SAÚL GODOY GÓMEZ, LA CORRUPCIÓN Y MADURO

Nicolás Maduro tiene un grave problema conceptual y de aproximación al complicado problema de la corrupción que afecta al país, produciendo graves daños no sólo patrimoniales sino también jurídicos y morales a todos los venezolanos. Veo con preocupación que sigue la improvisación, la politiquería, la impunidad y la discriminación al momento de hacer políticas públicas que, de alguna manera, minimicen las oportunidades que favorecen los ambientes para la corrupción.

La corrupción no es un fenómeno, pues se conocen muy claramente sus causas y efectos; tampoco es un flagelo o una enfermedad de origen desconocido, no es algo transmisible como la gripe, ni endógeno como un brote de Mal de Chagas. La corrupción tiene origen en la oportunidad, en la debilidad moral de los hombres, en la falta de castigo y en la avaricia.

La corrupción no la inventaron los de la derecha ni los de la izquierda, no es un problema exclusivo del comunismo o del fascismo, hay corrupción hasta en el Vaticano; ninguna institución está ajena a que, en determinado momento, reciba el mordisco de la corrupción, cuyo efecto más inmediato es el empobrecimiento material y espiritual de las causas más nobles… se ha encontrado corrupción hasta en las ayudas que otorga la ONU a campos de refugiados y para mitigar el hambre de los pueblos con más necesidad.

Y es en la oportunidad para que surja la corrupción donde quiero detenerme, porque la corrupción tiene su hábitat favorito en los círculos de poder; en el poder político, en los gobiernos, en el poder económico, en las Juntas Directivas y la alta gerencia, justamente en el lugar donde debe existir el genuino interés de atacar la corrupción.

ENCHUFADOS CONSANGUINEOS

Consciente de ello, a los que manejan el poder, a los máximos responsables de las instituciones, se les obliga a rendir cuentas, a mantener una estricta contraloría sobre quienes los acompañan en el delicado asunto de regir el destinos de gobiernos, empresas y otras organizaciones; se les exige para sí y para su entorno una máxima transparencia en la gestión, se hace lo imposible para evitar situaciones que pudieran comprometer su buen nombre, como la abusiva práctica del nepotismo, pasando por la gestión de emergencias, dejando pasar faltas pequeñas en las normas, encubriendo a los amigos y allegados, el no decir la verdad…

La única manera de ahuyentar la corrupción de una gestión es hacerla abierta, lo más pública posible, informando adecuada y oportunamente sobre cada centavo que se invierta en los procesos, no importa su monto, donde todo debe estar debidamente reflejado, documentado y abierto al escrutinio público, al menos que se trate de asuntos secretos, los cuales tienen otro tratamiento, considerando siempre que el secreto debe ser la excepción y no la regla en una democracia, de hecho, lo secreto es el principal ingrediente de la corrupción.

Para evitar que el poder se envilezca se hace necesario justamente la descentralización del mismo, ya que el acaparamiento del poder en pocas manos aumenta las oportunidades de corrupción y de grandes negociados; es por ello que los regímenes autoritarios y centralistas tienen mucho que ocultar, no quieren mostrar su gestión al público y lo primero que hacen es atacar a la opinión pública, a los medios de comunicación, al periodismo investigativo, las críticas y denuncias les caen muy mal y persiguen a quienes dan el pitazo.

Pero no sólo centralizar el poder le hace un gran daño a cualquier administración, sino también el pedir poderes especiales para luchar contra la corrupción; de hecho, se trata del primer indicio de que el sistema se encuentra muy enfermo, cuando las leyes y los organismos contralores no son suficientes y se tiene que acudir a instancias de excepción, y deviene en la declaratoria de fracaso más obvia para una administración, es como decir:

“Señores, la manera como vengo haciendo las cosas no sirve, estoy rodeado de ladrones y necesito más poder del que tengo para solucionarlo; en las actuales circunstancias no garantizo pulcritud en la gestión.”

Cuando uno examina la situación de la corrupción en nuestro país no cabe menos que el asombro ante el tamaño del problema y todo apunta a que la corrupción es promovida por el mismo gobierno.

Veamos algunos

indicios: 1- Se ha promovido desde el gobierno la eliminación de la separación de los poderes en un intento por concentrar todo el poder en manos del Presidente de la República.

2- Desde hace un buen tiempo, no contamos con un Contralor General designado por ley, y el presupuesto de la Contraloría General de la República ha venido disminuyendo progresivamente.

3- La evaluación internacional que hacen organismos de veeduría y buen gobierno sobre nuestro país, toda, sin excepción lo ubica entre los países más corruptos del mundo.

4- El gobierno nacional se ha distinguido por no presentar informes de gestión claros y oportunos a la nación sobre su desempeño.

5- En la Asamblea Nacional la mayoría de los diputados por el partido de gobierno han bloqueado reiteradamente las peticiones para investigar y llamar a rendir cuentas a sus más altos funcionarios.

6- Hay parcelas de la gestión gubernamental absolutamente vedadas al escrutinio público fundamentalmente el área cambiaria, de fondos para la inversión, el área financiera pública, el área petrolera y el de los convenios y contratos con empresas extranjeras, por nombrar algunas.

7- El gasto militar se hace sin ninguna contraloría.

8- La campaña anticorrupción la han revestido de un fuerte contenido político, señalando a la oposición como el principal objetivo de la misma y dejando al gobierno por fuera.

8- El entorno presidencial tiene una serie de figuras con un pasado nada claro en cuanto al manejo de recursos públicos, incluso con investigaciones pendientes.

9- El Presidente de la República no tiene su propia legitimidad clara, y su pasado está seriamente cuestionado.

10- El Presidente de la República ha pedido poderes especiales para combatir la corrupción, con el peso sobre sus hombros de más de 120.000 millones de dólares gastados durante 14 años de la gestión socialista bolivariana sin ningún control ni responsables por sus cuentas.

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