Venezuela se ha convertido en los últimos
catorce años, en un país electorero. Cinco referéndums de naturaleza
constitucional, cinco votaciones presidenciales, las del 98, 2000, 2006, 2012 y
2013, además de las respectivas para
elegir los representantes del poder legislativo, alcaldías y gobernaciones,
para un gran total de 19 eventos electorales, así lo indican.
Sin embargo, no
por tener más elecciones, un país es más democrático; en su contra conspirará
el hecho de que las gane siempre la misma persona o la misma facción política,
y que el organismo encargado de coordinar, llevar a cabo todas la fases del
proceso electoral y dar los resultados, esté conformado, íntegramente, por
miembros pertenecientes a la misma tendencia ideológica del gobierno; al menos
en nuestro caso, cuatro de los cinco que lo estructuran.
Por eso, en unas elecciones tan
apretadas como las del pasado domingo 14
de abril, la solicitud del señor Capriles de que se cuenten todos los votos
depositados en las urnas electorales, cosa que nunca se ha hecho en la Venezuela chavista, pues se ha
partido del axioma de que con solo auditar un número de mesas representativo
del universo votado, es más que suficiente, es democráticamente conveniente y
necesaria para despejar cualquier atisbo de duda sobre la no imparcialidad de
las cifras anunciadas por el Consejo Nacional Electoral, en horas de la noche,
el mismo día de las elecciones. Bien visto el asunto, a quien más conviene que
lo que pide Capriles se haga, es al señor Maduro, pues ratificaría su triunfo
electoral y validaría su proclamación y juramentación como presidente electo,
efectuadas a toda prisa, a solo escasos días de conocerse los resultados
precisamente impugnados.
Aunque parecía poco probable que el gobierno, es decir, CNE y el
Tribunal Supremo de Justicia, fueran a
dar luz verde a cualquier reclamo de la oposición en dicho sentido, la decisión
finalmente se tomó. Y se tomó, después y a pesar que la presidenta del TSJ,
había ya adelantado opinión al respecto, asegurando que el reconteo de los
votos no era posible dentro de un proceso de sufragio automatizado. A lo que
cabe la pregunta ¿ Y para qué son entonces los papelitos, o sea, los votos
impresos que introducimos en las urnas al momento de votar?.
Es por ello, que esta decisión del CNE, no de
recontar el cien por ciento de los votos depositados en las urnas electorales,
sino de auditar las cajas sobre las que no se hizo auditoría alguna el día de
las elecciones, algo así como un 42 por ciento, lo que equivaldría
aproximadamente a unas 12 mil cajas, resulta encomiable, en cierto modo, pues abre una válvula de escape a la olla de
presión político-social en que se había convertido el país. Una muestra,
además, de voluntad democrática, no obstante que el propio CNE insista en que
no se van a alterar los resultados ya anunciados, que revaloriza, de alguna manera,
la apreciación que los venezolanos tienen de dicho organismo electoral, más
allá de que se nos repita constantemente que el nuestro es el mejor y más
eficiente de los sistemas electorales existentes en todo el mundo, algo que
está precisamente en entredicho en este momento, y la cual solo podría cambiar
radicalmente, el día en que se reestructure el CNE para darle representación a
los partidos de oposición al régimen.
Entramos ahora, en una fase de implementación
de ese proceso de conteo o auditoría de los votos, con la verificación del
cumplimiento de los requisitos legales y técnicos establecidos en la Ley
Orgánica de Procesos Electorales, con lo cual esperamos que una vez conocidos
los resultados finales, la paz y la armonía que todos los venezolanos esperamos,
se apodere del país de una vez por todas y para siempre.
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