FROILAN ALEJANDRO BARRIOS NIEVES, AGRESIÓN DEL TSJ CONTRA LA LIBERTAD SINDICAL EN SIDOR

Si ha habido un movimiento que ha dictado pautas a lo largo de su historia en materia de autonomía sindical ha sido el movimiento siderúrgico en Guayana, ha enfrentado intervenciones desde el Estado en cualquier época, a tal punto que en las últimas elecciones generales del sindicalismo en Venezuela en 2001, no aceptó la intromisión del CNE y realizó sus elecciones renovando su comité directivo.

En esa misma dirección aún cuando el CNE prácticamente suspendió  la elección de los directores laborales para las empresas del Estado desde el 2000, y a pesar de que está normativa está vigente incluso como disposición transitoria del decreto LOTTT 2012, los sidoristas han sido uno de los pocos sectores laborales que continúan eligiendo los representantes de los trabajadores en el directorio de SIDOR,  realizándolas efectivamente en 2011, donde se eligieron 2 directores laborales principales y 2 suplentes.

¿Cual es el origen de la reciente decisión de la Sala Electoral del TSJ al suspender las elecciones del sindicato SUTISS?. Culminar la operación iniciada por el Ejecutivo Nacional desplegada durante el proceso de movilizaciones y huelga desarrollada por los trabajadores, cuyo desenlace fue en agosto 2014, en procura de un contrato colectivo justo y por el rescate de la principal empresa estatal del país luego de PDVSA.

Hoy SIDOR está dirigida por un General y 19 coroneles, es decir la militarización de la empresa insignia de la siderurgia en nuestro país y otrora en el mercado andino, hoy en ruinas, por otro lado 3 trabajadores están presos acusados de terrorismo por participar en las protestas de agosto y decenas de sidoristas continúan con procesos judiciales abiertos desde el anterior conflicto en 2008.

El Gobierno Nacional necesita acallar "el mal ejemplo" de los sidoristas en el reclamo de sus derechos laborales, de allí su estrategia de recurrir a la represión, el miedo, el aislamiento y mediante la fuerza imponer un contrato colectivo que no ha sido homologado, ni aprobado en asamblea de trabajadores sino caprichosamente impuesto por el Ministerio del Trabajo y la empresa.

A sabiendas que el resultado del conflicto de agosto dejó muy mal parado a la actual directiva de SUTISS ante los trabajadores, y ante el deseo de éstos de renovar su directiva en un proceso electoral donde concurren 12 planchas supuestamente simpatizantes del oficialismo, prefiere no correr el riesgo de que se legitime un nuevo SUTISS y le salte la liebre con directivos no controlables por los poderes públicos oficiales.

De allí recurre a   su as bajo la manga, desde la Sala Electoral TSJ se fabrica una decisión con la celeridad expresa del Poder Ejecutivo, y en 48 horas define  suspender las elecciones de SUTISS fijadas para esta semana. Excelsa capacidad de respuesta que no se compadece con la solicitud hecha por la Unidad de Acción Sindical en diciembre 2013, de nulidad de 15 artículos del DLOTTT violatorios de la libertad sindical, hoy  seguramente engavetada en algún rincón del máximo tribunal de la nación.

Froilan Barrios

fbarriosnieves@gmail.com

@froilanbarrios

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RAFAEL VENEGAS, EL CONFLICTO DE SIDOR

El conflicto de los trabajadores de SIDOR por la firma de su contrato colectivo, vencido desde hace cuatro años, ha puesto en evidencia, una vez más, el carácter autoritario y antiobrero de la cúpula boliburguesa que desgobierna. 

La negación o dilación en la discusión de los contratos colectivos de trabajo se ha convertido en una práctica común del régimen, afectando a millones de trabajadores al servicio de la administración pública y de las empresas del Estado. Esto constituye una violación flagrante de convenios internacionales firmados por el país en el marco de la OIT, así como de la Constitución Nacional vigente y de la Ley Orgánica del Trabajo.

Después de largos meses de discusiones obrero-patronales, los sidoristas emprendieron un conjunto de asambleas y movilizaciones para presionar el logro de sus reivindicaciones laborales. La respuesta del gobierno no se hizo esperar: primero, una falaz campaña de descalificaciones por parte de los principales voceros del oficialismo, encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, acusándolos de “mafiosos”, “guarimberos”, “contrarrevolucionarios” y “locheros”. Luego, una brutal represión contra las movilizaciones, del mismo tenor de la desarrollada contra el movimiento estudiantil en meses recientes y con saldos similares: heridos, detenidos y muchos perdigones y “gas del bueno” para disolver las asambleas, concentraciones y marchas; o sea, criminalización y judicialización de la protesta. Posteriormente, al amparo de las sombras de una madrugada, firmaron un contrato espurio que escamotea las reivindicaciones reclamadas, a espaldas de los sidoristas y de la mayoría de la directiva del sindicato, maniobra ésta para la cual se prestaron apenas tres de los once miembros de su junta directiva.

No se trata de que estemos frente a algo nuevo o distinto a la fórmula que el gobierno viene aplicando para despachar la gran mayoría de los conflictos laborales. El detalle es que ahora le tocó a una de las empresas básicas más importantes del país, la cual agrupa a 15.000 trabajadores, acumula una larga tradición de luchas y cuyo sindicato está dirigido por sectores afectos al oficialismo; a los cuales hoy, lamentablemente, les tocó una dosis de la “receta” antidemocrática y antisindical de un régimen que se ufana de ser obrero, popular y socialista. Obviamente, esta “receta” incluye el rol que cumple la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas al servicio del Estado-patrón, como muro de contención de las luchas obreras por sus derechos y reivindicaciones y como esquiroles para la intervención de los sindicatos, la represión contra los trabajadores y la entrega vergonzosa de sus conquistas económicas, sindicales y políticas. Como gustaba parafrasear el Supremo responsable de este adefesio arbitrario, militarista y despótico en que ha devenido el régimen boliburgués, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que escuche.

Pero también este conflicto ha puesto a prueba la combatividad de las bases sindicales y concitado la solidaridad del conjunto del movimiento obrero y sindical de Guayana y del país, el respaldo de otros sectores de la vida política y de la sociedad civil, en franca lucha contra la represión, las maniobras y la imposición. A su vez, ha reivindicado, en la práctica, la importancia de la autonomía del sindicalismo y demás expresiones organizadas del movimiento popular y ciudadano, su independencia de clase y sus derechos democráticos. Desde este punto de vista, la lección más importantes es que el carácter autónomo y de clase del sindicalismo, la democracia sindical y los derechos y reivindicaciones laborales deben ser preservados y fortalecidos frente a los intereses de los patronos o del Estado, independientemente de las militancias partidistas o simpatías políticas de quienes lo dirigen o integran. Al fin y al cabo, mientras el pueblo y el país permanecen, los gobiernos pasan. Este también pasará, no debe quedar ninguna duda.

Rafael Venegas:

rafavenegas07@yahoo.es

@rafantvenegas

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PEDRO PALMA, DESTRUCCIÓN REVOLUCIONARIA

En un documento oficial del Ministerio de Planificación se pone de manifiesto el descalabro económico que se ha estado operando durante los últimos años en Venezuela como producto de una serie de decisiones y políticas públicas que se han venido aplicando. 

Llama particularmente la atención los datos sobre producción de varias empresas que fueron estatalizadas años atrás, y que hoy muestran unos resultados muy poco alentadores. Así, Sidor, la principal empresa siderúrgica del país que en 2008 pasó nuevamente a manos del Estado, ha mostrado una caída continua de su producción, al punto de que, después de haber producido 4,3 millones de toneladas de acero líquido en 2007 –último año en que fue manejada por manos privadas–, en estos momentos está produciendo 1,33 millones de toneladas en términos anuales, es decir 69% menos. 

Cabe entonces preguntarse qué sentido tuvo la decisión de estatalizar esa empresa, pagando una indemnización del orden de 1,9 millardos de dólares, para luego destruirla o hacerla mucho menos eficiente, hablándose ahora de la necesidad de inyectarle cientos de millones de dólares para recuperarla.

Igualmente, la producción nacional de cabillas, que está totalmente en manos del Estado, ha experimentado una contracción de 80,9% en tan solo un año, al pasar de 46.000 toneladas en marzo de 2013 a tan solo 8.786 toneladas en marzo de este año, lo cual explica la gran escasez de ese insumo fundamental. En términos anualizados también se nota un profundo descalabro en la producción de ese producto, ya que esta pasó de 657.000 toneladas a comienzos de 2010 a 384.000 toneladas a comienzos de este año, es decir, una contracción de 41,6%.

 

Caso parecido es el del cemento, que fundamentalmente lo producían tres empresas que abastecían cabalmente el mercado y que fueron estatalizadas a mediados de 2008. Desde entonces para acá se han notado atrasos en las inversiones de mantenimiento y equipamiento de las plantas, y limitaciones en los niveles de producción. De hecho, de acuerdo con la información del Ministerio de Planificación, entre febrero de 2013 e igual mes del presente año la producción de cemento ha caído 11%, lo cual está en línea con la escasez cada vez más aguda que se nota en el mercado local.

La estatalización y ulterior destrucción de Agroisleña, empresa clave para el suministro de insumos, tecnología y financiamiento a más de 18.000 productores agrícolas, combinada con la expropiación, y en muchos casos expoliación de fincas, se ha reflejado de forma muy directa en la producción de ese sector, la cual ha mostrado severas caídas en distintos rubros.

Situaciones similares se ha vivido en otros sectores productivos donde se han operado dramáticas contracciones de sus niveles de actividad. Tal es el caso del aluminio, cuya producción anualizada cayó de 547.000 toneladas métricas a comienzos de 2010 a 166.800 toneladas al inicio de 2014, lo cual equivale a una caída de 69,5%. De igual forma, la producción anualizada de hierro cayó 37,8% entre mediados de 2012 y comienzos del presente año.

Como si lo anterior fuera poco, múltiples actividades productivas del sector privado se han visto severamente limitadas por el incumplimiento reiterado y prolongado del gobierno en la entrega de divisas para la importación, lo cual ha generado enormes atrasos en la cancelación de deudas a proveedores externos. Esto ha interrumpido los envíos de insumos a Venezuela, causando la paralización de la producción de múltiples productos o su dramática reducción, generando severos problemas de desabastecimiento y escasez.

La absurda situación antes descrita ha llevado a muchos a preguntarse si la misma es producto de la incompetencia e ineptitud de quienes nos gobiernan, o si responde a un plan fríamente calculado. La destrucción del aparato productivo durante los últimos años de gobierno revolucionario tiene que tener alguna razón de ser.

Pedro Palma

palma.pa1@gmail.com

@palmapedroa

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