El
presente conflicto universitario es distinto a los anteriores. Si bien presenta
reclamos similares de parte de profesores, empleados y estudiantes –sueldos
bajísimos, insuficiencia presupuestaria, dotación insuficiente de servicios,
violación del régimen autonómico- se distingue por poner a descubierto de
manera clara e irrefutable que el verdadero propósito de la contraparte oficial
es la liquidación de la universidad autónoma.
La bajísima remuneración de
profesores, empleados y obreros, así como la ridícula asignación para becas
estudiantiles, aglutinan la atención principal del conflicto en los actuales
momentos, pero la ofensiva contra estas universidades no se para ahí.
Los
universitarios exigíamos un 100% de incremento retroactivo al comienzo de 2013
como base para negociar ajustes futuros. En el caso de los profesores éstos
deberían ser conforme a lo dispuesta en las Normas de Homologación vigentes. La
oferta de aumento escalonado es, por tanto, una burla, pues para cuando termine
de ejecutarse ya la inflación se habrá comido la mayor parte. Para mayor
provocación, el ministro se niega a reunirse con la Federación de Asociaciones
de Profesores universitarios de Venezuela (FAPUV), con más de 40.000 afiliados,
para negociar una supuesta Convención Colectiva Única con una federación
fantasma que no representa a nadie. Más aun, se intenta meter de contrabando en
ese adefesio de contratación, normas que confiscan atribuciones de los Consejos
Universitarios en materia de ingreso y ascenso de profesores y empleados, así
como otras potestades administrativas que les consagra la Constitución y la Ley
de Universidades, y para imponer el “socialismo” como norte de los procesos de
transformación universitaria. La negativa a atender las justas aspiraciones
salariales de los universitarios y la pretensión de controlar sus carreras
buscan quebrarle el espinazo al recurso más preciado de estas instituciones, su
talento, para acabar con su resistencia a los designios totalitarios del
oficialismo, de una vez por todas.
Luego
está la asfixia presupuestaria progresiva que, cual tragavenado, va privando a
la institución de su aliento vital al negarle las partidas para reponer los
cargos de los que se jubilan; los recursos para la compra de equipos e insumos
y para mantener adecuadamente la infraestructura existente; la dotación de
divisas para enviar becarios al extranjero, asistir a simposios y congresos
académicos internacionales para estar al día con los avances del conocimiento;
y las providencias para sostener satisfactoriamente los servicios de apoyo
estudiantil. El Gobierno busca forzosamente convertir a las universidades
autónomas en una especie de gran liceo que forme el personal técnico que
requiere los planes oficiales, dedicados al cómo resolver lo que el gobierno
decide, pero negándoles la potestad de indagar sobre el que y el por qué de
ello, labor cardinal en la prosecución del saber. A pesar de que seguirían en
pie los edificios, progresivamente deteriorados, y profesores mal pagados
continuarían dictando clase, cada vez con mayor desgano, esto ya no podría
llamarse Universidad.
En
tercer lugar, se arremete contra las universidades con una batería de
artificios jurídicos y leguleyos que socavan la autonomía universitaria y
obligan a éstas a adoptar decisiones que desnaturalizan su propósito, para
ponerlas a disposición de los dictados de la secta política actualmente en el
poder. Es el caso de la primitiva y retrógrada Ley Orgánica de Educación,
instrumento legal que en vez de plantear cómo enfrentar los desafíos de la
sociedad del conocimiento, reivindica “saberes ancestrales” para enfrentarla.
El artículo 34 de esta ley pretende que las universidades autónomas se hagan un
hara-kiri y acuerden un reglamento electoral para que voten profesores,
empleados, estudiantes y egresados con el mismo peso, una persona un voto. Con
ello se desconoce el fin académico de este proceso electoral y la ponderación
que en él deben tener profesores y estudiantes; pone en manos de los egresados,
los que ya no hacen vida en la universidad, la decisión sobre quienes deben
ocupar sus cargos de dirección. Con base en este exabrupto, el TSJ ha impedido
la realización de las elecciones que, por ley, deben realizarse en cada
universidad autónoma para reponer sus autoridades, alegando que éstas deben
hacerse conforme a lo dispuesto en el mencionado artículo 34. Luego, con el
mayor cinismo y desfachatez, acusan al equipo directivo de “querer perpetuarse
en el cargo” (¡!) Adicionalmente, están las medidas cautelares que suspenden la
colocación de puertas para resguardar el recinto universitario de la UCV contra
la acción de bandas delincuenciales dedicadas a destruir sus instalaciones y
atemorizar a la comunidad, y que revierten procesos de sanción reglamentaria al
más conspicuo de estos facinerosos, Kevin Ávila.
En
cuarto lugar se ampara y se le da beligerancia a estas hordas fascistas para
que, armadas y validas de bombas lacrimógenas, agredan a estudiantes y
profesores, incendien vehículos y destruyan obras de arte y estructuras
universitarias. Son 61 agresiones de este tipo denunciadas por las autoridades
de la UCV ante el CICPC y la policía en los últimos 5 años, con apoyo de videos
y testimonios de testigos, que siguen impunes. Estos fascii di combattimento
promueven el terror para atemorizar y desmoralizar a los universitarios, y
destruir su disposición y valentía de hacerle frente a la violencia sólo con
las armas de la razón. El mundo al revés, pues. El propio Kevin Ávila fue
transmutado de malandro en héroe por el mismísimo presidente Chávez, quien le
alzó la mano en un acto público como “ejemplo de lucha revolucionaria” (¡!).
Éste mismo delincuente, luego de agredir salvajemente a estudiantes y a un
profesor de la Escuela de Estudios Políticos de la UCV el pasado miércoles 12
de junio, es recibido por sus partidarios en la Asamblea Nacional para denostar
contra esta Casa de Estudios. ¡Y todavía quieren hacernos creer que los
oficialistas no respaldan la violencia y las acciones vandálicas contra la
institución!
Por
si faltara algo en este arsenal de destrucción, se criminaliza a la protesta
desde los más altos cargos del Gobierno. El ministro Rodríguez Torres, de
Interior y Justicia, tuvo el tupé de acusar a los estudiantes de “acciones
desestabilizadoras promovidas por la extrema derecha” (¡!), para convalidar la
represión en su contra, como la de la Guardia Nacional en Lara. Peor aun, quien
se ganó limpiamente el apodo de “Mentira Fresca” en las pasadas elecciones y
que hoy ocupa ilegítimamente la Presidencia, ese mismo que se ufanaba de
reuniones de trabajo con un presidente que estaba más allá que de acá y quien
“le había estrechado vigorosamente la mano”, el mismo que se la pasa inventando
conspiraciones en su contra sin presentar la más mínima prueba, este señor con
credibilidad en el subsuelo tiene la desvergüenza de acusar a la Rectora de la
UCV de mentir con relación a la insuficiencia presupuestaria (¡!). Haciendo
gala de la técnica Goebbeliana de repetir hasta el cansancio una falsedad hasta
convertirla en “verdad”, invoca la manida falta de transparencia de la UCV en
el manejo de sus recursos, siendo que es la institución más auditada por los
poderes públicos que se haya conocido en Venezuela.
El
oficialismo no acepta la existencia de instituciones que por su prestigio,
servicios a la nación, conocimientos, ascendencia intelectual y ética bien
ganada, y defensa inquebrantable de la pluralidad del pensamiento, constituyen
el baluarte más eficaz contra sus pretensiones de imponer un régimen
totalitario.
El fascismo no tolera la conciencia crítica e independiente, pues
anula sus propósitos por afianzar un pensamiento único que legitime, a través
de la manipulación maniquea de símbolos caros a la nación, su perpetuación en
el poder. Requiere blindarse con mitos que alienten pasiones ancestrales que
activen el nosotros contra los enemigos –ellos-, los que piensan diferente y no
aceptan que se les coarte su libertad.
En dos platos, el fascismo se nutre de
la ignorancia, del oscurantismo sectario, de visiones estrechas y distorsionadas
de la realidad. De ahí que sean las universidades autónomas el mayor obstáculo
para sus ansias de poder. De ahí la ridícula aseveración de que quienes buscan
el saber en un ambiente de contrastación de ideas, donde se alienta a la
pluralidad y se autogobierna democráticamente, representa la “extrema derecha”
(¡!).
De ahí la necesidad de injuriar a quienes ocupan posiciones de liderazgo
en la institución, en primer lugar a la rectora García-Arocha, profesora
íntegra y universitaria a carta cabal, como al equipo que la acompaña, y
alentar la barbarie: ésta no puede imponerse sin rebajar la civilidad, la
dignidad, el respeto, la decencia y la cultura de respeto en democracia.
Pero
se equivocan. Los valores de la libertad, del progreso, del ejercicio creativo
del pensamiento, del respeto por el Estado de Derecho, más temprano que tarde
se impondrán a las fuerzas de la ignorancia, la arbitrariedad y el atraso. Ahí
están los valerosos estudiantes, haciendo uso de una movilización creativa para
defender su futuro y el del país, y arriesgando incluso su salud en huelgas de
hambre para que el gobierno entienda lo que está en juego. Sabrá la universidad
autónoma, en nombre de estos valores, hacer suya la fuerza de la dignidad y del
coraje esgrimida por el rector Miguel de Unamuno en su respuesta a la barbarie
militar del General falangista Millán Astray, quien irrumpió en el claustro de
la Universidad de Salamanca el 12 de octubre de 1936 en plena Guerra Civil
española gritando “¡Viva la muerte! ¡Muera la inteligencia!:
“Este
es templo de la inteligencia. Y yo soy su sumo sacerdote. Vosotros estáis
profanando su sagrado recinto. (...) Venceréis pero no convenceréis. Venceréis
porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer
significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: la razón y
el derecho en la lucha”.
La
diferencia está en que, en la Venezuela actual, no vencerán.
humgarl@gmail.com
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