*La ausencia de la partida de
nacimiento de Nicolás Maduro coloca en situación de alta responsabilidad ante
la nación y las Fuerzas Armadas al Tribunal Supremo, al Consejo Nacional
Electoral y a la Fiscalía. Asumirán su compromiso constitucional?
Los venezolanos tenemos pruebas que
Maduro por ser hijo de madre colombiana
y haber residido en Colombia es automáticamente ciudadano neogranadino. Esta
certeza está basada en el artículo 96 de la constitución de ese país. Esa
disposición constitucional lo convierte automáticamente en ciudadano colombiano porque no ha renunciado
oficialmente a esa nacionalidad. Maduro tampoco ha demostrado ser venezolano y
se niega a presentar su partida de nacimiento para probarlo. En el supuesto
negado que la entregara y se comprobara su veracidad, tendría doble
nacionalidad y tampoco podría ser presidente.
Ante las demandas exigiendo que Maduro
presente ese documento fundamental, el Tribunal Supremo de Justicia de
Venezuela, ha optado por ignorar la verdad que toca a sus puertas rebatiendo
las claras demandas con argumentos deleznables. Con esta actitud este Poder de
la República estaría incurriendo en un
grave delito y sus miembros lo saben porque son abogados. ¿Cuál es la infracción
a la ley? Negarse a oír las denuncias del soberano ante una evidente infracción
de la Constitución. ¿Por qué lo hacen siendo un poder independiente? Porque
aparentemente este poder ya no es autónomo y recibe instrucciones superiores.
¿Quién da las órdenes? Todo el mundo lo sabe, porque una sola persona puede
hacerlo. En el proceso, la Sala Constitucional del TSJ se ha se ha convertido
en el cementerio de las denuncias y en el "Tribunal supremo de la
injusticia".
El sesgo de la Sala Constitucional a
favor de Maduro está bien documentado. A raíz de la muerte de Chávez, esa Sala
reconoció la legalidad de juramentarlo como presidente hasta que se eligiera el
nuevo primer mandatario. Al efecto había una
contradicción en el articulo 233 de la Constitución que establece en un
párrafo que "Si la falta absoluta
del Presidente o la Presidenta se produce durante los primeros cuatro años del
período constitucional se procederá a una nueva elección”. …. Mientras se elige
y toma posesión, “se encargará de la presidencia el Vicepresidente Ejecutivo".
En otro párrafo el mismo articulo establece que "Cuando se produzca la
falta absoluta del presidente electo antes de tomar posesión se procederá a una
nueva elección … y se encargará de la presidencia al Presidente de la Asamblea
Nacional." La antinomia se creaba porque a la muerte de Chávez, él era a
la vez presidente electo y presidente en ejercicio.
Ante esta disyuntiva que en sana lógica
indicaba que Diosdado Cabello debía encargarse temporalmente de la Presidencia
de la Republica, la Sala Constitucional votó a favor de Nicolás Maduro
invistiéndolo como presidente encargado. Al hacerlo, esta Sala no cumplió la Constitución sino que atornilló
a Maduro. De allí en adelante esa Sala no ha fallado en apoyarlo en todas las
demandas que contra él se han presentado. No exageraríamos al decir que esta
Sala se convirtió de hecho en el abogado y juez inapelable de Maduro dejando en
la orfandad jurídica a sus demandantes.
Luego que el Consejo Nacional Electoral
proclamó a la carrera a Maduro, esa decisión fue impugnada por Henrique
Capriles. El resultado no ha sido aceptado por la oposición. En esta disputa se
han introducido una decena de demandas ante el TSJ. Todas ellas fueron
rechazadas inmediatamente y sin mayor análisis por la Sala Constitucional, con
argumentos baladíes.
En junio pasado se introdujo una
demanda contra la presunta ciudadanía de
Maduro. En esa oportunidad el abogado
Adolfo Márquez López demandó ante la Sala Electoral del TSJ la nulidad de la
elección de Nicolás Maduro aduciendo que al no ser venezolano por nacimiento,
violaba flagrantemente los artículos 41 y 227 de nuestra Constitución. En su
demanda, Márquez solicitó al TSJ que ordenara al CNE enviar la partida de
nacimiento de Maduro para corroborar su legalidad. Ante esta exigencia que cumplía
con todos los extremos de ley, la Sala Electoral decidió lavarse las manos
exigiendo los recaudos requeridos al CNE. La demanda de Adolfo Márquez abrió la
caja de Pandora electoral.
Ante esa solicitud, el CNE, dominado
por el oficialismo, respondió con una serie de perogrulladas tratando de
justificar lo injustificable. En la
respuesta de Tibisay Lucena no se remitió el documento que le solicitó el TSJ.
En un ex abrupto legal, el CNE exigió que el demandante presentara la partida
de nacimiento, olvidando que en estas circunstancias la carga de la prueba la
coloca la Constitución Nacional sobre la espalda de los candidatos. Ellos son
los que tienen que probar que son venezolanos para poder participar en
elecciones presidenciales.
La verdadera razón para no remitir al
TSJ el acta de nacimiento de Maduro era simple: no la enviaron porque no la
tienen. El rector Vicente Díaz reconoció esta grave falla al confesar
públicamente que el árbitro electoral no solicitó las partidas de nacimiento de
ningún candidato a la presidencia para comprobar su nacionalidad. Esta fue una
embarazosa omisión, vistas las exigencias de la Constitución. Para cumplir con
los dispuesto en la Carta Magna es indispensable pedir a los candidatos pruebas
de nacionalidad y luego cotejarlas con las que descansan en el expediente del
SAIME. La única prueba de nacionalidad en nuestra patria es la partida de
nacimiento. La cédula de identidad es solo una prueba de ciudadanía.
Como el registro electoral depende del
CNE, ellos tienen el poder de solicitar los datos de filiación que presentó
Maduro al solicitar su cédula de identidad. Este lo hizo junto con sus hermanas
ante un registro móvil obteniendo números consecutivos al regresar de Colombia
para continuar sus estudios de primaria en nuestro país. Si en el expediente del SAIME no aparece su partida de
nacimiento, estaríamos en presencia de un fraude axiomático.
Para no quedar en evidencia, el CNE
respondió en un escrito lleno de ambigüedades y medias tintas, sin atreverse a
entrar en la materia legal propiamente dicha. Ellos sabían que era imposible
justificar su respuesta y que si decían la verdad, Maduro quedaría en
evidencia. Ante este escenario se fueron por las ramas alegando defectos de
forma en la demanda de Márquez para justificar el no envío de los recaudos
solicitados por el TSJ. Al efecto adujeron tecnicismos legales sin tocar el
fondo de la solicitud ni enviar la partida de nacimiento. Tras ese strip tease
jurídico, este "poder" trató
de justificar que no le habían pedido la partida de nacimiento al registrarse
como candidato, ni estaban "autorizados" para solicitarla. También
quedo claro que Maduro no tiene ese documento en su poder y que éste
probablemente no existe. Con estas
acciones anti constitucionales el CNE se ha colocado al margen de la ley y es
cómplice de encubrimiento.
Al recibir la respuesta del CNE, ardió
Troya y el TSJ se empasteló. La única explicación para justificar el desafuero
legal existente fue sacar "manu militari" el caso de la Sala
Electoral y pasarlo a la Sala Constitucional donde todos los magistrados son
"patria o muerte" con el régimen. Prontamente el 7 de agosto pasado
la Sala Constitucional dio su dictamen negando la solicitud del abogado
Márquez, alegando los mismos bodrios legales del CNE, sin entrar en el fondo
del asunto.
La actitud parcializada de las
autoridades del CNE y la Sala Constitucional del TSJ deja a los venezolanos que
tratan de dilucidar la nacionalidad de Maduro en una estado de indefensión
jurídica total. Esta situación esta degenerando en un estado de anomia por la
incapacidad de la estructura jurídica de resolver los problemas
constitucionales graves que se han
suscitado. Las reglas legales se han degradado al punto que amenazan los
derechos humanos de una mayoría de los ciudadanos que exigen ver y verificar la
partida de nacimiento de Maduro.
Ante esta exigencia legal de la
oposición, el CNE y el TSJ se niegan contumazmente a presentar el documento de
marras y la situación se hace cada día más tensa. En un Estado de Derecho, ante
la delicada situación existente, la Fiscalía debe actuar de oficio, solicitar
ese documento a las autoridades competentes y actuar conforme a la ley si no
aparece.
Si la Fiscala no cumple su deber
actuaría como encubridora. De ocurrir esto los últimos recurso que quedan a la
patria son las reservas morales de la institución armada y el patriotismo del
pueblo que inundaría las calles
exigiendo el cumplimiento de la Constitución. Espero que la Fiscala tenga un
ápice de cordura y cumpla con su rol histórico. Ella debe saber que la patria y
la moral esta por encima de su ideología comunista. Ella como abogado sabe que
su deber es cumplir con la constitución y
exigir la presentación de la partida de nacimiento de Maduro para
verificar su nacionalidad.
Entretanto el ambiente se va
enrareciendo al punto que el tema de la nacionalidad de Maduro se discute
abiertamente en el medio militar. Para los verdaderos militares, la ciudadanía
es un punto de honor. Si Maduro no comprueba que es venezolano por nacimiento y
que no tiene doble nacionalidad, en este
caso tendríamos a un extranjero rigiendo nuestros destinos lo cual es ilegal e
insulta la dignidad nacional.
Ante
esta tétrica perspectiva, el TSJ debe revisar urgentemente su política de
ignorar las exigencias del pueblo y presentar a la nación venezolana el
requerido documento para desactivar este explosivo problema. Si lo tienen deben
entregarlo para ser revisado por expertos de la oposición. Si no lo tienen, el
TSJ debe designar al presidente de la Asamblea Nacional para que ocupe la
presidencia en forma temporal. Este convocará nuevas elecciones dentro de los
treinta días siguientes. De no existir partida de nacimiento, Maduro debe
renunciar ipso facto ante las evidencias de fraude.
La crónica del desarrollo de esta grave
crisis constitucional que puede desembocar en un conflicto político militar
grave es un tema que trataré en mis próximos artículos.
Carlos
Penaloza
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