He visto muchas cosas raras en las últimas tres décadas en Latinoamérica, pero el referéndum del 7 de mayo en Ecuador quizás sea una de las más insólitas: sería la primera vez en que los votantes de un país aprueban medidas que aumentarán la corrupción gubernamental.
No es un chiste. El referéndum de 10 puntos propuesto por el presidente Rafael Correa —que según las encuestas será aprobado— incluye varias cláusulas que en los hechos le daría a los funcionarios gubernamentales una licencia para robar. Las cláusulas restringirían la libertad de prensa, silenciando así lo que ha sido en los últimos tiempos la única arma para combatir la corrupción por parte de funcionarios del gobierno.
Correa, que ha intensificado sus ataques contra los medios desde que los periódicos revelaron que su hermano Fabricio Correa había realizado contratos por más de $300 millones con su gobierno, ha incluido en el referéndum varias preguntas destinadas a inducir a que la gente vote por el “sí”.Una de ellas les pide a los votantes decidir si “con la finalidad de impedir la muerte de un animal por simple diversión, ¿está usted de acuerdo en prohibir... los espectáculos públicos donde se mate animales?”. A menos que haya un porcentaje descomunal de sádicos, todo hace preveer que los ecuatorianos votarán por el “sí”.
Pero el propósito subyacente del referéndum no es prohibir las corridas de toros, sino legitimar la censura de la prensa y el control gubernamental del sistema judicial, señalan los críticos.
El referéndum contiene una cláusula en que se les pregunta a los votantes si “con la finalidad de evitar los excesos de los medios de comunicación, ¿está usted de acuerdo en que se dicte una ley de comunicación?”. El texto propone concretamente establecer un “Consejo Regulador” destinado a examinar los contenidos de la televisión, la radio y los medios impresos.
Otra cláusula propone crear una ley por la cual se prohibiría a los propietarios y directivos de medios de prensa ser propietarios de otras empresas no relacionadas con sus medios.César Ricaurte, director de Fundamedios, un grupo independiente que defiende la libertad de prensa, me dijo que la aprobación de estas dos provisiones acabaría efectivamente con todas las investigaciones sobre corrupción en Ecuador, porque nadie más en el país está denunciando los casos de corrupción. Sólo después de que los medios denunciaron los negocios de Fabricio Correa con el gobierno de su hermano empezaron las investigaciones de la contraloría sobre esos contratos, agregó.
“La prensa es, por mucho, el mayor fiscalizador de los actos del estado”, me dijo Ricaurte. “Ni el Congreso, ni ninguna otra institución ha iniciado ningún proceso de juzgamiento de funcionarios públicos con denuncias por su función publica”.
Correa ha presentado una demanda de $80 millones contra el diario El Universo y su editor de las páginas de opinión, Emilio Palacio, por haberlo supuestamente calumniado en una reciente columna de opinión, y una demanda de $10 millones contra los autores de un libro titulado “El gran hermano”, que detallaba los acuerdos de negocios entre Fabricio Correa y el gobierno. Fabricio Correa dice que el presidente sabía de esos contratos, pero el presidente lo ha negado, al tiempo que ha ordenado su cancelación.
Simultáneamente, se han registrado 360 agresiones de todo tipo contra la prensa en los últimos cuatro años, según datos de Fundamedios.
¿Qué cambiaría si el referéndum es aprobado?, le pregunté a Ricaurte.
Por un lado, mientras que ahora el gobierno debe presentar demandas contra los periodistas y ganar los juicios en los tribunales, un “Consejo Regulador” controlado por el gobierno podría imponer unilateralmente duras multas a los periodistas, explicó. Por otro lado, la prohibición a los dueños de medios de tener otras empresas los obligaría a vender sus otras compañías, lo que los haría más dependientes de la publicidad oficial, agrego.
“En cualquier caso, se van a incrementar aun más los niveles de autocensura”, dijo Ricaurte. “La prensa va a dejar de jugar el rol de monitoreo del sistema político, y eso va a llevar a más corrupción”.
Alejandro Salas, director del departamento de las Américas de Transparencia Internacional, una organización de lucha contra la corrupción con sede en Berlín, Alemania, coincide. Salas me dijo que, en general, los países con restricciones de la libertad de prensa tienden a ser más corruptos que los países con una prensa libre. Las medidas propuestas en Ecuador “tendrán un impacto negativo”, afirmó.
Mi opinión: No tengo idea si Correa sabía de los contratos de su hermano, ni si estaba al tanto de otros negociados de su gobierno, pero no me caben muchas dudas de que si se aprueban estas cláusulas del referéndum, el gobierno tendrá mano libre para hacer lo que se le antoje. Será una invitación al enriquecimiento ilícito, sin que nadie pueda denunciarlo.
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