FERNANDO FACCHÍN B., “VOLUNTAD POLÍTICO ELECTORAL”

“Voluntad política electoral” es una acepción muy amplia, no se limita   al derecho a elegir, incluye un conjunto de exigencias y de necesidades que afloran dentro de una sociedad y que no pueden interpretarse por completo sólo a la luz del voto político, por ello hay desarrollar un ambicioso programa que contemple, entre otros aspectos, un amplio debate plural en la campaña.  La importancia de la poderosa diversidad política existente,   debatir sobre el futuro de las nuevas generaciones y de Venezuela por parte de los candidatos quienes se dirijan a la sociedad para hacer saber sus propuestas y expectativas en caso de llegar a la AN.

La determinación del consenso exige la activación de nuevos canales participativos y de nuevas modalidades de expresión. El riesgo está en encontrarse en este aspecto con los procesos degenerativos de la vieja política, un sistema bloqueado que no garantiza una la participación oportuna y efectiva de todos los sectores.

La voluntad política electoral requiere del coraje de una acción orientada a dar sitio a los valores que respeten las instancias fundamentales de los sectores sociales.

Necesitamos la participación de todos, en todas partes. La oposición socialdemócrata tiene el potencial de conducir en una mayor coherencia la campaña electoral y debe tener la decisión para ponerlas en práctica. El éxito dependerá de la voluntad político electoral ciudadana.

Estamos con el tiempo en contra, pero  vemos la línea de salida del régimen. Ahora bien, es necesaria una unión político electoral efectiva para recorrer el camino del éxito, estimulados por una pasión sin límites, ejecutada con audacia, afrontando el alto riesgo que significa la motivación electoral.

Fernando Facchin Barreto

ffacchinb@gmail.com

@fernandofacchin

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FERNANDO FACCHÍN B., LEY HABILITANTE O NUEVA INQUISICIÓN

En el ánimo vengativo y la intolerancia presentes en la concepción del poder, con un absoluto desprecio por el estado de derecho y por los DDHH y una desenfrenada obsesión de dinero y poder, está el fundamento de la ley habilitante solicitada por el ejecutivo, a sabiendas que la corrupción es un cáncer inoculado por el régimen testador y su legatario para depredar a la república.

Con la habilitante se busca aumentar y “legitimar” la represión con violencia estructural para contener y callar a la cada día más creciente disidencia a un régimen absolutamente corrupto, amoral, ineficiente e ineficaz, es usar la ley y la justicia como medio de presión para ocultar la brutal crisis económica, política y social en la cual han sumido al país, creando nuevos delitos y penas infamantes para neutralizar a la oposición.  

En Venezuela la clase dominante ha ido configurando un sistema de antivalores y leyes tendientes a justificar su dominio, su preponderancia hegemónica para regir los destinos del país y la vida de los ciudadanos. Siempre mediante la violencia estructural en sus diferentes formas, imponer un orden social basado en la exclusión y marginación económica, social y cultural de la ciudadanía.  La violencia es inherente a una estructura social injusta.

A pesar que en los frecuentes discursos oficialistas condenando la violencia y la corrupción,  "venga de donde venga", “caiga quien caiga”, en la práctica, se busca neutralizar o desarticular a la creciente base disidente, es una forma auto-defensiva y ofensiva, de una moderna Inquisición que no cesa en su empeño de inventar nuevos "delitos" que les den un simulacro de justificación moral a los ojos de las masas sociales y poder continuar dando satisfacción a sus instintos depredadores de la república. De los innegables, aunque exageradísimos, abusos de la Inquisición no queda nada. Pero así como, después de los cambios de nombres y de funciones, la Inquisición desaparecía de la faz de la Tierra, con otros nombres, y con métodos tanto o más brutales, pero infinitamente más cínicos e hipócritas, aparecía un moderno monstruo, las leyes habilitantes del SSXXI, que, en nombre de la “moral y la patria”, dejan en pijamas a la vieja Inquisición. 

Entonces, ¿es creíble la supuesta lucha contra la corrupción emprendida por Maduro? ¡No! Por cuanto el país se encuentra secuestrado por una claque política ultra-corrupta y autoritaria que ha usurpado y secuestrado el destino de la nación, con la violación cotidiana a la Constitución, el manoseo del orden jurídico, la corrupción, la toma de decisiones arbitrarias, el secretismo administrativo de los dineros públicos, la imposición de un sistema político salvaje por encima de la dignidad de las personas, la centralización del poder, el establecimiento de leyes inquisitorias dirigidas contra las clases populares y contra los enemigos políticos, la mentira y la sucia manipulación propagandista, la malversación, el peculado y las riquezas mal habidas de los cercanos al poder; nos confirman con toda claridad que es falsa la lucha contra la corrupción.

Sólo la irracionalidad del fanatismo, el miedo a la pérdida del poder, la obsesión del dinero mal habido y el vergonzoso rezago de resentimientos propios de inadaptados, con sus costumbres inquisitorias y las ansias de morbosos castigos a la disidencia, son la base estructural de la manida solicitud de habilitante.    Suelen decir que la ignorancia es atrevida, pero no puedo encontrar ningún sustento racional en la solicitud de la habilitante. La nación ya no soporta más el desgaste que causa la permanente crisis estructural, de allí que la propuesta, más que inviable es risible. Dile no al burdo imitador de Torquemada.

ffacchinb@gmail.com

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FERNANDO FACCHÍN B., ES HORA DE DEFINIRSE

Autonomía universitaria, supone la facultad de autogobierno o autodeterminación por parte de estos centros de estudio e investigación; la autonomía es una categoría jurídica que acompaña a la Universidad desde su creación, lo que le permite designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su noble misión de formación; su función institucional no puede ni debe estar sometida a la tutela de vigilancia o dependencia del Estado. 

En las universidades, como institución corporativa, la voluntad individual carece de trascendencia jurídica, sus actuaciones se toman por consenso en el democrático, propio y colegiado gobierno universitario, por tal razón, es inaceptable una normativa que conculque su autonomía funcional y académica.

La universidad, además de permitirnos disentir y discrepar, cuando ejercemos el legítimo derecho a pensar y opinar con libertad y crítica responsable implicada en un pensamiento comprometido con la verdad, la autonomía nos abre posibilidades para dialogar, razonar y convenir con base en intereses colectivos, fortaleciendo la democracia, garantizando que todas las corrientes del pensamiento universal y las tendencias de carácter científico, económico, político y social estén presentes sin censura de ningún tipo en la preparación y formación del capital humano que a ella acude en procura de la investigación, del talento, de la cultura, del deporte,  del arte, sin el tutelaje oscurantista de un gobierno totalitario e ilegítimo que pretende una universidad silenciosa y conformista ante los avatares políticos, sociales y económicos creados por su incapacidad, su corrupción y el ilegítimo sentimiento totalitario, que pretende extender sus tentáculos opresivos e intervencionistas a todos los estratos de la vida pública para reglamentar y condicionar a su capricho la conducta humana de los venezolanos.

Enfrentamos un gobierno ilegítimo con grandes carencia en materia de libertades individuales básicas, tales como libertad de expresión y de información veraz y oportuna, educación, conciencia ciudadana, libertad económica para el comercio, la producción y la creación de empleos, niega la evolución intelectual del ciudadano y crea una realidad ficticia basada en la mentira y que propone la transformación de la sociedad hacia un ordenamiento totalmente sumiso al Estado, con una ciudadanía vilmente tutelada bajo la farsa del bienestar del pueblo, al efecto Rómulo Betancourt decía: “El pueblo es una entelequia que usan los demagogos de profesión para justificar su empeño desarticulador del orden social”. 

Los venezolanos y en especial los universitarios estamos dando pruebas fehacientes que deseamos ser gobernados por funcionarios legítimamente electos y no por delincuentes electorales. Nos encontramos en un punto de reflexión y de no retorno, nos disponemos a ir hacia un desarrollo orientado por la actividad política democrática e incluyente, o vamos hacia la degradación definitiva de la República en las manos ineptas y corruptas de un presidente ilegítimo, dándole definitiva muerte a la democracia y al libre e integral desarrollo del ciudadano. 

“La hora es de definirse. Y definiéndonos estamos.” Rómulo Betancourt.

ffacchinb@gmail.com

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