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sábado, 16 de abril de 2011

VENEZOLANOS SIN DERECHOS EN EL EXTERIOR. PACIANO JOSÉ PADRÓN VALLADARES

         Se continúa violando la Constitución de manera impune, al impedir el ejercicio de Derechos Humanos fundamentales de venezolanos en el exterior. A dos de ellos se contraen estas reflexiones: al derecho a la identidad biológica -a su identificación como venezolano- y al derecho a votar.

Es derecho fundamental del hombre su identidad. Es así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Art. 6, reconoce que “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica”, mientras nuestra Constitución, Art. 56, añade que “Toda persona tiene derecho…a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley”; esa ley es la de Registro Civil,  la que consagra, Art. 1º, la obligación del Estado a  “Asegurar los Derechos Humanos a la identidad biológica y la identificación de todas las personas”. Todas estas normas son violadas y, en consecuencia, conculcados derechos de venezolanos en el exterior: no se les emite su correspondiente cédula de identidad, sin la cual no pueden sufragar.

 “El sufragio es un derecho” reconoce la Constitución, para luego añadir, Art. 64, que son electores todos los venezolanos “que hayan cumplido 18 años de edad y no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política”. Entonces, la edad y  la interdicción civil o la inhabilitación política son las únicas razones que podrían impedir a un venezolano el derecho a sufragar, donde quiera se encuentre. Este derecho es violado a centenares de miles de compatriotas en el exterior.

Como si fuera poco, las autoridades consulares a las cuales el CNE delega la función de inscribir en el Registro Electoral a los ciudadanos que se encuentran fuera del país, ejercen esta función de manera limitada, intencionalmente reducida, de modo que la mayoría no logra inscribirse.  Bien se sabe que en todos los comicios la oposición obtiene en las meses en el exterior del 80 al 90 % de los votos. Adicionalmente, en numerosas ciudades de diferentes países se cuentan por miles los venezolanos que no ejercen su derecho al sufragio, por no funcionar en las mismas un Consulado, y por encontrarse el más próximo a largas distancias (a veces a más de tres horas en avión). En la práctica se les hace inalcanzable el derecho al voto.

Recientemente, como bien recordamos, los peruanos votaron para elegir su Presidente y otras autoridades. Con la anuencia y bajo la coordinación del Cónsul de Perú en Venezuela, visité el pasado domingo 10 de abril -con Melquíades Bermúdez- el lugar donde votaban los peruanos residenciados en Caracas. La visita la hicimos en nuestra condición de miembros del Comité para la Facilitación del Voto de los Venezolanos en el Exterior.  ¿De qué nos enteramos?  Solo en Caracas y Puerto Ordaz hay Consulados del Perú en Venezuela, no obstante funcionaron mesas electorales en otras ciudades en las que son numerosos los peruanos, quienes -además- adquieren en el Consulado su DNI, documento nacional de identificación.

Por primera vez en nuestra historia republicana suman un millón los nuestros residenciados en otros países, de los cuales aproximadamente 600 mil tienen derecho a votar, pero en el REP solo están inscritos 57.240 por no tener cédula (no pueden sufragar con pasaporte), o por no haber podido inscribirse en el Registro Electoral, por “incompetencia” del Consulado.

Estamos frente a un hecho que nos obliga a actuar. La conculcación de los derechos de un solo compatriota es inaceptable; cuando se trata de la violación de derechos a más de medio millón de venezolanos, la acción debe ser rápida y contundente. Debemos organizarnos -y lo estamos haciendo- para exigir se dé cumplimiento al ordenamiento jurídico vigente.

pacianopadron@gmail.com

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viernes, 2 de julio de 2010

CHAVEZ EL CULPABLE DE NUESTROS MALES, REVELA ENCUESTA DE CONSULTORES 21

Más de 55% de los consultados considera que el presidente Hugo Chávez es el culpable de los problemas que sufre Venezuela, según encuesta realizada entre el 22 de mayo y el 4 de junio en 66 centros poblados del país.

La mayoría de los entrevistados cree que el mandatario tiene más interés en obtener beneficios personales que en lograr el bienestar del pueblo.

El estudio de opinión pública de Consultores 21 reveló que 59% de los encuestados piensa que el gobierno de Chávez es malo y que más de 55% cree que el jefe del Estado es incapaz de resolver los problemas que aquejan a la población.

El número de personas que se convence de la ineficiencia de Chávez ha ido en aumento: en 2006, más de 60% pensaba que el presidente sabía cómo solucionar las dificultades del país.

Al ser consultados sobre cuáles organismos, instituciones o gobernantes trabajan más por resolver la situación de Venezuela, los entrevistados ubicaron en el último lugar al presidente Chávez. Los medios y las empresas privadas son, según la mayoría, los que más se esfuerzan por el país.

Acerca de las expropiaciones, 60% de los entrevistados cree que el Ejecutivo las ordena con el fin de controlarlo todo, y no para proteger al pueblo de la especulación.

Más de 65% de los consultados asegura que Chávez quiere acabar con la propiedad privada.

Para la mayoría, la situación económica es el principal problema que afronta el país, seguido de las dificultades sociales y políticas.

Las cifras demuestran que la popularidad de Chávez ha caído en 45 puntos porcentuales desde su llegada a Miraflores. El presidente tiene actualmente el mismo nivel de aceptación que Manuel Rosales (37%)

Los líderes de la oposición encabezan la lista de los dirigentes que gozan de más popularidad. Henrique Capriles Radonski se ubica de primero, con 51% de agrado en la población, seguido por Leopoldo López, con 50% de aceptación. También figuran Antonio Ledezma, Enrique Salas Feo, Julio Borges y Enrique Mendoza.

Ficha técnica
Tamaño de la muestra: 1.500 casos
Fecha: 22 de mayo al 4 de junio
Cobertura: 66 centros poblados de Venezuela
Error muestral: 2,58%.

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jueves, 13 de agosto de 2009

*RECORDATORIO A LA ASAMBLEA NACIONAL, SOBRE LA NUEVA LEY DE EDUCACIÓN, SU MISIÓN Y 2 RAZONES PARA POSTERGAR LA DISCUSIÓN DEL PLOE EN PLENARIA


OLGA RAMOS (ASAMBLEA DE EDUCACIÓN)

La Comisión de Educación ha anunciado al país que hoy, 11 de agosto, someterá a discusión de la plenaria de la Asamblea Nacional el articulado del proyecto de Ley Orgánica de Educación en lo que correspondería legislativamente, como la segunda discusión. Sin embargo, en este momento, en todo el país, hay una polémica sobre el contenido de la propuesta elaborada por dicha comisión y especialmente sobre la forma en que se ha dado el proceso legislativo. Es por ello que, a escasas horas de que inicien las actividades en el organismo legislativo, es necesario recordar a nuestros diputados cuál es su función y solicitar que posterguen la discusión hasta tanto se realice un verdadero proceso de consulta.

La Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, es la máxima instancia legislativa del país por tanto, a ella corresponde la elaboración de las leyes y hacerlo con la participación de toda la población. Es por esta razón que, entre otras normas, en el artículo 187, numeral 4 de la Constitución vigente, se incluye, entre las obligaciones de esta instancia: “Organizar y promover la participación ciudadana en los asuntos de su competencia”. Por ello, no esperamos que ninguno de los diputados de este cuerpo legislativo, a esta altura y de la forma en que se ha llevado el proceso de elaboración y discusión del informe para la segunda discusión de este proyecto de ley, asuma que la propuesta está suficientemente discutida y lista para llevarla a su aprobación en plenaria. Ante ello, explicamos al país y a la Asamblea Nacional, 2 razones para postergar la discusión en plenaria y abrir una verdadera consulta nacional. Las razones:

1. ¿Por qué consideramos que la propuesta no está suficientemente discutida?

La razón es muy sencilla: cuando la Comisión de Educación al inicio de este año anunció públicamente su disposición a retomar el trabajo para la elaboración de la propuesta de Ley Orgánica de Educación, el esfuerzo sólo se quedó en un anuncio. Posteriormente, y por insistencia de diversas organizaciones de la sociedad civil, la comisión abrió un espacio de “consulta” en el que, sin un documento formal que se pudiera tomar como “informe para la segunda discusión”, se citó a las organizaciones que lo solicitaron, a presentar sus puntos de vista sobre lo que debería incluir el mencionado proyecto.

Sólo fue, hasta el 5 de agosto pasado, que en el seno de la comisión se presentó, sin previo aviso y sin brindar a la mayoría de sus miembros la oportunidad de leerlo con detenimiento y anticipación, un documento que, al inicio de la madrugada del día siguiente, se aprobó con algunas inclusiones y modificaciones.

El texto resultante de tan atropellante procedimiento, en efecto, no recoge las sugerencias y solicitudes de la mayoría de las personas y organizaciones que participaron en las jornadas de conversación que se realizaron con la mencionada comisión.

De la aprobación de ese texto hasta hoy, el documento se encartó en algunos medios de circulación nacional y algunos diputados dijeron realizar eventos de lo que se denomina “parlamentarismo de calle” en los que, a todas luces, es imposible que se haya debatido el proyecto a fondo y efectivamente, no participó la mayoría de la población interesada.

Por esto, Srs. Diputados, para poder considerar que el proyecto ha sido suficientemente debatido y consultado, es imprescindible que sea “el proyecto”, es decir, el articulado presentado y aprobado en la sesión del 5 de agosto y publicado en prensa este fin de semana, el que se someta a consideración del país. Es sobre ese articulado, tal como lo solicitamos cuando fuimos al conversatorio con la Comisión de Educación –solicitud que fue reiterada posteriormente y hecha también por muchas otras organizaciones sociales- que debe desarrollarse el proceso de consulta.

Por cierto, esta que acabamos de aclarar, es la naturaleza de su misión como diputados de la máxima instancia legislativa nacional, escuchar e incluir a todos, legislar para todo el país y no para una parcialidad específica. Es esa su misión y no, la realización de proselitismo en defensa de una posición específica como se deriva tanto de la actitud que han asumido algunos de los miembros de ese cuerpo legislativo, ni como se deduce de un anuncio contenido en la página oficial de la Asamblea. Efectivamente, en el siguiente enlace:

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_events&task=view_detail&agid=1574&year=2009&month=08&day=11&Itemid=98&catids=127125151143154 se puede observar un cronograma de actividades “en apoyo a la Ley Orgánica de Educación”.

Srs Diputados, no conviertan este proceso tan importante y delicado para el país, en un festín politiquero, en el que se promueva el enfrentamiento entre venezolanos que tenemos posiciones diferentes sobre lo que debe ser el contenido de la ley. La discusión sobre lo que debe contener una nueva Ley Orgánica de Educación no puede resolverse con una dinámica de pugna entre sectores para ver cuál es el que más pesa o el que mejor se mueve. La elaboración de la Ley Orgánica de Educación no es un campo de batalla. La naturaleza de su misión como legisladores, implica la apertura de ese cuerpo a las diversas posiciones que se expresan en el país y la disposición de elaborar una Ley que recoja los consensos posibles entre la población.

2. ¿Ese puede ser el articulado que se lleve como informe para la segunda discusión?

Como ya hemos dicho con anterioridad, el proyecto presentado no toma como base el articulado aprobado en primera discusión, tal como se establece en la técnica legislativa. Un informe para segunda discusión debe contener el proyecto aprobado en primera discusión y hacer las modificaciones al articulado propuesto, a partir del ya aprobado. Esta no es la forma que tiene el texto aprobado por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional el pasado 5 de agosto y que se presentará hoy a discusión en la plenaria. Este no es un señalamiento irrelevante, ya que, el texto presentado es sustancialmente diferente al aprobado en primera discusión en aspectos medulares que hacen que se pierda el espíritu y los principios aprobados por unanimidad en el año 2001.

Entre estos aspectos, cabe resaltar que el nuevo texto, implica un cambio en la esencia de la Ley porque el proyecto aprobado en primera discusión es una Ley Orgánica que norma los aspectos de definición y funcionamiento del sistema educativo, y la propuesta presentada el 5 de agosto, es una Ley Marco que contiene unas disposiciones generales y deja el desarrollo de la normativa en manos de leyes especiales. Este cambio es fundamental y no puede dejarse pasar sin una nueva discusión porque cambia el espíritu y la esencia de la norma.

Es por estas razones que reiteramos nuestra solicitud para que se corrijan los desaguisados y se retome el debido proceso en la elaboración de la nueva Ley Orgánica de Educación, solicitud que en resumen se trata de que el texto que se presente como informe para la segunda discusión, se elabore tomando como base el articulado presentado en primera discusión y que, una vez que se obtenga ese texto, el mismo sea sometido a una amplia e incluyente consulta nacional. Para la realización de esa consulta es necesario que, con anticipación se de a conocer el texto resultante y se distribuya el cronograma de consulta al que será sometido, incluyendo los diversos mecanismos de participación que se estipulen para ella. También es imperativo que el lapso para realizar la consulta cuente con el tiempo suficiente para permitir la participación y el intercambio de todos los sectores sociales interesados y de la ciudadanía en general y que los mecanismos sean incluyentes, esto es, que permitan la más amplia participación de los ciudadanos y las organizaciones, garantizando que no exista ningún tipo de discriminación.

Adicionalmente. dada la naturaleza estratégica de la ley que está en discusión, se requiere que no solamente los Diputados de la Comisión de Educación conozcan los diversos puntos de vista que tengan los distintos actores sociales con respecto al texto propuesto, por tanto, se propone que se programen, como parte del proceso de consulta en el marco de la elaboración del informe para segunda discusión, una serie de debates en los que se presenten los diversos puntos de vista y que éstos sean transmitidos por radio y televisión para garantizar su mayor conocimiento y difusión a nivel nacional.

Olga Ramos (olgaramos62@gmail.com)
Asamblea de Educación (asambleadeducacion@gmail.com)
11 de agosto de 2009
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