EGILDO LUJÁN NAVA, CONSTITUCION SIN INSTITUCIONES, FORMATO DEL FUTURO…

No importa cómo se tiene que abordar este tema, pero es imperativo que aquellos que se atreven a hacerlo, lo acometan con mucho interés, en el entendido de que lo que está en juego es el futuro del país.

Lamentablemente, la salud de nuestro Presidente -y decimos nuestro porque es el Presidente de todos los venezolanos y no de una parte de los ciudadanos nacidos o que viven en el territorio de la República- está involucrada en el tema del día de cada habitante de Venezuela.

Por razones humanas, y respeto a sus seres queridos, lo que ansían los venezolanos es que el Presidente salga pronto de ese trance tan difícil por el que está pasando. Su estado de salud está afectando la estabilidad nacional, y eso obliga a separar los sentimientos o intereses personales del normal desempeño y desarrollo del país, apegado a la Constitución Nacional.

Sin pretender entrar en los legalismos que la mayoría de los ciudadanos no domina, es necesario apelar a la lógica para poder entender lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. La Constitución establece que cada período presidencial termina el 10 de Enero. Y eso no admite prórrogas ni interpretaciones interesadas en desvirtuar su espíritu y fundamento normativo. Cabe decir que ese día termina ese lapso e inmediatamente comienza un nuevo período. En ninguna parte de la Constitución aparece el término "Continuidad Administrativa" . Eso no existe.

En acatamiento a lo que precisa la Constitución, si el Presidente electo no puede asumir temporalmente, asume el Presidente de la Asamblea Nacional por un plazo de 90 días, y hasta 90 días adicionales, si fuera necesario. Si el Presidente electo se puede incorporar cualquier día dentro de ese lapso, todo sigue su curso normal y cambia al que tenga que nombrar e inicia o continúa con su período reglamentario de mandato. De no poder incorporarse dentro del lapso de los primeros 180 días, el Presidente de la Asamblea Nacional ( encargado de la Presidencia de la República ) tiene que convocar y realizar nuevas elecciones nacionales, dentro de un plazo no mayor de 30 días.

El lugar donde se tiene que juramentar el Presidente Electo, pudiera decirse, es irrelevante, pero tiene que haber juramentación, por cuanto el juramento es el que establece el compromiso legal, moral y ético del elegido para cumplirle al país. Y es por eso por lo  que el mismo culmina diciendo:"De no hacerlo así, que Dios y la Patria se lo demanden” . Todo esto está muy claro y no tienen cabida interpretaciones distintas a lo que está establecido en la Constitución.

Ahora bien, ¿ qué tienen hoy los venezolanos?: Un Vicepresidente –funcionario o no de carrera- de un período pasado, encargado de la nueva Vicepresidencia sin haber sido nombrado para desempeñar tal responsabilidad, por cuanto el que tendría que juramentarlo tampoco ha sido juramentado.  Y para darle legitimidad jurídica, sencillamente,  se esgrime una supuesta " Continuidad Administrativa", que no puede existir ni conceptual ni jurídicamente. Y todo eso durante un mandato de 14 años, en el que el Presidente ha dicho y repetido hasta el cansancio: "Dentro de la Constitución todo; fuera de ella, nada ".

Asimismo, una Presidencia de la República acéfala, por cuanto el Presidente de la Asamblea -por razones desconocidas a los ojos y oídos de los venezolanos-  no asume la Presidencia como Encargado de cargo, tal y como lo establece la Constitución, quedando inejecutables todas las atribuciones del Presidente de la República. Y, por supuesto, un Vicepresidente no nombrado oficialmente de acuerdo a la Constitución, que ejecuta ciertas funciones del Presidente no juramentado, y por decretos firmados no comprobables, sino atendiendo a supuestas órdenes verbales.

El Derecho Jurídico, para poder impartir justicia, exige PRUEBAS. Y los venezolanos no cuentan con un parte médico que permita certificar el tenor del problema de la salud  presidencial. ¿Cómo es eso de que está impartiendo órdenes verbales o escritas, y que, como en el caso de la gravedad –o no- de la enfermedad presidencial, nadie está en condiciones de asegurar que se ajusta a la verdad?. ¿Alguien distinto a quien hace uso de tales decisiones, las ha visto?

La verdad es que todo esto ha creado un gran desconcierto nacional e internacional, una grave situación político-administrativa, y mucho daño al país. No es necesario ser un sabio o connotado vidente para intuir la posibilidad de que, a corto plazo, se produzcan gravísimos problemas económicos, sociales y políticos, dentro y fuera del territorio nacional.

¿Quién puede, en su sano juicio, jurar y dar validez a cualquier firma o convenio que se haga ya y en un futuro supeditado a esta complicada situación jurídica?. ¿ Es que acaso habrá responsabilidad personal de quien tome decisiones o quien firme un acuerdo. ¿Serán legales los nombramientos oficiales de Ministros y demás funcionarios públicos que sean puestos al frente de Despachos públicos? ¿ Y los documentos que firmen u órdenes que impartan? .

Como se puede apreciar, son demasiadas las interrogantes. Y sobre cada una de ellas y las respuestas que no se pueden emitir sin desligarla de dudas, hay que reflexionar y actuar justa y velozmente. No se trata de cuál es la inclinación política de quien lo haga, mucho menos de las conveniencias personales. Sí de que es la República la que está a merced de un proceso destructivo, desde el punto de vista institucional, y que compromete el devenir de las vidas de los ciudadanos, por decisión absolutamente injustificable de un grupo de venezolanos en funciones de poder.

La crítica particular o ciudadana acerca de lo que está sucediendo, es tan válida como el juicio que cada venezolano se forme acerca del mismo. La Constitución también consagra ese derecho. Pero es cierto: el cuadro creado es delicado y las interpretaciones deben obedecer a fundamentos bien sustentados, responsablemente apoyados por la evidencia de que no se está a la caza de entuertos constitucionales distintos a los que ha puesto sobre el tapete el grupo gubernamental.

Tal realidad -como en otro momento no lejano de la historia venezolana- está exigiendo CALMA y CORDURA. Pero, además, que el resto de la ciudadanía interesada en soluciones ajustadas a derecho, lo haga apegándose sinceramente a los derechos que le confiere la Constitución.

¿Solución para que las aguas regresen a su cauce?: que, como lo establece la Constitución, se nombre una Junta Médica que dé fe del estado de salud del Presidente; que el Presidente de la Asamblea asuma temporalmente el cargo de Presidente de la República, mientras el Jefe de Estado se recupera de su enfermedad.  Y que, de no ser así, se convoque a nuevas elecciones y los venezolanos afronten su futuro, con base en la escogencia transparente y libre de su nuevo Presidente, como se lo permite la Constitución; es decir, validando lo que, como se citó anteriormente, siempre ha dicho el Presidente: “Dentro de la Constitución, todo; fuera de ella, nada”.

¿Por qué y para qué esperar que sean los organismos internacionales los que, aparte de juzgar lo que está sucediendo, terminen imponiendo condiciones para que los venezolanos, legítima y soberanamente, se den el Gobierno al que tienen derecho, según sea la decisión que adopten?. ¿Por qué, inclusive, hay que depender de la visión y orientación de otro país para determinar cómo cumplir con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela?.

Cuando la Vino Tinto sale a la cancha y compite, lo hace como Venezuela; siendo Venezuela y en representación de todos los venezolanos. ¿Qué impide no hacerlo también con el cumplimiento de la Constitución, y en nombre de un país de 30 millones de habitantes que tiene derecho a no vivir entre incertidumbre y zozobra?.

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