Los
mercados temen que sí. Por esa razón, los bonos de la deuda externa venezolana
rinden 11 puntos porcentuales más que los del Tesoro estadounidense, 12 veces
más que los de México, 4 veces más que Nigeria y el doble de lo que paga
Bolivia. En mayo pasado, Venezuela hizo una emisión “privada” por US$ 5.000
millones en bonos a 10 años con cupones de 6%.
Para poder colocarla, tuvo que
dar un descuento de 40% por lo que apenas recibió US$ 3.000 millones. La
diferencia, US$2.000 millones, es la compensación que demandan los
inversionistas por tomar el riesgo del país.
Se
aproximan los primeros días de octubre, cuando el gobierno de Venezuela debe
afrontar US$5.200 millones en pagos de servicio de deuda. ¿Pagará? ¿Tiene
suficientes fondos líquidos? ¿Reunirá los fondos mediante una venta apresurada
de Citgo, filial de Pdvsa, la empresa petrolera estatal de Venezuela?
Es
una buena pregunta. Otra pregunta diferente es si Venezuela “debería” pagar. Es
cierto, qué deberían hacer los gobiernos no está totalmente divorciado de qué
es lo que efectivamente harán, pues en general la gente hace lo que debe. Pero
las preguntas que involucran “debe hacer” traen consigo juicios morales que no
están presentes en las preguntas que involucran “hará”, y por eso suelen ser
mucho más complejas.
Uno
podría decir que “siempre que se pueda” cumplir con las obligaciones asumidas,
eso es lo que se “debería” hacer. Es lo que la mayoría de los padres enseñan a
sus hijos.
Pero
el cálculo moral se complica cuando es imposible cumplir con todos los
compromisos y se hace necesario decidir cuáles cumplir y cuáles no. Hasta
ahora, bajo el presidente Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, Venezuela
ha optado por pagar religiosamente sus bonos de deuda externa, gran parte de
los cuales están en manos de venezolanos ricos y bien relacionados.
Yordano,
el popular cantante venezolano, probablemente tendría un orden de prioridades
diferente. Diagnosticado con cáncer hace algunos meses, debió lanzar una
campaña en las redes sociales para poder conseguir las medicinas necesarias
para su tratamiento. La gran escasez de medicamentos y material quirúrgico en
Venezuela es una consecuencia directa de un default de US$ 3.500 millones del
gobierno con importadores de farmacéuticos.
Algo
similar ocurre en el resto de la economía. Los retrasos con importadoras de
alimentos alcanzan ya US$ 4.200 millones, lo que ha producido una grave escasez
en productos de la canasta básica. En el sector automotriz, el incumplimiento
supera los US$ 3.000 millones, lo que ha resultado en el colapso del transporte
por falta de repuestos. A las aerolíneas se les deben otros US$ 3.700 millones,
lo que ha llevado a varias a suspender sus vuelos y redujo la oferta de cupos en 50%.
En
Venezuela, los importadores deben esperar seis meses luego de que sus productos
pasan por la aduana para poder adquirir dólares previamente autorizados. Dado
que el gobierno ha optado por incumplir estas obligaciones, muchos importadores
han venido acumulando una abundante cantidad de moneda local. Durante un
tiempo, la falta de acceso a divisas fue compensada con préstamos de
proveedores extranjeros y casas matrices, pero las deudas acumuladas y las
pérdidas debido a las sucesivas devaluaciones han acabado con su paciencia y
cerrado el crédito.
La
lista de default es interminable. Venezuela está también en mora con los
proveedores, contratistas y socios en joint-ventures de Pdvsa, con lo cual las
exportaciones de petróleo han caído 45% en relación con 1997, y su producción
apenas roza la mitad de lo que el plan de 2005 había previsto para 2012.
Más
aún, el Banco Central de Venezuela también ha incumplido con su obligación de
mantener estabilidad de precios, habiendo casi cuadruplicado el dinero en
circulación en 24 meses, lo que ha hecho que el bolívar pierda 90% de su valor
en el mercado negro y que la tasa de inflación sea la más alta del mundo. Para
colmo de males, el Banco Central también ha incumplido con su obligación de
publicar la inflación y otras estadísticas esenciales.
Venezuela
funciona con cuatro tipos de cambio, donde el más fuerte está 13 veces por
encima del más débil. Así las cosas, no ha de sorprender que el arbitraje
cambiario sea el negocio más rentable en el país, lo que ha impulsado la
corrupción venezolana a las posiciones más altas del ranking mundial.
Todo
este caos es consecuencia de un déficit fiscal colosal que ha sido cubierto a
través de creación de dinero, represión financiera, endeudamiento y default,
aún a pesar de la bonanza petrolera que se deriva de un precio del barril de
US$ 100. El gobierno de Nicolás Maduro, en lugar de atacar las causas del
problema, ha decidido complementar los controles cambiarios y de precios con el
cierre de las fronteras y la colocación de lectores de huellas dactilares de
los compradores, supuestamente para evitar el “acaparamiento”. Esto constituye
una violación a las libertades más básicas de los venezolanos que no se observa
en Bolivia, Ecuador y Nicaragua; tres países que presumen de una ideología
similar pero mantienen un único tipo de cambio y una tasa de inflación de un
dígito.
¿“Debería”
Venezuela hacer default? Si las autoridades adoptaran políticas con sentido
común y buscaran el apoyo del Fondo Monetario Internacional y otros
prestamistas multilaterales, como lo suele hacer la mayoría de países en
problemas, se le aconsejaría renegociar la deuda externa. De esa forma, el peso
del ajuste se compartiría con otros acreedores, como ya ha ocurrido en Grecia,
y la economía ganaría tiempo para recuperarse, particularmente en la medida que
empiecen a madurar nuevas inversiones en las reservas petroleras más grandes
del mundo. Los tenedores de bonos harían bien reemplazando sus papeles actuales
por instrumentos de más largo plazo que se beneficiarían de la recuperación
económica.
Nada
de esto va a suceder bajo el mandato de Maduro, quien carece de la capacidad,
capital político y voluntad para moverse en esa dirección. Pero el hecho de que
su gobierno haya decidido incumplirle a los 30 millones de venezolanos para
pagarle religiosamente a Wall Street no debe ser interpretado como una señal de
rectitud moral. Es más bien una muestra de su decadencia moral.
TEXTO
ORIGINAL EN INGLES
Should
Venezuela Default?
Should Venezuela Default?
CAMBRIDGE – Will Venezuela default on its foreign
bonds? Markets fear that it might. That is why Venezuelan bonds pay over 11
percentage points more than US Treasuries, which is 12 times more than Mexico,
four times more than Nigeria, and double what Bolivia pays. Last May, when
Venezuela made a $5 billion private placement of ten-year bonds with a 6%
coupon, it effectively had to give a 40% discount, leaving it with barely $3
billion. The extra $2 billion that it will have to pay in ten years is the compensation
that investors demand for the likelihood of default, in excess of the already
hefty coupon.
Venezuela’s government needs to pay $5.2 billion in
the first days of October. Will it? Does it have the cash on hand? Will it
raise the money by hurriedly selling CITGO, now wholly owned by Venezuela’s
state oil company, PDVSA?
A different question is whether Venezuela should pay.
Granted, what governments should do and what they will do are not always
independent questions, because people often do what they should. But “should”
questions involve some kind of moral judgment that is not central to “will”
questions, which makes them more complex.
One point of view holds that if you can make good on
your commitments, then that is what you should do. That is what most parents
teach their children.
But the moral calculus becomes a bit more intricate
when you cannot make good on all of your commitments and have to decide which
to honor and which to avoid. To date, under former President Hugo Chávez and
his successor, Nicolás Maduro, Venezuela has opted to service its foreign
bonds, many of which are held by well-connected wealthy Venezuelans.
Yordano, a popular Venezuelan singer, probably would
have a different set of priorities. He was diagnosed with cancer earlier this
year and had to launch a social-media campaign to locate the drugs that his
treatment required. Severe shortages of life-saving drugs in Venezuela are the
result of the government’s default on a $3.5 billion bill for pharmaceutical
imports.
A similar situation prevails throughout the rest of
the economy. Payment arrears on food imports amount to $2.4 billion, leading to
a substantial shortage of staple goods. In the automobile sector, the default
exceeds $3 billion, leading to a collapse in transport services as a result of
a lack of spare parts. Airline companies are owed $3.7 billion, causing many to
suspend activities and overall service to fall by half.
In Venezuela, importers must wait six months after
goods have cleared customs to buy previously authorized dollars. But the
government has opted to default on these obligations, too, leaving importers
with a lot of useless local currency. For a while, credit from foreign
suppliers and headquarters made up for the lack of access to foreign currency;
but, given mounting arrears and massive devaluations, credit has dried up.
The list of defaults goes on and on. Venezuela has
defaulted on PDVSA’s suppliers, contractors, and joint-venture partners,
causing oil exports to fall by 45% relative to 1997 and production to amount to
about half what the 2005 plan had projected for 2012.
In addition, Venezuela’s central bank has defaulted on
its obligation to maintain price stability by nearly quadrupling the money
supply in 24 months, which has resulted in a 90% decline in the bolivar’s value
on the black market and the world’s highest inflation rate. To add insult to
injury, since May the central bank has defaulted on its obligation to publish
inflation and other statistics.
Venezuela functions with four exchange rates, with the
difference between the strongest and the weakest being a factor of 13.
Unsurprisingly, currency arbitrage has propelled Venezuela to the top ranks of
global corruption indicators.
All of this chaos is the consequence of a massive
fiscal deficit that is being financed by out-of-control money creation,
financial repression, and mounting defaults – despite a budget windfall from
$100-a-barrel oil. Instead of fixing the problem, Maduro’s government has
decided to complement ineffective exchange and price controls with measures
like closing borders to stop smuggling and fingerprinting shoppers to prevent
“hoarding.” This constitutes a default on Venezuelans’ most basic freedoms,
which Bolivia, Ecuador, and Nicaragua – three ideologically kindred countries
that have a single exchange rate and single-digit inflation – have managed to
preserve.
So, should Venezuela default on its foreign bonds? If
the authorities adopted common-sense policies and sought support from the
International Monetary Fund and other multilateral lenders, as most troubled
countries tend to do, they would rightly be told to default on the country’s
debts. That way, the burden of adjustment would be shared with other creditors,
as has occurred in Greece, and the economy would gain time to recover,
particularly as investments in the world’s largest oil reserves began to bear
fruit. Bondholders would be wise to exchange their current bonds for
longer-dated instruments that would benefit from the upturn.
None of this will happen under Maduro’s government,
which lacks the capacity, political capital, and will to move in this
direction. But the fact that his administration has chosen to default on 30
million Venezuelans, rather than on Wall Street, is not a sign of its moral
rectitude. It is a signal of its moral bankruptcy.
Read more at
http://www.project-syndicate.org/commentary/ricardo-hausmann-and-miguel-angel-santos-pillory-the-maduro-government-for-defaulting-on-30-million-citizens--but-not-on-wall-street#KCo7Kwky4xQvOie7.99
Ricardo
Hausmann @ricardo_hausman
Miguel
Angel Santos @miguelsantos12
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