CARLOS E. AGUILERA A., VALORES DE UNA VERDADERA DEMOCRACIA

En una verdadera democracia, el Jefe de Estado está obligado a garantizar la estabilidad institucional, además de proteger los derechos y libertades de los ciudadanos, a quienes debe su cargo institucional.

El Jefe de Estado de un país debe trabajar afanosamente para que la lucha política no deteriore las instituciones democráticas y por tanto, para que no se legisle en contra de la separación de poderes, de la estricta independencia judicial o de los derechos de cada ciudadano a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la igualdad ante la ley. La persona que ejerce la Jefatura de un Estado debe garantizar el pluralismo democrático, como única alternativa viable institucionalmente para que, actuando con independencia política, las diversas fuentes del poder sean minimizadas ante posibles alteraciones de la institucionalidad.

Las funciones de un Jefe de Estado son importantes, porque sencillamente es la esencia misma en una sociedad civilizada, y solo se consigue extensa y abiertamente, cuando las instituciones respetan los derechos individuales, por encima del poder político, por cuanto son “derechos inmanentes a la naturaleza del hombre libre” y, por tanto, inalienables por el poder político y previos a cualquier Constitución, lo cual significa que un Jefe de Estado debe velar siempre por la protección efectiva de los derechos civiles de todos y cada uno de los ciudadanos y exigir que exista estricta sujeción a la Constitución y funcionamiento de todas las instituciones. Ello significa que por ser uno de los pilares centrales que sostiene la Constitución, el Jefe de Estado tiene la responsabilidad máxima y debe evitar que degeneren las instituciones en contra de los derechos y libertades de los ciudadanos.

Parecen olvidar quienes detentan el poder desde hace 15 años, que la democracia es un sistema de gobierno en el que los ciudadanos tienen los siguientes derechos y libertades: a) elecciones libres y competitivas b) Libertad de expresión y de organización política. C) Libertad de prensa y de cultos. D) Un poder legislativo atenido a defender el orden social. Con la violación de la propia Constitución o “La bicha”, como la calificó indignamente el extinto Chávez, estamos en presencia de un sistema de gobierno que contradice las justas aspiraciones de la mayoría del pueblo venezolano y los hechos – por nombrar solo algunos – saltan a la vista como la censura a los medios de comunicación y a sus protagonistas los hacedores de la noticia, a quienes se les expone al escarnio público, además de responsabilizarles por todo cuanto supuestamente afecta a la tan mentada revolución socialista del siglo XXI . A ello se suma la utilización de la fuerza militar, para reprimir a quienes protestan contra la políticas (¿) del régimen.

Olvidan también  estos socialistas de nuevo cuño, que existe una particularidad del sujeto sapiente que se adentra en el conocimiento del mundo que le rodea y de su propia vida, que se refleja en la realidad circundante del entorno social. Es evidente el afán que tienen por aprobar una nueva Ley con la que desaparecería el Colegio Nacional de Periodistas, la cual permitiría el libre ejercicio de nuestra noble profesión – la más hermosa como diría el fallecido Premio Nobel, el Gabo García Márquez -, a personas sin la más mínima formación académica, a las que ya vemos en las televisoras públicas asumir más el papel de inquisidor que de periodista. Obviamente desconocen que la objetividad e interacción fluye a través de la actividad práctica del periodismo que orienta, forma, intercambia vivencias, conocimientos, emociones, pensamientos y que la labor de comunicar es conceptuada como el hecho social omnipresente y permanente, actividad que la asume al informar, el periodista, quien revestido de ética maneja la información y opinión exponiéndose a riesgos, malas interpretaciones y falsos compromisos.

Como periodistas profesionales concebimos la encrucijada que se nos presenta, cuando en el alto gobierno se tornan irascibles, por el solo hecho de dar a conocer a la opinión pública, hechos reñidos con la conducta que deben mantener quienes prestan sus servicios en las distintas dependencias, empresas, instituciones del estado y de las Fuerzas Armadas, los cuales suceden a menudo en los últimos tiempos, y que la sociedad en una democracia está obligada a conocer, pues se aplica no sólo a la información u opinión que tiene acogida favorable, sino también a las que ofenden y escandalizan.

Molesta acaso, que los medios de comunicación por su propia naturaleza y función de mantener informada al colectivo nacional, publiquen informaciones que ponen en entredicho la capacidad, operatividad y competencia en el manejo del poder. Pretenden silenciar hechos como el del presupuesto nacional aprobado para el 2014, el cual ascendía a más de 552 mil millones de bolívares, pero que entre enero y agosto la Asamblea Nacional aprobó 197 créditos adicionales, por una cifra mayor a los 280 mil millones de bolívares, tal como lo denunció el diputado  Elías Matta; que los bonos de la República y de Pdvsa mostraron una fuerte caída en los mercados internacionales, luego de una semana en la que el valor de los títulos descendió de manera inusual hasta seis puntos en promedio ante las expectativas negativas de los inversionistas por la ausencia de toma de decisiones económicas del gobierno; que el Frente de Víctimas contra la Represión y el Foro Penal Venezolano en Carabobo, denuncien que varios de sus integrantes, así como detenidos en agosto son blanco de persecución, intimidación y abuso sexual; que el ministro para la Alimentación, Hebert García Plaza, informe que fueron detenidos 15 trabajadores de la red Mercados de Alimentos (Mercal), por su presunta participación en el delito de desvío de alimentos, especialmente de carne; que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, denuncie la detención de un ciudadano por supuestamente “incitar al odio”, a través de la cuenta en Twitter @Anonymuswar, o que, finalmente, Nicolás Maduro reitere su ataque contra la oposición acusándoles de estar incitando al pueblo para que se “arreche” y salga a la calle. ¿Esto último, acaso no es una instigación a la violencia?. ¡La salsa que es buena para el pavo, también  es bueno para la pava!

No podemos imaginar a nuestro pueblo sin una actitud reflexiva, y sin la libertad individual, uno de los pilares esenciales de toda sociedad democrática, la cual basa su progreso amparada en los pilares que la fundamentan, entre otros, la libertad de expresión, que es silenciada muchas veces con el sonido de las balas, atentados, secuestros y todo abuso de poder con los que se pretende acallar la voz y la pluma de periodistas anhelantes de grandes ideales, en el marco de la objetividad, información veraz y oportuna y el respeto a la moral e integridad de las personas.

Carlos E. Aguilera A.,

careduagui@yahoo.com

@_toquedediana

Miembro fundador del Colegio Nacional de Periodistas (CNP-122)

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