En
una entrega preliminar de esta serie destacamos que el castrochavismo en
Venezuela se vale del terrorismo de Estado; esa forma de ejercer control
consiste en la utilización de parte de un gobierno de procedimientos ilegítimos
destinados a inducir un estado persistente de
terror en la población civil para alcanzar sus objetivos. ¿Cuáles
objetivos?; como en toda forma de terrorismo, son esencialmente psicológicos, y
el principal es facilitar la manipulación de la colectividad, al quebrantar la
sensación de las personas de estar seguras en cuanto al respeto de sus derechos
humanos por el poder y reducir su capacidad de respuesta ante los abusos.
Existe en Venezuela la impresión
generalizada de que la blandura con el hampa desatada también es un recurso
terrorista del mismo propósito. La simpatía del gobierno con los delincuentes
es notoria y descarada: es el único país del mundo donde una ministra se hace
retratar abrazada con los llamados "pranes", los capos delincuentes
que controlan las prisiones, y los presos por delitos atroces cuentan con
piscinas, discotecas y otras comodidades en las cárceles, donde el poder lo
ejercen sus mafias, no la GN.
Pero lo que podría ser una simple "impresión"
acaba de encontrar una prueba, la cual, además, también parece ser evidencia de
la práctica de las ejecuciones extrajudiciales en el país. Es el recientísimo
caso de El Gordo Bayón.
Yormán Márquez Rodríguez (30 años),
alias El Gordo Bayón, fue asesinado el pasado lunes 2 de junio en la noche,
cuando se dirigía a su residencia, el hotel Alba Caracas, en una lujosa habitación cuyo costo es de 2.150
bolívares diarios (poco más o menos 400 y tantos US$).
Márquez es señalado responsable del
homicidio de los sindicalistas Richard Carvajal, Maikel Sánchez y José Félix,
ocurrido el 29 de febrero de 2012. A
pesar de su prontuario delictivo, en 2012 fue beneficiado por un tribunal de
Control del estado Bolívar; en su audiencia de presentación el tribunal 3° de
Control de Bolívar le dictó una medida cautelar que lo dejó en libertad, y sólo
con la prohibición de salir del estado; a pesar de que lo imputaron por tres
homicidios apenas estuvo dos meses detenido. En noviembre estuvo preso otra vez
por porte ilícito de armas; en esa oportunidad le incautaron un arma de fuego
Glock .40 con los seriales limados, que supuestamente está implicada en el
homicidio de otro sindicalista, llamado Leo Rafael Díaz. Por esa detención, el
tribunal 2° de Control de Bolívar le dictó privativa de libertad y estaba
recluido en el retén policial de Cachamay, de donde se fugó en diciembre. Sin
embargo, sus vínculos con el sector oficialista le permitieron venir a Caracas
como mediador de los conflictos sindicales entre el Estado y las empresas de
Bolívar.
Ruben
Monasterios
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