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sábado, 26 de septiembre de 2015

PEDRO A. PALMA, EL CONTRABANDO FRONTERIZO

Una de las razones que ha aducido el gobierno venezolano para justificar el cierre de la frontera con Colombia es eliminar la desviación masiva de productos venezolanos hacia el vecino país, lo cual genera escasez y desabastecimiento en los mercados locales y presiones alcista de los precios internos. De allí que sea válido que nos preguntemos si esa acción realmente va a eliminar el llamado contrabando de extracción de lo que aquí se produce hacia Colombia, o no. Realmente, no lo creo.

Lo que siempre se ha producido en esa frontera, particularmente en el Táchira, es un proceso de arbitraje, según el cual los habitantes de ambos lados de la zona se preguntan dónde conviene más adquirir los productos requeridos para satisfacer sus necesidades, y la respuesta es simple: donde tengan menor precio. Dado que en nuestro país el gobierno insiste en regalar la gasolina, en otorgar subsidios desproporcionados, o en imponer precios que ni siquiera cubren los costos de producción y distribución de múltiples productos de consumo masivo, los precios de venta de muchos de esos artículos son artificialmente bajos y muy inferiores a los existentes al otro lado de la frontera, haciendo que aquel planteamiento de arbitraje sea obvio: comprar los productos en Venezuela para satisfacer las necesidades de los consumidores, o para revenderlos a un precio mucho mayor en el lado colombiano.
Eso no siempre fue así. Hace ya varios años, cuando el bolívar era una moneda fuerte y sobrevaluada, había libertad cambiaria y se mantuvo un tipo de cambio fijo por varias décadas,  resultaba muy atractivo pasar a Cúcuta para comprar alimentos, ropa, calzado y otros productos, pues allí eran más baratos que en Venezuela. Recuerdo vívidamente que cuando uno viajaba desde la ciudad fronteriza de San Antonio a San Cristóbal, eran múltiples las alcabalas de la Guardia Nacional que revisaban exhaustivamente los automóviles y transportes de  carga para determinar si llevaban mercancía colombiana oculta, que se pretendía introducir a Venezuela sin cumplir los debidos trámites aduanales ni pagar los aranceles respectivos. Ahora la situación es opuesta, y cómo no lo va a ser si muchos productos de consumo masivo tienen en Colombia precios tres y más veces mayores que en Venezuela, para no hablar de la gasolina que aquí se regala, pero que en el otro lado de la frontera se vende a más de un dólar el galón. Con razón no son solo los llamados “pimpineros” los que se llevan el combustible, sino que el mismo se envía en gandolas debidamente custodiadas para cuidar su valioso cargamento.
También es conocido el lucrativo negocio de extracción y ulterior importación de productos, el cual consiste en enviar bienes y semovientes a Colombia que luego se reenvían a Venezuela en forma de exportación, siendo éstos pagados con dólares preferenciales artificialmente baratos, divisas cuyo precio en el mercado paralelo de frontera puede llegar a ser hasta cien veces mayor  al tipo de cambio oficial al que se adquirieron para realizar la operación.
Recientemente, un alto vocero gubernamental dijo que al cerrarse la frontera se había puesto un torniquete que había parado la hemorragia de productos que se escapaban a Colombia, dando a entender que esa era la gran solución al problema del contrabando de extracción. Nada más alejado de la verdad. Si bien esa absurda acción oficial pudo limitar temporalmente el envío de productos al vecino país, no lo eliminó. Por el contrario, el negocio ha continuado, ahora con extraordinarios sobrecargos de precios, y volverá a florecer con toda fuerza en un futuro inmediato, ya que mientras este siga siendo tan lucrativo, los contrabandistas de siempre, de aquí y de allá, seguirán actuando impunemente. Solo cuando se eliminen las absurdas distorsiones cambiarias y de precios que hoy existen, y que se siguen ensanchando, es que se podrá producir una normalización en las actividades comerciales fronterizas.
Pedro A Palma
palma.pa1@gmail.com
@palmapedroa

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miércoles, 8 de julio de 2015

JESUS ALEXIS GONZALEZ, CONTRABANDO: FRUTO DEL ATROZ RÉGIMEN CAMBIARIO.

En agosto 2014, los presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron el establecimiento de un sistema de pagos bilaterales para facilitar el comercio, correspondiéndole a nuestro país la determinación del tipo de cambio (bolívar-peso). 

Hubo señalamientos concretos; desde la visión colombiana: “los precios de los alimentos que pasan en contrabando los venden a un precio más bajo y por eso afectan nuestros productores. Los productos de la canasta básica subsidiada por el gobierno venezolano terminan siendo vendidos en Colombia a precios irrisorios en perjuicio del comercio local”; mientras que del lado venezolano se anunció un “plan de choque” con la finalidad de “combatir la extracción de alimentos y gasolina”, para lo cual se enviaron, dicen, unos 17.000 efectivos militares a lo largo de los 2.000 kilómetros y 400 trochas de frontera binacional con Colombia (¡43/trocha!); al tiempo de informar que “queda terminantemente prohibido la exportación de todos los productos de la dieta básica de los venezolanos, porque Venezuela no exporta sus alimentos, los produce para consumirlos” 

NOTA: Nos permitimos una acotación: la expresión adecuada ha debido ser “los importa para consumirlos”. 

En armónica sintonía comunicacional con el Ejecutivo, voceros gubernamentales estimaron en más de US$ 2.000 millones las pérdidas anuales por contrabando (en 2015 equivaldría a unos Bs 374.000 millones), en un escenario, que según estos voceros, le conviene al gobierno colombiano ya que le resulta más económico mantener esa cultura que propiciar la producción interna; calcularon de igual modo que desde Venezuela ingresan a Colombia unos 80.000 barriles de gasolina, cuyo precio promedio interno es de Bs 0,070/litro vs Bs 58/litro en Colombia diferencia de precios que induce una pérdida aproximada para nuestro país cercana a los US$ 5.500 millones anuales, y un beneficio superior a los US$ 3.000 millones para los contrabandistas.

El contexto brevemente descrito, perfila la estructuración de una “economía de frontera” (flujo de mercancías sin pagar los derechos de aduana) de manifiesto vigor actual ante la presencia de un cambio oficial sobrevaluado como consecuencia de la atroz “política” de anclaje cambiario orientada a controlar la inflación (¡!); en conjunto a un marco de controles y subsidios que fomenta el contrabando  en razón a las ventajas que se le confiere al vecino país la existencia de un “precio subsidiado” como resultado de estar porcentualmente conformado por “importaciones subsidiadas” a un tipo de cambio descontextualizado (p.ej. Bs 6,30/$), que luego el Gobierno intenta “proteger” (no con mucho éxito) con rigurosos controles de precio (¿precio justo de venta?) que a la postre, ante su congelamiento, se ubican por debajo de los precios libres del comercio vecino (en más de 10 veces) hecho que impulsa la citada “economía de frontera ”y el contrabando (distinto a una “guerra económica”) que en opinión del propio Gobierno alcanza más del 35% de los productos importados con un “dólar subsidiado”, traídos para enfrentar el desabastecimiento causado por una escasez de oferta doméstica que emerge ante el manifiesto deterioro del aparato productivo nacional causado por la “guerra importadora” contra el sector privado, que con el tiempo ha inducido un círculo vicioso de más importaciones con obvio encogimiento y destrucción de la capacidad de producción interna. Sirva de referencia ilustrativa, casos como el de la harina precocida que en Cúcuta 1 kilo tiene un precio de unos 2.500 pesos pero con sólo cruzar la frontera se puede comprar a precio regulado ¡8 kilos con el mismo esfuerzo monetario en pesos!.  Es de resaltar que esa proporción puede variar según la zona geográfica donde se adquiera el producto proveniente del “bachaqueo” (argot popular zuliano que hace alusión a un producto revendido por una persona natural) tal como p.ej. Maracaibo (Bs100), Oriente (Bs 90), San Cristóbal (Bs 70), Yaracuy (Bs50) y Valencia (Bs 40); situación similar para  muchos otros alimentos, todo lo cual muestra dos aspectos de repercusiones distintas: un claro beneficio para el consumidor colombiano (y el contrabandista) y una oportunidad de abastecimiento ( más caro) para los venezolanos ante la escasez nacional; o lo que es lo mismo, el “bachaqueo” es ahora un factor de distribución de la mercancía en incongruente y sospechosa “ocupación funcional” de las competencias inherentes a los 22.000 Centros de Abastecimiento “atendidos” por Mercal, siendo el Gobierno quien controla cerca del 60% de la distribución de alimentos al tiempo de estar en capacidad de conocer al detalle todo ese proceso al haber instrumentado en 2008 el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) para supervisar lo enviado para cada región del país, y asumiendo en 2009 la importación de alimentos fortaleciendo ese objetivo con la promulgación (30/12/2010) de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, que en su Artículo 3 lo define como actos u omisión donde se elude o intenta eludir la intervención del Estado con el objeto de impedir el control en el tránsito de mercancías o bienes; luego complementada en 2012 con la puesta en funcionamiento de la Guía Única de Movilización y Control de Alimentos de uso obligatorio para el movimiento de los alimentos en todo el territorio nacional; y más recientemente se anunció (01/05/2015), con subyacente clientelismo electoral,  la instalación de unos 1.800 Consejos Populares de Abastecimiento y Producción, que al parecer, funcionarán en cada establecimiento (¡!) con la finalidad de combatir la usura, la especulación, el acaparamiento y el contrabando (¿?); y de igual modo, en nuevo ataque mediático,  la creación de una Corporación de Transporte a efectos de centralizar la distribución de alimentos (¿Estatización?).
Es importante recordar, que con la integración económica entre Venezuela y Colombia (finales de los 80) disminuyó en más de un 90% el contrabando de productos venezolanos, como reacción a la instrumentación de políticas económicas bilaterales que condujo a una revalorización del bolívar desde 0,50 pesos en 1983 hasta 2,43 en 1998 y 3,10 pesos por bolívar en 2003 (en 2015 apenas podemos comprar 0,024 pesos con 1 bolívar); siendo que de igual modo en 1998 exportábamos a Colombia arroz, maíz blanco y amarillo, sorgo, algodón, papel, plátano, coco, duraznos, entre otros rubro, hasta situar las ventas por encima de los US$ 4.500 millones. 
Esta situación privilegiada, inició su reversión a partir de 2001 cuando se aprobó la Ley de Tierras como un idóneo (¡!) instrumento jurídico para apuntalar la “revolución agroalimentaria socialista” cuyos resultados nos ha llevado a tener que importar en el presente la mayoría de los alimentos que consumimos (¿cómo se puede hablar de “contrabando de extracción” en el área de alimentos?); acción que tiende a encogerse a raíz de la caída de los ingresos petroleros (y de divisas) en más de un 60% en 2015 colocándonos en el umbral de una crisis: ¿con qué importamos? situación que se complica ante la inexistencia de un fondo anticiclico, a la par de los desastrosos efectos de la nefasta política de refinación de PDVSA que se tradujo en la pérdida ante Canadá de los espacios técnicos para procesar nuestro crudo pesado descartados para intentar, sin éxito, la instalación de 3 refinerías en China.
No admite duda en contrario, que mantener sobrevaluado el bolívar con respecto al US$ como una estrategia de corto plazo para distribuir el ingreso nacional en  momentos coyunturales puede dar resultados satisfactorios; pero de malvados efectos al perdurar en el tiempo con una tasa oficial divorciada de la realidad (p.ej. 6,30 Bs/$) que a la larga se vuelve inoperante como consecuencia del uso indebido (público y privado) de la divisa oficial, hecho que a su vez impide tanto la conformación de mejoras en el precio de venta al consumidor como la posibilidad de una masiva importación en razón a la especulación cambiaria y la corrupción que florecen por el descomunal diferencial entre las distintas tasas de cambio (brecha cambiaria) que para 2015 se sitúa en más de 4.000% (Cencoex vs paralelo); al tiempo de estimular la economía de frontera tanto de los limitados bienes producidos internamente como de los ¡productos importados a la tasa cambiaria oficial!,  muy especialmente los alimentos.
Mención de obligante referencia, es lo referente a la devaluación que ha caracterizado a Venezuela que sobrepasa un acumulado del 18.000% en los últimos 15 años ( vs un 1.625% en los 35 años precedentes), aunado al Sistema Marginal de Divisas (Simadi) efectivamente “marginal” que apenas participa en un 1% del total adjudicado de divisas, pero que al propio tiempo cumple el malvado papel de establecer la “cotización piso” del dólar en el mercado paralelo (entre un 20-30% por encima) induciendo una “devaluación encubierta progresiva” que igualmente dinamiza la economía de frontera con Colombia, muy especialmente en materia de alimentos al “abaratar las exportaciones” bajo la perturbador figura de un ¡contrabando de transporte de productos subsidiados!.
En fin, mientras no se corrijan las distorsiones cambiarias y se impulse una flexibilización de los controles de precios y cambio, la economía de frontera será una realidad permanente y creciente fundamentalmente en materia de alimentos, medicinas y gasolina en razón a la amplia diferencia de precios que existe entre los regulados nuestros (congelados) y el libre colombiano que obviamente “estimula” el deseo de venderlos mucho más caro en la frontera. Concluimos con una reflexión de cierre: Venezuela no podrá alcanzar el mandato constitucional de una Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, hasta tanto no se desregule la economía al tiempo de reducir el tamaño del Estado y el  intervencionismo gubernamental.
Jesús Alexis González      
Jagp611@gmail.com        
@jesusalexis2020
        

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lunes, 15 de junio de 2015

LUIS DANIEL ÁLVAREZ V., UN CONTRABANDO DE MUCHO VALOR

El presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, se presentaba ante el rey, don Juan Carlos, para el saludo protocolar de rigor. España daba sus primeros pasos hacia la democracia y el franquismo quedaba atrás. Sin embargo, faltaba mucho por hacer, pues no había partidos políticos estables y los pocos que existían  aún no lograban la legalidad.

Mientras los jefes de Estado se saludaban y ratificaban la buena voluntad que ha de privar en todos los actos fraternales, Felipe González descendía, sin llamar la atención,  por la parte posterior del avión que lo había llevado desde Suiza donde  coincidió con Carlos Andrés Pérez en una reunión de la Internacional Socialista. Contaba el dirigente socialista español muchos años después, que el dibujante y arquitecto de su misma nacionalidad José María Pérez González, apodado Peridis, había inmortalizado el encuentro con una caricatura en la que mostraba a González bajando del avión, mientras que Pérez le decía al rey que en la nave llevaba un contrabando.

Es preciso señalar que ese "contrabando" casi cuarenta años después iba dar de que hablar al venir a Venezuela a observar la situación que se vive. Pese a las ofensas y amenazas, Felipe González no bajó en esta oportunidad por la retaguardia del aeroplano sino que con gallardía llegó a un país en el que el gobierno lo ha amenazado y el Parlamento, en un ejercicio de improvisada extralimitación lo declaró persona non grata.

González se comportó como un estadista. Observó, dio recomendaciones y demostró un profundo conocimiento de la estructura venezolana al reiterar en diversas ocasiones que su participación en el equipo jurídico de los presos políticos era de asesor técnico y no de abogado defensor, pues requeriría revalidar.

El expresidente de gobierno español  manifestó que era pertinente prestar atención a la economía e indicó que no venía a Venezuela a sabotear, por lo tanto una vez que el gobierno venezolano le negó la posibilidad de visitar a los presos políticos, se marchó, habiendo dejado en la visita reuniones con la Mesa de la Unidad Democrática y con Teodoro Petkoff, a quien entregó el Premio Ortega y Gasset que en su nombre recogió en España.

Al salir de Venezuela, rumbo a Colombia para asesorar en el proceso de paz, llevó Felipe González las impresiones de una visita que aunque corta, resultó fructífera. Indudablemente aquel "contrabando" que regresó a España hace 39 años, es hoy día una de las más importantes figuras de la democracia y un líder que tiene mucho que aportar y contar sobre la realidad venezolana.

Luis D. Alvarez V
luis.daniel.alvarez.v@gmail.com

@luisdalvarezva

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martes, 5 de mayo de 2015

JESÚS ALEXIS GONZÁLEZ, CONTRABANDO: FRUTO DEL ATROZ RÉGIMEN CAMBIARIO.

En agosto 2014, los presidentes de Venezuela y Colombia anunciaron el establecimiento de un sistema de pagos bilaterales para facilitar el comercio, correspondiéndole a nuestro país la determinación del tipo de cambio (bolívar-peso). Hubo señalamientos concretos; desde la visión colombiana: “los precios de los alimentos que pasan en contrabando los venden a un precio más bajo y por eso afectan nuestros productores. 

Los productos de la canasta básica subsidiada por el gobierno venezolano terminan siendo vendidos en Colombia a precios irrisorios en perjuicio del comercio local”; mientras que del lado venezolano se anunció un “plan de choque” con la finalidad de “combatir la extracción de alimentos y gasolina”, para lo cual se enviaron, dicen, unos 17.000 efectivos militares a lo largo de los 2.000 kilómetros y 400 trochas de frontera binacional con Colombia (¡43/trocha!); al tiempo de informar que “queda terminantemente prohibido la exportación de todos los productos de la dieta básica de los venezolanos, porque Venezuela no exporta sus alimentos, los produce para consumirlos” NOTA: Nos permitimos una acotación: la expresión adecuada ha debido ser “los importa para consumirlos”. 

En armónica sintonía comunicacional con el Ejecutivo, voceros gubernamentales estimaron en más de US$ 2.000 millones las pérdidas anuales por contrabando (en 2015 equivaldría a unos Bs 374.000 millones), en un escenario, que según estos voceros, le conviene al gobierno colombiano ya que le resulta más económico mantener esa cultura que propiciar la producción interna; calcularon de igual modo que desde Venezuela ingresan a Colombia unos 80.000 barriles de gasolina, cuyo precio promedio interno es de Bs 0,070/litro vs Bs 58/litro en Colombia diferencia de precios que induce una pérdida aproximada para nuestro país cercana a los US$ 5.500 millones anuales, y un beneficio superior a los US$ 3.000 millones para los contrabandistas.

El contexto brevemente descrito, perfila la estructuración de una “economía de frontera” (flujo de mercancías sin pagar los derechos de aduana) de manifiesto vigor actual ante la presencia de un cambio oficial sobrevaluado como consecuencia de la atroz “política” de anclaje cambiario orientada a controlar la inflación (¡!); en conjunto a un marco de controles y subsidios que fomenta el contrabando  en razón a las ventajas que se le confiere al vecino país la existencia de un “precio subsidiado” como resultado de estar porcentualmente conformado por “importaciones subsidiadas” a un tipo de cambio descontextualizado (p.ej. Bs 6,30/$), que luego el Gobierno intenta “proteger” (no con mucho éxito) con rigurosos controles de precio (¿precio justo de venta?) que a la postre, ante su congelamiento, se ubican por debajo de los precios libres del comercio vecino (en más de 10 veces) hecho que impulsa la citada “economía de frontera ”y el contrabando (distinto a una “guerra económica”) que en opinión del propio Gobierno alcanza más del 35% de los productos importados con un “dólar subsidiado”, traídos para enfrentar el desabastecimiento causado por una escasez de oferta doméstica que emerge ante el manifiesto deterioro del aparato productivo nacional causado por la “guerra importadora” contra el sector privado, que con el tiempo ha inducido un círculo vicioso de más importaciones con obvio encogimiento y destrucción de la capacidad de producción interna. Sirva de referencia ilustrativa, casos como el de la harina precocida que en Cúcuta 1 kilo tiene un precio de unos 2.500 pesos pero con sólo cruzar la frontera se puede comprar a precio regulado ¡8 kilos con el mismo esfuerzo monetario en pesos!.  
Es de resaltar que esa proporción puede variar según la zona geográfica donde se adquiera el producto proveniente del “bachaqueo” (argot popular zuliano que hace alusión a un producto revendido por una persona natural) tal como p.ej. Maracaibo (Bs100), Oriente (Bs 90), San Cristóbal (Bs 70), Yaracuy (Bs50) y Valencia (Bs 40); situación similar para  muchos otros alimentos, todo lo cual muestra dos aspectos de repercusiones distintas: un claro beneficio para el consumidor colombiano (y el contrabandista) y una oportunidad de abastecimiento ( más caro) para los venezolanos ante la escasez nacional; o lo que es lo mismo, el “bachaqueo” es ahora un factor de distribución de la mercancía en incongruente y sospechosa “ocupación funcional” de las competencias inherentes a los 22.000 Centros de Abastecimiento “atendidos” por Mercal, siendo el Gobierno quien controla cerca del 60% de la distribución de alimentos al tiempo de estar en capacidad de conocer al detalle todo ese proceso al haber instrumentado en 2008 el Sistema Integral de Control Agroalimentario (SICA) para supervisar lo enviado para cada región del país, y asumiendo en 2009 la importación de alimentos fortaleciendo ese objetivo con la promulgación (30/12/2010) de la Ley Sobre el Delito de Contrabando, que en su Artículo 3 lo define como actos u omisión donde se elude o intenta eludir la intervención del Estado con el objeto de impedir el control en el tránsito de mercancías o bienes; luego complementada en 2012 con la puesta en funcionamiento de la Guía Única de Movilización y Control de Alimentos de uso obligatorio para el movimiento de los alimentos en todo el territorio nacional; y más recientemente se anunció (01/05/2015), con subyacente clientelismo electoral,  la instalación de unos 1.800 Consejos Populares de Abastecimiento y Producción, que al parecer, funcionarán en cada establecimiento (¡!) con la finalidad de combatir la usura, la especulación, el acaparamiento y el contrabando (¿?); y de igual modo, en nuevo ataque mediático,  la creación de una Corporación de Transporte a efectos de centralizar la distribución de alimentos (¿Estatización?).
Es importante recordar, que con la integración económica entre Venezuela y Colombia (finales de los 80) disminuyó en más de un 90% el contrabando de productos venezolanos, como reacción a la instrumentación de políticas económicas bilaterales que condujo a una revalorización del bolívar desde 0,50 pesos en 1983 hasta 2,43 en 1998 y 3,10 pesos por bolívar en 2003 (en 2015 apenas podemos comprar 0,024 pesos con 1 bolívar); siendo que de igual modo en 1998 exportábamos a Colombia arroz, maíz blanco y amarillo, sorgo, algodón, papel, plátano, coco, duraznos, entre otros rubro, hasta situar las ventas por encima de los US$ 4.500 millones. 
Esta situación privilegiada, inició su reversión a partir de 2001 cuando se aprobó la Ley de Tierras como un idóneo (¡!) instrumento jurídico para apuntalar la “revolución agroalimentaria socialista” cuyos resultados nos ha llevado a tener que importar en el presente la mayoría de los alimentos que consumimos (¿cómo se puede hablar de “contrabando de extracción” en el área de alimentos?); acción que tiende a encogerse a raíz de la caída de los ingresos petroleros (y de divisas) en más de un 60% en 2015 colocándonos en el umbral de una crisis: ¿con qué importamos? situación que se complica ante la inexistencia de un fondo anticiclico, a la par de los desastrosos efectos de la nefasta política de refinación de PDVSA que se tradujo en la pérdida ante Canadá de los espacios técnicos para procesar nuestro crudo pesado descartados para intentar, sin éxito, la instalación de 3 refinerías en China.
No admite duda en contrario, que mantener sobrevaluado el bolívar con respecto al US$ como una estrategia de corto plazo para distribuir el ingreso nacional en  momentos coyunturales puede dar resultados satisfactorios; pero de malvados efectos al perdurar en el tiempo con una tasa oficial divorciada de la realidad (p.ej. 6,30 Bs/$) que a la larga se vuelve inoperante como consecuencia del uso indebido (público y privado) de la divisa oficial, hecho que a su vez impide tanto la conformación de mejoras en el precio de venta al consumidor como la posibilidad de una masiva importación en razón a la especulación cambiaria y la corrupción que florecen por el descomunal diferencial entre las distintas tasas de cambio (brecha cambiaria) que para 2015 se sitúa en más de 4.000% (Cencoex vs paralelo); al tiempo de estimular la economía de frontera tanto de los limitados bienes producidos internamente como de los ¡productos importados a la tasa cambiaria oficial!,  muy especialmente los alimentos.
Mención de obligante referencia, es lo referente a la devaluación que ha caracterizado a Venezuela que sobrepasa un acumulado del 18.000% en los últimos 15 años ( vs un 1.625% en los 35 años precedentes), aunado al Sistema Marginal de Divisas (Simadi) efectivamente “marginal” que apenas participa en un 1% del total adjudicado de divisas, pero que al propio tiempo cumple el malvado papel de establecer la “cotización piso” del dólar en el mercado paralelo (entre un 20-30% por encima) induciendo una “devaluación encubierta progresiva” que igualmente dinamiza la economía de frontera con Colombia, muy especialmente en materia de alimentos al “abaratar las exportaciones” bajo la perturbador figura de un ¡contrabando de transporte de productos subsidiados!.
En fin, mientras no se corrijan las distorsiones cambiarias y se impulse una flexibilización de los controles de precios y cambio, la economía de frontera será una realidad permanente y creciente fundamentalmente en materia de alimentos, medicinas y gasolina en razón a la amplia diferencia de precios que existe entre los regulados nuestros (congelados) y el libre colombiano que obviamente “estimula” el deseo de venderlos mucho más caro en la frontera. Concluimos con una reflexión de cierre: Venezuela no podrá alcanzar el mandato constitucional de una Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, hasta tanto no se desregule la economía al tiempo de reducir el tamaño del Estado y el  intervencionismo gubernamental.
Jesús Alexis González       
Jagp611@gmail.com         
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domingo, 30 de noviembre de 2014

RUBEN DARIO BUSTILLOS RAVAGO, EL CONTRABANDO DE MADURO

RUBEN DARIO BUSTILLOS RAVAGO
El pasado jueves 20, Nicolás Maduro, en cadena nacional,  promulgo  a la carrera y contraviniendo preceptos constitucionales y derechos económicos ciudadanos, 28 decretos-leyes en materia económica, fiscal y anticorrupción. 

En una acción desesperada y para quemar los últimos cartuchos de una ley habilitante que le otorgo la Asamblea el 20 de noviembre de 2013, con el propósito de legislar contra la corrupción y en materia económica, aprovecho para meter de contrabando una nueva reforma (la cuarta desde el 2005) de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional (LOFAN). 

Recordemos que en diciembre de 2007 el país rechazo, mediante un referéndum, la reforma de la Constitución Nacional en la cual, entre otros aspectos, se proponía incluir a la milicia como quinto componente de la Fuerza Armada Nacional, además de otros conceptos como el carácter antiimperialista y socialista de la institución militar. 

Para decir lo menos. No obstante, desconociendo la voluntad popular, Chávez optando por incluir la materia militar vía reforma parcial de la LOFAN, reformo la ley en el 2008 y 2011. En ellas se incluyeron muchos aspectos que fueron denegados el 2D del 2007, entre otros, el grado militar de Comandante en jefe del presidente de la república, la incorporación de la milicia, llamada inicialmente reserva nacional, la creación de las categorías de  oficial de milicia y oficial de tropa, y la incorporación de las regiones militares de defensa integral. 

Como no les fueron suficientes las anteriores, y ahora, cuando las circunstancias políticas le son adversas: pérdida de popularidad y crisis económica, Nicolás Maduro decide  incluir en el paquetazo una nueva reforma de la LOFAN. Detrás de esta reforma, metida de contrabando un día antes del vencimiento de la ley habilitante y fuera de la materia de su objetivo, subyace la preocupación del gobierno sobre la grave crisis nacional, que afecta por igual a los militares. 

Maduro necesita mejorar el clima militar interno y asegurar su apoyo para mantener la precaria estabilidad del gobierno. Cuando promulga la ley en Miraflores,  llama al cuerpo castrense la columna “vital” de la estabilidad y de la unión cívico-militar. 

La reforma Incluye a la milicia en el sistema de seguridad social de la FAN, se le da la oportunidad a los oficiales asimilados y de tropa, y a los oficiales técnicos de ascender a Generales de Brigada y División, respectivamente. 

Recientemente los militares recibieron un aumento del 45%. El General Padrino López insiste en reforzar los principios socialistas inyectados en la FAN por la revolución. Llama a fusionar la milicia con la Guardia Nacional. ¿Cuál es la lectura de todo esto? Algo huele mal en Dinamarca, dijo Hamlet.

Ruben Dario Bustillos Ravago
frentemil2@gmail.com

@frentemil1

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miércoles, 3 de septiembre de 2014

ALFREDO SCHMILINSKY OCHOA, EL CONTRABANDO

El problema del contrabando no se soluciona con medidas policiales. Claro, para un gobierno como el actual - y lo de gobierno es un decir-, estas son las únicas medidas que a sus escasos cerebros de pigmeos mentales se les puede ocurrir. Lo malo para ellos y para los venezolanos es que van a resultar totalmente inefectivas e inútiles. Pero además de eso, lo que van a promover, como lo estamos viendo, es la corrupción de los efectivos militares que participan en la represión de la salida ilegal de alimentos.

Estos ineptos debían saber que para lograr la solución de cualquier problema es necesario identificar previamente las causas que lo originan. Es lo mismo que ocurre con las enfermedades, que si no se diagnostican y determinan sus causas, no podrá prescribirse la terapia indicada y, por consiguiente,  jámás podrá prioducirse la curación de la patología. En el caso del contrabando, es indudable que la causa de este delito radica en la relación cambiaria que existe entre la moneda venezolan y la colombiana. Una relación tan desventajosa para la moneda nacional, que con un peso colombiano se pueden  obtiener, aunque parezca increíble, 50 bolívares. Con lo cual con unos cuantos pesos bastan para adqurir toneladas de alimentos, que luego son llevados a Colombia, donde son vendido a precios que permitirán la obtención de fabulosas ganancias.

Para el combate del contrabando de extracción sólo hay una medida efectiva: la revaluación de nuestra moneda. No hay otra. Lo demás es recurrir a subterfugios, a medidas efectistas y fáciles pero absolutamente inútiles. Sin embargo, los enormes e irracionaes compromisos contraídos por estos gobiernos al margen de las posibilidades reales del país, han creado un enorme hueco fiscal que hacen imposible la revaluación. ¿Por qué? Porque en la medida en que el bolívar se revalúe, el ingreso de esta moneda al fisco disminuiría sustancialmente, con lo cual al gobierno se le haría imposible el cumplimiento de muchas de las obligaciones contraídas.

¿Qué demuestra esto? Que la crisis estructural que vive en estos momentos el país no se soluciona con medidas aisladas ni tampoco con placebos. Porque para el mal de nuestra economía la represión policial es como inyectarle agua destilada a un canceroso. Por lo tanto, se requieren soluciones globales, integrales, soluciones que ataquen a fondo las verdaderas causas de la grave emergencia que en estos momentos vive el país. Y una de esas causas, además de la corrupción desenfrenada, es la enorme burocracia que, como un agresivo carcinoma, corroen y minan los tejidos vitales de la nación. De allí la urgente necesidad de realizar una poda radical en esta área de la administración pública; una poda que disminuya por lo menos en un 50 por ciento esa brocracia, en su mayoría clintelar y parasitaria. Y hacerlo, antes de que el mal haga metástasis y no quede otra que llamar a María, que en esdte caso no sería otra que el fatídico FMI. 

Pero eso no es todo, porque como lo dijimos en una reciente nota, hay que reducir el gabinente, sobrecargado de ineptos y mirones, y llevarlo a unos 15  ministros como mucho. Porque es cuando menos escandaloso que nuestro país, con apenas 30 millones de habitantes, tenga más ministros que países desarrollados como el Reino Unido, Francia y hasta los mismos Estados Unidos. Pero, además, el estado tiene que desprenderse "a como dé lugar" de las empresas básicas de Guayana. Y eso por una razón muy sencilla: porque el estado se desprende de esas empresas, o esas empresas acaban no sólo con el estado sino también con el país. Así de sencillo. ¿Tendrá este gobierno el coraje de realizar estas acciones que saquen el país del espeso y profundo tremedal en el que el inescrupuloso capo de Sabaneta lo metió? Lo dudo. En primer lugar, porque el chavismo no está para beneficiar el país sino para beneficiarse de él. Y en segundo lugar, porque estamos próximo a unos prcesos electorales. De cualquier manera, si no proceden a efectuar estas imprescindibles y elementales rectificaciones...bueno, de todos modos el padre es dios y en el pecado llevarán la penitencia. 

Alfredo Schmilinsky Ochoa
alfredoschmilinsky@hotmail.com
@alfredosch   

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sábado, 30 de julio de 2011

MANUEL CORAO: POR LA IZQUIERDA ES CONTRABANDO

Desde el siglo V antes de Cristo la historia escrita da cuenta de la existencia de traficantes en bienes y personas en las costas del Golfo Pérsico. Luego en las naciones vecinas del mar Mediterráneo y del mar de China veríamos operando a los contrabandistas. En Venezuela, desde 1565 sabríamos de bucaneros, corsarios y filibusteros.
Todos los procesos de control de insumos no suntuarios en el mundo moderno que pretenden fiscalizar la carestía de productos, incentivan el contrabando. El delito es consecuencia de desacertados procedimientos que terminan en cohechos gubernamentales. Ante tal calamidad e ineficiencia, violar la ley es un derecho de sobrevivencia y ha sido históricamente más oportuno y provechoso para los consumidores.
La promulgación de un reciente decreto en Venezuela, vía de una írrita habilitante presidencial, de la Ley General de Costos y Precios Justos expresa en su motivación: “Es necesaria una Ley de Costos y Precios Justos que coadyuve la acción del Ejecutivo Nacional en la implementación de políticas de democratización de acceso de todas las venezolanas y todos los venezolanos, de manera equitativa, a los bienes y servicios”.
Esta endosa de manera irresponsable al sector comercial independiente los errores incurridos por los burócratas en el manejo de alimentos. Se olvidan de la estafa realizada por PDVAL, filial de Petróleo de Venezuela, cuando comunistas cubanos y venezolanos dejaron perder miles de toneladas de productos en puertos y almacenes, muchos de ellos por cierto no aptos desde su origen para el consumo humano.
Dicho instrumento, a criterio de los jurisconsultos, es la derogación de la economía de mercado y régimen de precios estipulados en la Constitución establecidos en los artículos 112, 115, 117 y 299. Nos enrumbamos hacia el colectivo de los medios de producción y es de la única competencia de la Superintendecia designada la fijación y modificación de montos y ya no más de la libre interacción de la oferta y la demanda.
Esta la LPC no es un instrumento de regulación, es un decreto coercitivo que dedica gran parte de su contenido al carácter punitivo de su desobediencia. Una comisión para tal fin como la creada en los gobiernos de Luis Herrera Campins y Carlos Andrés Pérez, Comisión Nacional de Costos Precios y Salarios –CONACOPRESA– o la participación de sindicatos, empresarios y autoridades electas –la tripartita– donde coadyuvaban los sectores productivos del país, sería más transparente.
Ahora el funcionario de turno decidirá la materia a conveniencia del mandatario. Esto se presta a coimas o alcabalas retorcidas. “El gobierno está creando una barrera más contra el sector económico al obligarlos a inscribirse en el Registro Nacional de Bienes y Servicios como condición para realizar cualquier actividad, y en caso de que no lo hagan la ley establece sanciones y multas elevadas”, expresa el doctor en leyes Victorino Márquez.
El diputado comunista Silvio Mora la considera una necesidad social. “Era un clamor del pueblo y con su promulgación se evitará que los venezolanos continúen siendo víctimas de agentes económicos que especulan por la contraprestación de servicios y venta de bienes o productos”. Se nota en sus palabras el carácter supranacional que los estalinistas le dan al gobierno.
Gustavo Briceño, presidente del Capitulo Venezolano del Ombudsman, aclara que la Ley viola la Carta Democrática Interamericana, por cuanto el artículo 4 hace referencia al respeto por los derechos sociales, las libertades de los individuos, lo cual consagra en un sistema democrático y participativo.
Para el presidente de la Federación Agropecuaria de Venezuela, Pedro Rivas, el estatuto no incentiva la soberanía alimentaria.
Este precepto es una clara demostración del fracaso gubernamental en temas de alimentos y vendrán otras acciones desesperadas Lo importante es satisfacer el hambre de libertades que tienen los venezolanos y ello será realidad en el 2012.

Director de Venenoticias.
Manuel Corao
manuelcorao@yahoo.comEL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, ACTUALIDAD, VENEZUELA, OPINIÓN, NOTICIA, REPUBLICANO LIBERAL, DEMOCRACIA, LIBERAL, LIBERALISMO, LIBERTARIO, POLÍTICA, INTERNACIONAL, ELECCIONES,UNIDAD, ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA

jueves, 29 de julio de 2010

IMPORTACIONES INVISIBLES Y MERCANCÍAS FANTASMA.FREDDY RIOS RIOS.

NOTICIA CRIMINIS.

En abril de 2009, Jesús Villanueva, Auditor General de PDVSA le remitió al ministro de energía y petróleo Rafael Ramírez un Memorándum, donde señalaba irregularidades administrativas que podrían constituir indicios razonables de corrupción en la adquisición de 5000 toneladas de carne. Del Memorándum se desprenden presuntas violaciones al ordenamiento jurídico que rige la materia. A demás de no haber licitación se adjudico la compra a una empresa que oferto a un precio superior casi en el 50% la tonelada. Ello significo un acuerdo entre las partes para facturar, 24,7 millones de US$ en lugar del precio pactado, 14,7 millones de US$. Por último la carne negociada nunca ingreso a Venezuela. El Memorándum señala además el incumplimiento por parte de los proveedores del cronograma de entrega, pautado como urgente e inmediato.

Señala también, el incumplimiento de parte de los proveedores de pollo y leche importadas por los cuales PDVSA cancelo 577 millones de US$.

Y como toda torta tiene su guinda, dada la urgencia para ofrecer en Mercal leche a los consumidores, se sustituyo la contratación del flete marítimo (6.556 toneladas/39 millones US$) por un flete aéreo que incremento del costo de transporte en 71% (67 millones por la misma cantidad de toneladas).

Last but not least, contrataron también 105.000 toneladas de leche en el 2008 que no llegaron al país en el 2009. También se desprende del Memorándum del auditor interno, que en esas compras internacionales de mercancías a importar se constato falta de transparencia, ausencia de soportes e insuficiente información sobre el destino de los alimentos, es decir, una documentación incompleta de las operaciones financieras y logísticas.

Como en todos los oscuros negociados en las compras internacionales del régimen, participaron filiales de PDVSA, en estos caso Bariven y PDVSA Services Inc.

La carne nunca llego, el pollo no voló y la leche se perdió, no hubo licitación, hubo sobreprecio en las mercancías, hubo sobreprecio en los fletes, al final un negocio mafioso, solamente existen documentos y pagos, en un entorno de incumplimiento de la legislación.

LA INSTITUCIÓN ADUANERA

La aduana es la primera policía del país, técnica, científica, multidisciplinaria, polivalente. Ejerce la “potestad aduanera” definida como la competencia de intervención sobre las mercancías, vehículos, locales, pasajeros y tripulantes que arriban, ingresan o están en el territorio nacional para concederle el régimen legal para el cual se declara.

La aduana moderna es facilitadora y contralora, se basa en el control del riesgo de las y de los operadores económicos. Las realidades de la globalización demandan de los países competitividad en la compraventa, estas operaciones internacionales se realizan mediante documentos exigibles internacionalmente. Constituyen la prueba de la legitimidad de la operación en origen y destino.

Las aduanas disponen de información y bases de datos que les permiten conocer las características de las mercancías, sus calidades, su especie y clase, sus precios y especialmente su valor en aduana.

En Venezuela el único responsable ante la aduana por las mercancías que importa, por el pago de los derechos de impuestos, y cumplimiento del régimen legal es el importador o consignatario aceptante.

Lo anterior lleva a la conclusión que si existen las documentaciones de importación y exportación en los países de origen y destinos de las mismas, el análisis de ambas documentaciones permite conocer en principio los términos de la compraventa concertada.

LAS MAFIAS EN LAS ADUANAS.

En las aduanas se pueden concretar ilícitos aduaneros, corrupción, evasión e impuestos directo e indirecto, ilícitos cambiarios, legitimación de capitales, contrabando y tráfico, como crimen organizado.

Interesa centrar el análisis en las importaciones invisibles de mercancía fantasmas, operaciones delictivas que generalmente ocurren cuando existen subsidios a las importaciones y regímenes de control de cambio, los primeros como corrupción administrativa y los segundos como corrupción política.

La destrucción del entramado institucional del Estado y la proliferación desmesurada de organismos y empresas públicas han diluido el control previo, in situ y posterior de la gerencia publica, no ajustada a la normativa de control interno, lo cual estimula la corrupción.

La aduana en la “zona primaria y secundaria” tiene la competencia exclusiva y excluyente de intervención, no puede entrar ni salir de sus instalaciones las mercancías que no hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en la normativa para su importación, transito o exportación, así tampoco se pueden realizar las actividades de trasbordo, almacenamiento, despacho directo, reconocimiento en destino, sin su autorización y cumplimiento de los requisitos legales.

Si en la aduana se infesta, infecta o contamina un alimento, la aduana debe llamar al funcionario sanitario para impedir su desaduanamiento, lo mismo sucede con las medicinas vencidas, los pesticidas prohibidos, etc. Aun cuando las mercancías se encuentren en almacenes autorizados o los gravámenes o impuestos a la importación hayan sido liberados, la aduana tiene potestad sobre estos.

Lo anterior nos lleva a la conclusión que en los escándalos de Pudreval y compañía, la aduana por acción u omisión, dolosa o culposa, o por culillo o jalabolismo, incumplió sus obligaciones legales y reglamentarias.

Al hilo de lo señalado debe resaltarse que las aduanas han venido sufriendo en estos doce años una profunda descapitalización intelectual y profesional, violatoria de la ley, que se concreta en que las jefaturas de los niveles normativos y operativos están dirigidos por militares o civiles sin ningún conocimiento en la materia y que solo acreditan en el currículo su militancia psuvista, lo que en estricto derecho hace nulos todos los actos administrativos que subscriben.

LAS IMPORTACIONES DEL RÉGIMEN.

Como lo hemos señalado en otras oportunidades, el escándalo bautizado como “PUDREVAL” es solo la punta de un iceberg, dado a dos circunstancias fundamentales; una, que las importaciones del régimen no requieren del otorgamiento de divisas por parte de CADIVI o su adquisición en el Sitme, son producto de un presupuesto de divisas paralelo no transparente, inauditable, sin control posterior ni rendición de cuentas, y por la otra debido a la promulgación de Decretos y Resoluciones, que en general liberan las importaciones del régimen del cumplimiento de requisitos arancelarios y para-arancelarios y la cancelación de derechos, impuestos y tasas. Añadido lo anterior la modificación de la ley Orgánica de Aduana reduciendo el plazo del abandono legal, constituye de hecho la confiscación de las mercancías sin el debido proceso para adjudicárselas al estado, que con frecuencia las utilizan para fines partidistas y proselitista .

Más tarde que temprano explotara la bomba de las importaciones de carne sin carne, las empanadas sin relleno, de la corrupción política, destruida la fabricación nacional, el Presidente ha convertida a PDVSA y sus filiales en un oligopolio importador, con todos sus vicios y ninguna de sus virtudes. PDVSA ha creado numerosas filiales dedicadas a las compras internacionales a partir de Bariven, se crearon PDVAL, PDVSA Services Inc., Corporación Venezolana Agrícola, Almacenes y Depósitos Agrícolas y un largo etc., los cuales tienen como misión ultima el abastecimiento alimenticio del país, y que ha terminado convirtiendo “el Sucialismo del Siglo XXI” en la “Robolución Conteiner”.

Los negocios sucios que pensaron constituirían “el crimen perfecto” tiene antecedentes desde el año 2004, por la comisión que tenían que pagar los argentinos. En el caso de Ascensores Serbas, preguntaban en la Embajada de Caracas con quien había que arreglar, ya habían cerrado acuerdo por medio de Uberti con los Ministerios de Comercio, Salud y Defensa de nuestro país. Pareciera que el Postgrado de Coimas lo fundaron De Vido y Uberti que tenían como agente a Álvarez Tufillo.

El Fiscal General Policita, según Luis Majul, transcribe el párrafo más picante de la denuncia de la diputada Elisa Carrio: “Cuando todos los papeles estaban listos para la habilitación, tanto en Argentina como en Venezuela, Álvarez Tufillo o Uberti se contactaban con los gerentes de las empresas o agentes de exportación para confirmarles que Claudio Uberti pasaría a conversar. La habilitación estaría condicionada al pago del diez por ciento de la exportación en la Argentina y el quince por ciento al cobro del fideicomiso en Caracas. Lo que daría un total de 25 por ciento en coima por cada operatoria de exportación”. Entre las medidas de prueba Policita solicito al juez Ercolini que “se le tome declaración testimonial al ex embajador de Venezuela en la Argentina Roger Capella, y también al actual, Arévalo Enrique Méndez Romero”. Ese día en su clase de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, en el marco de la honestidad intelectual dijo el prof Ercoloni: ”el poder solo puede ser investigado a fondo cuando los que lo detenta empiezan a perderlo”. Majul piensa que en Argentina; “quizás ese momento ha llegado”. Aquí está por llegar.

EL NEGOCIO DE LAS COMPRAS INTERNACIONALES.

Cuando la corrupción política se ha adueñado del comercio internacional y la autocracia controla todos los poderes, los mercaderes toman las riendas de la economía externa e interna. El Memorándum de Auditor Interno de PDVSA, permite percibir los entresijos y la profundidad de la misma. No se puede olvidar el escándalo de los bonos de exportación, típico de la corrupción administrativa que comprometía a exportadores, funcionarios de la aduana y agentes de aduana, que comparado con PUDREVAL, caso de corrupción política, con la participación de altos funcionarios del régimen, era juego de niños. Resulta el primero insignificante a no ser por el daño ético.

Lo señalado por Jesús Villanueva revela la profundidad de las transacciones del oligopolio importador gubernamental. Las mercancías que se importan son fantasmas, no existen, son solo una descripción en la documentación, en la declaración de aduana, en la factura, en el documento de transporte, en los registros y certificados sanitarios. En realidad no se exportan mercancías si no papeles, un agente, comisionista o traders organiza una operación virtual, se emiten, pero las mercancías nunca son transportadas. En connivencia con la aduana, dada las facilidades señaladas y al poder que tienen los importadores gubernamentales, se realiza un falso procedimiento de reconocimiento a partir de la presentación de la Declaración. Al final hay un pago al exportador, que organizo la operación mafiosa por unas mercancías inexistentes, solo hay un traslado de divisas de Venezuela al exterior.

Cuando existen mercancías en las transacciones se dan los sobre precios o sobrefacturaciones mediante la utilización de un intermediario que adquiere mercancías vencidas, saldos, remates, quiebras, a precios írritos, que no son de mercado en el país de exportación, y el intermediario las refacturas con los sobreprecios para su despacho e importación en Venezuela.

También puede ocurrir que se imponga una clausula de revisión de precio, y a las mercancías antes del despacho en origen se le alzan los precios de un 20 a un 100% del valor convenido, lo cual conlleva la evasión de capitales.

En estas operaciones se suele utilizar también a un operador logístico carente de principios éticos, o de maletín para organizar el tráfico hasta la aduana venezolana, el cual se encarga de emitir documentos falsos, adulterados o que no correspondan a las mercancías contratadas.

El régimen ha manejado tradicionalmente las compras gubernamentales descartando el procedimiento establecido en la Ley de Licitaciones, lo cual permite todo género de manipulaciones dolosas y corruptelas, las relaciones que se dan, se desarrollan dentro de las condiciones capitalistas de los negocios internacionales, se dan en el marco de lo peor del capitalismo salvaje y no dentro de los conceptos de las relaciones de intercambio socialistas. Al final del día lo que importa es el enriquecimiento, en estos casos ilícito. Estos Komunistas de pacotilla decostruyeron El Capital y el marxismo, para ellos el valor de las mercancías no tiene como fuente el trabajo, si no la compra, como compradores no le agregan valor a las mercancías, las ganancias corruptas que obtienen se la expropian no solo a los obreros, sino a toda la población, y no en el marco de la explotación del “el hombre por el hombre” sino de una mafia política a un pueblo. La plusvalía que genera la corrupción, que empobrece al país, que causa inflación, pobreza y desempleo, está justificada amoralmente en la concentración del poder, por un liderazgo ignorante, ineficiente, inadecuado, obsoleto y corrupto y en la utilización de mecanismos para-legales con fines anti democráticos. Si este régimen tuviera un rescoldo siquiera de ética socialista hubiese adelantado un sistema de compras de gobierno a gobierno, por lo demás de difícil transparencia si se realizara con los Castros, Ortega, Evo, Correa o los Kirchner.


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sábado, 10 de mayo de 2008

*PACIANO PADRÓN ESCRIBE: “DE CONTRABANDO MARCHA EL SOCIALISMO”


*PACIANO PADRÓN ESCRIBE: “DE CONTRABANDO MARCHA EL SOCIALISMO”


CARACAS, VENEZUELA, 06/05/08

Dudarlo es el cuento del avestruz; el contrabando avanza a trocha y mocha, contrariando la Constitución y la voluntad popular expresada el 2-D, al rechazar el proyecto comunista y totalitario. Ya hay suficientes pruebas del atropello dictatorial, pero hasta ahora, hasta este quinto mes del año, la protesta ha sido mediática, salvo la manifestación -no tan concurrida- del pasado 1° de mayo, y algunas escaramuzas contra el currículum escolar. Hemos olvidado que el escenario es la calle.

En la madrugada del 3 de diciembre -al reconocer la derrota- Chávez anunció que no retiraría ni una coma de su propuesta, y que lucharía por ella. Tal vez esta sea la única vez que intente cumplir su palabra. El contrabando está en marcha, ya el calificativo de socialismo o socialista se impone abiertamente en la administración pública, como se impuso el adjetivo "bolivariano". No obstante, la traba mayor la tiene Chávez en su aspiración de permanecer en el poder más allá del 2013, lo que no tiene salida constitucional, ni siquiera disfraz de ella, pero ya asomó el cuento de un referéndum doble, en el que se preguntaría al pueblo algo así como si quiere que Chávez siga. Alerto, ya es tiempo de salir a la calle. Los medios son un buen instrumento para informar, incluso para motivar, pero no sustituyen el escenario de calle. De otro lado, prepararnos para las elecciones regionales y de Alcaldes es un imperativo, hacerlo en unidad, es una exigencia histórica, pero las elecciones no sustituyen la lucha de calle contra el contrabando que avanza.

El centralismo es característico del socialismo comunista; todas las experiencias marxistas en el mundo, indefectiblemente, han conducido a la centralización total del poder en manos del tirano, quien dice gobernar en nombre del pueblo. Lo recién ocurrido en Santa Cruz, Bolivia, es un logro de la lucha por la autonomía regional, contra el centralismo totalitario del Señor Morales. Chávez tiene una aspiradora funcionando para absorber el poder de Estados y Municipios, le quita la Policía Metropolitana al Distrito Capital, fortalece con millardos y respaldo político a los Consejos Comunales afectos al gobierno, y se queda inconstitucionalmente con miles de millones de bolívares que corresponden a los Estados y Municipios, a través de la Ley de Ganancia Súbita. Estamos lejos de la calle, no conozco de una sola protesta actual contra el centralismo, que no sea en la prensa.

Lo que ocurre con el strike que le están pasando a la Fuerza Armada Nacional es muy grave; el quinto componente militar propuesto en la reforma, las Reservas acrecentadas en número y poder, convertidas en milicias, con recursos bélicos y equipos igual o superiores a los de los 4 Componentes de la FAN, es un golpe de Estado. Lo hemos denunciado, los periódicos están cargados de artículos como este que usted lee, pero las calles no saben de la protesta. Hoy existe un "ejército" paralelo, con la meta de ser más numeroso que los 4 Componentes de la FAN juntos, que es institucionalización de la guerrilla, según palabra presidencial.

La educación socialista-marxista ya pasa de sus ensayos previos, y pretende sembrarse en algunos municipios. "Con mis hijos no te metas" no ha sido todavía consigna lo suficientemente fuerte, como para sacarnos decididamente a la calle. Algunas tímidas manifestaciones se han generado, pero también en ese importante tema, las calles están vírgenes.

Sólo una decisión firme e irrevocable de cerrarle el paso al socialismo en la calle, con las necesarias alertas en los escenarios internacionales, pueden frenar los demenciales pasos del Presidente Chávez contra la Constitución. Despertemos. Es la hora. Que despierte la juventud universitaria. Que duerman en los laureles quienes no entiendan el camino como un proceso; una etapa es un paso, no es la meta. Que Dios bendiga sin límites al pueblo de pie, en lucha por la vigencia plena de la Constitución y los Derechos Humanos.
PACIANO PADRÓN