confiable y hasta le retiran los depósitos oficiales. Puede un banco sobrevivir en un ambiente desconfianza por solido que sea?

El gobierno, que ha hecho de la banca artificio lleno de papeles, en su mayoría emitidos por un Estado ahora insolvente, le pide a la banca, incluido el Federal, deshacerse de los mismos cuando son emitidos en dólares y por instituciones financieras extranjeras. El Federal según lo constatamos, entrega títulos, papelería como se lo piden y los permuta por lo más solido que existe en una economía volátil: edificios e inmuebles que pasan al patrimonio de dicho banco y que ahora tanto engolosinan a Esteban, y le parecen tantos que afirma pagara con ellos hasta las pensiones del Seguro Social. Aun así, en su momento la SUDEBAN sanciona al Banco Federal por hacer lo que el mismo Régimen le ordena hacer. Como se resuelve dicho entuerto?

Desde octubre de 2009 el gobierno de Esteban toma por asalto al Banco Federal, con unas tres decenas de funcionarios, y le prohíbe hacer lo que todo banco debe hacer para sostenerse y también recuperarse. No obstante, en marzo de 2010 la propia SUDEBAN, en sus cuentas, admite que dicho banco tiene un balance positivo. Hacia noviembre de 2009 Esteban pretende decir lo contrario, y en vivo y en directo su Superintendente le dice que el Federal tiene una condición normal. Como se explica, pues, que ahora tengamos al frente otra institución financiera quebrada y asaltada, según el Régimen, por sus dueños? Es una pregunta y nada mas.

Finalmente, si el banco se lo lleva Nelson Mezerhane al exterior entre gallos y media noche, cómo lo hizo? Desde el pasado año, cabe repetirlo, el Federal esta sometido a una intervención administrativa por la SUDEBAN y su treintena de funcionarios. Acaso bajo las narices del mismo Superintendente pudo vaciarse el banco en cuestión, sin que sonasen las alarmas?.

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