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LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOMBRES DIERON LOS CIELOS; CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE ENCIERRAN LA TIERRA Y EL MAR: POR LA LIBERTAD, ASÍ COMO POR LA HONRA, SE PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA. (MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) ¡VENEZUELA SOMOS TODOS! NO DEFENDEMOS POSICIONES PARTIDISTAS. ESTAMOS CON LA AUTENTICA UNIDAD DE LA ALTERNATIVA DEMOCRATICA
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miércoles, 25 de junio de 2014

ISAAC VILLAMIZAR, LA TOGA DE LA RECTITUD

La institución de la defensa de las personas ha tenido una evolución interesante en la humanidad.  En Egipto no existía el abogado. Durante el proceso las propias partes se dirigían por escrito al tribunal, explicando su caso, el que luego de hacer el estudio, emitía la sentencia. En Babilonia tampoco, pues las partes recurrían a los jueces y apelaban al Rey que, como era el brazo de la justicia, tenía la última palabra. Cristo tampoco tuvo abogado, pues fue juzgado según las leyes judías, pero si lo hubiese sido por las leyes romanas, el Estado le hubiere asignado uno. La historia cuenta la anécdota de Friné, hermosa mujer ateniense, acusada de inmoralidad ante un jurado popular. Su defensor, como último recurso, la envolvió desnuda en una gigantesca manta roja y, mientras planteaba su defensa, empezó a girarla. Al aparecer la esplendente acusada, el abogado preguntó: “¿Creen ustedes posible que debería condenarse a semejante belleza?”, a lo que el jurado ateniense en pleno manifestó: “¡No!”.

Roma desarrolló plenamente, y por primera vez, de manera sistemática y socialmente organizada, la profesión del abogado, palabra que viene del vocablo latino advocatus, que significa llamado, pues así se conocían a quienes conocían la ley para socorro y ayuda. Los romanos permitieron que ciertas mujeres, de la clase alta, ejercieran la abogacía. Célebres fueron Amasia, Hortensia y Afrania. Esta última, con una lengua y palabra que causaba terror en los jueces y litigantes, hizo generar una ley que la suspendió indefinidamente y que prohibió a las mujeres el ejercicio, manteniéndose así hasta comienzos del siglo XX. Las Siete Partidas de Alfonso El Sabio señalaban que los abogados eran ciudadanos útiles, porque “ellos aperciben a los juzgadores y les dan luces para el acierto y sostienen a los litigantes, de manera que por mengua, o por miedo o por venganza  o por no ser usados de los pleitos, no pierden su derecho, y porque la ciencia de las leyes, es la ciencia y la fuente de justicia, y aprovechándose de ella el mundo más que de otras ciencias”.
Reproduzco aquí algunas actuaciones como abogados de dos ilustres venezolanos. Cristóbal de Mendoza, estadista, jurisconsulto, primer Presidente de Venezuela. En la Universidad de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, obtiene el título de Doctor en ambos derechos, civil y canónico. Trabajó con Antonio Nicolás Briceño (el viejo). En Barinas realiza prácticas de su profesión legal. Con su vasta y profunda preparación como jurisconsulto, la Real Academia de Caracas le confiere el título de abogado, que ejercerá en diversas poblaciones. En Barinas es nombrado protector de naturales de esa provincia, dedicando sus desvelos a la defensa jurídica de los indígenas desvalidos. Juan German Roscio, uno de los más importantes ideólogos de la independencia, hace su solicitud de inscripción como abogado ante la Real Audiencia de Caracas, que le fue negado por el calificativo de “india” que se le daba a su madre y abuela. Inició un contencioso en el que presentó brillantes alegatos, que pusieron en evidencia su formación jurídica-ideológica y la orientación filosófica de su pensamiento. En 1805 logró su definitiva incorporación al gremio, considerándose desde entonces un precursor de la defensa de los derechos civiles y de la lucha contra la discriminación en América.
Angel Ossorio, en El Alma de la Toga. siempre nos recuerda las cualidades de este profesional: “En el abogado la rectitud de la conciencia es mil veces más importante que el tesoro de los conocimientos. Primero es ser bueno; luego ser firme; después ser prudente; la ilustración viene en cuarto lugar; la pericia en el último”.
Isaac Villamizar
isaacvil@yahoo.com
@isaacabogado

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lunes, 23 de junio de 2014

ALBERTO JORDÁN HERNÁNDEZ, ENTRE ABOGADOS Y PERIODISTAS, CON VOZ PROPIA

         La próxima semana debería ser de fiesta en celebración de sus respectivos días  nacionales para abogados (lunes 23)  y periodistas (viernes 27). En el primero se conmemora natalicio en Trujillo en 1772 del jurista Cristóbal Mendoza, quien sumado al movimiento emancipador del 19 de abril 1810, fue primer Presidente de Venezuela en 1811. Y en el segundo, la aparición en 1818 del Correo del Orinoco con el cual Simón Bolívar, inauguró el periodismo libre al servicio de nuestra Independencia.

        
El Día del Abogado se celebraba el 19 de mayo, en homenaje a San Ivon de Ker-Martin, nombre con que canonizaron a Ives Hérlory, patrono de los profesionales del derecho. La propuesta de cambiar la celebración para el 23 de junio, la planteó en enero de 1955 en asamblea del gremio de Falcón su presidente, el trujillano Mario Briceño Perozo. En 1956 promovieron en Ciudad Bolívar que dicha celebración se fijara el 15 de enero, fecha natal del jurista Miguel José Sanz, quien también fungió de periodista, pues fundó el Semanario de Caracas (1811), segundo periódico de la nación. 

           Un falconiano, Jesús Antonio Petit, replanteó el 23 de Junio l970 en Asamblea de Federación de Abogados en Barcelona, donde quedó aprobado. Y el 21 de junio 1971, fue oficializado por decreto del presidente Rafael Caldera.

Desde 1942 Día del Periodista se celebraba el 24 de octubre, aniversario de la inauguración en 1808 de la prensa en Venezuela, con la Gazeta de Caracas. De redactor figuró Andrés Bello, quien se convirtió así en el primer periodista profesional venezolano. Como jurista fue autor de los textos Derecho Romano, Principios del derecho de jentes y Código Civil chileno.

Convención de la Asociación Venezolana de Periodistas, génesis del Colegio, reunida en Valencia en 1964 autorizó cambiar la comentada celebración para el 27 de junio. La Ley de Ejercicio del Periodismo, ratificada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia del julio de 2004, lo establece en su artículo 40.

Relacionando las dos celebraciones, se recuerda que Cristóbal Mendoza, quien propuso en Cabildo Abierto en Caracas en 1813, que confiera a Bolívar el título de Libertador, escribió en el citado Correo del Orinoco, nombre usurpado por el régimen que se lo atribuye a uno de sus periódicos.

Venezuela precursora constitucional en el mundo del derecho a la información, en vigente Carta Magna consagra  más normas para garantizarlo.

Pero se caracteriza por su infracción y está clasificada entre 5 países sin libertad de expresión. Además en su territorio es considerado riego ejercicio  del periodismo. En las últimas protestas sociales se estiman en 500 los ataques  a comunicadores y medios. Solo Carabobo registra 262 arremetidas contra trabajadores de prensa. Agresiones físicas, hostigamientos, robos, destrucción de material de trabajo, detenciones y  negativa de papel a periódicos son rutinarios.  Un cuadro para reflexión de abogados y periodistas.

AL MARGEN. Plantear una Constituyente en esta emergencia y con un organismo electoral ilegítimo, es una propuesta política inconveniente. 

Alberto Jordan Hernandez
Jordanalberto18@yahoo.com
@albertojordanh

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martes, 28 de junio de 2011

ELINOR MONTES: CLIMA EN EL QUE SE CONMEMORÓ EL DÍA DEL ABOGADO

La convocatoria de Yvett Lugo, presidente del Colegio de Abogados de Caracas, el 23-06-11, fue a seguir en pie de lucha para el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho.

El 23 de junio los abogados no celebramos sino conmemoramos el día del abogado, en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas; porque como dijo el Dr. Pedro Nikken, orador de orden, dadas las circunstancias actuales “los abogados no estamos de fiesta”. En efecto, la corrupción de la justicia promovida desde la cúspide ha acabado con el Estado de Derecho, la democracia y la República.

La cubanización de la justicia hoy es incontrovertible. Desde el TSJ se han gritado consignas a favor de la permanencia de la jefatura en el poder, se ha establecido la ausencia de la separación de poderes como una política de Estado, se ha elogiado el que “las leyes en nuestro país a raíz de la promulgación de la República Bolivariana de Venezuela responden a un fin ideológico claramente establecido”, se ha instado a los administradores de justicia a “contribuir con la construcción del socialismo”, se ha admitido que el modelo de justicia es el cubano. Discurso que ha sido consolidado con acciones, impunidad para promover la corrupción y la inseguridad, criminalización de la disidencia, asesinato lento de los presos políticos mediante la negación del derecho a la salud, encarcelamiento de jueces, como María Afiuni, por dictar sentencias contrarias a los intereses del régimen, persecución de los defensores de los derechos humanos, la conversión de nuestras cárceles en campos de concentración, otros.  

El gremio de abogados sistemáticamente ha repudiado las tácticas del régimen para destruir la justicia. En esta oportunidad la persecución contra Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, quien ha sido declarado “enemigo objetivo”. Ha recibido amenazas de muerte, contra él y su familia, ha sido descalificado en los medios de comunicación del Estado Terrorista, se han revelado sus datos, números telefónicos y dirección de habitación, “para que el pueblo lo juzgue”. Esta práctica propia de los totalitarismos violenta los “Principios Básicos sobre la Función de los Abogados”, aprobados por el Octavo Congreso de las Naciones Unidas que obliga a los gobiernos a garantizarles el desempeño de la abogacía sin intimidaciones, obstáculos, acosos, persecuciones, otros. Ante la corrupción, la violación de todos los derechos humanos y la política del régimen de armar a los delincuentes, evidenciada en la violencia desatada, hasta con armas de guerra, en el Rodeo I y II entre la comunidad penitenciaria, con un saldo de muertos incierto (no creemos en el régimen), los rojos aplican la vieja táctica de convertir en culpable a quien viene denunciando esta situación criminal. Con esto no podrán tapar su responsabilidad, por el contrario, agregan más delitos a la larga lista de crímenes por los que serán juzgados en su oportunidad.


elmon35@gmail.com

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jueves, 23 de diciembre de 2010

COMUNICADO DE PROFESORES DE DERECHO. ENVIADO A NUESTROS CORREOS POR CARLOS EDUARDO SOSA NÚÑEZ

Diversos estudios e investigaciones preparados por Profesores de Derecho Público en Venezuela, han demostrado la ausencia de Estado de Derecho y de separación e independencia de los poderes del Estado que opaca la vigencia de los derechos humanos y hace ineficaz la Constitución. En Venezuela, el llamado Socialismo del Siglo XXI se presenta como una razón de estado absoluto que permite al Presidente de la República actuar sin limitaciones jurídicas ciertas y efectivas.

Los profesores de Derecho Público de las Universidades venezolanas, abajo firmantes, rechazamos y denunciamos el desconocimiento por el actual gobierno, en todos los niveles, de los valores y derechos previstos en la Constitución, que configuran a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho, en el cual ha de regir la institucionalidad, el ordenamiento jurídico, el pluralismo y en el que los funcionarios públicos han de estar siempre al servicio de los ciudadanos, no de parcialidad alguna, y, en tal sentido, deben actuar sujetos a las limitaciones jurídicas derivadas de la libertad e igualdad de las personas, de manera que los derechos humanos, que se erigen como los valores y fines superiores, sean respetados y garantizados a todos por igual.

El respeto de la Constitución, como enseñamos en las aulas, garantiza también la seguridad, estabilidad, convivencia y paz de la sociedad, necesaria para el progreso y la prosperidad. No obstante, en Venezuela las normas han dejado de ser las que habilitan y determinan el actuar de los funcionarios públicos, para convertirse en meros instrumentos para la imposición de la voluntad caprichosa desde las altas esferas del poder.Vivimos en un Estado donde los jueces o tribunales independientes son la excepción. En la actualidad la regla es que toda decisión del Presidente de la República o sus agentes reciba el aval del Tribunal Supremo de Justicia, responsable principal de esta situación intolerable, y del resto del Poder Judicial. Al contrario, los fallos judiciales tienen la vocación el intentar legitimarles cualquier arbitrariedad, ocurrencia o retaliación. Éste es el mayor peligro para nuestros derechos y para la democracia. Síntoma de lo anterior es el cada vez más elevado número de personas perseguidas o privadas de su libertad por motivos políticos y no jurídicos, así como la ya común y para nada encubierta práctica de sancionar con remoción o destitución a jueces que han enfrentado concretos intereses de altos funcionarios o del gobierno, llegando incluso a la detención arbitraria, con múltiples violaciones de derechos humanos, de alguno de ellos.Vivimos, asimismo, la negación reiterada a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Los derechos constitucionales son indivisibles e interdependientes. Los derechos constitucionales son todos y para todos. No se puede lograr la satisfacción de los derechos civiles y políticos sin los derechos sociales, económicos y culturales, ni viceversa.Las muertes violentas de personas que ocurren a diario, y que nos han convertido en uno de los países más violentos del mundo, son una violación del derecho a la vida; los secuestros son una violación de los derechos a la libertad y seguridad personal; el lenguaje excluyente utilizado por el Presidente de la República y otros funcionarios contra los venezolanos que no comparten su proyecto político particular son agresiones al derecho de igualdad y pluralismo político; la ausencia de un trabajo digno para todos es una violación del derecho al trabajo; la falta de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, es una violación del derecho a la vivienda; las expropiaciones arbitrarias y despojos a las propiedades que viene ejecutando el gobierno menoscaban el derecho a la propiedad; los ataques y ocupaciones arbitrarias a las empresas e industrias lesionan los derechos a la libertad económica y a la iniciativa privada; los juicios iniciados contra manifestantes, periodistas y demás personas por sus opiniones, así como el cierre arbitrario de medios de comunicación, son una violación del derecho a la libertad de expresión; la ausencia de disponibilidad suficiente y estable de alimentos y las limitaciones para su acceso oportuno y permanente al público consumidor menoscaban el derecho a la alimentación; las medidas que planifican y restringen la oferta de bienes y servicios son una violación a los derechos de los consumidores y usuarios. Éstos son apenas unos ejemplos de la falta de vigencia de nuestros derechos fundamentales.

No en vano el Estado venezolano se encuentra hoy día en una situación de grave incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, en perjuicio directo de las víctimas, con ocasión del desconocimiento de las decisiones dictadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas, que han sido la última esperanza de obtener justicia para las víctimas, especialmente los más pobres.Todo lo anterior ha sido ejecutado abiertamente bajo un denominado “Estado Global”, que se basa en una supuesta actuación mancomunada de los poderes y en la primacía absoluta de un contradictorio y confuso interés general, que concuerda plenamente con los intereses e ideas unilaterales del Gobierno Nacional.Utilizar el poder público sin obstáculos ni límites con la excusa de favorecer a muchos, aunque suponga la violación de los derechos de otros pocos, no hace otra cosa que desnudar la apetencia de poder de los actuales gobernantes. 

Con ello se encubre una gravísima contradicción, porque el despotismo y la autocracia han mostrado, una y otra vez, su incapacidad de solventar los problemas de todos. La actuación de los funcionarios públicos sin atenerse estrictamente al Derecho y a los derechos tiene un costo alto en lo humano, económico y social que pagan todos los miembros de la sociedad. Con ocasión de los acontecimientos que presenciamos actualmente en el país, convocamos a la sociedad venezolana a tomar conciencia de las consecuencias negativas que conlleva el modelo jurídico, económico y social que se pretende imponer a los venezolanos sin su aprobación expresa y, más aún, en contra de su voluntad, como es el caso del Estado Socialista y Comunal rechazado por el pueblo en la reforma constitucional propuesta en el año 2007. 

Apremiamos a todos, y en particular al gremio de abogados, a luchar en el marco del Derecho por la vigencia de toda la Constitución, con sus derechos y sus normas que limitan y responsabilizan a los funcionarios que ejercen el poder. Solo asumiendo y defendiendo todos los principios y derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales y sus consecuencias para el Estado y la sociedad, como hemos decidido hacerlo en las aulas universitarias, podremos los venezolanos forjar nuestro futuro como personas libres y dignas, como seres iguales empoderados de derechos inviolables y, por tanto, no sometidos a la voluntad y capricho de otros. Solo andando según estos principios lograremos la felicidad, el progreso como sociedad democrática y convertiremos a Venezuela en el país próspero que todos merecemos.

En Caracas, el 16 de diciembre de 2010.

Serviliano Abache Carmen Alguindigue Jesús María Alvarado Andrade Miguel Alvarado Néstor Luis Álvarez Martínez Tulio Alberto Álvarez Ricardo Antela Garrido Karina Anzola Spadaro Ana Elvira Araujo García José  Araujo Juárez Tomás Arias Castillo Alfredo Arismendi Aguana Carlos Guillermo Arocha Roque Félix Arvelo Villamizar Flor Ávila Marcos Avilio Trejo Carlos Ayala Corao Alberto Blanco Uribe Alberto Baumeister Toledo Irma Beherens de Bunimov José  Rafael Belisario Rincón Carlos Simón Bello Rengifo Juan A. Berríos O. Elías Bitar Escalona Erick Boscán Arrieta Allan R. Brewer-Carías Gustavo Briceño Vivas Josefina Calcaño de Temeltas Pedro Pablo Calvani Alejandro Canónico Sarabia Antonio Canova González Ruth Capriles Carlos Luis Carrillo Artiles Marcos Carrillo Perera Jesús María Casal Alma Chacón Hanson Rafael Chavero Gazdik María de los Ángeles Delfino Rafael Díaz Blanco Hernando Díaz Candia Román J. Duque Corredor Néstor Ecarri Angola Leopoldo Escobar Margarita Escudero León Ronald Evans Márquez Luis Henrique Farías Mata Liliana Fasciani M. Héctor Faúndez Ledezma Andreyna Febres-Cordero Willet Juan Carlos Fermín Fernández Fernando M. Fernández Gerardo Fernández Alejandra Figueiras R. Argenis Flores Jenniffer Gaggia Catherina Gallardo Oscar Ghersi Simón Gómez Fortunato González Cruz Gustavo Grau Fortoul Angelina Jaffe León Jurado Laurentin Andrés L. Halvorssen Villegas José  Vicente Haro José  Ignacio Hernández González Luis Alfonso Herrera Orellana Gonzalo Himiob Santomé Jorge Kiriakidis Gustavo Linares Benzo Laura Louza Luis Alberto Marín Rengifo Alfredo José Martínez García Juan Miguel Matheus Fernández Luis Molina Juan Pablo Molina Berrizbeitia José  Enrique Molina Vega Miguel Mónaco Alicia Monagas José  Antonio Muci Borjas Bárbara Nava Claudia Nikken Humberto Njaim Edgar Núñez Pino Gilda Núñez Jesús Ollarves Irazábal Freddy J. Orlando Alejandro E. Otero Méndez Paciano Padrón Alfredo Parés Salas José Peña Solís Rogelio Pérez Perdomo Flavia Pesci Feltri Pedro Alfonso del Pino Rodolfo Plaz Abreu Francisco Paz Yanastacio Manuel Rachadell Juan Manuel Rafalli Jacqueline RichterCarmen Luisa Roche Miriam Rodríguez Ninoska Rodríguez Laverde Manuel Rojas Pérez Manuel Román Ramírez Andrea Rondón GarcíaAna María Ruggeri Gabriel Ruan Santos Leonel Salazar Reyes-Zumeta Enrique Sánchez Falcón Abdón Sánchez Noguera Luis Pompilio Sánchez S. Antonio Silva Aranguren Cecilia Sosa Gómez José  Gregorio Torrealba R. Diana Trías Bertorelli Héctor Turuhpial Carlos Urbina Gustavo Urdaneta Daniela Urosa Maggi Judith Useche Juancarlos E. Vargas A. Alfredo Enrique Vázquez Loureda Adriana Vigilanza Isaac Villamizar Carlos E. Weffe H. Corina Yoris.

Carlos Eduardo Sosa Núñez
carlossosa68639@yahoo.es
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jueves, 26 de agosto de 2010

LA FIGURA DE HOY: CIPRIANO HEREDIA ANGULO, DIARIO 2001, 25 DE AGOSTO DE 2010. NUESTRO PESAME A SUS FAMILIARES

Falleció el jurista Cipriano Heredia Angulo, ex magistrado de la antigua Corte Suprema de Justicia y ex senador del anterior Congreso Nacional hasta 1992. Su deceso se registró la noche del lunes, a los 93 años de edad, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, en su residencia de Caracas. Heredia Angulo era nativo de Guanare, estado Portuguesa, donde cursó su primaria y secundaria, luego de lo cual vino a Caracas en 1935 a estudiar Derecho en la UCV. Se graduó de Doctor en Ciencias Políticas y Sociales en 1941 junto a Leonardo Ruiz Pineda, Luis Augusto Dubuc, José Agustín Méndez y Héctor Hurtado, entre otros.

Fue activo luchador en la Resistencia contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, por lo que estuvo preso 3 veces en la Seguridad Nacional y la Cárcel Modelo. En 1958 es electo Senador por su estado natal para el período 1959-1964, y en virtud de ello fue firmante de la Constitución de 1961. Su interés y capacidad intelectual le orientaron, además del Derecho, a la investigación y autoría de diversas obras de carácter histórico, como: El año 29; Páez: Heroísmo y Superación; Historia General de Portuguesa y; El Sobreseimiento. Recursos Naturales Renovables, Benito Juárez, y Páez, Presencia Inmortal. En el liceo fundó el primer Centro de Estudiantes de bachillerato del Estado Portuguesa. Y poco después el periódico “Ideal”, su dedicación a los asuntos sociales y estudiantiles marcarían sus inicios hacia la actividad política. Participó como delegado en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes, en Caracas para 1939. Lo que le conduciría a funciones dirigentes en la Federación de Estudiantes de Venezuela.

Profesionalmente ejerció como abogado en los estados Portuguesa, Barinas, Apure y Lara antes de sentar raíces en Caracas. Como gremialista participó como delegado al Congreso de Abogados, en Valencia en 1942. En la función pública integró, primero, la Misión Interparlamentaria Latinoamericana, en Lima; así como en la primera reunión Interparlamentaria Mundial, en Bruselas-Bélgica, y de la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas —URSS—, en 1962.

Senador de la República en el quinquenio 1959-64. En el ámbito jurídico y académico fue suplente y ex magistrado de la sala Civil y Mercantil, así como Penal de la CSJ. Catedrático en Derecho Médico y Medicina Legal por más de 25 años, tanto en la Universidad Santa María como en la Universidad Central de Venezuela —UCV—.


Combinó las disciplinas previas con la literatura y fue reconocido como miembro de la Asociación de Escritores de Venezuela. De la Sociedad Venezolana de Criminología. Fundador del Instituto de Derecho Agrario y del Derecho Agrario Iberoamericano. Miembro del Instituto de Derecho Penal y Ciencias Criminológicas de la UCV; presidió el comité ejecutivo de la Sociedad de Amigos de la Universidad Centro Occidental.

Ejerce libremente la profesión después de su paso por el Senado y es designado varias veces Juez Superior Penal accidental en los años 70. Pero su intelecto y capacidad, le llevarían nuevamente en 1983 a ser Magistrado de la Sala Penal de la entonces Corte Suprema de Justicia, cargo que desempeña hasta 1992. Hombre probo, sencillo y afable. Su cuerpo es velado en la Capilla I del cementerio del Este y su entierro será hoy miércoles, 25 de agosto de 2010, a las 11:00 am.
NUESTRO MAS SENTIDO PESAME A NUESTRO QUERIDO AMIGO CIPRIANO HEREDIA SOLTERO Y DEMAS FAMILIARES Y AMIGOS

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domingo, 9 de diciembre de 2007

*ALVARO F. ALBORNOZ P. ESCRIBE PARA LA RED: "REFLEXIONES SOBRE EL REFERENDUM DEL 2 DE DICIEMBRE"




REFLEXIONES SOBRE EL REFERENDUM DEL 2 DE DICIEMBRE
POR: DR. ALVARO F. ALBORNOZ P.

Este 2 de diciembre de 2007 se llevó a cabo en Venezuela un hecho contra natura e imposible de tramitar en un verdadero Estado de Derecho. Los venezolanos fuimos sometidos al dilema de escoger entre votar o no votar en un referéndum para aprobar una supuesta Reforma de la Constitución que violaba los derechos humanos, que vulneraba los elementos básicos de la democracia y que alteraba totalmente los principios fundamentales de la actual Constitución. Se trataba de una reforma que fue calificada de "moralmente inaceptable" por la Iglesia Católica, y de "herejía" por la Iglesia Evangélica; y que desde el punto de vista jurídico constituía un adefesio normativo o un bodrio constitucional. Por lo que nunca se debió dar curso a este proceso de reforma ya que era claramente violatorio de la actual Constitución y violatorio de la dignidad humana. Sin embargo, por la ausencia de Estado de Derecho en Venezuela y por la inexistencia del principio de separación de poderes, se le dio curso a este atropello impulsado por las cabezas de todos los poderes públicos sin ningún tipo de consideraciones éticas ni mucho menos jurídicas, al punto de declarar "improponibles" legítimos Recursos de Inconstitucionalidad que se habían interpuesto ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es así, como con un Consejo Nacional Electoral absolutamente parcializado y sesgado por la posición del gobierno, se convocó a este Referéndum Inconstitucional, con un ventajismo oficial abusivo y amparado por la inactividad de los otros poderes que incumplían con sus obligaciones constitucionales y legales.
Ante este panorama, los venezolanos se debatían entre ir a participar en un proceso viciado e irrito o abstenerse de hacerlo bajo el argumento de no convalidar o no darle legitimidad a una reforma violadora de la propia Constitución y bajo la certeza del fraude electoral. Las dos posiciones absolutamente legítimas y democráticas tenían un común denominador: su RECHAZO a la mal llamada reforma.
El día decisivo prácticamente la mitad del electorado acudió a votar y la otra mitad se abstuvo de hacerlo. Es así, como a pesar del ventajismo oficial y a pesar de que el CNE funciona como una oficina electoral del gobierno, se impuso la opción del "NO", es decir, del rechazo a la reforma, que es el sentimiento mayoritario de la población venezolana.
En este referéndum, tomando en consideración las cifras oficiales y dando por ciertos los resultados de elecciones pasadas, se puede deducir que la abstención provino principalmente de los votantes del chavismo, ya que la oposición obtuvo más o menos la misma votación que le ha venido atribuyendo el CNE en todas las elecciones y en cambio a el gobierno le faltaron tres millones de votos que no concurrieron al acto de votación. Y es ahí, donde no se pudo consolidar el fraude y la trampa electoral, ya que al no contar con su gente triple cedulada no pudieron concretar la vulneración de la voluntad popular.
En definitiva, y no obstante de todas las graves irregularidades propiciadas por el ente electoral, se obtuvo un triunfo para Venezuela, para la democracia, a pesar de la evidente molestia de la rectora Tibisay Lucena, quien ya no podrá ser Vicepresidenta de la República.
Fue una DERROTA para el odio, para la división, para el comunismo, para Fidel Castro, para el atropello, para el abuso de poder, para la corrupción desmedida, para la mentira, para el cinismo y para este proyecto hegemónico antidemocrático.
El resultado electoral fue un TRIUNFO de la Venezuela decente, de la Venezuela progresista y libertaria, de los que queremos un futuro promisorio para nuestros hijos, de los que amamos la libertad y creemos en la democracia como mejor sistema de vida.
Todo lo sucedido debe darnos ánimo para seguir luchando y no desmayar en la búsqueda del reestablecimiento del Estado de Derecho.
Los ciudadanos nos sentimos reconfortados y felices de este gran logro propiciado e impulsado por nuestros heroicos ESTUDIANTES quienes se merecen nuestra admiración y sonoros aplausos por su gesta en beneficio de todos.
De ahora en adelante, nos debemos preparar para los eventos venideros y consolidar la UNIDAD de los sectores democráticos para poder alcanzar la paz total y la felicidad de nuestro pueblo a través de la implantación de una verdadera justicia social, que incluya a todos en un proyecto común de bienestar general.
No es hora de más divisiones, no es hora de reproches, no es hora de buscar culpables, es hora de la reconciliación, es hora de la unidad.
Sigamos adelante con la mirada fija en ese horizonte de democracia verdadera y saquemos a Venezuela del caos y la desesperanza. Nuestra Patria se lo merece!.

Dr. Alvaro F. Albornoz P.
Doctor en Derecho Constitucional
Profesor Universitario
dr.alvaroalbornoz@gmail.com

lunes, 12 de noviembre de 2007

GRAN CONCENTRACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA



GRAN CONCENTRACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS


EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
14 DE NOVIEMBRE DE 2007-11-12 10 AM

LA MAYORÍA DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEL PAÍS Y EL INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL ABOGADO, INVITAMOS A LA COMUNIDAD JURÍDICA NACIONAL, INTEGRADA POR LOS ABOGADOS VENEZOLANOS EN SU CONDICIÓN DE MIEMBROS DEL SISTEMA DE JUSTICIA, CONSAGRADO EN NUESTRA CARTA MAGNA, A LA GRAN CONCENTRACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS A REALIZARSE EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LAS 10:00 A.M., EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, A LOS FINES DE INTERPONER RECURSO DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD, EN CONTRA DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL, EL CUAL CONSTITUYE UN FRAUDE CONSTITUCIONAL Y CONSTITUYENTE DEL RÉGIMEN AUTORITARIO, DESPÓTICO Y ABSOLUTISTA QUE PRETENDE DESTRUIR EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y JUSTICIA, A TRAVÉS DE UN GOLPE DE ESTADO AL ORDEN CONSTITUCIONAL VIGENTE.

Colegios de Abogados de los Estados:

Anzoátegui Mérida
Aragua Miranda
Carabobo Monagas
Cojedes Nueva Esparta
Delta Amacuro Portuguesa
Distrito Capital Sucre
Falcón Zulia
Guárico
Lara Inpreabogado


YVETT LUGO URBAEZ

PRESIDENTA

PRONUNCIAMIENTO DEL INPRE, COLEGIOS DE ABOGADOS Y LA CONVEPUV

PRONUNCIAMIENTO DEL INPRE, COLEGIOS DE ABOGADOS Y LA CONVEPUV

Los abajo firmantes integrantes de las Juntas Directivas del Instituto de Previsión Social del Abogado, los Colegios de Abogados de Distrito Capital, de los estados Miranda, Aragua, Cojedes, Falcón, Lara, Guárico, Carabobo y de la Confederación de Profesionales Universitarios de Venezuela, ante la propuesta de modificación constitucional promovida por el Presidente de la República y la Asamblea Nacional, en nuestra condición de máximos representantes del gremio de abogados, fijamos posición pública en los términos siguientes:

Frente a la subversión del Orden Constitucional adelantado e impulsado desde la Presidencia de la República por el Teniente Coronel Hugo Chávez Frías , subversión ésta que se manifestada en la presentación de un proyecto de reforma a todas luces fraudulento y violatorio de la vigente Constitución de la República mediante el cual se pretende modificar la estructura y principios fundamentales en los cuales se basa el Contrato Social de la Nación sancionado en diciembre de 1.999, resulta ineludible para los gremios de las entidades federales aquí representadas, fijar posición frente al país y el mundo a los fines de alertar sobre el sistema autocrático y totalitario que pretende implantarse con la inconstitucional propuesta de Reforma, la cual en su esencia, pretende la legalización y constitucionalización de una dictadura autocrática y militar.

Este inconstitucional procedimiento de reforma desde sus inicios presenta los signos que han caracterizado el ejercicio de la Presidencia de la República en los últimos cinco años, a saber: control de los poderes por parte del ejecutivo, abrogando su independencia e imparcialidad; lo anterior se refleja muy especialmente en el hecho de que la Comisión Presidencial a la que se le encomendó la redacción del mismo, estuvo compuesta por los máximos representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, situación esta que constituye una aberración, puesto que eliminó la posibilidad de que se aplicara cualquier mecanismo de control frente a los vicios de Inconstitucionalidad e Ilegalidad del Proyecto, logrando que EL PUEBLO VENEZOLANO quedase huérfano de la protección de las instituciones del Estado que deben velar por el respeto a sus derechos y al orden constitucional.

La Asamblea Nacional, vacía de autonomía, quebró el mecanismo constitucional establecido en el Capítulo II de la Carta Fundamental. Ciega y sorda frente a los diversos sectores de la sociedad que señalaban los vicios del procedimiento seguido, hizo de la intemperancia, la soberbia y la exclusión, los signos característicos que acompañaron el "debate" del proyecto de reforma.

El Proyecto inicial y los artículos incorporados por el Poder Legislativo, contrarían el carácter progresivo de los derechos constitucionales , eliminando el derecho a la información y al debido proceso en los estados de excepción dándole carácter indefinido a los mismos; atenta contra autonomía Universitaria, los gremios, los derechos intelectuales; elimina la representación de la sociedad civil en el Comité de Evaluaciones para designar a los integrantes del Poder Ciudadano; aumenta los porcentajes requeridos para la solicitud de convocatoria de los referendos constitucionales restándole poder al pueblo; esto también expresado en la llamada nueva geometría del poder que no es más que la designación de autoridades no mediante el ejercicio del derecho al voto, sino por voluntad del Presidente de la República; limita el derecho a la propiedad privada, socava la autonomía del poder judicial cuando establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán designados y/o revocados con el voto de la mayoría simple de los diputados de la Asamblea Nacional; suprime la descentralización y sustituye a los Municipios y a los Estados por órganos del Poder Popular designados por el Ejecutivo Nacional; y le da carácter indefinido a los mismos; le quita el carácter Institucional y Profesional a la Fuerza Armada Nacional ara convertirla en milicias al servicio de un partido político; elimina la autonomía del Banco Central de Venezuela para dejar en manos del Ejecutivo la política monetaria del país. En definitiva la propuesta constituye una regresión en los logros alcanzados en materia de Derechos Humanos violándose así la Constitución vigente y los Tratados Internacionales sucritos por el país

En nuestra condición de abogados, lamentamos profundamente que siendo el Poder Judicial, de los Poderes del Estado el llamado a guardar el equilibrio institucional, obligados a asegurar la integridad de la Constitución , la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales, ha abjurado de su condición de tal, porque pese a los recursos interpuestos para preservar el referido Orden Constitucional y legal violentados por el Ejecutivo y el Legislativo, no existe pronunciamiento alguno en este sentido, encontrándonos que la magistrada Presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales, ni siquiera por ética profesional se ha inhibido en las causas planteadas, a pesar de ser un hecho público y notorio su parcialidad frente al proyecto de reforma constitucional

Esta Reforma es moral y jurídicamente inaceptable de sancionarse la misma Venezuela entrará nuevamente al siglo XIX, el de la guerra fratricida, el de la violación de los derechos humanos, el de la discriminación por causas políticas y del colapso económico. De ser aprobada perderán autonomía los poderes del Estado y el Pueblo perderá su poder de decisión ante los poderes públicos, se perderá la transparencia en la administración de los recursos del estado, el derecho a la elección de la actividad económica que decida cada ciudadano, entre otros Derechos Humanos.-

Venezuela no necesita de una reforma constitucional, sino de Vigencia Constitucional, de un gobierno probo, eficiente, transparente en sus actos, responsable en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho, íntegramente comprometido al servicio de los venezolanos sin exclusión alguna . Porque hoy los venezolanos están cansados de nueve años de promesas incumplidas y mas que una reforma constitucional que perpetúe en el poder al Presidente de la República exige: el combate efectivo contra el flagelo de la inseguridad, la reactivación del aparato productivo para que genere empleo estable, las leyes de seguridad social engavetadas en el parlamento, lucha contra el alto costo de la vida, viviendas dignas, educación de calidad para todos los venezolanos implementada conforme al plan de desarrollo del país, servicio integral de salud de primera; Este país tiene los recursos naturales y humanos necesarios para lograr su pleno desarrollo.

Venezuela no debe apostar nuevamente a las patas del caballo de un nuevo caudillo militar el Pueblo Venezolano , el pueblo venezolano luchó y derramó su sangre para que quedaran en el pasado los regímenes autocráticos y militaristas que desolaron a la Nación como lo fueron los de Monagas, Guzmán Blanco, Gómez y Pérez Jiménez; y esto lo decimos, porque es por demás evidente que el objetivo principal y casi único de la reforma planteada por el Presidente es su reelección indefinida , es decir, la entronización en el siglo XXI, no de un socialismo democrático sino del mas avasallante caudillismo autocrático y militarista que creíamos desaparecido en Venezuela y el continente.-

No a la Reforma debe ser el motivo y el objetivo que una a todos los ciudadanos de este país, porque debe evitarse a toda costa que Venezuela deje de ser un estado democrático y social de derecho y de justicia que propugna como valores de su ordenamiento jurídico la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.

Hacemos nuestras las palabras de la Conferencia Episcopal Venezolana en el sentido que "…debemos tener claro que el verdadero sujeto de la Constitución es el pueblo, no el Estado y menos aún el gobierno; por eso ella debe expresar el acuerdo de todos los sectores, corrientes e ideologías. No puede ser la consagración de las ideas o propósitos políticos de un determinado grupo partidista. Consiguientemente, una modificación de la "Carta Magna" debe apoyarse en el mayor consenso posible. .."

Por último como lo han hecho otras instituciones exhortamos a los Poderes Públicos a suspender el curso de una propuesta de cambio constitucional que ha generado en el país un clima de enfrentamientos lo conminamos a convocar a las organizaciones políticas, sociales representativas de los empresarios y de los trabajadores, a los gremios profesionales, las universidades , dirigentes vecinales, las organizaciones no gubernamentales y a otros sectores sociales para proponerles un acuerdo mínimo sobre los temas en discusión, e igualmente proponemos al Gobierno Nacional que de continuar en su propósito de cambiar el texto constitucional lo haga a través de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente de modo que el nuevo texto resulte del consenso político y social que merece el pueblo de Venezuela ..

Por último les recordamos que el Pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario,; en ejercicio de ese poder debe decir NO A CUALQUIER ACTO que pretenda hacer perder la vigencia de la actual Constitución por medios no previstos en ella.-

Valencia 02 de noviembre de 2007.

Luis González Blanco, (Psdte. Inpreabogado), Yvett Lugo (Prsdta.Colegio Dtto. Capital), Letty Piedrahita (Psdta. Colegio Miranda), Cergio Cuevas (Psdte Colegio de Portuguesa) , Wilmer Pereira (Psdte. Colegio Falcón), Henry Alviares (Psdte. Colegio Lara), Rosalino Medina (Psdte. Colegio Aragua), Roberto Anderi (Psdte. Colegio Cojedes), Luis Calderón (Psdte. Colegio Anzoátegui), Mary de Mudesa( Colegio Guárico), Orlando Velásquez (Psdte. Colegio Sucre), Pedro Arévalo (Psdte. Nueva Esparta), Mario Torres (Psdte. Colegio Zulia), Eliseo Moreno (Psdte. Colegio Mérida), Jesús Ramos (Psdte. Colegio Monagas), Rafael Veloz (Psdte. Confepuv), Adelba Taffin (Psdta. Colegio Carabobo), José Dionisio Morales (Psdte. Tribunal Disciplinario Carabobo), Nobis Rodríguez, Gustavo Correa, Karelly Lizarraga, Hugo Suárez P., (Vicepresidente, secretario, tesorera y bibliotecaria de Colegio de Carabobo), acompañados de los abogados Virginia Rodríguez, Danila Guglielmetti, Josefina Herrera, Mayela Fonseca, Marieles Damiani, Germán González, Nelly Soriano, Elia Damiani, Mary Martín, Amarilis Mota, Lenis Márquez, Carlos Omaña, Miguel Díaz, Carmen Lisser, Carmen García, Soraya Rivero, Juan Molinari, Mayela Fonseca, Nellys Reyes, Alfonso Granadillo, entre otros.