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domingo, 23 de marzo de 2014

ADOLFO R. TAYLHARDAT, ¿A QUÉ VIENE UNASUR?

En la reunión de Cancilleres de UNASUR que se realizó durante la toma de posesión de la Presidenta Bachelet  se decidió que una misión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros venga nuestro país.

La tarea de esa misión consistiría en: apoyar y asesorar “un diálogo político y amplio para superar la crisis que afecta a esa nación” En la resolución los Cancilleres acordaron también “respaldar los esfuerzos” del gobierno venezolano para propiciar un diálogo entre el ejecutivo y “todas las fuerzas políticas y actores sociales” para propiciar un acuerdo “que contribuya al entendimiento y la paz social” partiendo de la “conferencia nacional de paz” que ha inventado el ilegítimo.

El mandato de esa misión no podía ser más sesgado y prejuiciado. Ese texto anticipa, de por sí, un resultado parcializado a favor del régimen,

Como es sabido, la “Cláusula Democrática” de UNASUR, dentro de cuyo marco se decidió la visita de esa misión, fue concebida, no para proteger la institucionalidad democrática y constitucional de los Estados Miembros, sino para proteger a los gobiernos indistintamente de cuál sea su condición desde el punto de vista de su desempeño, ya sea legítimamente democrático, o una vulgar dictadura presidida por un sujeto ilegítimo entronizado mediante la violación de las disposiciones constitucionales que rigen la sucesión presidencial.

Pero si lo anterior fuera poco, un somero análisis de la composición actual de UNASUR y de la actitud de esos países vis à vis Venezuela inevitablemente nos  conduce a abrigar una sensación de profundo pesimismo en cuanto a la imparcialidad que debería mantener esa misión.

De los once gobiernos de los Estados Miembros solamente uno, el de Perú podría asumir una actitud equilibrada en relación con la actual situación venezolana.

Veamos la posición de los demás países: Ecuador y Bolivia, miembros de esa entelequia que llaman ALBA, siguen siendo títeres del régimen chavista. Argentina, o mejor, su presidenta, se identifica con el fallecido führer y mantiene una actitud evidentemente favorable al ilegítimo. Además hay intereses financieros y comerciales en juego. Uruguay tiene también con Venezuela compromisos comerciales y financieros importantes y no hay que olvidar la filiación política de su Presidente. Paraguay, que mantuvo durante mucho tiempo una posición firme y digna en cuanto a la naturaleza del régimen del difunto dictador y de du ilegítimo sucesor, ahora parece temer ser objeto de los desplantes irracionales del usurpador de la jefatura del Estado Venezolano. Brasil, que podría aprovechar esta coyuntura para afianzar su aspiración a ser una gran potencia  regional tiene también importantísimos y cuantiosos intereses financieros y comerciales que limitan su autonomía. Dos países muy queridos de todos los venezolanos, de los cuales podría haberse esperado una actitud ecuánime e íntegra, ya han adelantado su parcialización con el ilegítimo. La Presidenta Bachelet y la Canciller colombiana han hecho declaraciones que abiertamente favorecen al régimen. Finalmente, de Guyana y Surinam no vale la pena comentar.

De manera que nada bueno puede esperarse de la visita de esa misión. Sin embargo, la oposición venezolana no debe perder la oportunidad de reunirse con los cancilleres unasureños para demostrarles que la fulana conferencia de paz no es sino una trampa caza-bobos con la cual el ilegítimo pretende lograr que la oposición le confiera la legitimidad que no tiene. La oposición debe reunirse con los cancilleres de UNASUR para mostrarles la verdadera realidad, presentarle todas las evidencias que demuestran la crueldad con la cual el régimen del ilegítimo ha arremetido contra los jóvenes estudiantes, cuya concentraciones, marchas y protestas pacíficas han recibido acometidas desproporcionadas, ataques violentos, agresiones de todo tipo de parte, vejaciones, violaciones y torturas de parte los órganos de represión del régimen incluidas las brigadas criminales de irregulares armados y asalariados por el gobierno.

Me calificarán de traidor a la patria (¿Cuál patria? ¿La piltrafa de país que nos está dejando el ilegítimo bajo la orientación del régimen cubano?), pero ante el fracaso de la mediación de los gobiernos de los países “hermanos” queda en pie el anuncio del Secretario de Estado Kerry, quien dijo que Washington está preparado para imponer sanciones a Caracas si no prosperan los esfuerzos mediadores de la región. Ante el Congreso de su país afirmó: “estamos preparados, de ser necesario, para invocar la Carta Democrática Interamericana y a implicarnos de forma seria mediante sanciones.

Un intento de invocar la Carta Democrática se estrellará contra la misma pared de cinismo e indiferencia de los “países hermanos” que vimos en el Consejo Permanente de la OEA y como fracasará la misión de UNASUR, queda la opción de las sanciones. Esperemos que Washington mantenga su palabra, porque eso podría precipitar el cambio.

Adolfo Taylhardat
adolfotaylhardat@gmail.com
@taylhardat

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lunes, 2 de septiembre de 2013

VICTOR RODRIGUEZ CEDEÑO, ¿ABANDONA VENEZUELA EL SISTEMA REGIONAL DE PROTECCION DE DERECHOS HUMANOS?

La concentración de poder, el sometimiento de las instituciones y de los poderes público a los designios del Ejecutivo, las amenazas y la persecución a los opositores, el cierre directo e indirecto de los medios de comunicación, la construcción de un espacio comunicacional único son algunas muestras del deterioro del estado de derecho, del abandono definitivo del espacio democrático.

Uno de los signos más preocupantes del proceso de destrucción del orden y de la sociedad venezolana iniciado en 1998 es  el “abandono” del sistema interamericano de protección de derechos humanos que se formalizará el 6 de septiembre próximo cuando se cumpla el plazo establecido en el artículo 78 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La insólita justificación hecha pública en esa ocasión,  por el entonces canciller Maduro cuando asistía a una reunión de los No Alienados, en mayo de 2012, fue que  “la Corte atenta contra los procesos independentistas de América Latina y el Caribe” y porque  “esas dos instancias (la Comisión y la Corte) se han degradado y están al servicio de Estados Unidos” lo que reafirmo pocos días después de formulada la denuncia, en setiembre de 2012, cuando dijo que “tanto la Comisión como la Corte se habían convertido en un arma arrojadiza destinada a minar la estabilidad de determinados gobiernos.”

La decisión del régimen fue duramente criticada entonces por unos y otros, dentro y fuera del país. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Navanethem Pillay, insto enérgicamente entonces al gobierno venezolano para que  reconsiderara su intención, a la vez que afirmo que esa decisión representaría “un serio revés para la protección de los derechos humanos en Venezuela y en toda la región.”

Pasaron los meses y el régimen parece deicidio a reafirmar esta decisión que, además de contrariar el orden constitucional interno, al impedir a los ciudadanos ejercer el derecho constitucional de plantear sus reclamaciones a las instancias internacionales, cuando consideren que sus derechos humanos han sido vulnerados, choca con la evolución de  sociedad internacional y del Derecho Internacional.

El mundo avanza en una sola dirección, aunque algunos “objetores persistentes” intenten cambiar el curso de las cosas. La sociedad se organiza y en ese proceso constante y progresivo, el respeto y la promoción de los derechos humanos resulta esencial. No es una materia sobre las que pueden decidir arbitrariamente los gobiernos. Es a la comunidad internacional en su conjunto, es decir, a todos los gobiernos, los organismos internacionales y a la sociedad civil, a la que corresponde marcar ese ritmo, de acuerdo con los intereses colectivos y no en respuesta a transitorias ambiciones políticas de algunos desubicados que justifican su proceder en “favor de los pueblos oprimidos”.

La denuncia de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969 no impedirá, sin embargo, que la Comisión, un órgano permanente de la OEA, siga conociendo las violaciones de los derechos humanos en el país. Los ciudadanos venezolanos seguirán teniendo acceso al sistema, aunque no a la Corte,  desde luego, cuando se cumplan los requisitos exigidos para ello, entre otros, el agotamiento de los recursos internos. 

El derecho material aplicable está conformado por la Declaración Americana de Derechos Humanos  y  los demás instrumentos interamericanos sobre la materia y, me atrevería a afirmar, por las normas de derecho internacional consuetudinario que, de acuerdo con la práctica de los Estados y de la convicción de todos de que esa práctica, resulta ser jurídicamente vinculante.

A pesar de que el régimen se ha negado a reconocer y a ejecutar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ellas son vinculantes. Su incumplimiento genera la responsabilidad internacional del Estado, lo que tiene además implicaciones políticas importantes. Algunas dudas podrían presentarse acerca del mismo carácter que se pueda otorgar a las “recomendaciones” de la Comisión. Sin embargo, la evolución a la que nos hemos referido antes no puede dejar de tener un impacto en la naturaleza y el alcance de estas “recomendaciones”.

Las “recomendaciones” de la Comisión se refieren a los derechos de la personas relacionados con su vida, su integridad física, su dignidad. No puede el Estado dejar de cumplirlas o aplicarlas porque no se les otorgue un carácter vinculante, en forma expresa. 

Me atrevería a afirmar que tales “recomendaciones” tienen un incuestionable efecto parajurídico que las hace equivalentes a las decisiones de los órganos jurisdiccionales internacionales, por lo tanto el régimen venezolano no podrá eludir sus responsabilidades en esta materia mediante el “abandono” del sistema.

vitoco98@hotmail.com

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sábado, 15 de junio de 2013

REDLAD, ASAMBLEA NACIONAL DE ECUADOR APRUEBA LEY DE COMUNICACIÓN CONTRA LA PROTECCION DE LA LIBERTAD DE EXPRESION

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La Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad) y la Red Democracia Joven de las Américas alertan sobre la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, conocida como “Ley Mordaza”, por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador.

El proyecto de Ley Orgánica de Comunicación ha sido observado por organismos y organizaciones internacionales por no cumplir con los estándares internacionales de protección del derecho humano fundamental a la libertad de expresión. La Ley fue aprobada por hasta 110 de 137 asambleístas que forman parte de la Función Legislativa ecuatoriana.

La normativa aprobada el día de hoy consagra entre otras cosas:

-       Códigos y normas deontológicas que vulneran el principio por el cual, en ningún caso, las conductas éticas pueden ser impuestas por los Estados.
-       La censura previa a través de la figura jurídica de “linchamiento mediático”, por la cual se prohíbe la difusión de información ligada a conceptos vagos y subjetivos.
-       La creación de una Superintendencia de Información nombrada a partir de una terna enviada por el Presidente de la República, con funciones de fiscalización y sanción a medios de comunicación y periodistas.
-       La conformación de un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación con representación exclusiva de los poderes públicos y sin representantes de la ciudadanía y de los medios de comunicación social.
-       La facultad del Consejo de Regulación de expedir reglamentos que contengan sanciones, rompiendo con el principio de legalidad consagrado en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en Ecuador.
-       La imposición de contenidos y cuotas de programación a los medios de comunicación.

En consideración de esto, la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, RedLad, plataforma que une a más de 520 organizaciones del continente, Miembro Oficial del Foro de Sociedad Civil de la OEA y Capítulo Regional del World Movement for Democracy (WMD), y la Red Democracia Joven de las Américas, que aglomera a más de 80 jóvenes líderes en 12 países de la región:

-       Expresan su preocupación ante la aprobación de una ley que restringe claramente las libertades de expresión y de prensa en Ecuador, y que incumple los estándares internacionales sobre la materia.

-       Manifiestan su rechazo a la denominada Ley Mordaza e instan a los gobiernos democráticos del mundo a solicitar el respeto de la libertad de expresión, pilar fundamental de la democracia y de las libertades fundamentales.

-       Solicitan el pronunciamiento de organismos y organizaciones internacionales para evitar que las libertades de expresión y de prensa sean restringidas en Ecuador, y que estas sean garantizadas plenamente no solo por las normas sino por las autoridades.

-       Reiteran su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes en Ecuador. La RedLad ha alertado con anterioridad sobre las diversas violaciones a la libertad de expresión en el país, incluyendo cuestionados procesos judiciales de funcionarios públicos contra ciudadanos, periodistas y medios de comunicación.


Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia (RedLad).
Red Democracia Joven de las Américas.
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Junio de 2013

El Secretariado Permanente de la Red latinoamericana y del Caribe para la Democracia (Redlad), plataforma integrada por más de 520 organizaciones y liderazgos de las Américas expresan su preocupación por las acciones sistemáticas y reiteradas, tendientes al debilitamiento de las libertades fundamentales de expresión y prensa en Ecuador.
La aprobación de la Ley de Medios de Comunicación o “Ley Mordaza”, contraviene los principios fundamentales de libertad de expresión al arrebatar las frecuencias televisivas y espacios radiales y repartirlas a discreción gubernamental según porcentajes: 33% al sector público (gobierno), 34% a espacios comunitarios y 33% a iniciativa privada.
Cabe destacar que en la actualidad el 85,5% de las frecuencias de radio son de iniciativa privada, así como el 71% de las frecuencias televisivas. Es notorio que la ley no garantiza que el otorgamiento de frecuencias destinado a espacios comunitarios se haga únicamente a sectores pro gobierno e igualmente pone en duda el futuro de gran cantidad de medios de comunicación. El establecimiento de la suspensión de publicaciones que se consideren “inciertas” puede prestarse a manipulación. Además, la figura de un Consejo de Regulación, con participación del gobierno, que pueda sancionar con multas a los medios que se nieguen a rectificar información hace que la normativa entre en claro detrimento con las libertades de prensa y expresión.
La RedLad ha alertado con anterioridad la persecución gubernamental en contra de organizaciones como la Fundación Andina para la Observación Social y el Estudio de Medios (FUNDAMEDIOS) y la violencia y amedrentamiento contra medios de comunicación como Teleamazonas, diario La Hora, revista Semana en Ecuador, Telesangay, Lidervisión, y las radios Morena, El Dorado, Líder, Net, radio Cosmopolita "La Pantera 960 AM", así como el diario El Universo. 
Es nuestro deber expresar los peligros que enfrenta la libertad de expresión y prensa en Ecuador y exigir a su gobierno el respeto de la normativa internacional en la materia y la necesidad de defender la preponderancia de los derechos humanos, claramente en retroceso en el país que usted preside.

Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia

secretariado@redlatinoamerica.orgEL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA,CONTENIDO NOTICIOSO,