El
país está siendo devastado por el delito y el ejercicio de un poder político
que ha dado luz verde al imperio de la brutalidad. En el cual, cada vez más a
menudo toda persona no puede desarrollar libremente su personalidad, pues el
tratamiento a que se le somete tiende, por su naturaleza, a despojarlo de toda
voluntad de resistencia.
Difícilmente se puede hallar en la actualidad a un
venezolano que no esté atemorizado, que no sienta la necesidad de protección
para llevar a cabo una vida digna. Existen vastos sectores sociales que no
reconocen la hegemonía de la ley. Ni los límites morales.
Hoy tenemos un país
donde el Estado creció para manejar los negocios públicos y privados, pero no
para cumplir su rol de garante del orden público, de proteger y dar seguridad a
los ciudadanos, de referente de la educación y de responsable último de la
salud y alimentación.
Aún
más, pisoteando los derechos elementales del individuo no se mejora una
situación política, económica y social. Y mucho más, si en general se actúa
como mejor conviene a los intereses de un socialismo que consiste en tratar a
los adversarios, a los opositores- incluso a algunos que no comparten la
ideología oficial- como enfermos mentales o fascistas.
El
país vive en incertidumbre y con miedo. El asesinato de la Joven Mónica Spear y
de su esposo no es sólo un asesinato; es la descripción precisa de una sociedad
abandonada a su suerte -durante década y media- donde el ciudadano se siente
inseguro para caminar por la calle, para estar sin sobresalto en el hogar, para
no ser asaltado al salir de un banco o al transitar con el vehículo en horas de
la noche. Los venezolanos reclaman eficacia, de parte de las autoridades. La
gente quiere estar resguardada por la autoridad. Hoy día, existe prevención frente
a los funcionarios policiales, la guardia nacional y el ejército. Ese
sentimiento nace del hecho de que en muchos casos personas que prestan servicio
en los organismos policiales y en esas instituciones estén ligadas al hampa,
cometen delitos y tienen antecedentes.
Hoy
día, a la inseguridad personal en la calle, se agrega la inseguridad judicial.
El sistema jurídico venezolano, en la actualidad, no es un mecanismo de
protección frente a la arbitrariedad, pues no hay un poder judicial
independiente, está al servicio de una supuesta revolución y no de los
ciudadanos.
No
hay duda alguna de que la sociedad venezolana está hoy más politizada. Se ha
agudizado la conciencia de la gente ante los problemas fundamentales. Pero al
mismo tiempo se advierte una tendencia por parte del gobierno de ocultar su
fracaso, de restarle importancia a la inseguridad. Maduro pidió no politizar el
asesinato de Mónica Spear y su esposo. De hecho no hay nada más político que
los constantes intentos de excluir cierto tipo de problemas de la política.
Esta estrategia de despolitización lo que busca es evitar que se tome una
postura clara ante la violencia. Lo que en realidad están pidiendo es que nos
abstengamos de participar en la política. En decisiones que son muy importantes
para nuestras vidas. Primero que nada se necesita voluntad y decisión política
para ir a fondo. La inseguridad es un problema
que afecta a todos los venezolanos.
sxmed@hotmail.com
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