El presidente de Colombia Juan Manuel Santos
dice que ahora sabe por qué tantos colombianos se opusieron a su reelección, la
cual ganó en una disputada segunda vuelta en junio: no confiaban en sus
negociaciones en La Habana con el grupo terrorista marxista conocido como las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Santos me dijo en una reciente entrevista en
Nueva York que su gobierno ha llevado a cabo un estudio para entender a
aquellos que no votaron por él. Muchos, en su opinión, creían que está
“planeando darle la economía a Castro o Chávez, o deshacerse del Ejército o
poner a un comandante de las FARC como jefe de la policía o expropiar el
territorio alrededor de las ciudades”. Ahora se ha dado cuenta de que
“subestimó el poder de tal cantidad de mentiras” y “nunca creyó que la gente
las creería”.
Es por eso que el mes pasado “pusimos las
cosas en claro al publicar lo que se ha acordado” en las negociaciones de La
Habana, para mostrar que “no estamos entregando al país a los brazos del
comunismo”. No obstante, la publicación de acuerdos parciales podría aumentar
la desconfianza de los colombianos.
Las negociaciones secretas entre las FARC y
el gobierno de Santos se habían llevado a cabo en La Habana durante un año
antes de que se hicieran públicas en agosto de 2012. El 4 de septiembre de
2012, Santos dio un discurso en el que dijo que “las conversaciones no tendrán
tiempo ilimitado, se medirán en meses, no en años”. El presidente asegura ahora
que expresó eso como su “esperanza”. Aún cree que las FARC negocian de buena
fe, pese a sus continuos ataques a los civiles y la infraestructura.
Le pregunté a Santos sobre la acusación en
Colombia de que sus negociaciones ponen a los terroristas de las FARC al mismo
nivel moral con la democracia. “Qué extraño que la misma gente que dice eso se sentó
por dos años con los mismos terroristas, u otro grupo al mismo nivel, [el
Ejército de Liberación Nacional] en Cuba”, dijo. “La única diferencia es que mi
predecesor falló y yo, hasta el momento, he tenido éxito”.
Su predecesor, el ex presidente Álvaro Uribe
Vélez, ha hablado públicamente en los últimos años sobre sus esfuerzos por
llegar a un acuerdo con las FARC para liberar a secuestrados. En dos ocasiones
extendió una propuesta en buena fe, pero las FARC no cumplieron con sus
compromisos. Uribe también me dijo la semana pasada en un email que su gobierno
exploró un diálogo con el ELN en La Habana. Dijo que su esfuerzo no fructificó
porque los rebeldes se negaron a su condición de que cesaran su actividad
criminal. El gobierno de Santos no respondió a mis solicitudes de copias de los
documentos que Santos asegura que muestran que “absolutamente no hay
diferencia” entre los dos esfuerzos por la paz. Sólo me envió un refrito de
notas de prensa de lo que ya se sabe sobre las iniciativas de Uribe.
Las FARC ven una diferencia. En septiembre
escribieron en su sitio web que negocian con el gobierno de Santos porque este
reconoce la violencia como un “conflicto armado” (esto, por supuesto les da
estatus beligerante), mientras que Uribe siempre ha insistido en que no son más
que terroristas.
En cuanto al éxito que se atribuye Santos,
aún está muy lejano. La periodista María Isabel Rueda escribió en una columna
en el diario colombiano El Tiempo del 28 de septiembre que el número de temas
“pendientes” en los acuerdos parciales la “sorprendió”. Le preguntó a Alfredo
Rangel, un prominente politólogo colombiano y actual senador de la oposición,
qué tan importantes son.
Sus ejemplos de lo que queda por negociarse
incluyen los derechos de propiedad rural, los acuerdos de libre comercio,
política minera y de energía, y la desmilitarización del campo. Rangel asegura
que la agenda aún incluye negociaciones sobre la “democratización de la
información y la comunicación”, lo cual sugiere un mayor control estatal de los
medios y suena como sacado del libreto de Hugo Chávez. Otra meta, el “control
popular de los tratados internacionales” implica un debilitamiento del gobierno
representativo mientras que la “suspensión total de la fumigación” para
destruir las plantas de coca es crucial para la financiación de las FARC.
Santos también dijo que aunque no habrá
impunidad para aquellos que hayan cometido crímenes de lesa humanidad, “cómo se
define la cárcel y qué tipo de cárcel, esas son cosas que tenemos que
negociar”.
Tales discusiones ponen nerviosos a muchos
colombianos, al igual que la idea de que las guerrillas obtengan derechos
políticos especiales, que es otro tema de negociación. Lo más preocupante es la
sugerencia del gobierno de que podría poner la aprobación final del acuerdo a
consideración del país como un voto a favor o en contra en vez de pedir una
aprobación punto por punto.
Le pregunté a Santos si los rebeldes merecen
la legitimidad que las negociaciones les conceden. “¿Cuál sería la
alternativa?”, respondió. “¿No negociar y continuar viviendo con el terrorismo
y otros 50 años de guerra?”.
Eso sugiere a algunos que los terroristas
tienen al gobierno justo donde lo quieren. No es de sorprenderse que los
colombianos sigan sin convencerse de que el país pueda deshacerse de este
terror mafioso a través de las negociaciones sin sacrificar la libertad.
Mary Anastasia O'Grady
O'Grady@wsj.com
@MaryAnastasiaOG
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