Río Negro - 27-Mar-12 - Opinión
http://www.rionegro.com.ar/
Columnistas
Transparencia y gobierno abierto
por Aleardo F. Laría
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Transparencia y gobierno abierto
por Aleardo F. Laría
El acceso a la información pública, de modo que los ciudadanos puedan conocer la forma en que se utilizan los fondos públicos y controlar la eficacia de la gestión administrativa, es un derecho ampliamente reconocido en las democracias modernas. La Constitución nacional, reformada en 1994, garantiza el acceso a la información, pero en la Argentina todavía no existe una ley que haga efectivo ese derecho. En España, el nuevo gobierno de Mariano Rajoy acaba de elevar al Congreso una ley de transparencia muy minuciosa que bien podría servir de modelo al legislador argentino.
El gobierno español pondrá a disposición de los ciudadanos todos los contratos de la Administración General del Estado, aun los de monto reducido. Se publicarán el importe, el adjudicatario y el procedimiento por el que se hizo la adjudicación. También serán publicadas las subvenciones o ayudas públicas concedidas por cada departamento de la Administración. Además, cada Dirección General tendrá que dar a conocer sus contratos, cómo se gasta el dinero, el organigrama de trabajo y cuál es el sueldo de su equipo directivo.
Esta información no tendrá que ser expresamente solicitada sino que estará disponible en internet. A estos efectos el gobierno creará un Portal de Transparencia inspirado en el de Estados Unidos, de modo que la información podrá ser fácilmente consultada por cualquier interesado en la web. No obstante, la Administración también estará obligada a contestar cuando un ciudadano reclame un dato de uso del dinero público y el funcionario responsable deberá hacerlo en el plazo de un mes para no incurrir en infracción. Las administraciones autonómicas y los ayuntamientos (municipalidades) estarán también obligados a establecer sus propios mecanismos de transparencia.
El texto legal regula también el Código de Buen Gobierno, es decir los principios de actuación que deben regir en la Administración pública: transparencia, eficacia y satisfacción del interés general, buena fe y dedicación, imparcialidad e independencia, fomento de la calidad, corrección en el trato y responsabilidad. Por otra ley se establece la sanción penal de inhabilitación hasta diez años para ocupar cargos públicos si se falsean las cuentas públicas, se demora la contabilización de gastos o se hacen pagos no presupuestados.
La publicación en internet de información que cumpla ciertos estándares –ser completa, actualizada, no presentada en forma agregada y ser de libre acceso– conforma un estilo de gestión pública denominado de "gobierno abierto" ("open data", en la denominación inglesa) y se ha incorporado como un rasgo de las democracias modernas. En general, la legislación de estos países prevé la existencia de encargados del suministro de información en cada departamento y la posibilidad de recurrir a tribunales administrativos o judiciales para canalizar las denuncias por violación de los criterios fijados en las normas.
La Argentina es uno de los pocos países de América latina que no cuentan con ley de acceso a la información. Si bien el decreto 1172/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, dictado por Néstor Kirchner, regula el acceso a la información pública, éste no incluye a los poderes Legislativo y Judicial. Por otra parte, en la práctica los pedidos de información pública han venido tropezando con numerosos obstáculos burocráticos e institucionales que tornan el sistema muy deficitario.
Hace tiempo que desde la sociedad civil, los medios de comunicación y la propia clase política se viene señalando la necesidad de contar con una ley nacional que reglamente el derecho de acceso a la información pública. Según una declaración reciente del Plan Fénix, "los problemas que genera la desinformación parcial que padece el país, (se han) agravado desde la intervención del Indec". Añaden que el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU acaba de cuestionar la producción de datos estadísticos del Estado argentino, "señalando que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del Indec recuperen su credibilidad".
Para los autores del Plan Fénix, la sanción de una norma que regule el derecho de información "es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable". Añaden que "la sanción de la ley impediría que los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas".
El acceso a la información pública es una herramienta institucional fundamental para favorecer la calidad del debate acerca de los asuntos y de las políticas públicas. Es el mayor antídoto contra la corrupción. Con mayor y mejor información los ciudadanos pueden evaluar la calidad de la gestión pública y a los gobiernos les permite identificar con mayor facilidad los problemas que permanecen irresueltos y que son objeto de demanda ciudadana. La incorporación del hábito de rendir cuentas parte de un principio fundamental de las democracias: la información pública pertenece a los ciudadanos y no puede ni debe ser secuestrada por el poder.
El gobierno español pondrá a disposición de los ciudadanos todos los contratos de la Administración General del Estado, aun los de monto reducido. Se publicarán el importe, el adjudicatario y el procedimiento por el que se hizo la adjudicación. También serán publicadas las subvenciones o ayudas públicas concedidas por cada departamento de la Administración. Además, cada Dirección General tendrá que dar a conocer sus contratos, cómo se gasta el dinero, el organigrama de trabajo y cuál es el sueldo de su equipo directivo.
Esta información no tendrá que ser expresamente solicitada sino que estará disponible en internet. A estos efectos el gobierno creará un Portal de Transparencia inspirado en el de Estados Unidos, de modo que la información podrá ser fácilmente consultada por cualquier interesado en la web. No obstante, la Administración también estará obligada a contestar cuando un ciudadano reclame un dato de uso del dinero público y el funcionario responsable deberá hacerlo en el plazo de un mes para no incurrir en infracción. Las administraciones autonómicas y los ayuntamientos (municipalidades) estarán también obligados a establecer sus propios mecanismos de transparencia.
El texto legal regula también el Código de Buen Gobierno, es decir los principios de actuación que deben regir en la Administración pública: transparencia, eficacia y satisfacción del interés general, buena fe y dedicación, imparcialidad e independencia, fomento de la calidad, corrección en el trato y responsabilidad. Por otra ley se establece la sanción penal de inhabilitación hasta diez años para ocupar cargos públicos si se falsean las cuentas públicas, se demora la contabilización de gastos o se hacen pagos no presupuestados.
La publicación en internet de información que cumpla ciertos estándares –ser completa, actualizada, no presentada en forma agregada y ser de libre acceso– conforma un estilo de gestión pública denominado de "gobierno abierto" ("open data", en la denominación inglesa) y se ha incorporado como un rasgo de las democracias modernas. En general, la legislación de estos países prevé la existencia de encargados del suministro de información en cada departamento y la posibilidad de recurrir a tribunales administrativos o judiciales para canalizar las denuncias por violación de los criterios fijados en las normas.
La Argentina es uno de los pocos países de América latina que no cuentan con ley de acceso a la información. Si bien el decreto 1172/2003 del Poder Ejecutivo Nacional, dictado por Néstor Kirchner, regula el acceso a la información pública, éste no incluye a los poderes Legislativo y Judicial. Por otra parte, en la práctica los pedidos de información pública han venido tropezando con numerosos obstáculos burocráticos e institucionales que tornan el sistema muy deficitario.
Hace tiempo que desde la sociedad civil, los medios de comunicación y la propia clase política se viene señalando la necesidad de contar con una ley nacional que reglamente el derecho de acceso a la información pública. Según una declaración reciente del Plan Fénix, "los problemas que genera la desinformación parcial que padece el país, (se han) agravado desde la intervención del Indec". Añaden que el Comité de Derechos Económicos y Sociales de la ONU acaba de cuestionar la producción de datos estadísticos del Estado argentino, "señalando que debe adoptar las medidas necesarias para garantizar que las estadísticas oficiales del Indec recuperen su credibilidad".
Para los autores del Plan Fénix, la sanción de una norma que regule el derecho de información "es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable". Añaden que "la sanción de la ley impediría que los gobiernos, cualquiera fuera su signo político, difundan datos distorsionados sobre pobreza, inflación, subsidios al sector privado o padrones de programas sociales, entre muchos otros que resultan necesarios para el diseño, la evaluación y el control de ejecución de las políticas públicas".
El acceso a la información pública es una herramienta institucional fundamental para favorecer la calidad del debate acerca de los asuntos y de las políticas públicas. Es el mayor antídoto contra la corrupción. Con mayor y mejor información los ciudadanos pueden evaluar la calidad de la gestión pública y a los gobiernos les permite identificar con mayor facilidad los problemas que permanecen irresueltos y que son objeto de demanda ciudadana. La incorporación del hábito de rendir cuentas parte de un principio fundamental de las democracias: la información pública pertenece a los ciudadanos y no puede ni debe ser secuestrada por el poder.
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