OSWALDO ÁLVAREZ PAZ: NO HAY MARGEN PARA ERRORES (DESDE EL PUENTE)

En el mundo del béisbol decimos ocasionalmente que “los errores son del juego”. Y así es. La frase normalmente se usa para justificar derrotas producto de fallas en el propio equipo. Pues bien, la alternativa democrática tiene que jugar un juego perfecto para derrotar al régimen. Es perfectamente posible si hacemos bien las cosas.

Primero y principal, clarificar el objetivo y diseñar conjuntamente la estrategia para alcanzarlo. Esto trasciende lo estrictamente electoral aunque lo incluye. No es poca cosa participando en dos procesos, primarias y presidenciales, bajo la dirección de un Consejo Nacional Electoral convertido en la oficina de asuntos electorales del régimen. Es decir, sin árbitro confiable.

Sin embargo la victoria es posible de manera impecable. Se sabe donde están los puntos críticos, los peligros abiertos y encubiertos derivados de las competencias del CNE que puedan afectarnos.

También conocemos de los criterios excluyentes que ya están aplicando en la preparación de las distintas etapas. Hay como superar sus efectos. Una de las cosas fundamentales no está bajo la responsabilidad del ente electoral, sino de la MUD y de las estructuras que en cada organización se ocupan de la organización electoral. Movilización de votantes y control exigen la presencia de miembros de mesas, testigos, coordinadores nuestros en cada centro de votación, vigilancia y seguimiento a todas las actuaciones del oficialismo incluido lo relativo al Registro Electoral, cedulaciones de los últimos años, multiplicación de mesas y los criterios para las “migraciones” de electores, el rol y oportunidad de los observadores nacionales e internacionales, y sobre el Plan República, incluidos los paramilitares milicianos. Si estamos en todas partes al mismo tiempo, el objetivo será alcanzado.

Lo segundo, pero no menos importante, tiene que ver con las relaciones de los grupos que integran la alternativa democrática y los aspirantes. Para lo primero es indispensable acuerdos honestos para que el nombramiento de los funcionarios y encargados sea de común acuerdo.

Si hay partidos o candidatos que juegan a obtener ventajas inmediatas, se abrirá la puerta para que los “errores mentales o materiales” obstaculicen el triunfo así algún grupo insensato satisfaga su ego. Para lo segundo es indispensable la lealtad con el país.

Sé que no es fácil. Pero se trata de jugar limpio entre nosotros o, simplemente, no jugar. El enemigo ya está tratando de enredarnos. Apelan al soborno, a la adulación, a la descalificación artera y calumniosa con cierto silencio de algunos que deberían actuar con mayor claridad. Apelarán a todo para retener el poder. A la represión indiscriminada, a la violencia física e institucional. Los malandros del chavismo no son, ni serán “buenandros” como aspira Chávez, en materia electoral.

Por favor, no descuidemos la elección presidencial pensando más de la cuenta en gobernaciones y alcaldías.

oalvarezpaz@gmail.com 

Lunes, 7 de noviembre de 2011

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AYN RAND: SOBRE LA NATURALEZA DE UN GOBIERNO

Un gobierno es una institución que posee el poder exclusivo de forzar ciertas reglas de conducta social en un área geográfica.

¿Necesitan los hombres tal institución y por qué?

Ya que la mente del hombre es su herramienta básica para sobrevivir, su instrumento para obtener conocimientos y guiar sus acciones, la condición básica que necesita es la libertad de pensar y actuar de acuerdo con su juicio racional. Esto no quiere decir que el hombre debe vivir solo y que una isla desierta es el ambiente que mejor satisface sus necesidades. El hombre puede derivar beneficios enormes de la cooperación con otros. El ambiente social es el que más conduce para su supervivencia exitosa, pero solamente en ciertas condiciones.

"Los dos grandes valores que se pueden obtener de la existencia social son: conocimientos e intercambio. El hombre es la única especie que puede transmitir y expandir cúmulos de conocimientos de generación en generación; los conocimientos que potencialmente están al alcance del hombre son mucho mayores que lo que un solo hombre pudiese comenzar a adquirir en una vida; cada hombre obtiene beneficios incalculables de los conocimientos descubiertos por otros. 

El segundo gran beneficio es la división del trabajo: permite que un hombre dedique su esfuerzo a un campo particular de trabajo y que intercambie con otros, quienes se especializan en otros campos. Esta forma de cooperación permite a todos los hombres que participan en ella adquirir mayores conocimientos, destreza y beneficios productivos de su trabajo que lo que lograrían si cada uno tuviera que producir todo lo que necesita, ya en una isla desierta o en una unidad agrícola autosuficiente.

"Pero estos mismos beneficios indican, delimitan y definen qué clase de hombres pueden ser de valor uno para el otro, y en qué clase de sociedad: únicamente hombres racionales, productivos e independientes, en una sociedad racional, productiva y libre". (The Objectivist Effects).

Una sociedad que roba al individuo el producto de su esfuerzo, o lo esclaviza, o pretende limitar la libertad de su mente, o le obliga a actuar en contra de su juicio personal una sociedad que establece un conflicto entre sus leyes y los requerimientos de la naturaleza del hombre no es, hablando estrictamente, una sociedad, sino una chusma unida por leyes de pandilla institucionalizada.

Tal sociedad destruye todos los valores de la coexistencia humana, no tiene justificación posible y representa, no una fuente de beneficio, sino la amenaza más mortal incomparablemente a la supervivencia del hombre. La vida en una isla desierta, es más segura y preferible a la existencia en la Rusia soviética o en la Alemania nazi.

Si los hombres han de vivir juntos en una sociedad pacífica, productiva y racional, y tratar uno con el otro para beneficio mutuo, tienen que aceptar el principio básico social, sin el cual no es posible una sociedad moral o civilizada: el principio de los derechos individuales.

Reconocer los derechos individuales significa reconocer y aceptar las condiciones que requiere el hombre por su naturaleza para sobrevivir adecuadamente.

Los derechos del hombre pueden ser violados únicamente por la fuerza física. Es únicamente por medio de la fuerza física que un hombre puede quitarle a otro la vida o esclavizarlo o robarle, o impedir que otro persiga sus propias finalidades, u obligarlo a actuar contra su propio juicio racional.

La precondición de una sociedad civilizada es la prohibición de la fuerza física en las relaciones sociales, estableciendo así el principio que si el hombre desea tratar uno con el otro, puede hacerlo únicamente por medio de la razón: mediante discusión, persuasión y acuerdo voluntario sin coerción. La consecuencia necesaria del derecho del hombre a su vida, es su derecho a defenderse. En una sociedad civilizada la fuerza puede utilizarse únicamente en vía de represalia y únicamente contra aquellos que iniciaron su uso. Todas las razones que convierten la iniciación de fuerza física en un mal, convierten el uso de la fuerza física en vía de represalia, un imperativo moral.

Si una sociedad "pacifista" renunciara al uso de la fuerza en vía de represalia, ella quedaría inútilmente a la merced del primer rufián que decidiese actuar inmoralmente. Tal sociedad lograría lo opuesto a su propia intención: en vez de abolir el mal, lo fomentaría y gratificaría.

Si una sociedad no provee protección organizada contra la fuerza, obligaría a cada ciudadano a vivir armado, convertir su hogar en una fortaleza, y disparar a los extraños que se acercasen a su puerta, o a asociarse a una pandilla de ciudadanos para protegerse, quienes pelearían con otras pandillas, formadas para el mismo propósito, y así traería la degeneración de esa sociedad al caos: al dominio por pandilla, es decir, gobierno por fuerza bruta, hacia la guerrilla de tribu típica de salvajes prehistóricos.

El uso de la fuerza física aun en vía de represalia no puede dejarse a la discreción de los ciudadanos individuales. La coexistencia pacífica es imposible si el hombre tiene que vivir bajo la amenaza constante del uso de la fuerza bruta por parte de sus vecinos en cualquier momento. Ya sea que las intenciones de sus vecinos sean buenas o malas, que sus juicios sean racionales o irracionales, que estén motivados por un sentido de justicia o por ignorancia o prejuicio o malicia, el uso de la fuerza contra un hombre no puede dejarse a la decisión arbitraria de otro.

Visualice, por ejemplo, qué pasaría si un hombre perdiese su cartera, concluyese que se la han robado, y entrase en todas las casas del vecindario a buscarla, matando al primer hombre que le mirase en forma sospechosa, tomando tal mirada como prueba de culpabilidad.

El uso de la fuerza de represalia requiere reglas objetivas para establecer pruebas de que un crimen ha sido cometido y probar quién lo ha cometido, así como también reglas objetivas para definir castigos y procedimientos para implementarlos. Los hombres que pretenden perseguir crímenes sin tales reglas, constituyen una chusma furiosa. Si una sociedad dejase el uso de la fuerza represiva en las manos de ciudadanos individuales, degeneraría hacia la ley de la jungla y hacia una serie interminable de vendetas y guerras privadas.

Si la fuerza física va a ser excluida de las relaciones sociales, el hombre necesita una institución encargada de la tarea de proteger sus derechos y supeditada a un código objetivo de reglas.

Esta es la función de un Gobierno de un legítimo Gobierno, su función primordial, su única justificación moral y la razón por la cual los hombres sí necesitan un gobierno.

Un gobierno es el medio que coloca el uso de la fuerza física represiva bajo el control objetivo. Es decir, bajo leyes definidas objetivamente.

La diferencia fundamental entre una acción privada y una acción gubernamental, una diferencia completamente ignorada y evadida hoy día descansa en el hecho que el gobierno tiene el monopolio del uso legal de la fuerza física. Tiene que tener tal monopolio, ya que es el agente para restringir y combatir el uso de la fuerza y, por esa misma razón, sus acciones tienen que ser rígidamente definidas, delimitadas, y circunscritas; ni el más ligero capricho o antojo debe serle permitido en el cumplimiento de sus obligaciones; debe actuar como robot impersonal, con la ley como su única fuerza motivadora. Si una sociedad ha de ser libre, su gobierno tiene que estar controlado.

Bajo un sistema social adecuado, un individuo particular es legalmente libre para tomar cualquier acción que desea, siempre que no viole los derechos de otros, mientras que un funcionario gubernamental está limitado por ley en cada uno de sus actos oficiales. Una persona individual puede hacer todo aquello excepto lo que está legalmente prohibido; un funcionario gubernamental no puede hacer nada excepto aquello que está legalmente permitido.

Esta es la manera de subordinar la "fuerza" al "derecho". Éste es el concepto estadounidense de "un gobierno de leyes y no de hombres".

La naturaleza de las leyes propias a una sociedad libre y de la fuente de la autoridad gubernamental, se derivan de la naturaleza o propósito de un gobierno adecuado. El principio básico de ambas está indicado en la Declaración de Independencia: "para afianzar estos derechos (individuales), los hombres instituyen gobiernos derivando su justo poder del consentimiento de los gobernados...".

Ya que la protección de los derechos individuales es la única función propia de un gobierno, igualmente la es la única función impropia de la legislación: todas las leyes deben estar basadas en los derechos individuales y dirigidas hacia su protección. Todas las leyes deben ser objetivas (y objetivamente justificables): los hombres deben saber claramente y con anticipación a sus actos, lo que la ley les prohibe hacer (y por qué), qué constituye un delito y cuál es el castigo que sufrirán sí lo cometen.

La fuente de autoridad del gobierno es "el consentimiento de los gobernados". Esto quiere decir que el gobierno no es el mandante, sino el que sirve, el mandatario, o sea un agente de los ciudadanos; eso significa que el gobierno como tal no tiene más derechos excepto los derechos delegados en él por los ciudadanos para un objeto específico.

Existe únicamente un principio básico, al cual el individuo debe consentir si desea vivir en una sociedad libre y civilizada: el principio de renunciar al uso de la fuerza física y delegarle al gobierno su derecho de autodefensa, con objeto de que la implementación sea ordenada, objetiva y legalmente definida, O, poniéndolo de otra manera, debe aceptar la separación de la fuerza y el capricho (cualquier capricho, incluyendo los propios).

Pues bien, ¿qué sucede en caso de desacuerdo entre dos hombres referente a alguna actividad en la cual ambos están involucrados? En una sociedad libre, los hombres no están obligados a tratar unos con los otros. Ellos lo hacen únicamente por acuerdo voluntario y, cuando existe un elemento de tiempo, mediante contrato. Si un contrato es quebrantado por la decisión arbitraria de un hombre, puede causarle daños financieros desastrosos al otro, y la víctima no tendría otro recurso que arrebatarle al que lo ha ofendido su propiedad en vía de compensación. Pero nuevamente, el uso de la fuerza no puede dejarse sujeto a la decisión de individuos particulares. Y esto nos lleva a una de las funciones más importantes y más complejas de un gobierno: la función de árbitro que arregla disputas entre los hombres de acuerdo con leyes objetivas.

Los delincuentes son una pequeña minoría en cualquier sociedad semicivilizada. Pero la protección e implementación de contratos a través de cortes de ley civil, es la necesidad más crucial de una sociedad pacífica; pues, sin tal protección, ninguna civilización podría ser desarrollada o mantenida.

El hombre no puede sobrevivir, como lo hacen los animales, actuando bajo el impulso del momento inmediato. El hombre tiene que proyectar sus finalidades y alcanzarlas a través del tiempo; tiene que calcular sus actos y planificar su vida a largo plazo. Mientras mejor sea la mente del hombre y mientras mayor sus conocimientos, mayor el plazo de su planificación.

Mientras más elevada y compleja una civilización, mayor será el plazo de sus actividades y, por lo tanto, mayor será el plazo de los acuerdos contractuales entre los hombres, y más urgente será su necesidad de proteger la seguridad de tales acuerdos. Y aun una necesidad primitiva a base de trueque no podría funcionar si un hombre, después de haber acordado entregar un quintal de papas a cambio de una canasta de huevos, y después de haber recibido los huevos, rehusara entregar las papas. Visualice las consecuencias de este tipo de acción caprichosa en una sociedad industrializada, donde los hombres entregan millones de dólares de bienes al crédito, o contratan las construcciones de miles de millones, o firman contratos a noventa años.

El rompimiento unilateral de un contrato involucra el uso indirecto de la fuerza física: consiste, en esencia, en que un hombre recibe valores materiales, bienes o servicios de otro, y entonces rehusa pagar por ellos reteniéndolos por la fuerza (por la mera posesión física), y no por derecho, es decir, que los guarda sin el consentimiento de su dueño. 

El fraude involucra un uso similar indirecto de la fuerza: consiste en obtener valores materiales sin el consentimiento del dueño bajo premisas o pretensiones falsas. La extorsión es otra variante del uso indirecto de la fuerza: consiste en obtener valores materiales, no a cambio de valores, sino mediante la amenaza, fuerza, violencia o daño. Algunas de estas acciones evidentemente son criminales. 

Otras, como el rompimiento unilateral de un contrato, puede que no esté motivada criminalmente, pero puede ser causada por irresponsabilidad o irracionalidad. Otros podrán ser asuntos complejos con algo de justicia en ambos lados. Pero sea el caso que fuere, todas esas disputas tienen que sujetarse a leyes objetivamente definidas y tienen que ser resueltas por un árbitro imparcial, aplicando las leyes, en otras palabras, por un juez (y un jurado cuando corresponde). Obsérvese el principio básico que rige a la justicia en todos estos casos: es el principio que ningún hombre puede obtener valores de otros sin el consentimiento del dueño y, como corolario, que los derechos del hombre no pueden abandonarse a la suerte de la decisión unilateral, el juicio arbitrario, o el capricho y juicio irracional de otro hombre.

Tal en esencia, es el fin propio de un gobierno: hacer la existencia social posible a los hombres, mediante la protección de los beneficios y combatiendo los males que los hombres pueden causarse unos a otros.

La función propia de un gobierno cae dentro de tres amplias categorías, todas las cuales involucran el punto del uso de la fuerza y la protección de los derechos del hombre: la Policía, para proteger a los hombres de los criminales; las Fuerzas Armadas, para proteger a los hombres de invasores extranjeros; las Cortes, para decidir disputas de acuerdo con leyes objetivas.

De estas tres categorías se derivan muchas situaciones y corolarios, y su implementación en la práctica, en forma de legislación específica, es enormemente compleja. Pertenece a un campo especial de la ciencia: la filosofía de la ley. Muchos errores y muchos desacuerdos son posibles en el campo de la implementación, pero lo que es esencial aquí, es el principio que ha de implementarse: el principio que el objeto de la ley de un gobierno es la protección de derechos individuales.

Hoy, ese principio está olvidado, ignorado y evadido. El resultado es el presente estado del mundo, con la regresión de la humanidad hacia la tiranía absolutista sin ley, hacia el salvajismo primitivo de gobierno por la fuerza bruta.

En actitud de protesta insensata contra esta tendencia, algunas personas presentan la cuestión de que siendo tales gobiernos tan malos por naturaleza, si no será la anarquía el sistema social ideal. La anarquía, como concepto político, es una abstracción que flota ingenuamente: por todas las razones discutidas antes, una sociedad sin un gobierno organizado estaría a merced del primer criminal que llegase, el cual la precipitaría hacia el caos de las guerrillas pandilleras. 

Pero la posibilidad de inmoralidad humana no es la única objeción a la anarquía: aún en una sociedad donde cada uno de sus miembros fuese completamente racional y sin tacha moral, no podría funcionar en estado de anarquía, es la necesidad de leyes objetivas y de un árbitro para desacuerdos honrados dentro de los hombres que crea la necesidad de establecer un gobierno.

Una variante reciente de la teoría anarquista, que está confundiendo a algunos jóvenes que abogan por la libertad, es el espantoso absurdo llamado "gobiernos en competencia". Aceptando la premisa básica de los modernos estatistas que no ven la diferencia entre las funciones de un gobierno y la función de la industria, entre la fuerza y la producción, y que abogan por la propiedad estatal de los negocios, los proponentes de "gobiernos en competencia" toman el otro lado de la misma moneda y declaran que ya que la competencia es tan beneficiosa para los negocios, debería aplicarse también a los gobiernos. En vez de un solo gobierno monopolista, declaran, debiera existir un número de diferentes gobiernos en la misma área geográfica, compitiendo por la lealtad de los ciudadanos individuales, dejando a cada ciudadano libre de escoger y estar con el gobierno que escoge.

Recordemos que el control del hombre por la fuerza es el único servicio que un gobierno puede ofrecer. Pregúntese qué significaría la competencia en control forzoso.

No puede llamársele a esto una teoría contradictoria en terminología, ya que evidentemente carece de comprensión de los términos "competencias" y "gobierno". Tampoco puede llamársele una abstracción flotante, ya que es carente de cualquier contacto o referencia a la realidad y no puede concretarse, ni siquiera en forma aproximada. Una ilustración será suficiente: supongamos que el Sr. Smith, un cliente del gobierno "A", sospecha que su vecino, el Sr. Jones, quien es cliente del gobierno "E", le ha robado; un destacamento de la policía "A" llega a la casa del Sr. Jones y encuentran en la puerta un destacamento de la policía "B", que declara que no aceptan la validez de la acusación del Sr. Smith y que no reconocen la autoridad del gobierno "A". ¿Qué sucede entonces? Siga usted adelante con el ejemplo.

La evolución del concepto del gobierno ha tenido una larga y difícil historia. Alguna idea de la función propia de un gobierno parece haber existido en toda sociedad organizada, manifestándose en un fenómeno tal como el reconocimiento implícito (aunque a veces no existente) de la diferencia entre un gobierno y una pandilla la aureola de respeto y de autoridad moral otorgada a un gobierno como el guardián de la "ley y el orden", el hecho que aun los gobiernos más malos reconocieron la necesidad de mantener alguna apariencia de orden y alguna pretensión de justicia, aunque fuese únicamente rutina y tradición, y de proclamar más de alguna justificación moral por su poder, ya de naturaleza mística o social. 

Así como los monarcas absolutos de Francia tuvieron que invocar "Los Derechos Divinos de Los Reyes", los dictadores modernos de la Rusia soviética tienen que gastar fortunas en propaganda para justificar su poder ante los ojos de los sujetos esclavizados.

En la historia del hombre, la comprensión de la propia función de un gobierno es de logro reciente. Únicamente tiene 200 años de edad y data de la revolución estadounidense. No solamente identificaron la naturaleza y la necesidad de una sociedad libre, sino encontraron la manera de traducirla a la práctica. Una sociedad libre como cualquier otro producto humano no puede obtenerse por casualidad, mediante el mero deseo ni sólo por la "buena voluntad" de sus líderes.

Un complejo sistema legal, basado en principios de validez objetivos, son requeridos para hacer una sociedad libre y mantenerla libre, un sistema que no depende de las motivaciones, del carácter moral o de las intenciones de algún funcionario público, un sistema que no ofrece oportunidad ni "salidas" para el desarrollo de la tiranía.

El sistema estadounidense de poderes balanceados y limitados consistió en tal hazaña. Y aunque ciertas contradicciones en la Constitución sí dejaron algunas salidas para el crecimiento del estatismo, la hazaña incomparable fue el concepto de una Constitución como medio para limitar y restringir el poder del gobierno.

Hoy día, cuando se está haciendo un gran esfuerzo conjunto para borrar este punto, no se puede repetir con demasiada frecuencia que la Constitución es una limitación al gobierno y no al individuo particular que no ordena la conducta del individuo particular, sino únicamente la conducta de un gobierno-, que no es una carta para poder estatal, sino una carta de protección ciudadana contra el gobierno.

Ahora considere la generalización del concepto moral y político invertido en el concepto prevaleciente de gobierno. En vez de ser un protector de los derechos del hombre, el gobierno se está convirtiendo en el violador más peligroso; en vez de guardar la libertad, los gobiernos están estableciendo esclavitud; en vez de proteger a los hombres de los iniciadores de la fuerza física, los gobiernos están iniciando la fuerza física y coerción en la forma y en los casos que le place. En vez de servir como el instrumento de objetividad en las relaciones humanas, los gobiernos están creando un mortal y subterráneo reinado de la inseguridad y miedo, mediante leyes no objetivas, cuya interpretación se deja a las decisiones arbitrarias de burócratas ocasionales; en vez de proteger a los hombres del daño por caprichos, los gobiernos se abrogan el poder del capricho ilimitado, en tal forma que rápidamente estamos llegando a la etapa de última inversión: la etapa cuando el gobierno es libre de hacer cualquier cosa que le plazca, mientras los ciudadanos actúan únicamente por permiso; que es la etapa de los períodos más oscuros de la historia humana, la etapa de gobierno por la fuerza bruta.

Muchas veces se ha mencionado que a pesar del progreso material, la humanidad no ha alcanzado un grado comparable de progreso moral. Tal expresión generalmente es seguida por alguna conclusión pesimista referente a la naturaleza humana. Es cierto que el estado moral de la humanidad es vergonzosamente bajo. Pero cuando uno considera las monstruosas inversiones morales de los gobiernos (hechas posibles por una moralidad altruista colectivista), bajo la cual la humanidad ha tenido que vivir a través de la mayor parte de su historia, uno principia a asombrarse cómo los hombres han logrado preservar aún un semblante de civilización, y cual vestigio indestructible de autoestimación, lo ha mantenido caminando sobre dos pies.

Uno también principia a ver más claro la naturaleza de los principios políticos que tienen que llegarse a aceptar y a advocar, como parte de la batalla, por el renacimiento intelectual del hombre.

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ANTONIO JOSE MONAGAS: GOBIERNO FANFARRON

Vistas estas realidades desde la óptica politológica, el país se convirtió en un basurero de mentiras en medio de un terreno abonado por un populismo mediático el cual ha venido valiéndose de las mal llamadas “expropiaciones” para adelantar su programa nacional de descomposición de la institucionalidad política y de la democracia social y económica que hasta ahora había prevalecido.

Antonio José Monagas

En nombre de la voz del pueblo, este gobierno ha abusado groseramente de la fuerza para violentar realidades que desdicen de la condición de Estado democrático y social de Derecho y de Justicia tal como lo establece la Constitución de la República. Todo ha devenido en una vulgar contradicción cimentada sobre la improvisación equivocadamente entendida como criterio de planificación del devenir económico y social del país. Toda decisión gubernamental, ha sido reveladora del desconocimiento sobre el estado crítico que ha sobrellevado no sólo buena parte de una sociedad que, por tanta indiferencia, se acostumbró a vivir entre la desesperanza y la inmovilidad. También, de instituciones públicas que perdieron el sentido de la responsabilidad al extremo que se abandonaron a la suerte de una promiscuidad que no ha comprendido la distancia entre el deber social y el poder político. Lo injusto, lo absurdo lo incoherente, son premisas de acción a partir de las cuales adquieren forma diaria los compromisos promovidos desde las más altas esferas de gobierno.

Vistas estas realidades desde la óptica politológica, el país se convirtió en un basurero de mentiras en medio de un terreno abonado por un populismo mediático el cual ha venido valiéndose de las mal llamadas “expropiaciones” para adelantar su programa nacional de descomposición de la institucionalidad política y de la democracia social y económica que hasta ahora había prevalecido.

En el fragor de tan perversa situación, pudiera utilizarse el símil, a manera de parangón con el estilo fachoso–militarista que sigue este régimen, de una Misión Saqueo mediante la cual el gobierno se aprovecha del esfuerzo logrado por otros para desmembrar una economía basada en la propiedad privada. Porque ni siquiera, para provecho de sectores de población desguarnecida, no sólo de los recientes temporales que han azotado media geografía nacional. Sino también, a consecuencia de condiciones socioculturales y socioeconómicas que históricamente han constituido razones obvias de empobrecimiento.

Es así que bajo la configuración ilegal, por inconstitucional, de las impúdicas “expropiaciones”, se ha agrandado el mapa de frustraciones no sólo por parte de quienes le son despojadas y arrebatadas sus propiedades. Igualmente, de quienes son víctimas de la trillada Gran Misión Vivienda cuya racionalidad técnica resulta tan ilógica como obtusa es la promesa de que “en socialismo se vive mejor”. A decir de otras experiencias, no hay duda de que tan atrevidas determinaciones, de la mano del poder vertical presidencial, son de tal grado de inmoralidad, que terminan rayando en la más obscena ilegalidad. De manera que no luce exagerado reconocer que, jurídicamente, constituyen un hurto indebido agravado toda vez que no lleva a ninguna solución. Por el contrario, recrudece el estado de indignación y mengua que aflige un inmenso grupo de la población venezolana en medio de la desolación que ha provocado y promovido un grotesco gobierno fanfarrón.

VENTANA DE PAPEL

PESTILENCIA ELECTORERA

El modo de hacer política, los delata. Sobre todo, cuando la pestilencia propia del ambiente electoral que motiva las decisiones presidenciales de cara a 22012 cunde los cuatro puntos cardinales de la geografía política venezolana. La promesa de dotar de solución habitacional a toda persona que demuestre condición de damnificada, luego de haber perdido su vivienda por mal construida o consecuencia de los invernales aguaceros últimamente caídos, se ha vendido bastante bien. Salvo por lo exagerado de la cifra de viviendas que ha dicho el gobierno alcanzar mediante un vasto (pero imposible) programa de construcción. La tan cacareada Gran Misión Vivienda, está llena de inconsistencias de todo tipo y razón. Sólo la bulla que ha levantado mediante el efecto mediático que ha ordenado el régimen con el apoyo de su abusiva Ley Resorte, le ha valido cierto posicionamiento que ha calado en el entusiasmo y esperanzas de ilusos que siguen creyendo que la palabra de Chávez es voz del pueblo. Tan vil engaño, busca ser compensado a través de “certificados” que avalen al necesitado la entrega de una vivienda para una fecha de dudosa probabilidad. Así seguirá siendo engatusada quien crea los cuentos del “gallo pelón” narrados por el presidente cada vez que encadena las redes de radio y televisión. Aunque cada día le será más escabroso mantener convencida a tanta gente de humilde condición económica. Pero claro, toda esta trampa pudiera utilizarla de carnada para ambientar la correspondiente pestilencia electorera que se aproxima a “paso de perdedores”.

UNIFORMADOS DE ROJO “RETRECHERO”

El alto gobierno pareciera haber reconocido la pedantería sumada al mal gusto en las apariciones públicas de sus más encumbrados funcionarios por lo estrafalario de sus pintas o fachas. Desde el mismo presidente de la República hasta sus más vanidosos directores, incluso los de quinto nivel, no se percataron de lo ridículo que se ven disfrazados de “diablo rojo”. Con el afán de destacar el color rojo, se han convertido en vulgares piezas de un ramplón mercado político cuya propaganda no sólo luce petulante, sino que además resulta al margen del más mínimo sentido de elegancia. Ahora como que se convencieron de lo absurdo de tan burda moda. Tan pésimo uso le dieron al color rojo, que lo prostituyeron. Carros, autobuses, gorras, pantaletas, medias, chaquetas, camisas, etc. De hecho, pretendieron utilizar dicho color para marear y atontar. De esta manera, mantener emborrachada la sociedad como si tan arrabalero estilo sirviera como fórmula mágica para tener enmudecida una población que imaginaron que serían adormecidos por el insidioso efecto del color rojo. No obstante el evidente agotamiento del modelo vertical, ha sido razón de peso para que estos gobernantes hayan comenzado a pensar que vestir de rojo no sirvió para mucho. Contrariamente a tan chocarrera pretensión, siempre fue rechazado el abuso del color en todo y para todo. Ojalá, los funcionarios colorados o rojizos adscritos a todas las instituciones públicas, comenzando por las policiales, vuelvan a emplear en sus uniformes sus colores originarios. Si no, que aprendan a vestirse debidamente.

¿MANIPULADOR DE EMOCIONES?

El presidente Chávez, apoyándose en su desbordada política comunicacional, anunció la expropiación de algunas propiedades de Fogade para dárselas a los pobres. Sin embargo, hay quienes se preguntan: ¿qué hay detrás de dicha orden, o a la sombra de la dignificación de los pobres? ¿Qué hay de planificación de la vivienda en términos de habitabilidad y de intervención de un paisaje que no "corroa el carácter"? ¿Qué se esconde detrás de la irracionalidad de la organización espacial que termina por convertir esos espacios que se ofrecen hoy con total desparpajo y como solución a miles de ciudadanos, en espacios del temor, en una suerte de chavacanización de lo urbano? Estas preguntas las hace Luís Manuel Cuevas Quintero, profesor de la Universidad de Los Andes. Más aún, sigue interrogándose sobre: ¿cuál es la política comunicacional para enfrentar el populismo hibridizado en totalitarismo? Y ¿qué estrategias emplear en medio de la manipulación de emociones que realiza el régimen a través de esas decisiones? El mismo docente responde que “si no entendemos que debemos reflexionar sobre la noticia presidencial dirigida a las masas, sobre su poder de manipulación, sobre su impacto en el modelado de actitudes y conciencias sociales, estaremos allanando el camino a quién desde la autoridad de la frase "es justicia", esconde los deseos de dominación absoluta? Entonces, frente a esta posición, ¿cuál será la nuestra ante la toma y conquista de la palabra?

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ELOGIO DE LA INTOLERANCIA. CARLOS RAÚL HERNÁNDEZ

Nada mejor que vivir donde a uno no le importe si el mandatario es intolerante

La intolerancia es una reacción animal. Ante cualquier estímulo que el cerebro interpreta como agresión, se suelta la adrenalina, se contrae la musculatura, la sangre abandona rostro y tórax hacia las extremidades para preparar el combate -o la fuga, mejor- y nos ponemos lívidos. Miles de años de desarrollo cultural nos enseñaron a controlar un poco las pulsiones y preferimos trabajar o convivir con alguien que acepte las ideas ajenas sin convertirse en Hulk, que pueda superar su bioquímica mejor que una bestia. Otros no se dominan en una controversia sino que apelan inmediatamente a las trompadas físicas (o morales, en el mejor de los casos). En política la bestialidad toma forma de radicalis mo, recurso más corriente para compensar fallas de sinapsis.

Es tan laborioso vigilar el estrés y la respuesta agresiva, como los impulsos eróticos que nos dilatan las pupilas, relajan los músculos y generan otros cambios ante personas o situaciones que nos agradan. Cuentan que Burt Lancaster tuvo que repetir por varios días una escena en traje de baño con Ava Gardner, ya que le era imposible atenuar las visibles manifestaciones de entusiasmo que ella le producía.

Con Locke y Voltaire el concepto de tolerancia nace a la política, paradójicamente a partir de la idéntica violencia desatada por dos religiones rivales. La Iglesia Anglicana embiste en 1670 contra las disidencias, con asesinatos, torturas, quemas de libros. A monjas acusadas de herejes les daban de comer anchoas en el calabozo y luego les negaban agua. La reacción de Locke fue desafiante y heroica: publica Carta sobre la Tolerancia donde fundamenta filosóficamente el libre albedrío, la libertad de conciencia y la necesidad de que la autoridad acepte la existencia de diversas concepciones religiosas.

De otro lado de la talanquera religiosa y geográfica, en Francia católica décadas después, Voltaire reacciona con el mismo coraje: la frase "no estoy de acuerdo con tu opinión pero sí dispuesto a morir por tu derecho a expresarla", aun siendo apócrifa contiene la substancia de su obra y de su vida. Conoce el monstruoso y amañado proceso contra Jean Calas, un honorable comerciante calumniado y ahorcado por los católicos por protestante. Ante esto escribe su valiente Ensayo sobre la Tolerancia. La esencia de ambas obras es la misma. El poder debe "aceptar", "admitir", "consentir", "tolerar", "condescender", las opiniones disidentes.

La sociedad contemporánea digirió el concepto de tolerancia y lo convirtió en huesos y carne de las instituciones democráticas que tanto odian los revolucionarios porque les obstaculizan hacer lo que les da la gana. Desaparece licuada en el Estado de Derecho. Cuando una sociedad está regida por la separación de poderes, única defensa contra la tiranía, la tolerancia pasa a ser una virtud privada y no política. En Dinamarca o Canadá a los ciudadanos les importa muy poco si el presidente tiene mal carácter, si al gobierno le gusta o no sus opiniones políticas, sus costumbres sexuales, sus credos religiosos o al negocio que se dediquen para ganarse la vida. Si se pone "intolerante", peor para él. Nadie está más vigilado que el mandatario de una nación libre y tiene que cuidarse más bien de la factura electoral o, en casos extremos, del impeachman.

Los dictadores son unas especies tercermundistas que se reconocen por su mal olor como los mapurites. Donde hay uno, las cosas son al revés. Allí los cuasi-ciudadanos, meros habitantes, accidentes demográficos sin derechos, deben vivir aterrados porque al energúmeno que gobierna no se le ocurra ocupar propiedades, insultar por televisión, mandar alguien a la cárcel contra la ley, o lanzar tropas de asalto dirigidas por perdedores desquiciados. Los cuasi-ciudadanos trémulos, agradecen que sea "tolerante", permita "un poco" de libertad de expresión y reconforta que no asesine gente, que no haya "mucha" represión, que no se torture indiscriminadamente, todo como si se estuviera ante Richelieu. El cuasi-ciudadano va a las elecciones ligando que no haya fraudes, "baños de sangre", "golpes de Estado", "revoluciones pacíficas pero armadas" y otras mugrosas expresiones de atraso.

Noriega fue relativamente tolerante igual que Batista y Velasco, no así Castro, Trujillo ni Pinochet. Pero todos ellos pertenecen al cementerio de los vampiros. Nada mejor que vivir donde a uno no le importe si el mandatario es intolerante, porque para nosotros eso sea de tan poco relieve como una tormenta de fuego en Saturno.

 carlosraul.carlosraul@gmail.com

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