*ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS (CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE CHILE) - 22 DE AGOSTO DE 1973., GRAVE QUEBRANTAMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA REPÚBLICA.
Acuerdo de la Cámara de Diputados (Congreso de la República de Chile)
http://www.geocities.com/CapitolHill/Congress/1770/acuerdos.html
El siguiente acuerdo fue aprobado por 81 votos contra 47 en la cámara de diputados chilena el 22 de agosto de 1973. En él se explicitan los actos antiliberales, antidemocráticos y aticonstitucionales de Salvador Allende, al que aún siguen algunos considerando un demócrata ejemplar.
El siguiente acuerdo fue aprobado por 81 votos contra 47 en la cámara de diputados chilena el 22 de agosto de 1973.
En él se explicitan los actos antiliberales, antidemocráticos y anticonstitucionales de Salvador Allende, al que aún siguen algunos considerando un demócrata ejemplar.
Considerando:
1º Que es condición esencial para la existencia de un Estado de Derecho que los Poderes Públicos, con pleno respeto al principio de independencia recíproca que los rige, encuadren su acción y ejerzan sus atribuciones dentro de los marcos que la Constitución y las leyes les señalan, y que todos los habitantes del país puedan disfrutar de las garantías y derechos fundamentales que les asegura la Constitución Política del Estado;
2º Que la juridicidad del Estado chileno es patrimonio del pueblo que en el curso de los años ha ido plasmando en ella el consenso fundamental para su convivencia y atentar contra ella es, pues, destruir no sólo el patrimonio cultural y moral de nuestra nación sino que, en la práctica, negar toda posibilidad de vida democrática;
3º Que son estos valores y principios los que se expresan en la Constitución Política del Estado que, de acuerdo a su artículo 2º, señala que la soberanía reside esencialmente en la nación y que las autoridades no pueden ejercer más poderes que los que ésta les delegue y, en el artículo 3º, se deduce que un Gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha delegado, incurre en sedición;
4º Que el actual Presidente de la República fue elegido por el Congreso Pleno previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política, el que tuvo como preciso objeto asegurar el sometimiento de la acción de su Gobierno a los principios y normas del Estado de Derecho, que él solemnemente se comprometió a respetar;
5º Que es un hecho que el actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ha ido empeñando en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario, absolutamente opuesto al sistema democrático representativo, que la Constitución establece;
6º Que, para lograr este fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conducta, llegando a los extremos de desconocer y atropellar sistemáticamente las atribuciones de los demás Poderes del Estado, violando habitualmente las garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la República, y permitiendo y amparando la creación de poderes paralelos, ilegítimos, que constituyen un gravísimo peligro para la nación, con todo lo cual ha destruido elementos esenciales de la institucionalidad y del Estado de Derecho;
7º Que, en lo concerniente a las atribuciones del Congreso Nacional, depositario del Poder Legislativo, el Gobierno ha incurrido en los siguientes atropellos:
a) Ha usurpado al Congreso su principal función, que es la de legislar, al adoptar una serie de medidas de gran importancia para la vida económica y social del país, que son indiscutiblemente materia de ley, por decretos de insistencia dictados abusivamente o por simples resoluciones administrativas fundadas en "resquicios legales", siendo de notar que todo ello se ha hecho con el propósito deliberado y confeso de cambiar las estructuras del país, reconocidas por la legislación vigente, por la sola voluntad del Ejecutivo y con prescindencia absoluta de la voluntad del legislador;
b) Ha burlado permanentemente las funciones fiscalizadoras del Congreso Nacional al privar de todo efecto real a la atribución que a éste le compete para destinar a los Ministros de Estado que violan la Constitución o la ley o cometen otros delitos o abusos señalados en la Carta Fundamental, y
c) Por último, lo que tiene la más extraordinaria gravedad, ha hecho "tabla rasa" de la alta función que el Congreso tiene como Poder Constituyente, al negarse a promulgar la reforma constitucional sobre las tres áreas de la economía, que ha sido aprobada con estricta sujeción a las normas que para ese efecto establece la Carta Fundamental;
8º Que, en lo que concierne al Poder Judicial, ha incurrido en los siguientes desmanes:
a) Con el propósito de minar la autoridad de la magistratura y de doblegar su independencia, ha capitaneado una infamante campaña de injurias y calumnias contra la Excma. Corte Suprema y ha amparado graves atropellos de hecho contra las personas y atribuciones de los jueces;
b) Ha burlado la acción de la justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a partidos y grupos integrantes o afines del Gobierno, ya sea mediante el ejercicio abusivo del indulto, o mediante el incumplimiento deliberado de órdenes de detención;
c) Ha violado leyes expresas y ha hecho "tabla rasa" del principio de separación de los Poderes, dejando sin aplicación las sentencias o resoluciones judiciales contrarias a sus designios y, frente a las denuncias que al respecto ha formulado la Excma. Corte Suprema, el Presidente de la República ha llegado al extremo inaudito de arrogarse en tesis el derecho de hacer un "juicio de méritos" a los fallos judiciales, determinando cuándo éstos deben ser cumplidos;
9º Que, en lo que se refiere a la Contraloría General de la República --un organismo autónomo esencial para el mantenimiento de la juridicidad administrativa-- el Gobierno ha violado sistemáticamente los dictámenes y actuaciones destinados a representar la ilegalidad de los actos del Ejecutivo o de entidades dependientes de él;
10º Que entre los constantes atropellos del Gobierno a las garantías y derechos fundamentales establecidos en la Constitución, pueden destacarse los siguientes:
a) Ha violado el principio de igualdad ante la ley, mediante discriminaciones sectarias y odiosas en la protección que la autoridad debe prestar a las personas, los derechos y los bienes de todos los habitantes de la República, en el ejercicio de las facultades que dicen relación con la alimentación y subsistencia y en numerosos otros aspectos, siendo de notar que el propio Presidente de la República ha erigido estas discriminaciones en norma fundamental de su Gobierno, al proclamar desde el principio que él no se considera Presidente de todos los chilenos;
b) Ha atentado gravemente contra la libertad de expresión, ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales adeptos del Gobierno; clausurando ilegalmente diarios y radios; imponiendo a estas últimas "cadenas" ilegales; encarcelando inconstitucionalmente a periodistas de oposición; recurriendo a maniobras arteras para adquirir el monopolio del papel de imprenta, y violando abiertamente las disposiciones legales a que debe sujetarse el Canal Nacional de Televisión, al entregarlo a la dirección superior de un funcionario que no ha sido nombrado con acuerdo del Senado, como lo exige la ley, y al convertirlo en instrumento de propaganda sectaria y de difamación de los adversarios políticos;
c) Ha violado el principio de autonomía universitaria y el derecho que la Constitución reconoce a las Universidades para establecer y mantener estaciones de televisión, al amparar la usurpación del Canal 9 de la Universidad de Chile, al atentar por la violencia y las detenciones ilegales contra el nuevo Canal 6 de esa Universidad, y al obstaculizar la extensión a provincias del Canal de la Universidad Católica de Chile;
d) Ha estorbado, impedido y, a veces, reprimido con violencia el ejercicio del derecho de reunión por parte de los ciudadanos que no son adictos al régimen, mientras ha permitido constantemente que grupos a menudo armados, se reúnan sin sujeción a los reglamentos pertinentes y se apoderen de calles y caminos para amedrentar a la población;
e) Ha atentado contra la libertad de enseñanza, poniendo en aplicación en forma ilegal y subrepticia, a través del llamado Decreto de Democratización de la Enseñanza, un plan educacional que persigue como finalidad la concientización marxista;
f) Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad, al permitir y amparar más de 1.500 "tomas" ilegales de predios agrícolas, y al promover centenares de "tomas" de establecimientos industriales y comerciales para luego requisarlos o intervenirlos ilegalmente y constituir así, por la vía del despojo, el área estatal de la economía; sistema que ha sido una de las causas determinantes de la insólita disminución de la producción, del desabastecimiento, el mercado negro y el alza asfixiante del costo de la vida, de la ruina del erario nacional y, en general, de la crisis económica que azota al país y que amenaza el bienestar mínimo de los hogares y compromete gravemente la seguridad nacional;
g) Ha incurrido en frecuentes detenciones ilegales por motivos políticos, además de las ya señaladas con respecto a los periodistas, y ha tolerado que las víctimas sean sometidas en muchos casos a flagelaciones y torturas;
h) Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales, sometiéndolos, como en el caso de El Teniente o de los transportistas, a medios ilegales de represión;
i) Ha roto compromisos contraídos para hacer justicia con trabajadores injustamente perseguidos como los de Sumar, Helvetia, Banco Central, El Teniente y Chuquicamata; ha seguido una arbitraria política de imposición de las haciendas estatales a los campesinos, contraviniendo expresamente la Ley de Reforma Agraria; ha negado la participación real de los trabajadores de acuerdo a la Reforma Constitucional que les reconoce dicho derecho; ha impulsado el fin de la libertad sindical mediante el paralelismo político en las organizaciones de los trabajadores;
j) Ha infringido gravemente la garantía constitucional que permite salir del país, estableciendo para ello requisitos que ninguna ley contempla.
11º Que contribuye poderosamente a la quiebra del Estado de Derecho, la formación y mantenimiento, bajo el estímulo y la protección del Gobierno, de una serie de organismos que son sediciosos porque ejercen una autoridad que ni la Constitución ni la ley les otorgan, con manifiesta violación de lo dispuesto en el artículo 10 Nº 16 de la Carta Fundamental, como por ejemplo, los Comandos Comunales, los Consejos Campesinos, los Comités de Vigilancia, las JAP, etc.; destinados todos a crear el mal llamado "Poder Popular", cuyo fin es sustituir a los Poderes legítimamente constituidos y servir de base a la dictadura totalitaria, hechos que han sido públicamente reconocidos por el Presidente de la República en su último Mensaje Presidencial y por todos los teóricos y medios de comunicación oficialistas;
12º Que en la quiebra del Estado de Derecho tiene especial gravedad la formación y desarrollo, bajo el amparo del Gobierno, de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos y contra la paz interna de la Nación, están destinados a enfrentarse contra las Fuerzas Armadas; como también tiene especial gravedad el que se impida al Cuerpo de Carabineros ejercer sus importantísimas funciones frente a las asonadas delictuosas perpetradas por grupos violentistas afectos al Gobierno. No pueden silenciarse, por su alta gravedad, los públicos y notorios intentos de utilizar a las Fuerzas Armadas y al Cuerpo de Carabineros con fines partidistas, quebrantar su jerarquía institucional e infiltrar políticamente sus cuadros;
13º Que al constituirse el actual Ministerio, con participación de altos miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el Excmo. Señor Presidente de la República lo denominó "de seguridad nacional" y le señaló como tareas fundamentales las de "imponer el orden político" e "imponer el orden económico", lo que sólo es concebible sobre la base del pleno restablecimiento y vigencia de las normas constitucionales y legales que configuran el orden institucional de la República;
14º Que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros son y deben ser, por su propia naturaleza, garantía para todos los chilenos y no sólo para un sector de la Nación o para una combinación política. Por consiguiente, su presencia en el Gobierno no puede prestarse para que cubran con su aval determinada política partidista y minoritaria, sino que debe encaminarse a restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y de convivencia democrática indispensable para garantizar a Chile su estabilidad institucional, paz civil, seguridad y desarrollo;
15º Por último, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 39 de la Constitución Política del Estado
LA CAMARA DE DIPUTADOS ACUERDA:
PRIMERO: Representar a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Estado y miembros de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República que entrañan los hechos y circunstancias referidos en los considerandos Nºs 5 a 12 precedentes;
SEGUNDO: Representarles, asimismo, que, en razón de sus funciones, del juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes que han prestado y, en el caso de dichos señores Ministros, de la naturaleza de las instituciones de las cuales son altos miembros y cuyo nombre se ha invocado para incorporarlos al Ministerio, les corresponde poner inmediato término a todas las situaciones de hecho referidas, que infringen la Constitución y las leyes, con el fin de encauzar la acción gubernativa por las vías del Derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de convivencia democrática entre los chilenos;
TERCERO: Declarar que, si así se hiciere, la presencia de dichos señores Ministros en el Gobierno importaría un valioso servicio a la República. En caso contrario, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política y con grave deterioro de su prestigio institucional, y
CUARTO: Transmitir este acuerdo a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Hacienda, Defensa Nacional, Obras Públicas y Transportes y Tierras y Colonización.
CONGRESO REPUBLICA DE CHILE
22 de septiembre 1973.
Otras referencias y consultas:
http://www.inap.uchile.cl/cienciapolitica/destacado16.html
http://www.udi.cl/documentos/do_acuerdo_cd1973.htm
http://es.wikisource.org/wiki/Presentaci%C3%B3n_del_proyecto_de_Acuerdo_de_la_C%C3%A1mara_de_Diputados_del_22_de_agosto_de_1973
http://es.wikisource.org/wiki/Acuerdo_de_la_C%C3%A1mara_de_Diputados_sobre_el_grave_quebrantamiento_del_orden_constitucional_y_legal_de_la_Rep%C3%BAblica
http://www.liberalismo.org/articulo/298/60/acuerdo/camara/diputados/
http://qbitacora.wordpress.com/2009/06/01/camara-diputados-chile-declaracion-quiebra-democracia/
http://www.rodolfowalsh.org/spip.php?article2321
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/coedicion/modak/21pueblo.pdf
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S071771942007000100006&script=sci_arttext
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OPINIONES:
El Acuerdo 22 de agosto de 1973
http://simposiolibertario.blogspot.com/2005/09/el-acuerdo-22-de-agosto-de-1973.html
Como de costumbre, la presa de izquierda de nuevo conmemora el 11 de septiembre chileno con las falsedades repetitivas. Sin embargo, José Piñera en su libro "Una Casa Dividida", nos muestra como la izquierda se quiso adueñar del país con la violencia política, para imponer una dictadura comunista de corte cubano o soviético. Ahora niegan. Obviamente, porque no les conviene.
José Piñera rescata dos hechos importantes:
El Acuerdo de la Cámara de Diputados y el Acta de Rivera.
· El Acuerdo nos muestra las reiteradas violaciones a las personas en que cayó la Unidad Popular, entre ellas, la tortura.
· Y el Acta de Rivera nos muestra que la oposición al gobierno de la Unidad Popular no contaba con el apoyo de las FF.AA ni la CIA, como la izquierda ha venido diciendo.
"EL Presidente Salvador Allende había gobernado Chile por casi mil días cuando el miércoles 22 de agosto de 1973 el pleno de la Cámara de Diputados fue citado, a las 12 horas, para "analizar” la situación política y legal que afecta al país". Apenas iniciada la sesión, los Comités de Diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y el Partido Nacional (PN) presentaron un Proyecto de Acuerdo que cambiaría el curso de la historia de Chile.
El primer orador fue el diputado del PDC Claudio Orrego, un intelectual muy cercano al ex Presidente Frei. En su discurso de presentación del Proyecto acusó al Gobierno de Allende de haber generado una "crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de ciento setenta y tres años de vida independiente...La situación de ilegalidad pasa por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta, en algunos casos, a la libertad de las personas... Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de políticas superestructural. Aquí hay que resolver los problemas de fondo" (Claudio Orrego, Para una paz estable entre los chilenos, 1974).
El diputado Orrego afirmó también que el Presidente Salvador Allende no estaba respetando el "El Estatuto de Garantías Democráticas" que había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la PDC, con sus votos en el Congreso, eligiera a Allende. En efecto, el candidato socialista sólo había obtenido el 36,2% del voto popular y, por lo tanto, el Congreso podía elegir Presidente de la República a cualesquiera de las dos primeras mayorías relativas. La segunda mayoría la había obtenido Jorge Alessandri, el candidato conservador, con 34,9% de la votación. Tiempo después, y ya instalado en la sede presidencial de La Moneda, Allende reconocería que él firmó ese Estatuto sólo como "una necesidad táctica"(Regis Debray, The Chilean Revolution: Conversations with Allende, 1971).
Tras intervenir otro representante del PDC, tomó la palabra el diputado del PN Hermógenes Pérez de Arce, quien realizó una contundente afirmación: "El Poder Ejecutivo ha dejado encuadrase en la Constitución y la Ley, lo que ha dado lugar a la ilegitimidad de mandato y ejercicio del Presidente de la República".
Después de otros dos diputados del PN, intervino Luis Maira, de la coalición de partidos de gobierno llamada Unidad Popular. No negó las graves acusaciones que hacía el Proyecto de Acuerdo e intentó justificar la conducta del gobierno sosteniendo "que el problema de fondo no es otro que el Estado de Derecho y su justa correlación con las transformaciones económicas indispensables".
La sesión de la mañana finalizó con un encendido discurso del diputado Juan Luis Ossa, presidente de la juventud del PN. En los alrededores del edificio del Congreso habían ocurrido el día anterior graves incidentes. El diputado Ossa, atacado por grupos armados, se había visto a hacer uso de su arma de fuego, afirmando a la prensa que se le disparaba incluso con armas automáticas. La policía no había actuado en defensa de los jóvenes de su partido. Exasperado por este incidente, calificó a los diputados comunistas de "bandas de traidores, bandas de cobardes, bandas de vendidos, bandas de mentirosos hipócritas". Ese era el clima de profunda división que se vivía en Chile tras mil de gobierno de la Unidad Popular.
A las 14 horas y 13 minutos se interrumpió el debate. En el mundo hispano, ni siquiera asuntos tan grave ameritan postergar la hora del almuerzo.
La sesión de la tarde, convocada para votar el Proyecto de Acuerdo, comenzó a las 20 horas. Pero hubo una sorpresa. Tras un breve debate, la Cámara se constituyó en sesión secreta a instancias del diputado comunistas Jorge Insunza y el público en las tribunas tuvo que abandonar el recinto. Diputados asistentes han sostenido que Insunza afirmó que fuerzas extranjeras invadirían de inmediato el país si se aprobaba el Proyecto de Acuerdo.
Reanudada la sesión pública, se procedió de inmediato a votar. Una vez hecho el recuento, el Presidente de la Cámara de Diputados declaró aprobado el Acuerdo por 81 votos contra 47(63,3% versus 36,7%). A las 21 horas 49 minutos se levantó la sesión.
El Acuerdo acusaba al Gobierno del Presidente Allende de veinte violaciones a la Constitución y las leyes, entre las cuales destacaban amparar grupos armados, torturar, detener personas ilegalmente, amordazar la prensa, manipular la educación, limitar la posibilidad de salir del país, confiscar la propiedad privada, formar organismos sediciosos, y violar las atribuciones del Poder Judicial, el Congreso y la Contraloría.
La mayoría de la Cámara denunciaba que el "actual Gobierno de la República, desde sus inicios, se ido empeñado en conquistar el poder total, con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr de ese modo la instauración de un sistema totalitario". (Texto completo del Acuerdo en Documento).
Para John Locke, el gran pensador político inglés, la tiranía es "el ejercicio más allá de la ley". Cuando al excederse en los límites de su poder una autoridad coloca al país en un estado de guerra, ese persona se ha "rebelado" ("re-bellare" proveniente del latín "bellum" o guerra). La esencia del Acuerdo de la Cámara de Diputados, en consecuencia, es la acusación al Presidente Allende de que, a pesar de haber sido elegido democráticamente, se había rebelado contra la Constitución y traspasado el umbral de la tiranía.
Los diputados chilenos habían aprobado un documento que evoca la cadena de acusaciones que la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos hizo contra el Rey Jorge III. También habían llegado a la misma conclusión: "Cuando una larga sucesión de abusos y usurpaciones, todos ellos encaminados de manera invariable hacia el mismo objetivo, revelan la intención de someter al pueblo al absoluto despotismo, es su derecho, es su deber, derrocar a tal gobierno y nombrar nuevos guardianes de su futura seguridad".
El Acuerdo de la Cámara de Diputados tiene 15 artículos y se puede descomponer conceptualmente en cuatro categorías:
Preámbulo. Contenido en los artículos 1 a 4, y que enuncia las conocidas condiciones esenciales que deben darse para que exista un Estado de Derecho. Contiene una advertencia cargada de significado: "Un gobierno que se arrogue derechos que el pueblo no le ha otorgado incurre en sedición". También le recuerda al Presidente Allende que fue elegido por el Congreso Pleno, "previo acuerdo en torno a un estatuto de garantías democráticas incorporado a la Constitución Política".
Veinte acusaciones. De manera específica se enumeran veinte transgresiones a la Constitución y a las leyes de la República:
una conducta sistemática destinada a instaurar un sistema totalitario (artículos 5 y 6);
siete violaciones al principio constitucional de la separación de poderes (artículos 7, 8 y 9);
diez violaciones a determinados derechos humanos (enumeradas dentro del artículo 10), y
dos acusaciones de carácter sedicioso (artículos 11 y 12).
Téngase presente. El Presidente Allende había incorporado a la política contingente a altos miembros activos de las Fuerzas Armadas. Durante algunos meses incluso designó en el cargo político de mayor gravitación y controversia, el Ministerio del Interior, al entonces Comandante en Jefe del Ejército. El Acuerdo, en sus artículos 13 y 14, les recuerda a esos militares que su lealtad debe estar con la Constitución y no con el Gobierno.
Llamado a las Fuerzas Armadas. En el lenguaje oblicuo tradicional de la política latinoamericana, el Acuerdo, al exigirle a los ministros militares poner "inmediato término" a estas graves violaciones a la Constitución (art. 15), está de hecho llamando a las Fuerzas Armadas a remover al Gobierno.
Así lo comprendió claramente el Presidente Allende. El jueves 23 de agosto un mensajero de la Cámara entregó en el palacio presidencial de La Moneda un sobre dirigido al Primer Mandatario con el texto del Acuerdo aprobado la noche anterior (lo que explica que algunos se hayan referido al Acuerdo del 23 de agosto). El viernes 24 el Presidente Allende daba su respuesta en una declaración pública y le señalaba al país lo siguiente: "En el día de anteayer, los diputados de oposición han exhortado formalmente a las Fuerzas Armadas y Carabineros a que adopten una posición deliberante frente al Ejecutivo... Pedir a las Fuerzas Armadas y Carabineros que lleven a cabo funciones de gobierno al margen de la autoridad y dirección política del Presidente de la República es promover el golpe de Estado."
Conforme al artículo 42 de la Constitución promulgada en 1925, la remoción del Presidente exigía dos tercios de los senadores en ejercicio. Como el senado se renovaba parcialmente, era virtualmente imposible que un Presidente –por impopular que fuera- perdiera elecciones parlamentarias durante su período de tal modo de quedar sin el apoyo de, al menos, un tercio de los senadores. De hecho, la oposición al Presidente Allende ganó por mayoría absoluta las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, logrando casi dos tercios de la Cámara de Diputados, pero no igual mayoría en el Senado. En síntesis, la Constitución de 1925 permitía que cualquier gobierno la violara "sistemáticamente" mientras mantuviera a su lado a un tercio de los senadores.
La Cámara de Diputados realiza entonces un "llamado" a la intervención de los ministros militares, y, a través de ellos, a las Fuerzas Armadas, pues el camino estrictamente jurídico para remover al Presidente que estaba violando la Constitución era, en la práctica, imposible.
La respuesta de Allende al Acuerdo de la Cámara es reveladora de su confusión sobre lo que significa el Estado de Derecho, pues declara que insistirá en su estrategia, ya que "tras la expresión `Estado de Derecho’ se esconde una situación que presupone una injusticia económica y social entre los chilenos que nuestro pueblo ha rechazado, Pretenden ignorar que el Estado de Derecho sólo se realiza plenamente en la medida que se supere las desigualdades de una sociedad capitalista". (La negrilla es mía)
El origen del texto del Acuerdo es revelador. Claudio Orrego ha dado este testimonio: "El Presidente de la Democracia Cristiana, senador Patricio Aylwin, me encomendó la tarea de Preparar el Proyecto de Acuerdo. Me solicitó que hablara con el senador Juan Hamilton...quien me informó que los parlamentarios del Partido Nacional tenían un borrador de declaración que podía ahorrarnos mucho trabajo... Después de analizar dicho documento, me pareció que contenía mucho material que estaba muy bien hecho...Una vez terminado el trabajo- del cual guardo el original- transmití al senador Aylwin para que lo aprobara la Directiva del PDC. Este procedió a redactar nuevamente las conclusiones, en la forma en que fueron definitivamente aprobadas por la Cámara. El mismo día 22 de agosto, en la mañana, revisamos el texto definitivo con Patricio Aylwin y me dirigí al Congreso a presentarlo... Esa es la relación verdadera del Acuerdo de la Cámara de Diputados. La historia juzgará de su importancia y su oportunidad" (Carta a La Segunda, 26 de marzo de 1980).
Según el ex diputado Pérez de Arce, quien estuvo presente en una reunión con ese propósito, el primer borrador del Acuerdo lo redactó el jurista Enrique Ortúzar y lo revisó el senador del PN Francisco Bulnes. Ello es coherente con la versión de Orrego, quien señala que la redacción final del texto se basó en un "muy bien hecho" trabajo que le entregaron parlamentarios del PN. Todo indica entonces que se trata del mismo texto, el cual fue enriquecido por distintas personas del PN y PDC en la búsqueda de una redacción que satisficiera a todos y así asegurara la votación unánime de diputados de ambos partidos. Como la versión final la revisó el senador Patricio Aylwin, es indudable que el texto del Acuerdo tuvo la aprobación del senador Eduardo Frei, líder máximo del PDC, Presidente del Senado y ex Presidente de la República.
A medida que el Gobierno de la Unidad Popular fue restringiendo las libertades económicas, sociales y políticas con el propósito de hacer una revolución marxista, surgió, desde los más diversos ámbitos de la sociedad chilena, una fuerte resistencia civil que se transformó pronto en una avalancha de protestas, manifestaciones, huelgas y denuncias.
Alexander Solzhenytsin afirmó que "el comunismo sólo se detiene cuando encuentra una muralla, aunque sólo sea una muralla de resolución". La resistencia civil generalizada, que concluyó con el Acuerdo de la Cámara de Diputados, fue "la muralla de resolución" con la que se encontró el comunismo en Chile.
El historiador Richard Pipes, profesor de la Universidad de Harvard, ha concluido que, con el Acuerdo:
"la Cámara le solicitó a las Fuerzas Armadas que restauraran las leyes del país. Obedeciendo este mandato, a los 18 días los militares chilenos...removieron por la fuerza a Allende de su cargo"(Communism, A Brief of Story, 2001). "
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