La violencia social ha sido un cáncer de la sociedad en
todos sus tiempos, es una degeneración
social que de no dársele un tratamiento adecuado, oportuno y eficiente este
crece y crece de manera progresiva hasta desbordar los limites de la tolerancia. La inseguridad
como producto de la violencia social es un fenómeno complejo que contiene el
funcionamiento de los sistemas policiales, de la justicia y, lo más importante,
la prevención y los programas para la superación de las desigualdades sociales.
Cuando el Estado es rebasado por la violencia social,
convertida en olas delincuenciales, dejan a la sociedad indefensa ante a un
sector de la población que han decidido abiertamente enfrentar la ley y, con ello, a la institucionalidad
del mismo Estado, se dice, entonces, que se ha entrado en un proceso de
ingobernabilidad. La ingobernabilidad referida a la pérdida del orden interno,
al detrimento del control de la justicia y del control de las armas. Esta
degradación es una característica de una Nación en proceso de deterioro de su
institucionalidad que camina al caos social. Cuando esto sucede podemos
decir que estamos en presencia de un
Estado en decadencia institucional y moral y, al mismo tiempo, frente a una
sociedad indefensa que se declara impotente ante los violentos.
Es pertinente añadir que la seguridad ciudadana es un
derecho humano fundamental, en consecuencia, el Estado debe ser garante de la
promoción y defensa de los derechos humanos, por tanto, debe desarrollar toda
una institucionalidad e inversión pública para frenar la violencia social y
bajar los índices de inseguridad. En esta dirección aseveramos que el delito
organizado atenta contra los derechos humano al poner a los ciudadanos en
situaciones de vulnerabilidad frente a delitos graves. Así mismo afirmamos, que
cuando el Estado incumple o es deficiente en la protección ciudadana esta
violentando los derechos humanos de sus gobernados al fallar en el desempeño de
esta misión. Funcionarios públicos encargados de la seguridad ciudadana son
propensos ha ser juzgados por delitos de lesa humanidad por incumplimiento de
sus competencias en desmedro de la sociedad.
El Estado venezolano, según la Constitución Nacional,
esta obligado a controlar el monopolio de la justicia y el control de las
armas, reprimir a los violentos, desarrollar una educación centrada en valores
que promueva la convivencia y la tolerancia ciudadana, así como, crear condiciones e instituciones para
combatir las desigualdades, la violencia social, el delito, el narcotráfico, el armamentismo comunitario y
la cultura de la muerte. En sí, proteger a los ciudadanos y crear condiciones
para su seguridad.
Pero pese a este mandato constitucional uno de los
problemas más críticos de los venezolanos es la inseguridad ciudadana, que
involucra a todos sin distingo de género y de nivel social, económico o profesional. Las estadísticas semanales de
muertos en las principales ciudades, así como las interminables noticias de
secuestros, robos, hurtos, violaciones y decenas de delitos son parte de la
vida cotidiana. Las cifras cada día crecen de manera alarmante, pareciera que
la delincuencia está desatada y no respeta nada. Caracas, la capital
venezolana, es la cuarta ciudad más
peligrosa del mundo después de Ciudad Juárez en México, Kandahar en Afganistán
y San Pedro Sula en Honduras, de acuerdo a un estudio reciente presentado por
el grupo activista mexicano Seguridad, Justicia y Paz. En todo el país pasa lo mismo, ya sean
ciudades grandes, intermedias o pueblos, los ciudadanos están azotados por los
delincuentes,
Las escandalosas
cifras de inseguridad en Venezuela nos llevan a inferir que estamos en una
situación de ingobernabilidad, de decadencia institucional y de incumplimiento
del Estado como garante de la promoción y defensa de los derechos humanos. Todo
muestra que el gobierno “revolucionario” fue derrotado por el hampa y, se ha
declarado incompetente ante el flagelo de la violencia social y el delito que de
esta deriva. Desde 1999 hasta el año
2013 han anunciado 20 planes de seguridad sin resultados satisfactorios. Aunque
maquilen las cifras y digan que es una falsa ilusión fomentados por los medios
de comunicación social las realidad le explota en la cara en las morgues y en
el dolor de las familias victimas de esta terrible inseguridad.
En Venezuela existen varios factores que influyen en la
violencia social y, que podemos
considerar como cócteles de la inseguridad, estos se incuban y se desarrollan
por políticas, estrategias y estilos de un gobierno que se hace llamar
revolucionario con unas estrategias de
cambio radical que promueven la
incertidumbre económica y, con ello, la
profundización de las desigualdades sociales; una abierta y escandalosa impunidad promovida y sustentada por la corrupción e ineficiencia judicial; una
creciente partidización y desmoralización de las policías que las hace pasto
fácil en la tentación delincuencial; la permeabilidad e impunidad de la
justicia y las policías frente al narcotráfico y la drogadicción, recordemos
que Venezuela se ha convertido en puente internacional del tráfico de
narcóticos.
Además, el desarrollo de un discurso oficial que promueve la cultura de
la muerte y la violencia; el desarrollo de una cultura del armamentismo como
paradigma de una sociedad en tensión de guerra
a la cual pretenden militarizar; la presencia de una educación con
fuerte adoctrinamiento, de baja calidad y de carencias en valores de hermandad,
solidaridad y tolerancia. A ello le
sumamos, el hecho de que el régimen
promueve la división de la sociedad desde una supuesta lucha de clases
que deriva en resentimiento social y odio entre los mismos venezolanos. Todo un caldo de cultivo para la violencia
social y de allí un paso a situaciones delincuenciales.
Definitivamente estamos a merced del hampa, vivimos en un
campo de batalla minado por la violencia social, somos prisioneros de la
delincuencia y víctimas de un gobierno que ha fracasado en el combate del flagelo
de la inseguridad. Un gobierno que propicia la violación de los derechos
humanos. Un régimen que incuba con su discurso y sus acciones la violencia
social y su ola delincuencial. Este fenómeno fluye con tanta impunidad que nos tienta a
pensar la existencia de una supuesta estrategia
oficial en complicidad con el hampa para
mantenernos desmovilizados y prisioneros en nuestros mismos hogares, aterrados
y cubiertos por un manto creciente de miedo colectivo.
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