Estamos
a cuatro meses de la más importante contienda de nuestras vidas. Honrémosla
estando a la altura del desafío. Mañana puede ser demasiado tarde. Enfrentar
hoy las irregularidades que ensombrecen las funciones arbitrales del Consejo
Nacional Electoral es un imperativo categórico, que debe acompañar la incansable
y exitosa campaña que lleva a cabo nuestro abanderado. No hacerlo podría
escamotear nuestra victoria y sumirnos en un conflicto de incalculables
proporciones.
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La discusión en torno a las
condiciones preestablecidas por el Consejo Nacional Electoral vigente con que
enfrentemos la crucial decisión existencial del próximo 7 de Octubre reviste
una trascendencia que ningún devaneo ni atajo discursivo puede soslayar. Pues
en juego está el futuro de la República y el sentido mismo de la juridicidad,
legalidad y legitimidad del sistema hoy por hoy imperante en Venezuela. Es un
tema, por tanto, de la mayor significación y debemos afrontarlo sin melindres,
sin regateos ni falsas respuestas. Ante la muerte no se coquetea con
subterfugios. Y lo que suceda el 7 de octubre podría terminar con la muerte de
nuestro malherido sistema democrático y, por consiguiente, con nuestro modo de
vida. O lo enfrentamos con la verdad en la mano o nos haremos cómplices del más
grave de los delitos de lesa humanidad: el asesinato de nuestra juridicidad y
la desaparición de nuestra sociedad como Nación.
Comprendamos, de entrada, la
naturaleza del envite: la resolución de una crisis existencial ante un enemigo
interno – es él quien así se ha declarado desde que hace ya largos veinte años
asaltara el Poder con las armas de la República, pretendiera asesinar al
entonces presidente constitucional, incluida su familia, derogar la
institucionalidad vigente y establecer un régimen dictatorial con el objeto de
imponer una tiranía de corte castrista - que se hizo del Poder seis años
después por medios electorales y pretende rematar su faena conduciéndonos al
matadero por esos mismos medio electorales, pero manipulados a su antojo. De
allí la inmensa gravedad de las irregularidades que se nos impongan para
participar de nuestra liberación o de nuestro propio degüello. Y la
trascendencia de la denuncia de dichas irregularidades y el esfuerzo por
rectificarlos ahora, cuando nuestra fuerza está intacta y en arrollador
crecimiento, y no cuando la injusticia haya sido consumada. A pesar de nuestra
manifiesta mayoría.
Circulan suficientes y muy bien
documentadas denuncias acerca de la cantidad de irregularidades que lastran y
sesgan de manera inaceptable el actual sistema electoral venezolano y de la
necesidad imperiosa y urgente de enfrentarlas con firmeza, haciéndolas del
conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, y exigiendo
simultáneamente su inmediata corrección. Así la mayor, la más grave y la más
evidente de sus injusticias violatorias del respeto a las mayorías – de la que
ya ni siquiera se habla, como si de tan abusiva y evidente resultada inevitable
-, a saber: la conformación de su directiva entre cuatro rectoras abiertamente
parcializadas y al servicio del régimen, de la que no hacen ningún
secreto, y la existencia de un quinto
rector de cuya legitimidad como representante de las fuerzas opositoras –
poseedoras de un 52% electoral como quedara suficientemente demostrado en los
últimos procesos comiciales – cabe expresar la mayor de las dudas. Basta
remitirse a ESDATA, a SÚMATE y otras organizaciones no gubernamentales, de cuya
seriedad, experticia, ecuanimidad y empeño no cabe la menor duda.
Si se pretendiera desconocer la
evidente mayoría que ha quedado demostrada, a pesar de los pesares, en los tres
últimos procesos electorales, en base a las encuestas, amañadas o no, es más
que evidente que ninguna de ellas puede soslayar el hecho incuestionable de que
todo el andamiaje del Poder descansa sobre esas bases corrompidas y de que la
voluntad popular, aún en mediciones de opinión supuestamente objetivas y
científicas, refleja obligada y necesariamente las distorsiones que el poder imperante
induce en la conciencia de quienes dependen para su sobrevivencia de la
decisión de quien maneja las dádivas del sistema. Una dictadura nada virtual.
Tan real, como que nos impone atravesar las horcas caudinas de su propio
ministerio electoral.
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Nuestra mayor preocupación radica
en la insistencia de los sectores democráticos, de los partidos, de la comisión
electoral de la Mesa de Unidad Democrática, del Comando Nacional de nuestra
candidatura presidencial y del mismo candidato designado, Henrique Capriles
Radonski, por afincarse y limitarse a aspectos parciales, sin duda de gran
significado – como el secreto del voto – de la contienda electoral, pero
dejando en la mayor oscuridad cuestiones esenciales del contexto crítico
existencial en que estamos históricamente envueltos, y que se expresan, de
parte de nuestros adversarios, en el uso de los mecanismos electorales como
instrumentos de dominio y manipulación a los fines de terminar por liquidar
nuestros principios republicanos y democráticos y la correspondiente tradición
que nos fundamenta como Nación independiente. Nos referimos a la estrategia
puesta en práctica por el presidente de la república, sus aliados cubanos y su
movimiento político, incluidas todas las instituciones del Estado, sistema
judicial, fuerzas armadas, asamblea nacional, fiscalía general de la república,
Procuraduría del Estado y Defensoría del Pueblo, asíu como los descomunales
recursos financieros que le asegura PDVSA,
para malversar impunemente todos los mecanismos electorales y muy
especialmente el CNE y el proceso electoral como campo de batalla para
someternos y aniquilarnos, de modo a entronizar sobre las ruinas de nuestra
malherido Estado Constitucional, Democrático y de Derecho el Estado Total
propio de sus ambiciones totalitarias. De allí la razón de la manipulación de
los registros, la redistribución arbitraria de los electores, sea para acomodar
los resultados a favor de sus candidatos, sea para impedir la asistencia de los
electores de oposición a sus nuevos lugares de votación, la constitución de
centro electorales alejados de los centros urbanos, la insistencia en el manejo
de maquinas y equipos que transmitan la impresión del conocimiento de la
voluntad de los votantes, la violación del derecho al voto de nuestros
connacionales que se encuentran en el exterior, los obstáculos puestos tanto a
la observación y conteo de totalizaciones en las salas respectivas a nuestros
testigos, como el rechazo a la observación internacional, etc., etc., etc..
Como puede observarse, el secreto del voto es uno, y no el más significativo de
los innumerables atropellos a que los sectores democráticos están expuestos.
Que convierten nuestros anhelos de resolución de la crisis por medios
electorales y pacíficos, justo es
decirlo, en una aspiración casi utópica si no de muy difícil satisfacción.
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Quisiera finalmente situar la grave
problemática que enfrentamos, y que sin duda muestra signos evidentes de
victoria dado el cambio profundo que parece advertirse en la voluntad popular,
el rechazo a la situación de apocalíptico desastre en que el régimen imperante
ha sumido al país, el muy deficiente gobierno que lo ejecuta y la fuerza de la
campaña que lleva adelante nuestro abanderado, aún bajo las actuales
condiciones de descarado ventajismo oficial, en el contexto teórico general del
uso y abuso a que están expuestas las sociedades en crisis existenciales cuando
se ven invadidas y asaltadas por quienes pretenden aniquilarlas por medios
violentos o pacíficos, militares o electorales, para, sobre sus ruinas, montar
regímenes totalitarios. Para ello quisiera servirme de la lucidez y profundidad
de uno de los más importantes pensadores jurídicos y políticos alemanes, Carl
Schmitt. De quien citaré algunos pasajes de su importante texto de 1932,
LEGALIDAD Y LEGITIMIDAD.
“El método de formación de la
voluntad por la simple verificación de la mayoría tiene sentido y es admisible
cuando puede presuponerse la homogeneidad sustancial de todo el pueblo. En este
caso, la votación adversa a la minoría no significa una derrota para ésta, sino
que el escrutinio permite simplemente poner al descubierto una concordancia y
una armonía anteriores y que existían en forma latente...No obstante tiene que
presuponerse siempre un principio de justicia material, si no se quiere ver
desmoronarse en el mismo momento todo el sistema de la legalidad; tal principio
es el de la igualdad de "chance" para alcanzar esa mayoría, abierta a
todas las opiniones, a todas las tendencias y a todos los movimientos
concebibles. Sin este principio, las matemáticas de las mayorías, con su
influencia frente al contenido del resultado, no sólo serían un juego grotesco
y un insolente escarnio de toda justicia, sino que, a causa del concepto de
legalidad derivado de dichas matemáticas, éstas acabarían también con el
sistema mismo, desde el instante en que se ganara la primera mayoría, pues esta
primera mayoría se instituiría en seguida legalmente como poder permanente."
"La
pretensión de legalidad convierte en "ilegalidad" toda resistencia y
toda revuelta contra la injusticia y la antijuridicidad. Si la mayoría puede
fijar a su arbitrio la legalidad y la ilegalidad, también puede declarar
ilegales a sus adversarios políticos internos, es decir, puede declararlos
hors-la-loi (forajidos), excluyéndolos así de la homogeneidad democrática del
pueblo. Quien domine 51% podría ilegalizar, de modo legal, al 49% restante. O
podría cerrar tras sí, de modo legal, la puerta de la legalidad por la que ha
entrado y tratar como a un delincuente común al partido político contrario, que
tal vez golpeaba con sus botas la puerta que se le tenía cerrada."
Ambos
pasajes, tomados del capítulo El sistema de legalidad del estado legislativo,
de su ensayo Legalidad y legitimidad, describen una situación eventual que
hemos vivido en carne propia durante estos últimos 13 años y del que podemos
dar fe con los hechos. El haber recibido un tercio de la cantidad de diputados
a pesar del 52% de los votos obtenidos, gracias al acomodo de mayorías y
minorías que blindan el poder obtenido en pasados comicios, demuestra con que
aviesa minuciosidad y artificio el régimen imperante ha utilizado la mayoría
circunstancial que obtuviera en las elecciones presidenciales de diciembre de
1998, de qué hábil manera modificó las bases constitucionales de nuestra
República manipulando todos los procesos electorales subsecuentes hasta
convertir los procesos electorales, de naturaleza comicial o plebiscitaria, en
horcas caudinas que han ido cercenando nuestros derechos hasta traernos a este
grave abismo que enfrentamos.
Estamos
a cuatro meses de la más importante contienda de nuestras vidas. Honrémosla
estando a la altura del desafío. Mañana puede ser demasiado tarde. Enfrentar
hoy las irregularidades que ensombrecen las funciones arbitrales del Consejo
Nacional Electoral es un imperativo categórico, que debe acompañar la
incansable y exitosa campaña que lleva a cabo nuestro abanderado. No hacerlo
podría escamotear nuestra victoria y sumirnos en un conflicto de incalculables
proporciones.
sanchezgarciacaracas@gmail.com
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