EDISON CHIRINOS,. PODER JUDICIAL VENEZOLANO COMO HERRAMIENTA DE VERDUGOS

“No hay nada más peligroso que un verdugo suelto”

¿QUE ES UN VERDUGO?

Define el diccionario de ciencias jurídicas políticas y sociales del ilustre tratadista MANUEL OSSORIO, como un funcionario de justicia encargado de ejecutar la pena de muerte en la antigüedad ejecutaban otras penas corporales, tales como la del azote y la tormenta psicológica. Igualmente la pena podía y puede ser ejecutada por el factor castrense, como,  esta instituido el paredón en Cuba, en aquellos casos en que la ley así lo exige;  también en los  gobiernos tiránicos donde se aplican la tortura arbitraria por instrucción y  complacencia del autócrata. 

Cualquier parecido con lo que acontece en el país es mera coincidencia.   Viendo y analizando el poder público venezolano como sistema estructurado en los sub-sistemas previstos y establecidos en  la Constitución Nacional y la  inseguridad pública reinante en el País, con resultados dantescos en su ocurrencia en el día a día. Situación que mantiene al Poder Judicial bastante cuestionado en los temas de la criminalidad y de la impunidad.  Esta temática permite  la posibilidad de plantear el tema de la reforma del Poder Judicial en un esfuerzo  Mancomunado de todos  los sectores que conforman la sociedad Venezolana para impedir el colapso de la Institucionalidad de la Republica. Proceso que debe ser patrocinado e  instaurado por todos los Venezolanos para partir de  las cenizas del que ya  tenemos y a través de un proceso de reingeniería con capacidad de tomar decisiones con el  límite de la conciencia de los titulares de esos ministerios, para que gestiones los mecanismo que aseguren la independencia, de sus actuaciones  que funcione y desarrolle procesos rápidos, fluidos, transparente constitucionales y legales que realcen la sacrosanta administración de justicia y establezca controles que  eviten el trafico de la miseria humana de la  corrupción Judicial  y permita detectar a tiempo las  sabandijas que son promocionadas por grupos de intereses que estructura la  delincuencias organizadas. Este Poder Público requiere nuevas leyes que le permitan esta vital instancia  su funcionamiento autónomo y mejorar de manera radical la administración de Justicia con sistemas e infraestructura que responda a las realidades del siglo XXI, con tecnología de punta, que permitan la economía y el desarrollo de  los procedimientos y las sentencias jurisdiccionales de manera expeditas, que permitan investigar e instruir y administrar justicia, sobre todo evitar la estructuración de mafias de capos  que son los que ponen la agenda en este vital subsistema del poder público de la Republica.  

             Sin embargo, por  otra parte, surge un planteamiento que va más allá de lo visible: ¿Acaso reformar el Poder Judicial no podrá significar construir un sistema de justicia distinto, sustentado en la vida social que tome en cuenta la equidad, la inclusión y la dignidad?  Qué lo saque de este dilema y del atolladero en que está inmerso en la actualidad por un grupo de  ofidios  de oficio.

             Antes que nada, hay que hacer un intento por comprender cuáles son las variables que le han dado forma a nuestro Poder Judicial. En primer lugar se encuentra el elemento  histórico. Nuestro Poder Judicial fue calcado, con bastante fidelidad del sistema judicial francés. En aquel momento, el racionalismo y el individualismo tuvieron su expresión política en una supremacía del contrato social como algo constitutivo de la sociedad y no como algo declarativo. Así, de la visión clásica y católica de entender a la sociedad como un todo, se pasa a una visión fragmentada donde los individuos actuando como átomos, necesitarían un lazo que, descubierto a través de la razón pura, pudiera sostener relaciones más permanentes, en la búsqueda de del bienestar   social.

             De esta manera, el papel de la razón como percepción clara y distinta que fundamenta toda certeza, a través de la influencia cartesiana, llevó a privilegiar un sistema jurídico construido sobre las bases de universalidad y de las necesidades sociales.

             Otra lección adicional al elemento abstracto y universalista de una legislación basada en la razón por la razón misma, el sistema judicial francés se construyó a partir de una profunda desconfianza hacia la figura del Juez.

             De este modo, al Juez le fue negada toda posibilidad de interpretar la ley, debiendo limitarse a aplicar su texto, que ya contenía una solución que la razón pura había desentrañado. Para ROBESPIERRE,  “ese término, jurisprudencia de los tribunales, considero y ha prevalecido  hasta presente debía  ser desterrado de léxico jurídico. En un Estado que tiene una Constitución y una Legislación y por lo tanto  la Jurisprudencia de los tribunales no debe ser otra cosa que la Ley”.

             Sobre estos dos pilares se ensambló el Poder Judicial en América Latina, quizá con la buena intención de facilitar la integración social de nuevos pueblos cuajados por la diversidad cultural, racial y social ante un marco único de referencia.

             Sin embargo, al hacer un balance de lo que ha contribuido nuestro sistema judicial universalista y racionalista a la integración social y cultural de nuestro continente, el resultado es negativo y excluyente, que utilizan con gran maestría los  mercaderes de oficios de la sacrosanta administración de justicia.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL  PODER JUDICIAL, LA JUSTICIA Y LA IMPUNIDAD

      Para el estudio y análisis del proceso de degradación del Poder Judicial venezolano, su organización y funcionamiento, lo iniciamos con  el antecedente expuesto y con el estudio organizacional del Estado, partiendo del esquema formulado por el Constitucionalista HAN KELSEN, que lo define como una estructura compuesta por: Territorio, Población y Orden Jurídico. En este orden de ideas, el Legislador Patrio preveo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el  esquema organizacional del Poder Público y así lo dejó establecido en Poder Nacional, Poder Estadal y Poder Municipal en su organización vertical, ya que, en su orden horizontal está estructurado en Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Ciudadano, Poder Electoral, Gobernaciones, Concejos Legislativos, Alcaldes, Juntas Parroquiales. Organización que a través del tiempo ha evolucionado para conformar el Estado Nación, cuya principal Misión es la de satisfacer las necesidades del colectivo. Una de estas necesidades es la Seguridad Pública y Ciudadana. 

Sin embargo, la anarquía imperante en el País emplaza al ciudadano a definir el Poder Público para ver si a través de este conocimiento conocer por lo menos, cuales son entes  responsable de su seguridad personal y la de su grupo familiar, a tales efectos cito el concepto del Ilustre doctrinario LUIS A. CAICEDO  que define el Poder Público como “La facultad o potestad caracterizada por su unicidad consubstancial con el Estado, que la Constitución de la República le confiere poder jurídico para la realización de sus fines. No se trata sólo de una concepción orgánica o estructural de Estado, la cual se manifiesta a través de los órganos de los Poderes Públicos. El Poder Público es además una situación jurídica constitucional individualizada que se manifiesta a través del poder jurídico de carácter operativo que tiene el Estado conferido por la constitución, de expresar e imponer su voluntad de ejercer su poder de dominación por medio de sus órganos esenciales a través del ejercicio de sus funciones. En ese sentido, consiste es un concepto jurídico de carácter constitucional que se traduce en forma orgánica por medio de los órganos del poder público y en forma operativa a través de las atribuciones que la Constitución le asigna a cada uno de esos órganos. Así pues, el Estado actúa a través de una sola potestad denominada PODER PÚBLICO.                

      En este orden de prelación de las diferentes instancias que conforman el Poder Púbico en Venezuela se observa que, el Poder Judicial es  un sub-sistema del Poder Público Nacional, que tiene como misión Administrar Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley. En este orden de ideas, le Corresponden a las diferentes Instancias  del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan la Constitución y las  leyes, y ejecutar y hacer cumplir sus sentencias.

      Sin embargo, la situación del Poder Judicial es muy deprimente, al designarse de manera apresurada y a través de procedimientos pocos transparentes a Jueces inexpertos en cargos provisorios de niveles de decisión complejas en la sacrosanta función de Administración de Justicia. Estos funcionarios gestionan esos cargos sin espaviento, tomando decisiones que afectan derechos constitucionales de los ciudadanos, tales como: el  derecho a la vida, la libertad y los derechos humanos y en particular la libertad de expresión. Atributos esenciales de cualquier democracia. Sin embargo, las atribuciones que cumplen estos ofidios en nombre de la República y por Autoridad de la ley, la realizan a su libre arbitrio con imprudencia y planificadas y contaminadas por el fragor político  por parte de estos funcionarios públicos que asumen sus gestiones con actitudes contrarias a sus deberes y atribuciones a los postulados constitucionales y legales y sin ningún tipo de ética.           

          Lo planteado evidencia que el Sistema Judicial del País ha funcionado al garete, designando  funcionarios en este sub-sistema del Poder Público con filiación Política vinculado al partido político que esté de turno en el poder, y bajo este esquema politizan la Justicia y lo más grave, convierte esta rama del Poder Público en una herramienta política de persecución y exterminio, estos hechos ocurren a pesar de saber el ciudadano que es designado para estos cargos públicos, que al estar investido de autoridad de la JURISDICTIO Constitucional en nombre de la Republica y autoridad de la ley,  tiene que cumplir con las atribuciones y las disposiciones señaladas en la Constitución y las Leyes.

     Estos funcionarios  deben saber que el  ejercicio de sus  funciones la  pagamos todos los venezolanos con nuestros impuestos, para que los mismos cumplan y hagan cumplir la Constitución y las Leyes. Estos cargos no son honoríficos como era en la época imperial romana, son altamente remunerados. Especial atención merece citar que, estos cargos son muy buscados y demandados por ciudadanos graduados en Derecho, que es un requisito sine qua non para ocupar estos privilegiados cargos públicos.  Sin embargo, estos ciudadanos  habidos de poder y de otras buenas intenciones, llegan a esos cargos como auténticos Socialistas y no es razonable ni justo que al dejar estos cargos se reincorporen a sus actividades privadas como auténticos Capitalistas, dejando como antecedente de su trabajo una gestión Oscura y Macabra  de Injusticia. Como la del  Mapurite  APONTE ELADIO (A) pinga pinga.

        El Poder Judicial como sub-sistema del Poder Público Nacional está estructurado piramidalmente por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales de la República en su orden organizacional, y en el ejercicio de sus atribuciones comparte responsabilidad con el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal,  los funcionarios de justicia, el sistema penitenciario, los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia, los abogados autorizados para actuar en estas instancias, quienes en el ejercicio de sus funciones y actividades por lo menos en el papel, gozarán de autonomía funcional, financiera y administrativa. Sin embargo, en las oportunidades en que rinden cuenta de sus gestiones sus resultados  son Oprobiosos acusadores. Develan que lo que impera en la actividad judicial del país es la impunidad en constante desarrollo,  un atavismo de corruptela  estructurada. 

          En este orden de ideas, la sociedad no entiende,  como el Tribunal Supremo de Justicia como órgano jerarca del Poder Judicial, cuente en su infraestructura funcional con  (ABOGADOS) con la honrosa designación de Jueces, sin la más elemental cultura gerencial y lo que es más grave aún, que incurren a diario en el delito de denegación de  justicia, y ante esta ordinaria ocurrencia solo se escucha el estridencia silencio sepulcral de la impunidad reinante en el Poder Judicial, y el nivel jerárquico permanece inmutable como si en el mismo  no estuviera ocurriendo nada, a pesar que las Morgue del país acusan en sus parte semanales la ocurrencia promedio de (100) homicidios semanales, y esta Instancia permanece inmutable como si todo estuviera normal, que no existiera esta realidad dantesca. Este silencio ha permitido que se conforme y se estructura en este poder lo que se conoce en la jerga criminalística policial  como “el cangrejo organizacional”. Tipo ADOLFO CAPONE. Mafioso que con gran maestría domino el poder Judicial la ciudad de los viento CHICAGO. En este orden de ideas, en  la Imprenta Nacional abundan resoluciones (penalidades) publicadas en Gacetas oficiales, con penalidades impuestas a Jueces que los descalifican para ocupar estos cargos,  y lo que es más grave no las  cumplen. Esta situación ha permitido que los niveles de decisión de este  Poder Público conviertan estas situaciones en la típica impunidad a favor del delincuente Esta triste realidad ocurre y el poder moral permanece ciego ante esta realidad. El mismo permanece hipnotizado  con su correspondiente bozal de arepa que no le permite ver el actuar de estos funcionarios que actúan  en este honorable Magisterio, amancebado   vendiendo  su conciencia y su ética por miedo al Mando. Estos funcionarios bajo estos esquemas negocian la justicia y le venden el alma al DANTE  ROVOLUCIONARIO.  Evidenciando  estos abogados que no son probos para que en nombre de la Republica y Autoridad de la Ley, Administren Justicia en perjuicio de ciudadanos honestos. La degradación del Poder Judicial se ha convertido en un desencadenante de la Inseguridad Pública Institucionalizada reinante en el país. Poco a poco ha ido desapareciendo el estado de derecho y se ha venido instaurando en el País una Injusticia Anárquica y  Arbitraria y forajida.

QUE ES LA JUSTICIA

      La justicia fue definida en la época Imperial Romana por el jurisconsulto ULPIANO, como el deber que tienen los órganos que la administran en: “DARLE A CADA QUIEN LO QUE LE CORRESPONDE, VIVIR HONESTAMENTE Y NO DAÑAR A NADIE”.  Este concepto ha prevalecido a través del tiempo, sin embargo, en nuestro País la justicia clama a diario por sus principios rectores por su orden sacramental, su transparencia, por la probidad de los que administran y gestionan. El ciudadano no entiende y no aprueba que se designen en estos cargos personas con filiación política del partido que gobierna, copia exacta de los Tribunales del Terror de la Alemania Nazi de los años 1945. Esta designación tiene que tener como requisito fundamental el conocimiento y los meritos de los designados, tal imperativo lo plasmó el Legislador Patrio consciente de estos fundamentos, lo estableció en la Constitución Nacional  en su artículo Nº (255) el siguiente mandato que  determina: “El ingreso a la carrera Judicial y el ascenso de los jueces y juezas se hará por concursos de oposición Públicos que aseguren la idoneidad y excelencia de los participantes y serán seleccionados o seleccionadas por los jurados de los circuitos Judiciales, en la forma y condición que establezca la ley. El nombramiento y el juramento de los jueces o juezas corresponderán al Tribunal Supremo de Justicia. La ley garantizará la participación ciudadana en el procedimiento de selección y designación de los jueces. Los jueces o juezas sólo podrán ser removidos o suspendidos de sus cargos por los procedimientos establecidos por la ley. La ley propenderá la profesionalización de los jueces, las Universidades colaborarán con este propósito, organizando en los estudios Universitarios de derecho las especializaciones judiciales correspondientes. Los jueces o juezas son personalmente responsables en los términos que determina las leyes, por los errores, retardos u omisiones injustificadas, por la inobservancia sustancial de las normas procesales por los delitos de denegar Justicia, por la parcialidad y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.”

     Como se observa en lo planteado, el ciudadano que aspire a una designación de Juez debe saber y conocer el perfil profesional que debe tener, su record académico, su experiencia profesional su honestidad, las limitaciones que le impone el ejercicio de la Sacrosanta Administración de Justicia. A tales efectos el Legislador Patrio estableció el mandato constitucional expresado en el artículo Nº (256)  que determina: “Con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, los magistrados o las magistradas, los jueces, los fiscales del Ministerio Público y los defensores públicos desde la fecha de su nombramiento y hasta su salida del cargo respectivo, no podrán, salvo el ejercicio del voto, llevar a cabo el activismo político, gremial, sindical o de índole semejante, ni realizar actividades privadas lucrativas incompatibles con su función, ni por sí, ni por interpuestas personas, ni ejercer ninguna otra función a excepción de actividades educativas”.

     Ante este mandato el ciudadano se pregunta ¿Porqué el Poder Judicial Opera tan dantescamente? Esa pregunta retumba en el horizonte y el eco, que produce las ondas sonoras en su retorno  como un búmeran, la repuesta basada en el imperativo de la existencia  de principio de la Separación de los Poderes Públicos, suponiendo el criterio de la despersonalización del Poder Público su difusión orgánica y con ello la fijación de un límite y la concreción del viejo anhelo del constitucionalista americano que se tradujo tiempos más tarde en la expresión acuñada en Europa del estado de derecho, es decir, el gobierno de las leyes y no de los hombres tracaleros y mafiosos que nos ha impuesto esta logia perruna del  siglo XXI.

     Este es el síndrome que corroe el Poder Público Venezolano y en particular el Poder Judicial, cuya sintomatología lo evidencian algunas  de sus variables como son la delincuencia organizada, la inseguridad pública desatada, el sicariato, delito foráneo que nos ha impuesto este oprobioso régimen, los dantescos partes de guerras que semanalmente presentan las Morgues del País, así lo confirman.  Lo  más  grave de lo planteado es que, los ciudadanos, los familiares de las víctimas no reclaman, callan y con su silencio se convierte en coautores de estos hechos criminales. Los agraviados deben saber que tienen que reclamar no importa que los Holgazanes que administran la Cosa Pública no actúen, usted si tiene que hacerlo, para cuando retorne al País el estado de derecho y estos Verdugos revolucionarios sean emplazados rindan cuenta de sus macabras gestiones y usted sea indemnizado.

QUE ES LA IMPUNIDAD

     La impunidad, es un delito calificado, que consiste en dejar un crimen sin castigo. La sola lectura de la acepción dice su importancia en relación a la Jurisdicción Penal. El ilustre doctrinario CARRARA establece que la impunidad es “la falta de castigo, esto es la libertad que un delincuente logra, de la pena que le corresponde, por el delito que ha cometido y que debe cumplir”

      Como se observa en lo planteado los motivos y circunstancias que pueden llevar a esa situación son razones de naturaleza políticas, por ser este factor del Poder el elemento de mayor incidencia en la  sensibilidad colectiva, en el ámbito social venezolano se pueden ilustrar “Con aquellos casos en que han estado implicados funcionarios Públicos, que siendo culpables de hechos punibles de Notoriedad Pública, conociendo la opinión pública nacional e internacional los sujetos activos de los delitos, son liberados de manera tácita de la responsabilidad criminal y en algunas oportunidades premiados,  no se les persigue, no se les castiga  por razones de orden político, desviando así la discrecionalidad del Poder Público, creando con ese accionar la sensación abusiva propia del Estado, el abuso del Poder Público en un ámbito social, donde la libertad ha sido cercenada, la prensa amordazada, los tribunales prostituidos y el poder secuestrado en manos de una minoría sostenida por la coacción, el miedo  y la cobardía de la mayor parte de la sociedad”.

       A lo planteado sólo cabría agregar que la posibilidad que  opere así, es, por la ceguera del Poder Ejecutivo que crea la tentativa del  mantenimiento de la impunidad de los delitos al darle esta  la tentativa  posibilidad a una infraestructura criminal que le sirve de soporte a sus intereses políticos. Estos esquemas muestra la historia, sistemas políticos  con poca estabilidad; esta situación son muy practicadas en aquellos Países donde el Poder Ejecutivo concentra todo el Poder Público. En este orden de ideas concluyen los doctrinarios y estudiosos  de la impunidad, que esta puede ser de hecho y de derecho, entendiéndose y la de hecho, como aquellos crímenes que ocurren y ocurrirán siempre, más o manos desconocidos a los ojos de los que administran Justicia, por no haber sido determinada su autoría o por no haber sido aprehendidos sus autores que son ampliamente conocidos, que actúan a mansalva, porque no se les persigue, ni se castiga, simple y llanamente por los  cargo Públicos que ocupan la filiación al  partido que gobierna en determinado tiempo y Países.

      Este escrito fue posible a los soporte documentales de notoriedad Pública que rielan a diario en los medios de comunicación, que  han permitido formular el presente  Clamor Justicia de los sin voces, de un gran cantidad de hermanos ciudadanos Venezolanos que han sido víctimas de VERDUGOS JUDICIALES, patrocinadores de la Inseguridad Pública y de la Impunidad,  que gestionan sus conciencias. Ante tales ocurrencias los funcionarios competentes  se ríen se mofan de la inteligencia de los ciudadanos  de los  perjuicios y daños irreparable que sufren familias y  de los que claman en el desierto social pidiendo Justicia y los representantes de los Niveles que la Administran permanecen tranquilos, inmutables, disfrutando de los privilegios y mieles del Poder como Auténticos Mercaderes de la JUSTICIA; como Nerón tocando su lira, cuando Roma se destruía consecuencia del fuego que había ordenado este caporal romano.  Estos Funcionarios se olvidan de la máxima que afirma, que el Poder es muy bueno pero no es eterno y que  “Verdugo es Verdugo y que Verdugo no pide clemencia.”  Estos cuando les llegue el momento de rendir cuenta  muere con la Carroña en el Buche.

       La  informaciones  recientes y actuales  evidencian  hechos similares a lo acontecido al triste celebre  verdugo APONTE ELADIO, este perdió su cualidad de Magistrado pero no su condición de verdugo muy similar  a la de los  ofidios, Ex magistrado VELASQUEZ ALVARAY, La del general eructo de  Mapurite ACOSTA CARLE Y EL GATO MIRRUNGUE que desgobierna en  Cumana sus actuaciones,  mantiene en expectativas  a una legión de connotados revolucionarios, prestos a seguir su ejemplo y saltar la talanquera,  en la actualidad  empiezan darse golpe de pechuga y buscan ubicación en la cera del frente, bienvenido sean,  en este país cabemos todos. En este orden de ideas estos compatriotas toman posesión del sitio de partida esperando la señal que se dictará en el  concierto donde cantara el reciente ruiseñor, verdugo en otrora,  recientemente decretado  agente libre de la revolución y contratado por los ESTADO UNIDOS DE NORTE AMERICA, todo depende de su garganta,  su musa y las partituras que se llevó para entregarse al sus contratantes que escucharan sus interpretaciones. Para que se dé la estampida y al Ruiseñor  se le premie con los órganos reproductores del DONKY.  

      El análisis expuesto conforma la infraestructura operativa de un Poder Judicial, disminuido, deteriorado y obsoleto como lo evidencia   cualquier juzgado de la Republica  en cualquier jurisdicción con  (10.000 y 12.000) causas represadas  esperando sentencia. Evidenciándose así  el delito de denegar justicia. Convirtiéndose de esta manera este vitar poder del Estado,  en una herramienta política. Parecida a los Tribunales del Terror y los Jueces del Horror en la Alemania nazi en la década de  1945. Lo expuesto recoge  diversas opiniones, hechos noticiosos opiniones de expertos, los partes de fallecidos de las diferentes Morgues del País que han sido cronológicamente analizadas, sintetizadas, en el presente trabajo.

      Finalmente   fundamentado en la Garantía Universal de los Derechos Humanos que determina en su artículo Nº (19): “Toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a causa de su opinión, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión”

    En este orden de ideas y recordando el contenido filosófico de la máxima: “Que en la guerra una parte de la información es contradictoria, otra es falsa y la mayor parte dudosa”. SUN-ZI EL ARTE DE LA GUERRA.                              

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