Los expedientes que
supuestamente se arman sobre dirigentes regionales del PSUV y opositores, no es
nada del otro mundo en un país donde se violan los derechos humanos día a día.
La “noticia” fue difundida por el diario El Nuevo Herald, donde detallan que el
documento contiene una descripción minuciosa de la vida privada de cada
dirigente, incluso específica si son leales o no al Jefe del Estado.
En el pasado, los
venezolanos que no son leales al régimen, también cayeron en la llamada “Lista
Tascón” y de ahí en adelante cualquier gestión que haga un ciudadano caído en
la lista, no tiene oportunidad de resolver su interés de empleo, vivienda o
algún otro trámite. De manera que los expedientes no son nada nuevo en el país.
Es muy frecuente que el gobierno de Venezuela y Cuba tengan el “libro gordo de
Petete” con todas las señas de los venezolanos.
Antes fue la “Lista
Tascón” ahora emplean a los organismos de seguridad como el Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin), según El Nuevo Herald. En este ensamblaje
de datos, dice el diario, incluyen las amistades e inclinaciones políticas
hasta finanzas personales, religión y orientación sexual de los dirigentes
políticos. La finalidad no es otra que el control ampliado de todo lo que se
mueve en el país.
Al respecto, es
indispensable recordar que en la golpeada e irrespetada Constitución de la
República de Venezuela, la garantía de la privacidad y del respeto ciudadano es
un derecho establecido para “toda persona a ser protegida contra los perjuicios
a su honor, reputación o vida privada”. Obviamente, el relajamiento que se ha
producido en torno a esta materia, se adquiere por fines de control
absolutista, envolviéndose indebidamente en la ley.
También los
expedientes que se levantan tienen el fin
de intimidar y un caso que se está cocinando en tiempo de campaña
electoral es el de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional en contra
de la Gobernación del Estado Nueva Esparta, sobre presuntas irregularidades
cometidas contra el patrimonio público.
Para todos esta claro
que la citada comisión parlamentaria, busca liquidar del panorama
electoral, al actual candidato a la
reelección de la gobernación insular, por responsabilidad política en los
hechos de una venta de terrenos en la
Laguna del Morro y se aligera la decisión
a pocos días de los comicios regionales, ante el virtual triunfo del candidato
opositor ¡Ojo! El proceso no está blindado, pero el deber es votar.
Todas estas artimañas
políticas suman una gota más al vaso que ya está a punto de rebosar. Sin duda
que, pescar en rio revuelto, no siempre da ganancias al pescador.
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