El derecho a la información es un derecho
humano fundamental, limita de manera rotunda la soberanía del Estado al tener
que garantizarlo ante la comunidad internacional, por ello no se entiende la
actitud del gobierno chavista de hacer pública y notoria su voluntad de ejercer
una hegemonía comunicacional en Venezuela, concentrando en el Estado el control
y la propiedad de los medios de comunicación, ello inevitablemente trae y
traerá graves conflictos de derecho y de intereses, empezando porque es
imposible el desarrollo de una sociedad democrática existiendo la inculcación
del derecho a la libre expresión debido a los mecanismos autoritarios del
control de los medios.
El gobierno chavista pretende disfrazar su
intención hegemónica aplicando las denominaciones de medios comunitarios y
públicos a una serie de proyectos, empresas y redes que son financiadas en su
totalidad por el estado, controladas en su contenido por los ministerios de
adscripción, y utilizados para la indoctrinación, propaganda y falsificación de
la realidad del país y que solo complacen a los intereses políticos del partido
de gobierno, el PSUV, tales medios ni son comunitarios ni son públicos.
No contento con esto mantiene un férreo
control sobre las capacidades técnicas y de inversión de los pocos medios
privados que existen, manipula sus contenidos por medios de organismos
paraestatales y supuestos comités de usuarios, todos controlados políticamente
y sin participación de la verdadera sociedad civil, es absolutamente obvio y
grosero el grado de injerencia política que se permite en el otorgamiento,
renovaciones y limitaciones de las licencias y permisos de operación de
empresas y señales extranjeras, al punto que cada vez más se hace usual los
conflictos y los cierres de canales que no se pliegan a la línea oficial.
La censura y los mecanismos de autocensura
que logra por medio de inspecciones, multas, cierres temporales, procedimientos
administrativos, normas restrictivas y simplemente, terrorismo de estado, hacen
que los medios radioeléctricos se vean severamente limitados en sus funciones
tanto de información como de educación y entretenimiento.
La existencia de las llamadas “cadenas
presidenciales” que es la obligación de todos los medios radioeléctricos de
transmitir conjuntamente programas y anuncios gubernamentales considerados
importantes para la nación, le ha permitido al gobierno en condiciones de
crisis sociales, hacer un black-out nacional de información en momentos cuando
la sociedad necesita de orientación e
información fidedigna, creando muchas veces situaciones de peligro para los
ciudadanos.
A la prensa impresa la controla por un
mecanismo de asfixia en el suministro de papel y de injerencias directas de
altos funcionarios recomendando que publicar y que no, a los periodistas los
somete a una persecución de sus grupos violentos con peligros inminentes y
continuos a sus vidas, familiares y bienes, y con su poder en que medios
reciben los anuncios gubernamentales (que al fin y al cabo son pagados con
dineros públicos), es fácilmente discernible quien se lleva el grueso de la
publicidad gubernamental.
No contento con esto ha concentrado en una
sola empresa estatal los nódulos de entrada y distribución de las señales
radioeléctricas del país, incluyendo las satelitales y por cable, con la
posibilidad de cortar el suministro o reducir la capacidad del mismo, de manera
selectiva o total, de las señales telefónicas y de internet al país entero,
estaría en capacidad de dejar al país ciego, sordo y mudo en un acto de guerra
en contra de su propia población.
En una palabra, el gobierno chavista tiene la posibilidad real, y ya ha hecho uso ilegítimo de ella, de dejar, a voluntad, al país en situación de aislamiento comunicacional del mundo hacia Venezuela y dentro del país, lo que representa no solo un abuso de poder sino una flagrante violación de los derechos humanos en cuanto al derecho a la información, que incluye el derecho que tienen los ciudadanos al acceso a documentos públicos, sobre todo a actas y expedientes de carácter penal y cuya revisión oportuna garantiza la debido proceso.
Este ejercicio abusivo de control sobre las
comunicaciones en el país viola no solo la Constitución Nacional sino todos los
acuerdos internacionales que el país a firmado y se ha comprometido a cumplir,
entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional
de Derechos Políticos de las Naciones Unidas, haciéndose notoria la
conflictividad con los organismos veedores de estos tratados. El equilibrio
comunicacional en Venezuela está definitivamente roto por causa de esta
injerencia ilegal e ilegitima del gobierno chavista en querer, no solo censurar
y controlar a todos los medios de comunicación del país, sino en querer limitar
severamente el derecho a la opinión y a la libertad de expresión de todos los
venezolanos.
Una vez que una sociedad permite que el
Estado controle toda la red de comunicaciones, lo hace dueño de sus vidas. El
Estado entonces s dedica a buscar información y ya que controla los registros,
catastros, censos, sistemas de información geográfica, estadísticas,
declaraciones de impuestos, certificados de defunciones, partidas de
nacimiento, data electoral, de consumo de viajes… cada permiso o gestión que el
ciudadano realiza en su vida diaria deja tras de sí información personal
relevante que el Estado hegemónico pudiera coleccionar para usarla en su
contra, y si además graba, espia, intercambia información con otros entes o
países, en un determinado momento,, imagine usted el caso, pudiera con la
cooperación de esos colectivos armados que sustenta y apoya, infiltrar a una
urbanización o una residencia y secuestrar a un grupo de personas para pedir
rescate, de esta manera, neutralizaría a la comunidad con miedo y desconcierto,
beneficiándose a su vez económicamente.
El Estado hegemónico es un peligro, se
convierte en un monstruo cuando los ciudadanos se hacen inconvenientes para sus
fines totalitarios. Al Estado hegemónico
hay que derrotarlo, y esto empieza por alimentarlo con información basura.
La libertad de información (y de expresión)
está indisolublemente ligada al pluralismo político, el que a su vez,
constituye uno de los cimientos del funcionamiento del Estado democrático, esos
derechos son reiteradamente violados en Venezuela a veces con consecuencias
graves para las libertades políticas del pueblo y con daños colaterales a
empresas, gobiernos extranjeros e instituciones no gubernamentales que han sido
agredidas y hasta expulsadas del país por la intransigencia de un gobierno que
ha demostrado su incapacidad de manejarse en democracia.
Lo peor de esta situación es el elemento de
“contagio” que han tenido estas políticas hegemónicas sobre los medios de
comunicación, que han sido importadas a países vecinos en el continente,
creándose una suerte de bloque de países que le están cercenando a sus pueblos
estos importantes derechos ante la mirada impávida de la comunidad
internacional, y teniendo en cuenta que la libertad de información es la matriz
sobre la que descansa todos los otros derechos, no es descabellado deducir que
Latinoamérica toda, vive un peligroso viraje hacia el totalitarismo.
saulgodoy@gmail.com
@godoy_saul
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