La erradicación de la impunidad es uno de los
grandes retos de las sociedades de hoy. Los delitos deben ser sancionados y sus
autores procesados y castigados, más aun cuando se trata de delitos de derechos
humanos y de crímenes de lesa humanidad que, como sabemos, “desafían la
imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”, como se
señala en el Preámbulo del Estatuto de Roma por el que se crea la Corte Penal
Internacional. Estos crímenes no deben quedar sin castigo y, como dice el mismo
Estatuto, “…hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la
cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la
acción de la justicia”. La comunidad internacional está decidida a poner fin a la impunidad, lo
que es además fundamental para prevenir que hechos de la misma naturaleza se
cometan de nuevo en el futuro, una tendencia de la que lamentablemente algunos
regímenes se separan.
Todos sabemos lo que ha ocurrido en Venezuela
los últimos años, aunque todavía hay mucho detrás de nuestro derecho a la
verdad que algún día ejerceremos. Una persecución política sin precedentes,
procesos judiciales politizados y arbitrarios sin garantías de ningún tipo, prácticas
de tortura y de otros tratos inhumanos y degradantes en contra de una parte de
la población que disiente de las
políticas y prácticas criminales de un régimen que insiste por todos los medios
en imponer un nefasto sistema político, social y económico que los venezolanos
decidieron no aceptar.
Durante estos años no se han iniciado las
investigaciones correspondientes, menos aún se ha castigado a los autores de
tales delitos y crímenes. Por el contrario, los presuntos responsables gozan de
beneficios oficiales que muestran el apoyo del Estado a la impunidad, mientras
se persigue política y judicialmente a quienes ejercen su derecho a la
protesta, a quienes expresan sus posturas políticas, acusándoles incluso de
terroristas un término difícil de definir pero que en todo caso justifica la
persecución.
Un sistema judicial que no funciona, porque
no es imparcial y menos aún independiente, no puede garantizar la lucha contra
la impunidad, lo que abre el espacio a las jurisdicciones internacionales para
conocer esos crímenes que más temprano que tarde ejercerán sus competencias
para reprimirlos.
La impunidad es una lamentable realidad
y no sólo en Venezuela, también en
países que siguen el mismo modelo, como Ecuador. El pasado 30 de setiembre se
cumplieron cinco años del ataque militar al Hospital de Quito por fuerzas
armadas leales al Presidente Correa para someter, según el montaje oficial de
entonces, a un grupo de policías que preparaban un “golpe de Estado” e incluso,
un atentado contra la vida de Correa, léase un magnicidio, siguiendo el guion
de Chávez, cuando en realidad los hechos se iniciaron como una insubordinación
policial, por la aprobación de la Ley de Servicio Público, por la Asamblea que
afectaba sus derechos como funcionarios públicos. El régimen correista, que
promueve la “revolución ciudadana”, una versión del “socialismo del siglo XXI”,
procedió entonces con violencia, recurriendo a la intervención desmedida de las
fuerzas armadas para reprimir al grupo de policías que protestaba, lo que produjo
muertes innecesarias además de haber puesto en peligro la vida y la seguridad
de la población civil, mujeres, niños, enfermos que estaban en el recinto
hospitalario.
Hasta la fecha, ninguna investigación seria,
ningún señalado. Los tribunales ecuatorianos no han actuado como tenían que
hacerlo para castigar a los responsables de esos hechos que conmocionaron a ese
país. Paradójicamente, los señalamientos y las acusaciones afectaron a
opositores. Hoy, más de 40 detenidos y 600 procesos abiertos, pero ninguno de
los responsables en prisión.
Más cercano y en otro contexto, el fantasma
de la impunidad en las negociaciones de paz en Colombia. Hay dudas en cuanto a
la eficacia de lo acordado que pareciera promover la impunidad al otorgar, a
los miembros del grupo terrorista de las FARC que se sabe cometieron
innumerable crímenes internacionales, “inmunidades especiales, aunque ello es
negado por representantes del grupo que dicen que tal afirmación responde a los
intereses de los enemigos del proceso de paz que desvirtúan los acuerdos para
atacarlos. Sin embargo, la opinión del jefe del equipo de gobierno Humberto de
la Calle asoma dudas sobre el sentido del acuerdo al reconocer que el documento
aún tiene temas pendientes, como el de la restricción efectiva de la libertad
para miembros de las FARC. La expresión “restricción efectiva de la libertad”,
aún sin precisar, pareciera favorecer en la negociación el no castigo de los
responsables de los crímenes cometidos estas décadas.
Pareciera que no hay en la región la voluntad
de erradicar la impunidad de una vez por todas y que en consecuencia de nuevo,
se nada contra corriente. Es bueno recordar que los delitos relacionados con
los derechos humanos y los crímenes internacionales, como los de lesa humanidad
y los de guerra, no prescriben ni acá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en
ninguna parte. Los hechos serán tarde o temprano investigados y sus autores
procesados y castigados, incluso en tiempos de transición, de reconciliación,
de paz, pero sobre todo de justicia. No hay acuerdo que justifique la
exoneración de la responsabilidad penal de los autores de tales crímenes, como
tampoco leyes de amnistía o de perdón de cualquier otra naturaleza que busquen
proteger a los autores y que sustituya una decisión que corresponde a las
víctimas y a sus familiares.
Algún día estos delitos y crímenes serán
investigados y sus autores castigados incluso dentro del marco de un proceso de
justicia transicional que como sabemos se traduce en un conjunto de mecanismos
judiciales y extrajudiciales que buscan establecer la verdad, castigar a los
responsables, reconocer la dignidad de las víctimas y reparar los daños
causados puede garantizar la no repetición de esos hechos.
Victor
Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
@vitoco98
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