El régimen bolivariano es esencialmente
errático, no solamente en sus acciones internas que han llevado al país a su
destrucción, sino en su acción exterior que implementa sin autonomía ni
independencia en nombre de un nefasto proyecto político contrario a los
intereses del Estado, una especie de
proyecto imperialista y de dominación sin sentido, ajeno a nuestras realidades.
El régimen ha
errado sistemáticamente en el manejo de las controversias territoriales. Las negociaciones se han hecho en secreto,
inconsultamente, primero complaciente ahora con bravuconadas impropias de una
diplomacia seria y, probablemente, además, sin mayor conocimiento de sus
aspectos materiales y procesales.
Venezuela ha
jugado a la política con Guyana y por eso las irresponsables concesiones del
teniente coronel Hugo Chávez en 2007 “cuando beneficie al pueblo guyanés”. Las
reacciones del régimen desde 1999 ante los actos y declaraciones unilaterales
de Guyana que buscan consolidar sus derechos, nunca se hicieron en su momento y
cuando se hicieron fue en forma tibia y errada, sin consistencia, lo que no
puede significar, sin embargo, que tales reacciones -acciones y omisiones- por
Venezuela puedan traducirse en una renuncia de sus derechos o en el
reconocimiento explícito o implícito de los derechos que podría pretender
Guyana.
Se trata de actos
que no fueron formulados con la intención de crear una relación jurídica
distinta. Simplemente posturas más cercanas al irresponsable actuar político
del régimen. Actos que no podrían traducirse de ninguna manera, en
consecuencia, en una renuncia a nuestros derechos e intereses porque como lo ha
dicho la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ), la renuncia -y este es el
caso cuando se analizan las reacciones ante los actos unilaterales de otros
Estados, especialmente en materia territorial-
ni se presume ni se infiere; la renuncia según el Derecho Internacional
debe ser clara e inequívoca y ningún silencio, ni ninguna actuación de las
autoridades podrían interpretarse como una renuncia en el sentido estricto del
término.
En días pasados
Nicolás Maduro fue a la Asamblea Nacional para fijar posición sobre la
controversia con Guyana, definida en el Acuerdo de Ginebra y sometida a
mecanismos propios que las partes acordaron libremente en 1966. Se trata de una
controversia jurídica tal como ha sido definida por la doctrina y la
jurisprudencia internacionales, incluso de la misma Corte de La Haya y no de
conflictos o cualquier otra cosa.
Por primera vez
en dieciséis años Maduro habló del tema y lo politizó y no solamente adentro,
haciendo un “llamado patriótico” para atraer ingenuos e interesados, más bien
ignorantes, a la causa de la defensa de la soberanía y construir una falsa
cohesión nacional, necesaria ante la realidad de una derrota electoral que les
espera el próximo 6D, como paso previo al fin de esta nefasta época; también en
el plano internacional Maduro politizó el tema al anunciar misiones especiales
que visitarían los países de la región para “enamorarles” y mostrar la realidad
y la justicia de la reclamación de Venezuela. La no politización no significa
que medios políticos, como los buenos oficios, la mediación o la conciliación,
puedan ser escogidos por las partes para conocer la controversia. Tampoco que
la solución práctica que se logre se funde exclusivamente en el Derecho.
Igualmente grave
es la internacionalización del conflicto. Una controversia bilateral debe
manejarse entre las partes en la controversia y si ellas lo deciden, en este
caso específico, según el Acuerdo de Ginebra de 1966, con la participación de
un tercero, es decir, un mediador, un buenoficiante o un conciliador. Someter la controversia a
órganos políticos como CELAC o de integración como CARICOM aunque ellos
pudieren participar si las partes le piden, en el proceso de elección del
mecanismo, es absolutamente inconveniente, un error garrafal que confundiría el
debate jurídico. Más grave aún ha sido
la internacionalización de la controversia al involucrar a personas jurídicas
distintas al Estado, como las empresas petroleras que participan en la
exploración en algunas zonas marítimas no delimitadas aún, autorizadas por el
gobierno de Guyana.
El manejo de las
controversias es siempre delicado. Politizarlo e internacionalizarlo es un
grave error. La publicidad es igualmente inconveniente. Por el contrario, la
discreción debe determinar el comportamiento de los negociadores o
representantes de las partes en la controversia. La presentación de los
argumentos históricos por Maduro en la Asamblea Nacional fue absolutamente
innecesaria. Ella pudo mostrar inconsistencias, debilidades, contradicciones
que podrían desfavorecer más tarde nuestra posición en alguna negociación
directa o en algún medio político que las partes escojan.
El camino a
seguir debe basarse en la prudencia y en la adopción de medidas firmes basadas
en el Derecho Internacional y no en actos unilaterales provocadores que
vergonzosamente tengan que ser modificados o derogados tras los fundados
reclamos de los vecinos afectados. Las negociaciones deben reestablecerse
bilateralmente y después en algún mecanismo que sugiera el Secretario General,
especialmente político, pues y debo insistir en ello, el recurso a la Corte de
La Haya no es posible sin el consentimiento claro e inequívoco de Venezuela
expresado de conformidad con el Estatuto de la Corte. El Acuerdo de Ginebra de
1966, distintamente al Pacto de Bogotá de 1948, del cual Venezuela no es parte,
no constituye una base autónoma de aceptación de la jurisdicción del tribunal.
Victor Rodriguez Cedeño
vitoco98@hotmail.com
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