Quién lucha un día es una buena persona, quién lucha un año es mejor, quién lucha muchos años es muy buena persona, pero quien lucha toda la vida es imprescindible. (Bertolt Brecht)
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HUMBERTO MARCANO RODRÍGUEZ |
Quién lucha un día es una buena persona, quién lucha un año es mejor, quién lucha muchos años es muy buena persona, pero quien lucha toda la vida es imprescindible. (Bertolt Brecht)
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HUMBERTO MARCANO RODRÍGUEZ |
CARTERISTAS EN ACCIÓN
El régimen comenzó a crear un monstruo que es posible que ya no puede controlar. Son los carteristas oficiales adiestrados para la confiscación de la propiedad privada. Su acción ha creado distorsiones que durarán varios años en enderezar, aun después que Chávez salga del poder.
Ha habido un proceso de despojos, expropiaciones, estatificaciones, invasiones, apropiaciones, que afecta a dueños de tierras, de empresas, de construcciones y negocios de todo calibre. Las razones han sido diversas. En unos casos la cadena de titularidad no ha sido establecida con precisión desde los tiempos en que Guaicaipuro andaba por estas tierras (que antes no eran) de Dios. Sin dejar de admitir que puede haber casos en que antiguas vivezas hayan corrido las cercas, motivo del problema agrario latinoamericano en varios países y que tuvo momento culminante con la Revolución Mexicana de comienzos del siglo XX.
En muchas oportunidades el gobierno ha arrebatado negocios por la necesidad que siente de doblegar a sus enemigos políticos -reales o supuestos- por lo cual echa mano de argucias de naturaleza económica o financiera. También ha actuado así porque los teóricos de este marxismo kindergarterino piensan que están sentando las bases para nuevas formas de propiedad colectiva. Sobran casos en que grupos de asaltantes organizados han invadido tierras o edificios sin que autoridad alguna se haya opuesto, sobre la base de que un edificio en construcción, al no estar ocupado -precisamente porque está en construcción- es del que lo agarre primero.
Tal vez los casos más dolorosos son los de la toma de empresas manufactureras o agrícolas productivas privadas, nacionales o extranjeras, para que algún burócrata retoce entusiasta mezclando sulfuros, ácidos y lecturas indigestas en lo que antes fue de otro; al final la institución trincada yace convertida en bagazo. No faltan interventores de negocios financieros que encuentran la oportunidad de hacerse de sus carros blindados, protección de escoltas en motocicletas BMW, mientras hacen la digestión de sus salarios,, conexiones y fortunas.
¿QUÉ SE VE?.
A primera vista lo que se presenta es la destrucción de lo que manos y mentes emprendedoras habían creado. Esta conducta de los carteristas bolivarianos es producto de anteojeras ideológicas vetustas e inamovibles. Piensan que la propiedad es un robo originario por lo cual habría que devolver todo o casi todo a los caribes y a los timoto-cuicas originarios; claro, a las tribus barinesas; como ninguno de éstos grupos deambula por los alrededores, nada más natural que entregársela a su representante en la tierra, Hugo Chávez, quien a su vez mueve su dedo índice para distribuirla como hace con los cargos, dineros y miradas. Claro, si se va millones de años atrás tal vez los propietarios habrían sido reptiles, peces y anfibios si así se les ocurriera a los bucaneros que gobiernan.
No saben, no entienden o no quieren saber, que la propiedad surge de momentos fundantes como lo fue la victoria independentista que reconoció en unos casos pero instituyó en la mayoría un sistema de derechos y propiedades nuevo, o como fue a partir de la muerte del Benemérito cuyas propiedades revirtieron a la Nación, así como las de sus validos (no todos), momento a partir del cual se crearon oleadas de propietarios. La propiedad de empresas manufactureras, comerciales, financieras y de otros servicios es diferente en su forma porque requieren inversión en términos históricos que puede ser más fácilmente rastreada.
Tampoco saben, entienden o quieren saber que la propiedad privada sobre los medios de producción no es un acto de despojo sino de creación y que la propiedad es una forma específica de constituir lo propiamente humano. Tener no es adjetivo al ser; es más bien constitutivo del ser.
Las confiscaciones, cualesquiera que sean los nombres que se le adosen, atentan contra los empresarios y también contra los trabajadores; bajo el reino de los carteristas el futuro de los trabajadores no depende de su entrenamiento, destrezas, cumplimiento, antigüedad, sino de la voluntad suprema del régimen, es decir, del Presidente en última instancia. Empresarios y trabajadores pierden sus propiedades y pasan a ser poseídos, en casos en sus más insolentes acepciones, por los que mandan. Así, al ser despojados de bienes, oportunidades, sustento, pierden también humanidad, disueltos en ese miasma primordial en que se cuece un proyecto ya podrido.
¿CUÁL ES EL RESULTADO?.
Lo que se observa es desastre y más desastre. Tierras de antiguo productivas ahora devastadas por quienes de beneficiarios pasaron a ser víctimas. Empresas cerradas o cojitrancas, inundadas de rojo y de quebranto, sin mantenimiento, sin experticia, sin futuro. Así como ocurre con los recursos fiscales también se depredan los bienes en nombre de la perversidad de una aventura ideológica sin mañana, concebida contra la mayoría del país.
Cierto que desaparece un sistema de relaciones y existe la tentación de tenerlo como el fin de la película, pero no es así. Al rescoldo del desastre inducido se teje otro sistema de relaciones subterráneo; otro tejido social emerge de las entrañas del diseño destructivo en marcha. Es, en efecto, la nueva sociedad, sólo que al experimento le salieron protuberancias, tumefacciones y quistes, hocicos y torceduras. Se está creando un tejido social con nuevos actores sociales, que no ha sido investigado con suficiencia y que debería investigarse. Se ha creado, por ejemplo, una capa sobrevenida de gerentes, la mayor parte inepta y sustancialmente corrupta, que organiza el saqueo. Existe también una capa social de beneficiarios que a falta de proyecto, destino, sentido, entrenamiento y recursos, devastan los bienes asaltados. La imagen es la de territorios conquistados, sometidos al saqueo de los vencedores, repartidos como botín del abordaje consumado a las ciudadelas burguesas. El soberano que comienza a emerger no es el que preludia la tierra prometida sino el que deja la tierra arrasada.
El colectivo que aflora es el de los pueblos sin ley para el cual al final del razonamiento siempre se desenfunda una pistola. No hay que seguir con las tonterías de que no somos así, que el pueblo venezolano es pacífico por naturaleza y otras aproximaciones sociológicas inútiles. Junto al venezolano amigo del amigo, del abrazo y la solidaridad, también está (o ha aparecido) el que te insulta en el carro, se orina en el Metro, te raya el automóvil y para quitarte un par de zapatos te mete 16 tiros. Venezuela hoy no tiene Constitución ni leyes que valgan para limitar el poder. Convertida en tierra de nadie costará Dios y su ayuda desarrollar instituciones, el imperio de la ley y la propiedad privada como atributo y derecho humano.
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El profesor de la UCAB dice que caso de Agroisleña no es expropiación, sino una medida de fuerza que raya en delito de lesa humanidad
” Es muy complicado dar clases de Derecho Constitucional y Derecho Público en las circunstancias que vive Venezuela”. Es la reflexión del abogado Antonio Canova sobre los retos que afronta como docente al tener que hablarle a sus alumnos de cómo una expropiación tiene mandatos legales que involucran a los tres poderes públicos tradicionales: Ejecutivo Legilativo y Judical; y cómo se emprende en el país, como con la reciente toma de la empresa Agroisleña.
–¿Ya se puede usar el término confiscación, como señalan algunas personas, o es expropiación como dice el Gobierno?
–En Venezuela, desde hace tiempo, no se puede hablar de expropiación porque nunca ocurrieron. Cerca de 1.200 propiedades han sido tomadas por el Estado venezolano en los últimos 5 años de manera forzosa o coactiva.
–¿Entonces son confiscaciones?
–Tampoco podemos hablar de confiscación porque esa es una figura que tiene su sentido y está estipulada en la Constitución como pena accesoria de una condena firme por ciertos delitos, específicamente en casos de enriquecimiento ilícito o de tráfico de drogas; entonces los bienes que son fruto de esa actividad ilícita se confiscan, después de que las personas condenadas reciben una sentencia firme, y pasan al Estado para compensar los daños que esos delitos ocasionaron. Ese no es el caso de Agroisleña; más bien sería una confiscación administrativa express, por llamarla de alguna forma, y eso está totalmente al margen de la Constitución, pero en cambio está enmarcada en lo que es el socialismo del siglo XXI.
–¿Sencillamente es una toma de una empresa?
–Eso ha ocurrido en todos los sistemas socialistas marxistas sin reconocimiento alguno del derecho de propiedad. El Presidente y su equipo han dicho insistentemente que la única propiedad privada que reconocen es sobre los bienes personales y de consumo, pero no sobre los medios de producción como las empresas, que más bien se considera que deben ser propiedad estatal.
–Se habla de propiedad social.
–Eso es una forma eufemística de llamar la propiedad estatal. Todo lo que se ha presentado en proyectos son propiedades en las que el Estado tiene control efectivo de la empresa y las personas que se designan son nombradas por el Gobierno.
–En el caso de Agroisleña, como en el de otras empresas, el Ejecutivo recurrió a la adquisición forzosa.
–Esa figura no existe. Es inconstitucional. La expropiación es una adquisición forzosa porque los propietarios se ven forzados a vender debido al requerimiento que hace el Estado, pero esa venta debe cumplir una serie de garantías y eso no ocurrió con Agroisleña ni con los otros casos.
–El Ejecutivo argumenta que la decisión procura favorecer a los productores agrícolas y garantizar la seguridad alimentaria.
–Habría que demostrarlo.
Todo parece indicar que más bien si es el Estado el que tiene todo el control sobre la agricultura entonces no se favorece la seguridad alimentaria ni a los productores.
–¿Hay algún caso en el que se pueda decir que la expropiación estuvo apegada a la Constitución?
–Ningún caso de expropiación o adquisición, toma o rescate de tierras se ha hecho en el marco de la Constitución, que reconoce la libertad, la propiedad y la libre empresa. Vemos cómo el Presidente, que no pudo cambiar la Constitución en 2007, ha venido implementando paulatinamente su ideal socialista, comunista y marxista con el único fin de quedarse con todos los medios de producción y eliminar la libertad económica y la propiedad privada.
–¿Qué opción tienen los afectados, porque en el caso de las empresas ocupadas por Pdvsa en el Zulia todavía esperan indemnización?
–Si en Venezuela hubiera Estado de Derecho sería ir a los tribunales para hacer valer la norma constitucional frente a las decisiones del Gobierno, pero ese no es el caso porque los tribunales son parte de la revolución.
–La presidenta del Tribunal Supremo prácticamente ha dicho que ella no cree en el equilibrio de los poderes públicos.
–Totalmente, pero es que además la nueva Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo dice que cada vez que haya una discusión entre el interés general y el particular, debe ganar el primero. Eso quiere decir que todo el que vaya a defender su propiedad frente al interés general perderá.
–¿Qué opción tienen las empresas venezolanas, porque las transnacionales han sido indemnizadas o pueden comenzar un arbitraje internacional?
–Las empresas venezolanas están condenadas en el país, pero deben dejar constancia de su reclamo porque en algún momento todas esas violaciones se revertirán y tienen la opción de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar la denuncia porque el respeto a los derechos de propiedad figura en el Pacto de San José. No deben quedarse sólo como víctimas de una violación de derechos humanos sin reclamo alguno cuando estamos frente a casos en los que hay valores, más allá de la propiedad, que se han desconocido.
–El Gobierno argumenta que Agroisleña era una empresa oligopólica que realizaba prácticas desleales y cometía especulación. ¿Esas no son razones para una medida como la que se tomó?
–¿Cómo alguien que tiene el poder, sin escuchar a las partes, declara que allí hay un oligopolio, hay una práctica desleal o una especulación? Quiere decir que si el Presidente dice tú robaste tal cosa ya por eso es como él lo señala, sin juicio previo ni garantía. Eso desconoce totalmente la presunción de inocencia y el debido proceso; además, se estigmatiza a la empresa como si ya hubiera cometido un delito o incurrido en ilícitos.
–El ministro de Agricultura acusó a Agroisleña de aprovecharse de la cartera agrícola.
–¿Dónde están las decisiones judiciales y administrativas? Aquí el que dice que se cometieron los ilícitos es un órgano del Presidente, que está interesado en quedarse con la empresa y dejó ese estigma de que se hizo algo malo sin demostrarlo. A final de cuentas es una sanción que implica agarrar la propiedad de los demás, podríamos hablar de expoliaciones, esa es la palabra que debería utilizarse, es decir, quitarle a alguien su propiedad por la fuerza pública, de forma injustificada y con el único fin de hacer real en este socialismo del siglo XXI.
–¿Una transferencia de riqueza?
–La riqueza tomada por el Estado. Al saquear las empresas públicas, terminan destruyéndolas y tienen que buscar más riqueza generada por otra gente. Por eso digo que estamos frente a la expoliación y el saqueo de la propiedad privada.
–¿Cómo ocurrió en Cuba?
–Sí, pero con una sola diferencia: en Cuba cambiaron la Constitución para no respetar el derecho a la propiedad y al día siguiente todas las propiedades de medios de producción quedaron en poder del Estado.
–Entonces en Cuba sí hubo legalidad.
–Por lo menos no lo hicieron con doble cara. Aquí el Presidente se presenta como si en Venezuela hubiera un Estado de Derecho, con una Constitución democrática y liberal, cuando verdaderamente la Constitución venezolana no vale nada, es sólo un papel que no se cumple.
–Si cambiara el Gobierno o las autoridades modificaran alguna de sus decisiones, ¿qué posibilidades hay de que esas empresas regresen a sus antiguos propietarios?
–Muchas posibilidades. Una vez que en Venezuela se logre recuperar el Estado de Derecho van a tener que ser resarcidos. Y todas aquellas personas que ordenaron, como las que ejecutaron ese tipo de medidas, son responsables; estos casos no prescriben porque se utiliza el aparato estatal para expoliar de forma sistemática, lo cual raya en delito de lesa humanidad.
*ABOGADO EGRESADO DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO CON DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID
POR: ANDRÉS ROJAS JIMÉNEZ - Economia | Política. EL NACIONAL
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA, ANTONIO CANOVAS
Esta locura de apropiación caprichosa e indebida de bienes privados -empresas y fincas- por voz del Presidente y venganza del régimen, eso que llaman “expropiación” y que ejecutan al margen de la Constitución, eso es robo, robo a mano armada en sentido literal, producido al amparo de fusiles y ametralladoras de la FAN y la policía. Eso no es expropiación, tampoco confiscación. Es robo, no le pongamos música.
“Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes”. Así comienza el artículo 115, consagrando la propiedad, reconociéndola como Derecho Humano, tal como lo han hecho todas las constituciones venezolanas desde la primera de ellas, la de 1811, que a la letra establecía, en la forma peculiar de escribir de la época: “La propiedad es el derecho que cada uno tiene que gozar y disponer de los bienes que haya adquirido con su trabajo, é industria”.
El artículo en comento establece como hecho excepcional la expropiación: “Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes”. Están pues claramente determinadas las condiciones para que proceda una expropiación:
1) La única causa es la utilidad pública o el interés social;
2) Debe mediar una sentencia firme de tribunal competente y,
3) Debe efectuarse pago oportuno de justa indemnización.
En consecuencia, no es un grito del Presidente, “exprópiese”, lo que satisface la exigencia constitucional. Estamos pues frente a un robo, una expoliación. Las 1.237 expropiaciones del régimen, en los últimos cinco años, son atentados contra el Derecho Humano a la propiedad.
Además de la expropiación, la otra figura jurídica por la cual el Estado puede tomar bienes de un particular es la confiscación, contemplada en el artículo 116 constitucional. En este segundo caso no hay indemnización de ninguna clase y sólo se efectúa cuando medie sentencia firme sobre bienes provenientes de dinero de la corrupción o de las drogas. Por cierto, no conozco hasta ahora la confiscación de ningún bien de la boliburguesía creciente y grosera, que roba a sus anchas en el presente régimen, o de los narcotraficantes que se aproximan al poder impunemente. Confisque Presidente.
Son muy pocos -contados con las manos- los casos de verdaderas expropiaciones ejecutadas previa sentencia de tribunal y pago oportuno del justiprecio. Estos casos se han dado cuando se trata de bienes de propiedad extranjera. La razón es evidente: que la reacción mundial sea más benigna. En la casi totalidad de las “expropiaciones”, lo único que hay es un decreto decidiéndola, y una lluvia de soldados y policías que invaden, y camisas rojas que zamurean. Allí terminan los trámites, sin sentencia ni pago de un solo bolívar, sin que se demuestre la causa de utilidad pública o de interés social. Eso es inconstitucional.
Que ¿qué ha pasado con los bienes, empresas y fincas expropiadas? Todos lo sabemos: las empresas se han deteriorado, ya muchas bajaron la santamaría; en las fincas y haciendas, luego que los ocupantes se comen el ganado y los frutos que encuentran, todo se llena de monte y desolación. Consecuencia: menos producción, más desempleo, más agricultura de puerto y quema de divisas.
El Presidente Chávez está embalado por el camino de destruir la producción y la propiedad privada. Quiere monopolio para el Estado, imponer su hegemonía de hambre e ineficiencia. Los bienes se los queda el Estado, no es verdad que pasen a manos de los trabajadores. Crece la propiedad estatal, se engordan los del cogollo. Saquean lo ajeno. Expropiación no es.
PACIANO PADRÓN
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