VICTOR RODRÍGUEZ CEDEÑO, INCONVENIENCIA DE LA POLITIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE LA CONTROVERSIA CON GUYANA

El  régimen bolivariano es esencialmente errático, no solamente en sus acciones internas que han llevado al país a su destrucción, sino en su acción exterior que implementa sin autonomía ni independencia en nombre de un nefasto proyecto político contrario a los intereses del Estado,  una especie de proyecto imperialista y de dominación sin sentido, ajeno a nuestras realidades.

El régimen ha errado sistemáticamente en el manejo de las controversias territoriales.  Las negociaciones se han hecho en secreto, inconsultamente, primero complaciente ahora con bravuconadas impropias de una diplomacia seria y, probablemente, además, sin mayor conocimiento de sus aspectos materiales y procesales.

Venezuela ha jugado a la política con Guyana y por eso las irresponsables concesiones del teniente coronel Hugo Chávez en 2007 “cuando beneficie al pueblo guyanés”. Las reacciones del régimen desde 1999 ante los actos y declaraciones unilaterales de Guyana que buscan consolidar sus derechos, nunca se hicieron en su momento y cuando se hicieron fue en forma tibia y errada, sin consistencia, lo que no puede significar, sin embargo, que tales reacciones -acciones y omisiones- por Venezuela puedan traducirse en una renuncia de sus derechos o en el reconocimiento explícito o implícito de los derechos que podría pretender Guyana.

Se trata de actos que no fueron formulados con la intención de crear una relación jurídica distinta. Simplemente posturas más cercanas al irresponsable actuar político del régimen. Actos que no podrían traducirse de ninguna manera, en consecuencia, en una renuncia a nuestros derechos e intereses porque como lo ha dicho la misma Corte Internacional de Justicia (CIJ), la renuncia -y este es el caso cuando se analizan las reacciones ante los actos unilaterales de otros Estados, especialmente en materia territorial-  ni se presume ni se infiere; la renuncia según el Derecho Internacional debe ser clara e inequívoca y ningún silencio, ni ninguna actuación de las autoridades podrían interpretarse como una renuncia en el sentido estricto del término.

En días pasados Nicolás Maduro fue a la Asamblea Nacional para fijar posición sobre la controversia con Guyana, definida en el Acuerdo de Ginebra y sometida a mecanismos propios que las partes acordaron libremente en 1966. Se trata de una controversia jurídica tal como ha sido definida por la doctrina y la jurisprudencia internacionales, incluso de la misma Corte de La Haya y no de conflictos o cualquier otra cosa.

Por primera vez en dieciséis años Maduro habló del tema y lo politizó y no solamente adentro, haciendo un “llamado patriótico” para atraer ingenuos e interesados, más bien ignorantes, a la causa de la defensa de la soberanía y construir una falsa cohesión nacional, necesaria ante la realidad de una derrota electoral que les espera el próximo 6D, como paso previo al fin de esta nefasta época; también en el plano internacional Maduro politizó el tema al anunciar misiones especiales que visitarían los países de la región para “enamorarles” y mostrar la realidad y la justicia de la reclamación de Venezuela. La no politización no significa que medios políticos, como los buenos oficios, la mediación o la conciliación, puedan ser escogidos por las partes para conocer la controversia. Tampoco que la solución práctica que se logre se funde exclusivamente en el Derecho.

Igualmente grave es la internacionalización del conflicto. Una controversia bilateral debe manejarse entre las partes en la controversia y si ellas lo deciden, en este caso específico, según el Acuerdo de Ginebra de 1966, con la participación de un tercero, es decir, un mediador, un buenoficiante o un  conciliador. Someter la controversia a órganos políticos como CELAC o de integración como CARICOM aunque ellos pudieren participar si las partes le piden, en el proceso de elección del mecanismo, es absolutamente inconveniente, un error garrafal que confundiría el debate jurídico. Más grave aún  ha sido la internacionalización de la controversia al involucrar a personas jurídicas distintas al Estado, como las empresas petroleras que participan en la exploración en algunas zonas marítimas no delimitadas aún, autorizadas por el gobierno de Guyana.

El manejo de las controversias es siempre delicado. Politizarlo e internacionalizarlo es un grave error. La publicidad es igualmente inconveniente. Por el contrario, la discreción debe determinar el comportamiento de los negociadores o representantes de las partes en la controversia. La presentación de los argumentos históricos por Maduro en la Asamblea Nacional fue absolutamente innecesaria. Ella pudo mostrar inconsistencias, debilidades, contradicciones que podrían desfavorecer más tarde nuestra posición en alguna negociación directa o en algún medio político que las partes escojan.

El camino a seguir debe basarse en la prudencia y en la adopción de medidas firmes basadas en el Derecho Internacional y no en actos unilaterales provocadores que vergonzosamente tengan que ser modificados o derogados tras los fundados reclamos de los vecinos afectados. Las negociaciones deben reestablecerse bilateralmente y después en algún mecanismo que sugiera el Secretario General, especialmente político, pues y debo insistir en ello, el recurso a la Corte de La Haya no es posible sin el consentimiento claro e inequívoco de Venezuela expresado de conformidad con el Estatuto de la Corte. El Acuerdo de Ginebra de 1966, distintamente al Pacto de Bogotá de 1948, del cual Venezuela no es parte, no constituye una base autónoma de aceptación de la jurisdicción del tribunal.

Victor Rodriguez Cedeño

vitoco98@hotmail.com

@vitoco98

EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD NACIONAL, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, ACTUALIDAD INTERNACIONAL,