Primeramente
deberíamos decir que el principal argumento presentado por las personas que
invaden es no tener vivienda propia, esa es condición suficiente y necesaria
para que estas personas realicen dicha actividad.
Desde ese punto de vista es
lamentable que las personas se encuentren en una situación tan delicada, pero
eso no les da derecho a tomar algo que no es de ellos, ningún criterio de
justicia puede sostener ese argumento, por otra parte, sería interesante ver
cuantas familias en Venezuela viven en condición de arrendamiento para darse
cuenta que la diferencia entre los que no tienen vivienda y pagan alquiler y
los que no tienen vivienda e invaden es que los primeros tienen trabajo
mientras que los últimos seguramente no, con lo cual, el problema no es de
falta de vivienda sino de acceso al empleo.
Por otro
lado, tenemos a los invasores de profesión, es decir, aquellas personas que se
dedican a realizar la actividad para luego vender los terrenos a otros que
forman parte del primer grupo: los que no tienen vivienda.
Esta
situación de las invasiones - injustificadas- en cualquiera de sus variantes
tiene que ser tomada en cuenta y analizada en su justa dimensión. Respecto a
las personas que demandan una vivienda, pues nada hay que darles trabajo,
darles una solución habitacional sería un error, se estaría resolviendo un
problema sin comprenderlo y la
consecuencia inmediata de ese tipo de actuaciones -populistas por demás- es la
generación de políticas públicas ineficientes. Respecto a los invasores
profesionales, el Estado está obligado a dar una respuesta contundente para
evitar que siga sucediendo, el problema es que posiblemente quien esté
ordenando dicha actividad sea alguien con cierta cuota de poder en determinados
niveles decisionales y contra eso es difícil luchar.
Las
invasiones actuales son una muestra adicional del deterioro institucional de
nuestro país, lamentablemente, eso que llaman un modelo más social, justo y
humano pasa por este tipo de situaciones porque se le da a la gente los
incentivos suficientes para actuar de determinada manera. Si en este país
muchas familias no tienen vivienda propia, los culpables de eso, en dado caso,
es el Gobierno por no crear empleos productivos y salarios competitivos, no las
personas que tienen sus propiedades.
La construcción
de un poco más de 300.000 viviendas construidas en los 13 años de gobierno ha
devenido en un rotundo fracaso y con las invasiones pretenden culpar a los
propietarios de inmuebles de ese fracaso. En Venezuela se han construido más de
un millón cuatrocientos mil ranchos en aproximadamente 23.000 terrenos urbanos
en los 13 años de este gobierno.
Las ciudades
con más invasiones para la construcción de ranchos son 35 donde se han afectado
un gran número de propiedades privadas que según nuestros cálculos alcanzan más
de 23.000 terrenos urbanos.
Las ciudades
con mayor número de terrenos invadidos y con más ranchos construidos son:
Están otras
100 ciudades y pueblos con un número inferior a los 50.000 habitantes y estimamos más de 6.500 las propiedades
invadidas con más de 100.000 ranchos construidos.
No existe en
el país alguna ciudad o pueblo donde no se hayan afectado terrenos privados y
donde no se hubieran construido viviendas precarias. Pasamos de aproximadamente
un millón doscientos mil ranchos en 1998, a más de dos millones seiscientos mil
a diciembre del 2011, lo cual nos indica que un tercio de los venezolanos no
tienen vivienda con servicios de calles, agua, cloacas y luz adecuadas.
Hoy Venezuela tiene uno de los mayores déficit de viviendas del
continente con una población aproximada de 30 millones de habitantes. De cada tres familias una vive en rancho.
Existen
aproximadamente 2.600.000 lo cual nos
indica que hay 1.400.000 más que en el año 1998.
Pero lo más
preocupante es que unos 90.000 ciudadanos, que eran socios o condueños de los
terrenos invadidos, perdieron su patrimonio o parte de él, estimándose el valor
de esas propiedades invadidas en unos 50.000 millones de bolívares fuertes,
significando para muchos de ellos perder sus ahorros y sacrificios de años.
Existen
otras 9.000 propiedades invadidas en
todo el país como casas, apartamentos, edificios, galpones, etc.
Así como
unas 2.000 empresas que han sido tomadas por el gobierno en los sectores
agropecuarios, industrial, agro industrial, transporte, minería, constructoras,
petroleras y turísticas sin ningún pago.
Sólo algunas
empresas transnacionales han recibido pago por sus propiedades en el país al
ser tomadas éstas por el gobierno y se estima
en más de 30.000 millones de dólares los reclamos por arbitraje
pendientes.
Las
invasiones tienen un origen fundamentalmente de carácter social, sin descartar
que indeterminados casos pudieran ser obra de sectores interesados en crear zozobra, confusión e inestabilidad.
Los
organismos y funcionarios públicos
tienen la responsabilidad de abordar la
solución a este problema, están en la obligación política, administrativa,
ética y moral de mirar el mismo como un asunto de carácter social y de
concertar esfuerzos en función de resolverlos.
Finalmente
queremos señalar que es absolutamente necesario
que las oficinas de tierras nacional, regionales y municipales asuman su tarea y que aquellos funcionarios
que andan buscándoles 5 pata al gato en
la solución de este problema revisen de
manera auto critica, con el corazón en la mano y el alma puesta en el pueblo
cual ha sido su conducta, su contribución al proceso de regularización de la
tenencia de la tierra en los barrios y urbanizaciones populares. La ausencia de
regularización de la tenencia de la tierra es la causa de la existencia de las invasiones, a si que
ataquemos la causa y no al efecto.
Vicente
Brito
Presidente.
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