No
importa cómo se tiene que abordar este tema, pero es imperativo que aquellos
que se atreven a hacerlo, lo acometan con mucho interés, en el entendido de que
lo que está en juego es el futuro del país.
Lamentablemente,
la salud de nuestro Presidente -y decimos nuestro porque es el Presidente de
todos los venezolanos y no de una parte de los ciudadanos nacidos o que viven
en el territorio de la República- está involucrada en el tema del día de cada
habitante de Venezuela.
Por
razones humanas, y respeto a sus seres queridos, lo que ansían los venezolanos
es que el Presidente salga pronto de ese trance tan difícil por el que está
pasando. Su estado de salud está afectando la estabilidad nacional, y eso
obliga a separar los sentimientos o intereses personales del normal desempeño y
desarrollo del país, apegado a la Constitución Nacional.
Sin
pretender entrar en los legalismos que la mayoría de los ciudadanos no domina,
es necesario apelar a la lógica para poder entender lo que está sucediendo
actualmente en Venezuela. La Constitución establece que cada período
presidencial termina el 10 de Enero. Y eso no admite prórrogas ni
interpretaciones interesadas en desvirtuar su espíritu y fundamento normativo.
Cabe decir que ese día termina ese lapso e inmediatamente comienza un nuevo
período. En ninguna parte de la Constitución aparece el término
"Continuidad Administrativa" . Eso no existe.
En
acatamiento a lo que precisa la Constitución, si el Presidente electo no puede
asumir temporalmente, asume el Presidente de la Asamblea Nacional por un plazo
de 90 días, y hasta 90 días adicionales, si fuera necesario. Si el Presidente
electo se puede incorporar cualquier día dentro de ese lapso, todo sigue su
curso normal y cambia al que tenga que nombrar e inicia o continúa con su
período reglamentario de mandato. De no poder incorporarse dentro del lapso de
los primeros 180 días, el Presidente de la Asamblea Nacional ( encargado de la
Presidencia de la República ) tiene que convocar y realizar nuevas elecciones
nacionales, dentro de un plazo no mayor de 30 días.
El
lugar donde se tiene que juramentar el Presidente Electo, pudiera decirse, es
irrelevante, pero tiene que haber juramentación, por cuanto el juramento es el
que establece el compromiso legal, moral y ético del elegido para cumplirle al
país. Y es por eso por lo que el mismo
culmina diciendo:"De no hacerlo así, que Dios y la Patria se lo demanden”
. Todo esto está muy claro y no tienen cabida interpretaciones distintas a lo
que está establecido en la Constitución.
Ahora
bien, ¿ qué tienen hoy los venezolanos?: Un Vicepresidente –funcionario o no de
carrera- de un período pasado, encargado de la nueva Vicepresidencia sin haber
sido nombrado para desempeñar tal responsabilidad, por cuanto el que tendría que
juramentarlo tampoco ha sido juramentado.
Y para darle legitimidad jurídica, sencillamente, se esgrime una supuesta " Continuidad
Administrativa", que no puede existir ni conceptual ni jurídicamente. Y
todo eso durante un mandato de 14 años, en el que el Presidente ha dicho y
repetido hasta el cansancio: "Dentro de la Constitución todo; fuera de
ella, nada ".
Asimismo,
una Presidencia de la República acéfala, por cuanto el Presidente de la
Asamblea -por razones desconocidas a los ojos y oídos de los venezolanos- no asume la Presidencia como Encargado de
cargo, tal y como lo establece la Constitución, quedando inejecutables todas
las atribuciones del Presidente de la República. Y, por supuesto, un
Vicepresidente no nombrado oficialmente de acuerdo a la Constitución, que
ejecuta ciertas funciones del Presidente no juramentado, y por decretos
firmados no comprobables, sino atendiendo a supuestas órdenes verbales.
El
Derecho Jurídico, para poder impartir justicia, exige PRUEBAS. Y los
venezolanos no cuentan con un parte médico que permita certificar el tenor del
problema de la salud presidencial. ¿Cómo
es eso de que está impartiendo órdenes verbales o escritas, y que, como en el
caso de la gravedad –o no- de la enfermedad presidencial, nadie está en condiciones
de asegurar que se ajusta a la verdad?. ¿Alguien distinto a quien hace uso de
tales decisiones, las ha visto?
La
verdad es que todo esto ha creado un gran desconcierto nacional e
internacional, una grave situación político-administrativa, y mucho daño al
país. No es necesario ser un sabio o connotado vidente para intuir la
posibilidad de que, a corto plazo, se produzcan gravísimos problemas
económicos, sociales y políticos, dentro y fuera del territorio nacional.
¿Quién
puede, en su sano juicio, jurar y dar validez a cualquier firma o convenio que
se haga ya y en un futuro supeditado a esta complicada situación jurídica?. ¿
Es que acaso habrá responsabilidad personal de quien tome decisiones o quien
firme un acuerdo. ¿Serán legales los nombramientos oficiales de Ministros y
demás funcionarios públicos que sean puestos al frente de Despachos públicos? ¿
Y los documentos que firmen u órdenes que impartan? .
Como
se puede apreciar, son demasiadas las interrogantes. Y sobre cada una de ellas
y las respuestas que no se pueden emitir sin desligarla de dudas, hay que
reflexionar y actuar justa y velozmente. No se trata de cuál es la inclinación
política de quien lo haga, mucho menos de las conveniencias personales. Sí de
que es la República la que está a merced de un proceso destructivo, desde el
punto de vista institucional, y que compromete el devenir de las vidas de los
ciudadanos, por decisión absolutamente injustificable de un grupo de
venezolanos en funciones de poder.
La
crítica particular o ciudadana acerca de lo que está sucediendo, es tan válida
como el juicio que cada venezolano se forme acerca del mismo. La Constitución
también consagra ese derecho. Pero es cierto: el cuadro creado es delicado y
las interpretaciones deben obedecer a fundamentos bien sustentados,
responsablemente apoyados por la evidencia de que no se está a la caza de
entuertos constitucionales distintos a los que ha puesto sobre el tapete el
grupo gubernamental.
Tal
realidad -como en otro momento no lejano de la historia venezolana- está
exigiendo CALMA y CORDURA. Pero, además, que el resto de la ciudadanía
interesada en soluciones ajustadas a derecho, lo haga apegándose sinceramente a
los derechos que le confiere la Constitución.
¿Solución
para que las aguas regresen a su cauce?: que, como lo establece la
Constitución, se nombre una Junta Médica que dé fe del estado de salud del
Presidente; que el Presidente de la Asamblea asuma temporalmente el cargo de
Presidente de la República, mientras el Jefe de Estado se recupera de su
enfermedad. Y que, de no ser así, se
convoque a nuevas elecciones y los venezolanos afronten su futuro, con base en
la escogencia transparente y libre de su nuevo Presidente, como se lo permite
la Constitución; es decir, validando lo que, como se citó anteriormente,
siempre ha dicho el Presidente: “Dentro de la Constitución, todo; fuera de
ella, nada”.
¿Por
qué y para qué esperar que sean los organismos internacionales los que, aparte
de juzgar lo que está sucediendo, terminen imponiendo condiciones para que los
venezolanos, legítima y soberanamente, se den el Gobierno al que tienen
derecho, según sea la decisión que adopten?. ¿Por qué, inclusive, hay que
depender de la visión y orientación de otro país para determinar cómo cumplir
con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?.
Cuando
la Vino Tinto sale a la cancha y compite, lo hace como Venezuela; siendo
Venezuela y en representación de todos los venezolanos. ¿Qué impide no hacerlo
también con el cumplimiento de la Constitución, y en nombre de un país de 30
millones de habitantes que tiene derecho a no vivir entre incertidumbre y
zozobra?.
egildolujan@gmail.com
Enviado
a nuestros correos porr Edecio Brito Escobar E-Mail:
edecio.brito.escobar@hotmail.com
ebritoe@gmail.com
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