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miércoles, 8 de octubre de 2014

MARY ANASTASIA O'GRADY, LOS TERRORISTAS DE COLOMBIA: HABLAR Y HABLAR, PELEAR Y PELEAR

El presidente de Colombia Juan Manuel Santos dice que ahora sabe por qué tantos colombianos se opusieron a su reelección, la cual ganó en una disputada segunda vuelta en junio: no confiaban en sus negociaciones en La Habana con el grupo terrorista marxista conocido como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Santos me dijo en una reciente entrevista en Nueva York que su gobierno ha llevado a cabo un estudio para entender a aquellos que no votaron por él. Muchos, en su opinión, creían que está “planeando darle la economía a Castro o Chávez, o deshacerse del Ejército o poner a un comandante de las FARC como jefe de la policía o expropiar el territorio alrededor de las ciudades”. Ahora se ha dado cuenta de que “subestimó el poder de tal cantidad de mentiras” y “nunca creyó que la gente las creería”.

Es por eso que el mes pasado “pusimos las cosas en claro al publicar lo que se ha acordado” en las negociaciones de La Habana, para mostrar que “no estamos entregando al país a los brazos del comunismo”. No obstante, la publicación de acuerdos parciales podría aumentar la desconfianza de los colombianos.

Las negociaciones secretas entre las FARC y el gobierno de Santos se habían llevado a cabo en La Habana durante un año antes de que se hicieran públicas en agosto de 2012. El 4 de septiembre de 2012, Santos dio un discurso en el que dijo que “las conversaciones no tendrán tiempo ilimitado, se medirán en meses, no en años”. El presidente asegura ahora que expresó eso como su “esperanza”. Aún cree que las FARC negocian de buena fe, pese a sus continuos ataques a los civiles y la infraestructura.

Le pregunté a Santos sobre la acusación en Colombia de que sus negociaciones ponen a los terroristas de las FARC al mismo nivel moral con la democracia. “Qué extraño que la misma gente que dice eso se sentó por dos años con los mismos terroristas, u otro grupo al mismo nivel, [el Ejército de Liberación Nacional] en Cuba”, dijo. “La única diferencia es que mi predecesor falló y yo, hasta el momento, he tenido éxito”.

Su predecesor, el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, ha hablado públicamente en los últimos años sobre sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con las FARC para liberar a secuestrados. En dos ocasiones extendió una propuesta en buena fe, pero las FARC no cumplieron con sus compromisos. Uribe también me dijo la semana pasada en un email que su gobierno exploró un diálogo con el ELN en La Habana. Dijo que su esfuerzo no fructificó porque los rebeldes se negaron a su condición de que cesaran su actividad criminal. El gobierno de Santos no respondió a mis solicitudes de copias de los documentos que Santos asegura que muestran que “absolutamente no hay diferencia” entre los dos esfuerzos por la paz. Sólo me envió un refrito de notas de prensa de lo que ya se sabe sobre las iniciativas de Uribe.

Las FARC ven una diferencia. En septiembre escribieron en su sitio web que negocian con el gobierno de Santos porque este reconoce la violencia como un “conflicto armado” (esto, por supuesto les da estatus beligerante), mientras que Uribe siempre ha insistido en que no son más que terroristas.

En cuanto al éxito que se atribuye Santos, aún está muy lejano. La periodista María Isabel Rueda escribió en una columna en el diario colombiano El Tiempo del 28 de septiembre que el número de temas “pendientes” en los acuerdos parciales la “sorprendió”. Le preguntó a Alfredo Rangel, un prominente politólogo colombiano y actual senador de la oposición, qué tan importantes son.

Sus ejemplos de lo que queda por negociarse incluyen los derechos de propiedad rural, los acuerdos de libre comercio, política minera y de energía, y la desmilitarización del campo. Rangel asegura que la agenda aún incluye negociaciones sobre la “democratización de la información y la comunicación”, lo cual sugiere un mayor control estatal de los medios y suena como sacado del libreto de Hugo Chávez. Otra meta, el “control popular de los tratados internacionales” implica un debilitamiento del gobierno representativo mientras que la “suspensión total de la fumigación” para destruir las plantas de coca es crucial para la financiación de las FARC.

Santos también dijo que aunque no habrá impunidad para aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, “cómo se define la cárcel y qué tipo de cárcel, esas son cosas que tenemos que negociar”.

Tales discusiones ponen nerviosos a muchos colombianos, al igual que la idea de que las guerrillas obtengan derechos políticos especiales, que es otro tema de negociación. Lo más preocupante es la sugerencia del gobierno de que podría poner la aprobación final del acuerdo a consideración del país como un voto a favor o en contra en vez de pedir una aprobación punto por punto.

Le pregunté a Santos si los rebeldes merecen la legitimidad que las negociaciones les conceden. “¿Cuál sería la alternativa?”, respondió. “¿No negociar y continuar viviendo con el terrorismo y otros 50 años de guerra?”.

Eso sugiere a algunos que los terroristas tienen al gobierno justo donde lo quieren. No es de sorprenderse que los colombianos sigan sin convencerse de que el país pueda deshacerse de este terror mafioso a través de las negociaciones sin sacrificar la libertad.

Mary Anastasia O'Grady

O'Grady@wsj.com

@MaryAnastasiaOG


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domingo, 14 de septiembre de 2014

RICARDO VALENZUELA, ESTÍMULO PARA EMPRENDEDORES, REFLEXIONES LIBERTARIAS

Hace unos días la bella editora de la pagina del Wall Street Journal en español, Maria Anastasia O 'Grady, publicó un interesante artículo titulado; "México da un mal giro brasileño", en el cual envía un importante mensaje: Por mas reformas que se lleven a cabo en el país, México no abandonará la mediocridad mientras no se promueva su libertad económica de forma más amplia y agresiva.

Continúa Maria Anastasia con su advertencia de no caer en el mismo esquema que hoy tiene a Brasil de nuevo en el centro del huracán de los desinfles económicos. El país carioca llevó a cabo una serie de reformas con medias aperturas a la comunidad internacional, lo cual le produjo una avalancha de inversiones y, con ello, esa bonanza transitoria que se siente como el primer trago para el crudo. Sin embargo, las reformas no fueron acompañadas de esa libertad de su aparato productivo que ha hecho grandes a otros países como Chile y, ello, provoca hoy día el regreso a los horripilantes temblores de la cruda de nuevo en la explanada.

La historia nos enseña que el progreso emerge de la libertad y el esfuerzo del individuo para alcanzar sus intereses. La sociedad no es un caos desorganizado de elementos interactuando de forma accidental. Se basa en la lógica y disciplina de instituciones. Cuando esas instituciones emergen como acciones espontáneas de individuos libres, garantizan libertad y progreso. Cuando emergen del poder del gobierno, nos acarrean opresión, corrupción y descomposición en lugar de eficiencia.

Cada vez que leo los encabezados de los diarios del país, me recorre un escalofrío de pies a cabeza ante declaraciones de funcionarios cuando amenazan con sus planes de estímulo para nuestra endémica economía. El Secretario de Comercio y el presidente gritan cómo la construcción del nuevo aeropuerto del DF estimulará la economía.”  Por otro lado se anuncia la reactivación de los aranceles a la importación de una infinidad de productos originados en China, dibujando de nuevo el mapa proteccionista de las épocas del nacionalismo revolucionario.

Ya es hora de que nuestros líderes orienten su mirada hacia el ejemplo más patético de lo que producen los siniestros estímulos gubernamentales en las economías; Japón. Después de que los admiradores de ese lejano país anunciaban el derrumbe de los EU ante su avalancha económica, pues según ellos, el capitalismo estatal del oriente era superior a los mercados libres de EU; para que les explotara una burbuja y lo ha postrado en una depresión por más de veinte años.

En este periodo se han activado no menos de 30 planes de estímulo a su moribunda economía, pero siempre sobre la misma línea; gasto e inversión gubernamental. Esto ha provocado en estos momentos cargue sobre sus espaldas una deuda de más de un 200% de su PIB, sus mercados financieros hayan perdido el 70% de su valor, y tengan ya operando un FOBAPROA de más de un trillón de dólares. Los planes estatales de estímulo siguen fluyendo al tiempo que el país continúa en picada.
En México nuestras mercantilistas organizaciones empresariales también han gritado exigiendo los estímulos. Finalmente nuestro honorable Congreso los surte con  la remendada Reforma Fiscal al tiempo que le grita; “el petróleo es nuestro", se activa esa reforma energética a medias tintas,  el precio de la energía eléctrica aumenta, las conquistas laborales de la revolución son intocables y estallan las avalanchas de corrupción ahora tan de moda, la de los estados liderada ese nueva afrenta por sus reyecitos sexenales.

Desde el nacimiento del mito de cómo el New Deal de Roosevelt “estimulando” la economía rescató a los EU de la gran depresión, ha nacido la compulsión de la “estimulitis.” Lo que omiten exponer nuestros estatistas amigos, es que con la conscripción de 12,000,000 millones de soldados y la producción orientada a surtir armamento en la segunda guerra mundial, fue lo que, ante las “estadísticas”, sacó al país del horripilante bache. A eso se le llama destruir para "construir."

Los gobiernos tienen una capacidad infinita para provocar crisis pero ninguna para resolverlas. Sin embargo, a partir del mito Roosveliano el gobierno se ha convertido en el monstruo de mil cabezas dedicado a la estimulitis acompañada del control draconiano de las actividades de la sociedad. Hernando de Soto documentó en Perú la formación de un nuevo negocio. Dedicándole 6 horas diarias, les tomó 289 días con un costo de $1,500 dólares—40 veces el salario mínimo. México no es muy diferente y es por ello es que nace la economía subterránea.

Hace unos años fui invitado para dar una charla en el Tec. de Monterrey y el tema fue; “México y el mercado de capitales.” ¿Que mensaje les podía dirigir a estos jóvenes que se preparan para integrarse a la vida económica de un país que vive para alimentar ese monstruo burocrático que representa el gobierno.? Un país que, aun después de cientos de reformas, continua ubicado en el lugar #58 del índice de libertad económica mundial. En el cual el numero de vendedores ambulantes se estima en más de 800,000. En el que operan más de 7,000,000 de micro negocios sin registro alguno.

Pensé que más que llenarles la cabeza de fórmulas para abordar esos mercados en donde existen, debía dejarles el mensaje de tomar la responsabilidad para establecer las condiciones adecuadas y se dé esa formación de capital. Para que ese capital que se ha formado al margen de la economía tradicional, en los callejones obscuros de la informalidad tratando de evitar ese vía crucis burocrático---pueda mediante el marco legal adecuado ser involucrado al proceso.

“Los marginados del mundo” han creado una economía paralela y controlan activos de más de 10 Trillones de dólares. El valor total de las Bolsas más importantes del mundo; Mas de 20 veces la inversión extranjera en todos ellos; Casi 50 veces los préstamos otorgados por el Banco Mundial durante los últimos 30 años; 95 veces la ayuda de los países desarrollados a los pobres. Ya es hora de que los gobiernos dejen de estorbar con estimulitis, le abran las puertas a ese capital “atorado,” y simplemente se hagan a un lado para que estos creativos empresarios nos rescaten de las garras de esta recesión burocrática. “Presidente Peña; Los changarros ya existen; ahora hay que dejar de joderlos.” 

Ya es hora de que los gobiernos entiendan que el mejor estímulo para las economías es rodear los países con ese mágico halo de la libertad. Las economías no se estimulan emitiendo dinero y gobiernos gastándolo como los apaches que, durante finales del siglo XIX atacaban Arizpe, embrutecidos con el Tezguin fruto de sus entradas a Chihuahua. Las economías se estimulan estableciendo un campo adecuado para que los emprendedores se lancen a llevar a cabo sus proyectos. Luego con un estado de derecho que proteja sus actividades.


Ricardo Valenzuela
chero13704@gmail.com
@elchero

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jueves, 15 de mayo de 2014

MARY ANASTASIA O'GRADY, EL DIÁLOGO EN VENEZUELA ES UN FRAUDE,

Lenin se jactaba de que los "capitalistas" le iban a vender la soga con la que él los ahorcaría. Fidel Castro todavía está aprovechando al máximo ese consejo y, como muestra, basta con mirar a Venezuela.

Desde el 10 de abril, cuando el títere de Castro en Caracas, Nicolás Maduro, inició la llamada negociación con la oposición política, han sido detenidos más de 500 ciudadanos vinculados a las manifestaciones contra el gobierno. La Corte Suprema ha aprobado más restricciones al derecho de reunirse en público y el diario El Nacional anunció que tiene que dejar de publicar porque se le niegan los dólares que necesita para comprar papel periódico.

El Congreso, que es controlado por el gobierno, informó que ningún legislador opositor formará parte de una "Comisión de la Verdad" creada para investigar la violencia política que ha tenido lugar desde el 12 de febrero. Las milicias chavistas continúan aterrorizando a la población. En otras palabras, el diálogo con la oposición alentado por el Departamento de Estado de Estados Unidos no es más que un fraude.

Los estudiantes universitarios que siguen adelante con sus manifestaciones callejeras pese a ser abandonados por el liderazgo de la oposición lo saben. Atrapados en la pobreza, la delincuencia y la desesperación de la Revolución Bolivariana, saben que no hay futuro en un país sin libertad de expresión y sin acceso a una moneda fuerte, y donde tienen que ir a extremos para conseguir alimentos. Rechazan vivir en un mundo donde se les espía, se les lava el cerebro y se ven obligados a adaptarse.

Es mucho lo que han arriesgado desde febrero. Ahora, la oposición oficial, encabezada por el ex candidato presidencial Henrique Capriles, les dice que no apoya un cambio de régimen. En lugar de ello, habrá "un diálogo" con un estado policial que cuenta con el respaldo cubano.

El liderazgo opositor parece haber caído en esta trampa debido a su preocupación por el alto costo de la desobediencia civil, tanto en términos de sangre como monetario. Al Departamento de Estado estadounidense le fascina hablar sobre los derechos humanos, pero sus prioridades son la estabilidad y un flujo predecible de petróleo. Pero esta no es una época de paz. En lugar de ello, la pretensión de un diálogo le ha dado a la dictadura militar tiempo para reagruparse y la ha ayudado a obtener legitimidad internacional.

Las conversaciones orientadas a obtener concesiones de una organización criminal no tienen ningún sentido si no se cuenta con una palanca de negociación importante, que la oposición tenía en marzo cuando la gente estaba en las calles. Capriles, sin embargo, detuvo las grandes marchas y acudió a la mesa de negociaciones sin conseguir condiciones previas como la liberación de los prisioneros políticos, el desarme de las milicias y la restauración de la libertad de prensa. Maduro puso el lazo.

Tampoco se trató del primer costoso error de cálculo de Capriles. Después de una elección presidencial con muchas irregularidades en abril de 2013, cientos de miles de venezolanos estaban dispuestos a marchar hacia el tribunal electoral para exigir una auditoría. Capriles dijo que le preocupaba un derramamiento de sangre y le pidió a la gente que se quedara en casa.

El 4 de febrero, los alumnos en la ciudad de San Cristóbal salieron a la calle para protestar pacíficamente contra un ataque sexual en una universidad. La policía detuvo a algunos estudiantes y los encarceló lejos de sus hogares. Cuando fueron liberados dijeron que habían sido víctimas de abusos. Nuevas manifestaciones generaron nuevos arrestos. Corrió la voz. El 12 de febrero, los estudiantes a lo largo del país empezaron protestas locales contra "la tiranía". Grupos de la sociedad civil se fueron sumando.

Maduro bloqueó la señal de la única fuente independiente de noticias en la televisión (proveniente de Colombia) de manera que el público no se enterara por fuentes no censuradas de la velocidad con que se expandía el descontento. En los días siguientes, el gobierno cortó el servicio de Internet a miles de hogares. Decenas de miles de personas salieron a la calle a protestar en Caracas, donde fueron recibidos con gases lacrimógenos, garrotes y balas de goma. Cientos de estudiantes fueron arrestados mientras milicianos del gobierno, vestidos de civiles, golpeaban a los manifestantes. Cuando el líder opositor Leopoldo López fue llevado a la cárcel, los estudiantes redoblaron su apuesta por las manifestaciones.

El gobierno contaba con la artillería, pero perdía rápidamente el control de las calles. La escasez de alimentos se agudizaba y aunque las protestas se centraban en los barrios más acomodados de la ciudad, muchos manifestantes estaban llegando desde vecindarios más pobres.

Los chavistas ya habían infiltrado a los grupos de estudiantes. Maduro, no obstante, necesitaba más ayuda. En marzo, empezó a ofrecer concesiones a las empresas como un alivio limitado de los controles de precios. Lo que algunos interpretaron como una señal de esperanza no era más que manipulación. El régimen necesita a alguien que alimente la nación o, como recomendaba Lenin, alguien que venda la soga.

Mientras tanto, Capriles mordió el anzuelo del "diálogo" y prometió rechazar cualquier intento por derrocar a Maduro. El diálogo con los compinches de Castro no tiene un historial de grandes logros. El disidente cubano Oswaldo Payá desafió al castrismo siguiendo sus propias leyes. Terminó muerto, cuando el vehículo en el que viajaba fue sacado del camino por fuerzas de seguridad del Estado. En 2011, el presidente colombiano Juan Manuel Santos entabló inocentemente "conversaciones" con los narcoterroristas colombianos respaldados por Castro. En 2012 prometió que durarían meses, no años, pero los diálogos todavía continúan.

Miles de venezolanos han sido detenidos desde febrero y se estima que 41 han muerto. Algunos fueron asesinados por una bala de un francotirador en la cabeza. Un Estado que practica esta clase de crueldad no va a ceder el poder de forma voluntaria. Los patriotas dispuestos a pagar un precio se lo tendrán que quitar.

Mary Anastasia O'Grady
O'Grady@wsj.com
@MaryAnastasiaOG

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miércoles, 14 de mayo de 2014

MARY ANASTASIA O'GRADY, ATENTADO CONTRA EL MILAGRO CHILENO

La presidenta Michelle Bachelet quiere aumentar el impuesto a las empresas de 20% a 35%

Eduardo Aninat, ex ministro de Hacienda de Chile, tiene una buena pregunta para los arquitectos del aumento de los impuestos a las empresas que circula en el Congreso del país: "¿Qué hierba están fumando?"

Aninat no es un fanático de las políticas económicas de la oferta. Su curriculum vitae incluye cinco años en el gobierno de centroizquierda del presidente demócrata cristiano Eduardo Frei (1994-2000) y luego un período como subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, el ex funcionario está preocupado de que el plan del gobierno de la recién asumida Michelle Bachelet para elevar drásticamente los impuestos sobre el capital perjudique el crecimiento y el desarrollo de Chile.

Aninat dice que Bachelet debería instruir a su equipo para que tenga una "discusión a fondo" sobre el asunto. No obstante, el gobierno y su coalición Nueva Mayoría, que controla las dos cámaras del Congreso, dicen que de ninguna manera. Ellos ganaron las elecciones. Ellos dictarán la ley.

Tres décadas de crecimiento acelerado —liderados por políticas económicas liberales— han hecho de Chile el país más próspero de América Latina. Su ingreso per cápita anual de más de US$19.000 representa un alza significativa frente al de US$5.000 de 1990. El porcentaje de chilenos que viven en la pobreza se ubica en 14,4%, frente a 45% en 1985.

El país también se destaca políticamente en la región por su adhesión a un estado de derecho que protege los derechos de la minoría y evita el populismo típico de las repúblicas bananeras.

Ahora, Bachelet y sus compinches en el Congreso están enviando señales de un cambio en las reglas de juego que sugiere un regreso a la polarización política de comienzos de los años 70. Cuesta evitar la conclusión de que ven sus mayorías legislativas como la oportunidad de finalmente embutir el sueño utópico del presidente Salvador Allende en la garganta colectiva de Chile.

El senador Jaime Quintana, vocero de la Nueva Mayoría en la cámara alta, dijo prácticamente eso en marzo, cuando la oposición se quejó de que la coalición gobernante estaba pasando la "aplanadora" en el Congreso. "Nosotros no vamos a pasar una aplanadora", dijo Quintana. "Vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura".

Bachelet ganó la segunda vuelta electoral con más de 60% de los votos y sus aliados de la izquierda creen que tiene un mandato para desmantelar la economía de mercado. Sin embargo, incluso con un mayoría de 67 a 49 escaños en la cámara baja y de 19 a 16 en el Senado, no será fácil. La mandataria no alcanza a tener las mayorías absolutas en el Congreso que necesita para reformar la Constitución y poner al Estado en el centro de la economía.

Aun así, podría sacudir el mercado. La reforma tributaria que ha enviado al Congreso eleva la tasa impositiva de las empresas de 20% a 35%. Tal vez aún más perjudicial, elimina el Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que permite a las empresas retrasar el pago de impuestos sobre las ganancias si éstas son reinvertidas en lugar de retiradas. El FUT ha suministrado buena parte del capital que alimentó el rápido crecimiento de Chile en las últimas tres décadas.

Un comercial animado del gobierno en televisión, y que Barack Obama podría admirar, empezó a emitirse la semana pasada. "No es justo que las grandes empresas y los más ricos de Chile no paguen los impuestos que corresponden", dice el locutor, mientras la ilustración de un hombre con traje y corbata y un maletín lleno de dinero se para al lado de una balanza cargada con lingotes de oro e inclinada a su favor.

Ministros de Hacienda de dos gobiernos anteriores de centroizquierda han expresado dudas sobre el plan. Aninat cuestionó la eliminación del FUT en momentos en que "Latinoamérica se muestra algo más recesiva, cuando los commodities no van a estar de moda". La propuesta está alimentando la "incertidumbre" en tiempos ya inciertos, dijo. El ex ministro desafió al gobierno a que muestre la forma en la que concluyó que la inversión no se verá afectada. "En la academia y el Banco Central dicen que sí sería afectada", declaró.

Andrés Velasco, ministro de Hacienda durante el primer gobierno socialista de Bachelet (2006-2010), dijo la semana pasada que el FUT es una fuente clave de capital para las pequeñas empresas. En una presentación de la semana pasada ante empresarios chilenos, Juan Andrés Fontaine, ministro de Economía durante el gobierno de centroderecha de Sebastián Piñera, conectó los puntos entre la reducción de la desigualdad de los ingresos y el desempleo en Chile desde 1990 y las políticas tributarias que fomentan el crecimiento. También señaló que, aunque las grandes empresas han casi cerrado la brecha de productividad frente a sus contrapartes estadounidenses, las compañías "medianas y semi grandes" aún están muy rezagadas. "Son ellas las que más pierden con abolición del FUT", advirtió.

La reacción en el campo de Bachelet ha sido predeciblemente despiadada. La semana pasada, el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, amenazó con considerar una eliminación retroactiva del FUT si los opositores en el Congreso seguían insistiendo en un debate. Guido Girardi, aliado de Bachelet en el Senado, advirtió que si las promesas de campaña de más populismo de la presidenta no se cumplen, el país debería esperar agitación social en las calles. Es evidente que para este grupo las cosas no han cambiado mucho desde comienzos de los 70. Predican la tolerancia cuando no están en el poder y practican la envidia y la intransigencia cuando tienen la oportunidad de gobernar.

Mary Anastasia O'Grady
O'Grady@wsj.com
@MaryAnastasiaOG

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jueves, 31 de octubre de 2013

MARY ANASTASIA O'GRADY, PEÑA NIETO SE REPLIEGA ANTE LOS ATAQUES DE LA IZQUIERDA, CASO MEXICO

Hace unos días, mientras el taxi que tomé me dejaba en el hotel Hilton de Avenida Juárez, me empecé a preocupar. Un muro de tablones de madera contrachapada ocupaba toda la acera frente al edificio. Parecía una obra en construcción.

Arrastré mi maleta por una estrecha apertura en la barricada, preparándome para el ruido ensordecedor de los martillos. Pero no había ruido. El Hilton sólo estaba en modo de defensa.

Era el 2 de octubre, el aniversario de la matanza de Tlatelolco de 1968, cuando las fuerzas de seguridad dispararon contra grupos de estudiantes que protestaban contra el gobierno 10 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos que se realizaron ese año en Ciudad de México. Un número no confirmado de manifestantes perdió la vida. Cuarenta y cinco años después, los profesores en huelga y sus simpatizantes —anarquistas, marxistas, miembros de otros sindicatos— prometían una "marcha" de aniversario.

Había motivos para preocuparse. El 1 de diciembre del año pasado, algunos de los mismos grupos se hicieron presentes en la capital durante la asunción de mando del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Lanzaron bombas incendiarias, rompieron ventanas y saquearon edificios, arrastrando muebles a la calle para luego prenderles fuego. El Hilton fue una de las víctimas de ese día en el que ni la ciudad ni el gobierno central brindaron mucha ayuda.

En esta ocasión, el hotel estaba preparado, al igual que numerosos otros negocios en la avenida, que habían tapiado las ventanas y bajado las puertas de seguridad a mitad del día. Mientras caminaba de regreso de un almuerzo en el centro, vi a cientos de policías antimotines con cascos en las aceras y bloqueando algunas avenidas. Sus rostros jóvenes e inexpresivos miraban hacia adelante. Tal vez estaban pensando en un colega que había sido golpeado por una turba durante una manifestación dos días antes y estaba en coma.

Al caer la noche, las piedras y los cócteles molotov volaban por los aires. Asaltantes encapuchados y armados con palos y bates de béisbol atacaban a los policías, que alzaban sus escudos para defenderse. Las ambulancias recorrían la ciudad a toda velocidad recogiendo a los heridos.

Es una escena familiar desde que Peña Nieto anunció hace unos meses su reforma educativa. Los sindicatos de maestros se oponen a las nuevas evaluaciones de desempeño y al fin de la plaza de base automática. Además, los numerosos sindicalistas de tiempo completo dejarán de percibir salarios como profesores.

Para presentar sus objeciones, los maestros marchan. Algunos son extremistas y se les unen elementos que no tienen nada que ver con la docencia y hacen el trabajo sucio. Incluso si no llegan a destrozar propiedades y enviar al hospital a personas inocentes, los manifestantes interrumpen el comercio e impiden la libertad de movimiento. Como informé en mayo, los manifestantes incluso han tomado rehenes en el sur del país.

El vandalismo de los sindicatos no es ninguna novedad. El gobierno, sin embargo, no ha hecho mucho para prevenirlo. Los procesos penales por actos de violencia son poco comunes. La paralización de la capital o de carreteras importantes a menudo conduce a negociones con el gobierno y concesiones, lo que refuerza estas conductas.

Es algo que vale la pena mencionar en una semana en que el plan de aumentos de impuestos y un mayor déficit fiscal sigue su curso en el Congreso. El paquete abarca nuevos impuestos sobre el capital y los dividendos y tasas progresivamente más altas a las rentas superiores a los US$38.000 al año, con menos deducciones. Se prevé que en 2014 el financiamiento del sector público como porcentaje del Producto Interno Bruto alcance 4,1%, un nivel que no se ha visto en más de una década.

Peña Nieto se enorgullece del acuerdo político tripartito, conocido como el "Pacto por México", donde consiguió el apoyo de la centroderecha y la izquierda dura en los primeros días de su gestión. Su objetivo es minimizar el estancamiento. Pero para un mandatario que ha prometido aumentar la productividad, esto se parece más a un pacto suicida.

Para justificar su marcha atrás en los compromisos anteriores de anclar sus políticas en la libertad económica, el gobierno de Peña Nieto ha recurrido a lugares comunes acerca de la equidad. Parte de los ingresos adicionales prometidos financiarían nuevas prestaciones del estado de bienestar.

No obstante, cuesta pensar en un ejemplo histórico en el que el populismo haya conducido al desarrollo y es improbable que México sea el primero. La recaudación tributaria del país bordea 18% del PIB, casi lo mismo que Estados Unidos, que es una economía mucho más desarrollada y, por ende, puede soportar una mayor carga impositiva.

Si el objetivo es que un mayor número de personas cumpla las actuales leyes de impuestos, ¿entonces por qué no empezar por una mayor transparencia del gasto y la regulación del gobierno, de modo que los mexicanos no se sientan engañados por un Estado corrupto?

Nuevos gravámenes como los que pretende imponer Peña Nieto sobre las bebidas gaseosas y la comida chatarra sólo servirán para expandir la economía informal, pese a todas sus ineficiencias.

Peña Nieto ya ha hecho buena parte del trabajo pesado en el ámbito de las reformas, al presentar una enmienda que permite la inversión extranjera en el sector energético. Tal vez crea que es hora de satisfacer su flanco izquierdo para mantener unido su "pacto". Sin embargo, su paquete económico desincentivará la toma de riesgos y un alza de los déficits fiscales elevará las tasas de interés en un momento en que México tiene problemas para crecer.

Los dinosaurios de la izquierda dura que merodean por las calles de Ciudad de México quieren su alimento. Pero ceder a la extorsión no es la manera de gobernar un país.

O'Grady@wsj.com

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miércoles, 17 de julio de 2013

MARY ANASTASIA O'GRADY, LA ALIANZA DEL PACÍFICO: EL PRÓXIMO GRAN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

Villa de Leyva, Colombia. - Este pintoresco pueblo colonial, rodeado de montañas y a tres horas en auto al norte de Bogotá, es un destino popular para los habitantes urbanos en busca de tranquilidad. Se pueden apreciar casas de paredes blancas con techos de tejas rojas mientras mujeres con ruanas y sombreros caminan por las calles empedradas. El tiempo parece detenerse.


Sin embargo, en la última semana de junio, fue la sede de la octava cumbre ministerial de la Alianza del Pacífico, la iniciativa de liberalización comercial más importante en el continente americano en décadas.

Mientras los grandes medios de comunicación del mundo se enfocaban en los disturbios en Brasil y el caso de Edward Snowden, el ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional buscado por Estados Unidos, ministros de comercio y de relaciones exteriores de Chile, Colombia, México y Perú y sus lugartenientes se encontraban aquí negociando los últimos detalles de un pacto de integración económica y comercial que probablemente sea el catalizador más efectivo de crecimiento en la región desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN, o NAFTA por sus siglas en inglés), en 1994.

La Alianza del Pacífico podría también abrir las puertas para un tratado comercial transpacífico, en momentos en que las negociaciones para un Acuerdo Transpacífico liderado por EE.UU. no logran avanzar, la Ronda de Doha de la Organización Mundial del Comercio ha colapsado y las conversaciones sobre el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión entre EE.UU. y Europa recién empiezan.

La Alianza del Pacífico, firmada por los cuatro países latinoamericanos en junio de 2012, es un acuerdo que tiene como objetivo crear una región única con libre circulación de bienes, servicios, capitales y personas. Desde 2011, cuando nació la idea, los presidentes de los cuatro países se han reunido siete veces. Según un funcionario cercano al proceso con quien hablé, los líderes han presionado a los negociadores para que finalicen el tratado.

El 30 de junio, el diario colombiano El Tiempo informó sobre los logros de la sesión del fin de semana en su portada: "La Alianza del Pacífico ya desgravó el 92% de su comercio". Las negociaciones en torno al 8% restante están relacionadas con el ritmo al que se eliminarán las tarifas, no si se levantarán. Para cerrar la cumbre, la ministra colombiana de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, afirmó: "Hemos avanzado tan rápido que los derroteros están casi todos cumplidos".

Después de una década de chavismo, estos cuatro países son lo que queda de la democracia liberal en América Latina. El denominador común que explica su supervivencia es la apertura.

Cada uno de los miembros ya tiene un tratado de libre comercio con los demás y también con EE.UU. Perú comenzó a abrir sus mercados durante el gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000). Con casi 20 años bajo el TLCAN y una década de lidiar con productores chinos, las empresas mexicanas se han acostumbrado a la competencia extranjera y están hambrientas de nuevos mercados. Chile ha estado abriendo sus mercados de forma unilateral desde hace décadas y los productores del país son de primer nivel mundial. Colombia, tal vez el menos abierto del grupo, es liderado por un presidente pro-mercado, Juan Manuel Santos.

Como región de libre comercio, la Alianza del Pacífico será formidable. Su población —casi 210 millones de habitantes— representa 36% de Latinoamérica y es más grande que la de Brasil. En 2012, las cuatro economías combinadas fueron responsables de 36% del Producto Interno Bruto de la región y cerca de la mitad de sus exportaciones e importaciones. Asimismo, la Alianza sería la octava mayor economía del mundo y el séptimo exportador, según la Secretaría de Economía de México.

La alianza también liberalizará la competencia en servicios y proveerá un marco de seguridad y estabilidad regulatoria para los inversionistas extranjeros. La "acumulación de normas de origen" permitirá a los productores agregar valor a importaciones de un país miembro y exportarlas a otro. Los países miembros ya no requerirán visas para los turistas y los viajeros de negocios. México afirma que ya ha eliminado requisitos de visas para turistas peruanos y colombianos, y ha registrado un aumento de 63% en las visitas de personas de esos países entre diciembre y mayo.

La alianza no será un nirvana comercial. No todos los sectores estarán abiertos a la inversión foránea, ya que las leyes nacionales que prohíben la propiedad extranjera, por ejemplo, en los sectores de energía y telecomunicaciones, obstaculizarán el tratado. Poderosos intereses especiales pueden demorar —aunque no bloquear— las reducciones de aranceles sobre algunos bienes.

De todos modos, no hay dudas de que tanto el texto como el espíritu del acuerdo son extraordinariamente ambiciosos. Costa Rica ha iniciado el proceso para unirse y se espera que Panamá le siga los pasos en un futuro cercano.

Otros catorce países, incluyendo siete de América Latina, EE.UU., Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Japón, se han incorporado como "observadores", una designación que indica interés. Se dice que Canadá ya se habría unido si no fuera por el requisito de eliminar las visas de turista y de negocios. Ese problema se podría resolver con una excepción que permitiría el ingreso con una visa estadounidense.

Dentro de Latinoamérica, una Alianza del Pacífico exitosa probablemente cree un fuerte contrapeso al retrógrado proteccionismo y estatismo de Brasil, Venezuela, Argentina y Bolivia. Y habrá nacido con la original idea de que deberían postularse sólo aquellos países interesados en el libre comercio.

O'Grady@wsj.com



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miércoles, 26 de junio de 2013

MARY ANASTASIA O'GRADY, DETRÁS DE LA AGITACIÓN SOCIAL EN BRASIL.

Que nadie le venga a decir que la agitación social de las últimas semanas en Brasil es una rebelión espontánea contra un gobierno poderoso y corrupto.

Existen reclamos en contra de una mala gestión del gobierno y la corrupción, eso nadie lo duda. Pero los manifestantes necesitan organizadores y mis indagaciones sugieren que los adversarios políticos de Dilma Rousseff en la izquierda radical están trabajando a sol y sombra para poner en práctica la famosa frase de Rahm Emanuel, el ex jefe de gabinete del gobierno de Barack Obama: nunca desperdicie una crisis.

La respuesta de Rousseff determinará si Brasil se mantiene fiel a la evolución emprendida hace varias décadas hacia un capitalismo democrático o vuelve a caer en los años 70. Sería bueno que recuerde las palabras de la primera ministra británica Margaret Thatcher, que decía que quienes se quedan parados en el medio de la carretera son arrollados.

Durante los ocho años que el presidente del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) Luiz Inácio Lula da Silva gobernó Brasil (2002-2010), personas ajenas se maravillaron de la moderación del ex líder sindical amigo de los Castro. Hugo Chávez convirtió a Venezuela en un pantano socialista. Pero Lula, quien alguna vez propuso que Brasil debería caer en una cesación de pagos de su deuda externa y otras perogrulladas socialistas, respetó el poder de los mercados internacionales de capital.

¿ COMO EN EL CARACAZO?
Lula trató de asegurarles a los inversionistas de que Brasil estaba listo para hacer negocios. La estabilidad cambiaria, una política energética que permitía la participación de empresas extranjeras y ganancias competitivas en agricultura le dieron a Brasil la apariencia de un país que empezaba a despertar del letargo de un Estado omnipresente. Gestores globales de dinero le dieron el visto bueno. Con una clase media en crecimiento, Brasil se convirtió en la niña mimada de Wall Street.

Los constituyentes de Lula en la izquierda radical no estaban conformes. Habían esperado mucho tiempo para que su candidato llegara al poder. Lo que no lograron con las balas en los días de la guerra de guerrillas, lo obtuvieron en las urnas, librando al país de cualquier semblanza de capitalismo, o al menos eso fue lo que creyeron. Lula no cumplió tales promesas, lo que fue interpretado como una traición.

El problema de los socialistas radicales fue que los brasileños empezaron a prosperar gracias a las políticas de cuasi-mercado de Lula. La baja inflación y un nuevo programa de asistencia social para los más pobres erosionaron el atractivo del radicalismo. Mientras el capital seguía llegando a raudales a Brasil, el real se mantuvo fuerte y el futuro lucía prometedor. Las expectativas se elevaron.

El gobierno de Lula no escatimó gastos para ayudar a la persona que había elegido para sucederlo a alcanzar la victoria. Desde que llegó al poder, Rousseff ha gastado también a manos llenas. Además, ha cometido una serie de errores de políticas que han agravado el derroche fiscal.

Para entender el aterrizaje de Brasil, es bueno tener en cuenta que la fortaleza del real, con todos sus beneficios, desnudó la debilidad competitiva de los fabricantes del país. En lugar de dejar que se adaptaran, el gobierno intervino con fuerza en los mercados de divisas para intentar debilitar la moneda y reforzó el proteccionismo.

John Welch, estratega de América Latina del Canadian Imperial Bank of Commerce CM.T -0.01% subraya que Brasil elevó a 25% el año pasado los aranceles sobre las importaciones de 100 bienes de capital. "Además", me escribió Welch por correo electrónico el sábado, "el gobierno aumentó a 60% las reglas de contenido local en concesiones en exploración y producción de petróleo (en aguas profundas), generación de electricidad, carreteras y proyectos de infraestructura que involucran al gobierno. Si a esto le añadimos la política obsesiva de debilitar el real, el colapso de la inversión en 2012 no es de extrañar".

La desaceleración económica está aumentando los temores de los inversionistas acerca de la disposición del gobierno a recuperar la disciplina fiscal. El viernes, Alberto Ramos, analista de mercados emergentes de Goldman Sachs, GS -2.59% advirtió en un informe que la política fiscal de Brasil "se está volviendo cada vez más expansionista".

Ramos señaló que la actual tasa de desempleo de 5,8% constituye un mínimo histórico para Brasil. Pero el PIB del país descendió a 0,9% el año pasado y la inflación, que incluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, se ubica en 6,7%. La inflación acumula un alza en doce meses de 8,3% en los bienes cuyos precios no son controlados, y de 9,8% en los bienes no transables, como servicios.

Los brasileños tienen otras quejas. Adoran el fútbol, pero la inauguración de unos 10 estadios de cara al Mundial del próximo año parece una cachetada a los muchos que están descontentos con el deterioro de las carreteras, hospitales y otros servicios públicos. Rousseff ha hecho algunos esfuerzos para controlar la notoria corrupción de su partido, pero no han sido suficientes.

De todos modos, vale la pena preguntarse quién organizó tan bien los bloqueos de las carreteras y los actos de vandalismo que se desataron en el país luego de un aumento anual en las tarifas de los autobuses. Hay evidencia sólida de que se trata de grupos desilusionados y radicales a la izquierda de Rousseff. Las protestas en Porto Alegre, por ejemplo, empezaron bajo el liderazgo de grupos como el Partido Socialismo y Libertad, que fue fundado por ex miembros del PT expulsados por oponerse a la reforma de pensiones de Lula.

Utilizando un mensaje en contra del estatus quo y las redes sociales, los organizadores no han tenido problemas para atraer a los jóvenes de distintos colores políticos. Es muy probable que la mayoría de ellos no sepan que están siendo utilizados.

Rousseff puede solucionar su problema abriendo los mercados brasileños y reconociendo que el Estado no es el motor del crecimiento. O puede negociar con los organizadores de las manifestaciones y restablecer el lugar de Brasil como el perpetuo país del futuro.

O'Grady@wsj.com

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martes, 5 de marzo de 2013

MARY ANASTASIA O'GRADY, CÓMO ACABAR CON LA TIRANÍA DE LA RIQUEZA PETROLERA.

En los 12 meses previos a la elección presidencial de octubre del año pasado, el gasto fiscal en Venezuela aumentó 40% interanual en términos reales, según Francisco Monaldi, profesor visitante en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, que estudia la economía venezolana.
El gasto total en 2012 fue equivalente a un asombroso 51% del Producto Interno Bruto y generó un déficit fiscal de 17% del PIB, el mayor en la historia del país, señala Monaldi. Lo más preocupante es que el incremento del gasto se realizó, en gran parte, a discreción del poder ejecutivo.
Estos datos zanjan de una vez por todas cualquier duda sobre la forma en que Hugo Chávez fue reelecto pese al deterioro de los estándares de vida en el país. De cara a la elección, el mandatario simplemente inundó la economía con clientelismo y otros favores para sus partidarios, como lo había hecho en otros votos importantes en 2004 y 2006. Se levante o no de su lecho de enfermo en La Habana y vuelva al poder, este pasado podría ser un prólogo de lo que puede ocurrir durante muchos años.
El Estado venezolano obtuvo más US$60.000 millones en ingresos petroleros en 2011, haciendo del oro negro su principal fuente de financiamiento para las estratagemas clientelistas de Chávez. Los opositores del chavismo se han preparado desde hace mucho para el día en el que los precios del crudo colapsen y las elecciones ya no se puedan comprar. Mientras tanto, han tratado de presentarse —como lo hizo el candidato Henrique Capriles el año pasado— como gestores más capacitados que los propios chavistas para administrar el gran número de programas sociales del gobierno. Esto no los conduce a ninguna parte y la caída de los precios del crudo aún podría tardar en llegar.
Monaldi, junto a los economistas venezolanos Pedro Rodríguez y José Morales, tiene una mejor idea. En un trabajo publicado en septiembre por el Centro para el Desarrollo Global, proponen ofrecer a los venezolanos un plan para reemplazar muchos de los subsidios y programas sociales del gobierno financiados por los ingresos petroleros con "pagos universales, transparentes y regulares" a los ciudadanos.
Los autores sostienen que este "mecanismo de distribución directa" sería una forma más equitativa de distribuir la riqueza proveniente de las vastas reservas petroleras del país y mejoraría la situación de los venezolanos. Promocionar esta idea al electorado tal vez sea una de las pocas cartas que le quedan a la oposición por jugar.
Cuesta negar que Venezuela sea actualmente una dictadura. Pero las ideas aún importan, porque las dictaduras se caen cuando las masas se vuelven en contra de ellas. Conforme la economía se estanque este año, el gobierno podría tener que reconocer que Chávez no regresará. Haya o no una nueva elección, como lo exige la Constitución, el terreno será fértil para cultivar las semillas del cambio.
Los puristas prefieren acabar con el dominio de la petrolera estatal y abrir el sector a una competencia plena. No obstante, una solución de libre mercado para la decadencia de Venezuela probablemente no ganará adeptos en un país donde la dependencia del Estado se ha vuelto una forma de vida y donde la reputación del capitalismo se vio gravemente dañada durante los años de favoritismo y corrupción previos a Chávez.
Una alternativa más persuasiva es el mecanismo de distribución directa, que aseguraría que la población se beneficie de la riqueza petrolera del país al tiempo que aborda lo que los autores llaman los "efectos corrosivos" del crudo en manos del Estado.
Cuando el Estado utiliza los gravámenes petroleros de un pequeño grupo de productores para financiar el gobierno, rompe la conexión que los votantes normalmente hacen entre lo que pagan en impuestos y lo que esperan recibir en servicios, lo que los autores llaman "dividendos de gobierno positivo". Además, cuando el Estado puede distribuir a discreción los frutos de la extracción petrolera sin obligación de rendir cuentas, es probable que los use para recompensar a sus aliados políticos.
Bajo este mecanismo, el pago directo de los ingresos petroleros es posteriormente gravado. De esta forma, el costo de financiar los programas del gobierno recae en los contribuyentes. Según los autores, el costo de gestionar el Fondo de Desarrollo Nacional, o Fonden, y "varios programas sociales", incluyendo lo que Chávez llama "misiones", fue de casi US$125.000 millones entre 2003 y 2011, lo que equivale a unos US$480 anuales por persona.
¿Es probable que los venezolanos acepten la idea? Los autores dicen que sí, a pesar de que que el candidato opositor Manuel Rosales haya presentado una variante de la propuesta en 2006. Realizaron una serie de focus groups con familias de bajos ingresos y se encontraron con un considerable respaldo para un sistema que deposite los pagos en la cuenta bancaria personal de cada ciudadano, en lugar de la idea de Morales de emitir una tarjeta de débito. Hubo incluso más apoyo para un sistema que otorgue vales "que puedan ser usados en la institución preferida" para salud y educación. En ambos casos, los sondeados respaldaron con firmeza la "universalidad" de los pagos.
Los autores aluden a una reciente encuesta que halló que "67,5% de los venezolanos no creen que se hayan beneficiado de los ingresos petroleros del país durante el gobierno de Chávez". Eso representa una oportunidad para la oposición, a menos que, por supuesto, quieran preservar el sistema actual para sus propios propósitos y sólo cambiar a los actores.
O'Grady@wsj.com

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lunes, 28 de enero de 2013

MARY ANASTASIA O'GRADY, CÓMO ACABAR CON LA TIRANÍA DE LA RIQUEZA PETROLERA

En los 12 meses previos a la elección presidencial de octubre del año pasado, el gasto fiscal en Venezuela aumentó 40% interanual en términos reales, según Francisco Monaldi, profesor visitante en la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, que estudia la economía venezolana.
El gasto total en 2012 fue equivalente a un asombroso 51% del Producto Interno Bruto y generó un déficit fiscal de 17% del PIB, el mayor en la historia del país, señala Monaldi. Lo más preocupante es que el incremento del gasto se realizó, en gran parte, a discreción del poder ejecutivo.
Estos datos zanjan de una vez por todas cualquier duda sobre la forma en que Hugo Chávez fue reelecto pese al deterioro de los estándares de vida en el país. De cara a la elección, el mandatario simplemente inundó la economía con clientelismo y otros favores para sus partidarios, como lo había hecho en otros votos importantes en 2004 y 2006. Se levante o no de su lecho de enfermo en La Habana y vuelva al poder, este pasado podría ser un prólogo de lo que puede ocurrir durante muchos años.
El Estado venezolano obtuvo más US$60.000 millones en ingresos petroleros en 2011, haciendo del oro negro su principal fuente de financiamiento para las estratagemas clientelistas de Chávez. Los opositores del chavismo se han preparado desde hace mucho para el día en el que los precios del crudo colapsen y las elecciones ya no se puedan comprar. Mientras tanto, han tratado de presentarse —como lo hizo el candidato Henrique Capriles el año pasado— como gestores más capacitados que los propios chavistas para administrar el gran número de programas sociales del gobierno. Esto no los conduce a ninguna parte y la caída de los precios del crudo aún podría tardar en llegar.
Monaldi, junto a los economistas venezolanos Pedro Rodríguez y José Morales, tiene una mejor idea. En un trabajo publicado en septiembre por el Centro para el Desarrollo Global, proponen ofrecer a los venezolanos un plan para reemplazar muchos de los subsidios y programas sociales del gobierno financiados por los ingresos petroleros con "pagos universales, transparentes y regulares" a los ciudadanos.
Los autores sostienen que este "mecanismo de distribución directa" sería una forma más equitativa de distribuir la riqueza proveniente de las vastas reservas petroleras del país y mejoraría la situación de los venezolanos. Promocionar esta idea al electorado tal vez sea una de las pocas cartas que le quedan a la oposición por jugar.
Cuesta negar que Venezuela sea actualmente una dictadura. Pero las ideas aún importan, porque las dictaduras se caen cuando las masas se vuelven en contra de ellas. Conforme la economía se estanque este año, el gobierno podría tener que reconocer que Chávez no regresará. Haya o no una nueva elección, como lo exige la Constitución, el terreno será fértil para cultivar las semillas del cambio.
Los puristas prefieren acabar con el dominio de la petrolera estatal y abrir el sector a una competencia plena. No obstante, una solución de libre mercado para la decadencia de Venezuela probablemente no ganará adeptos en un país donde la dependencia del Estado se ha vuelto una forma de vida y donde la reputación del capitalismo se vio gravemente dañada durante los años de favoritismo y corrupción previos a Chávez.
Una alternativa más persuasiva es el mecanismo de distribución directa, que aseguraría que la población se beneficie de la riqueza petrolera del país al tiempo que aborda lo que los autores llaman los "efectos corrosivos" del crudo en manos del Estado.
Cuando el Estado utiliza los gravámenes petroleros de un pequeño grupo de productores para financiar el gobierno, rompe la conexión que los votantes normalmente hacen entre lo que pagan en impuestos y lo que esperan recibir en servicios, lo que los autores llaman "dividendos de gobierno positivo". Además, cuando el Estado puede distribuir a discreción los frutos de la extracción petrolera sin obligación de rendir cuentas, es probable que los use para recompensar a sus aliados políticos.
Bajo este mecanismo, el pago directo de los ingresos petroleros es posteriormente gravado. De esta forma, el costo de financiar los programas del gobierno recae en los contribuyentes. Según los autores, el costo de gestionar el Fondo de Desarrollo Nacional, o Fonden, y "varios programas sociales", incluyendo lo que Chávez llama "misiones", fue de casi US$125.000 millones entre 2003 y 2011, lo que equivale a unos US$480 anuales por persona.
¿Es probable que los venezolanos acepten la idea? Los autores dicen que sí, a pesar de que que el candidato opositor Manuel Rosales haya presentado una variante de la propuesta en 2006. Realizaron una serie de focus groups con familias de bajos ingresos y se encontraron con un considerable respaldo para un sistema que deposite los pagos en la cuenta bancaria personal de cada ciudadano, en lugar de la idea de Morales de emitir una tarjeta de débito. Hubo incluso más apoyo para un sistema que otorgue vales "que puedan ser usados en la institución preferida" para salud y educación. En ambos casos, los sondeados respaldaron con firmeza la "universalidad" de los pagos.
Los autores aluden a una reciente encuesta que halló que "67,5% de los venezolanos no creen que se hayan beneficiado de los ingresos petroleros del país durante el gobierno de Chávez". Eso representa una oportunidad para la oposición, a menos que, por supuesto, quieran preservar el sistema actual para sus propios propósitos y sólo cambiar a los actores.
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sábado, 24 de noviembre de 2012

MARY ANASTASIA O'GRADY, ARGENTINA SE QUEDA SIN DINERO DE LOS DEMÁS, FUENTE: WALL STREET JOURNAL

Once años después de una crisis de la deuda y de divisas que provocó la caída del gobierno del presidente Fernando de la Rúa, la Argentina está de nuevo amenazando con desbordarse en descontento. Se estima que 700.000 porteños marcharon 8 de noviembre en Buenos Aires (población 3,1 millones), para expresar su oposición a presidir nt Cristina Kirchner . Ev es lo que permite la exageración de los proponentes que proporcionaron la estimación, que era una gran cosa.
Naturalmente, desde helicópteros privada propiedad o explotados por no estar autorizados a volar sobre el evento (Hugo Chávez no les permite durante las protestas en Venezuela tampoco), es difícil medir el tamaño de la multitud. Pero la manifestación en Buenos Aires-, así como pequeñas marchas realizadas el mismo día en otras ciudades, fue significativa.
Kirchner, quien fue elegido para un segundo mandato de cuatro años en octubre de 2011 con el 54% de los votos, parece estar en problemas políticos profundos. Para entender por qué, 1976 retirada del primer ministro Margaret Thatcher advertencia de que los socialistas "siempre acaba el dinero de otras personas.
En la medida en que ha tenido éxito, el modelo económico de Kirchner se ha basado en el default de 2001 en $ 100 mil millones en deuda e interés, un peso más débil, el proteccionismo, la confiscación de la propiedad privada, los controles de capital, contratos rotos y los altos impuestos. En otras palabras, ha dependido de dinero de otras personas. Ahora, cuando la señora Thatcher advirtió que el dinero se está acabando.
En el segundo trimestre, la economía se contrajo un 1,4%. El Buenos Aires-sede en la Fundación tanque para América Latina Investigación Económica (conocido por sus siglas españolas FIEL) prevé un crecimiento del PIB de 2012 sólo el 1,5%. La inflación estimada por economistas independientes en casi un 25% anual. Como los salarios se ajustan al alza para compensar la pérdida de poder adquisitivo, los trabajadores están siendo empujados a tramos impositivos más altos. Los argentinos que viajan al extranjero ahora tiene que explicar sus planes a los burócratas del gobierno, si quiere comprar divisas.
Añadir estas cuestiones de bolsillo para la creciente tasa de crímenes violentos, repitiéndose escándalos de corrupción, el aumento de los esfuerzos antidemocráticos para silenciar los medios independientes y pronunciamientos de círculo interior de Kirchner que quiere enmendar la constitución para que le permita postularse para un tercer mandato. El gobierno de Kirchner también enfureció a los líderes laborales por dejar saber que planea cambiar el control sindical de cientos de millones de dólares en primas de cuidado de la salud para el gobierno.
Ahora la pregunta de los $ 64,000 (405.000 en devaluados pesos argentinos que sólo 11 años atrás estaban a la par con el dólar) es si lo que parece ser el rechazo nacional de la política gobernante clase argentino va a llegar a ser un punto de inflexión en los 10 años, desviación hacia la izquierda de la política económica del país.
Vamos a establecer que la única cosa que une a los manifestantes es su descontento con el statu quo. Algunos argentinos siempre hemos entendido la miopía de economía de Kirchner y su consolidación peligroso del poder. Pero muchos otros están enfadados, simplemente porque el estado de bienestar ya no es capaz de ofrecer. La verdad es que lo siento pocos líderes de oposición u organizadores de base a favor de una economía libre, y eso significa que el país está lejos de cualquier revolución en el mercado.
La buena noticia es que ahora parece que la candidatura de Kirchner para cambiar la Constitución para permitir un tercer mandato será derrotado en el Congreso. Y a menos que la economía rebota fuertemente, su ala del partido peronista podría sufrir pérdidas importantes en las elecciones legislativas de medio término del próximo año.
Sin embargo, la señora Kirchner se ha contado antes. En 2008, cuando las consecuencias de la crisis financiera de EE.UU. estaba barriendo el globo y el financiamiento del comercio se había derrumbado, trató de aumentar los impuestos a la exportación en el sector agrícola a niveles confiscatorios. Eso provocó una rebelión entre los agricultores que, unidos por sus oponentes urbanas, logró bloquear la medida. Su popularidad se hundió un 20%.
El crecimiento económico se desaceleró a 0,9% en 2009. Gracias a la creación de dinero generoso los EE.UU. la Reserva Federal, sin embargo, los precios de los productos básicos se disparó en 2010 y "la presidenta" de nuevo tenía el viento a su espalda. El crecimiento del PIB de ese año fue de 9,2%. En 2011, cuando se postuló para la reelección, que fue del 8,9%.
Un resurgimiento similar en la actividad económica o de alguna otra sorpresa podría salvar a la señora Kirchner. Pero por ahora ella está haciendo la señora Thatcher mirar francamente profético: el perfil de riesgo del país es la escalada y su reputación de honrar los contratos que se hunden a nuevos mínimos después de que el gobierno tomó el control de la empresa petrolera YPF de padres españoles Repsol REP.MC 2,84% este año.
No hay duda de que algo sucedió el 8 de Noviembre, a pesar de la estimación del gobierno de que sólo 70.000 salieron a protestar. "Lo que hay que tener en cuenta es que esta gente era, con diferencia, el más grande visto desde la recuperación de la democracia en nuestro país en 1983", Julio Saguier, presidente de la corporación La Nación, que publica el diario del mismo nombre, me dijo desde Buenos Aires el miércoles. Lamentablemente, los paralelismos entre este gobierno y la dictadura militar que fue finalmente derrotado en ese momento no se acaban ahí.
O'Grady@wsj.com

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