En 1917 durante el gobierno de Woodrow Wilson, el Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva enmienda constitucional que prohibía la fabricación, venta e importación de bebidas alcohólicas en todo el territorio norteamericano. El senador Michael Volstead, propulsor de esta nueva Ley, diría tajante que “se inicia una era de ideas claras y limpios modales. Los barrios bajos serán pronto cosa del pasado. Las cárceles y correccionales quedarán vacíos; los transformaremos en graneros y fábricas. Todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán todas las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno.”
No podía estar más equivocado. A pesar de que las bebidas alcohólicas fueron prohibidas en todo el país, su consumo no disminuyó. Ocurriría exactamente lo contrario: la demanda del licor aumentó de manera desenfrenada, y este comenzó a comercializarse en todo el país de forma clandestina, a través de mercados negros que incitaron la creación de mafias altamente peligrosas. Los asesinatos y el robo se hicieron cosa común. La guerra de mafias por el control del mercado del alcohol y el enfrentamiento contra la policía causó centenares de muer
tes y daños irreparables a la nación. Fue la era de Al Capone. La intervención del Estado en el mercado originó, como era de esperar, una subida de precios de las bebidas alcohólicas del mercado paralelo (al estilo Cadivi), y el soborno y las amenazas a funcionarios fueron constantes mientras estuvo vigente la enmienda. En los bares clandestinos no cabía más nadie y el comercio de alcohol estuvo en manos de los ejércitos del crimen organizado.
La Ley Seca fue un fracaso contundente. Tanto así que en 1932, en plena recesión, el licor fue nuevamente legalizado. La prohibición fue un verdadero magisterio histórico de como no se deben violar las libertades más esenciales de los ciudadanos. Y aunque este artículo no pretende discutir los efectos del alcohol en las personas -sobre todo ante su consumo en exceso,- es bien sabido que quien consume demasiado licor puede perderlo todo, y eso incluye la vida misma. No obstante, son pocos los gobierno que prohiben hoy el licor precisamente porque limitar libertades, como la de tomar (nos guste o no), tiene serios daños colaterales para la sociedad.
Algunos políticos venezolanos ahora desean crear una llamada Ley de Desarme para prohibir la fabricación, venta e importación de armas de fuego en territorio nacional. Caracas se ha convertido en la ciudad más violenta y peligrosa del planeta y la Ley de Desarme pretende disminuir los crímenes violentos que tanto daño nos hacen a todos. Pues bien, la Ley de Desarme, visto en forma objetiva, consistirá lamentablemente en desarmar a los ciudadanos inocentes que buscan defenderse del crimen para continuar armando a los ciudadanos peligrosos.
La Ley de Desarme no afectará al crimen, sino que se crearán, a través de ella, nuevas modalidades criminales. Por ejemplo, al eliminar el comercio legal de armas surgirán mercados ilegales en los distintos barrios del país, aumentará, a su vez, la importación ilegal y el tráfico de armamento, naciendo así mafias que controlarán el mercado de las armas, y como es de esperar en nuestro país, habrá nuevo negocio redondo para los funcionarios públicos, sus allegados y las autoridades aduaneras. El malandro en el barrio seguirá teniendo acceso a armas de fuego, del mismo modo que el drogadicto tiene acceso al crack o a la heroína, pese a su prohibición y persecución. Quienes no tendrán acceso a las armas serán aquellos que desean adquirirlas para defender su vida, su propiedad y la vida de sus seres queridos, en el caso, muy probable, de ser víctimas del hampa como cientos de venezolanos lo son cada día.
También se verán afectados los comerciantes y emprendedores que tendrán que cerrar su negocio debido a la prohibición, o que tendrán que sumarse a las filas del mercado negro.
Del mismo modo que prohibir el whisky no acabará con los alcohólicos, prohibir las armas no acabará con los delincuentes. En Venezuela ya existe un estricto control de armas en la actualidad, con el que se emite un “porte personalizado por pistola” que dificulta borrar los rastros microscópicos que deja la bala al pasar por el cañón, y que obliga a los portadores a tener entrenamiento y a realizarse pruebas psicológicas antes de recibir el arma. Sin embargo y pese a ello en Venezuela no ha disminuido el crimen sino que ha aumentado hasta convertirnos en la nación más peligrosa del planeta entero.
¿Cómo es posible, pues, que a pesar del control existente seamos un país tan violento? La razón es sencilla: las leyes deben estar enfocadas en frenar la delincuencia de lleno, perseguir a los criminales, acorralarlos y encerrarlos en la cárcel. Las armas son un medio, sustituible, para cometer crímenes como el homicidio, pero no son la causa directa del homicidio per se. Las leyes, en vez de prohibir, deben dotar a nuestros cuerpos policiales de todos los medios necesarios y la última tecnología existente para asegurar al máximo la vida y la propiedad de los venezolanos. Mano Dura y Tolerancia Cero son las únicas premisas válidas contra el hampa en Venezuela. Mano Dura sin miedo. Y eso se logra concentrando el campo de acción del gobierno en una de sus tres funciones verdaderas: la seguridad, y no desenfocándolo con funciones que no son propias del Estado (la prohibición, por ejemplo).
Los legisladores en la Asamblea, los alcaldes, gobernadores y el Ministro del Interior deben hacer llegar un mensaje sin titubeo a los asesinos, atracadores y secuestradores: que el único lugar en donde los queremos ver es tras las rejas de una prisión, enfrentando todo el peso de la Ley y sometidos ante el dictamen del Estado de Derecho. No hay otro camino. Las nuevas Leyes de la Asamblea Nacional deben tener un solo propósito, que es el de ampliar todas las libertades que han sido limitadas y reguladas en la última legislatura, y mejorar la calidad de vida de todos los venezolanos.
Estados Unidos es uno de los países con mayor libertad de armas en todo el planeta, y los índices de delincuencia y homicidios son infinitamente inferiores a los de Venezuela. Uno de los motivos es que en Estados Unidos una de las principales funciones del Estado -en todos sus niveles- es la seguridad ciudadana. Rudy Giuliani, ex alcalde de Nueva York, fue el primero en aplicar las políticas de Tolerancia Cero cuando Manhattan estaba azotada por el hampa común. Actualmente la ciudad de Nueva York tiene 8,4 millones de habitantes, ocurriendo en 2009 tan solo 412 homicidios. Un nivel elevado de seguridad ciudadana; un cuerpo policial competente y un sistema judicial incorruptible. En Caracas en el mismo año 2009 se registraron 2897 homicidios con una población de 4,2 millones de habitantes.
En comparación con Venezuela, España es también un país seguro ya que una importante porción de los Presupuestos Generales y comunitarios se ha destinado a la seguridad ciudadana. Sin embargo España se ha convertido en los últimos años en el país más violento de la Unión Europea a pesar de contar con un estricto control de armas. Pese al control, los homicidios con arma de fuego han aumentado entre las mafias instaladas en el país y el trafico ilegal de armas también ha crecido. A pesar de haber desarme social el índice de crímenes pasionales (la mayoría que registra homicidios en España) no ha disminuido por falta de “pistolas” sino que han situado al arma blanca (cuchillo y navaja entre otros) como la principal arma letal del país ibérico. Es decir, se empla un distinto modus operandi pero los números no varían.
¿Y por qué no prohibir también los cuchillos? La respuesta tiene connotación social. Los cuchillos forman parte de lo cotidiano, de lo común, y se emplean en distintas funciones que trascienden del homicidio. Igual ocurre con la pistola, con la salvedad de que la pistola no es, hoy por hoy (aunque sí lo fue en el pasado) una herramienta común. El arma de fuego ejerce principalmente una función defensiva tanto en el ámbito particular como en el público; también ejerce una función deportiva y puede ser utilizada para la caza entre otras funciones.
Dicho en otras palabras: los legisladores venezolanos deben enfocar su campo de acción en el mal principal que es la delincuencia y la criminalidad. Es decir, perseguir a los delincuentes sin prohibirle a la totalidad de la población el acceso a herramientas que este limitado pero importante grupo de personas emplean al momento de cometer un crimen.
Así pues, se podrían crear leyes para mejorar los salarios policiales, mejorar el entrenamiento y la formación profesional de los oficiales de policía desde el ámbito municipal al ámbito nacional. Se podrían crear leyes que limitaran la función del Estado a sus campos propios, como lo son la seguridad, la infraestructura y la obras públicas. Se podría mejorar el sistema judicial; crear una policía carcelaria competente. Se podrían crear oficinas de Asuntos Internos para perseguir y enjuiciar a los policías corruptos, los policias secuestradores y los que emplean la matraca a diario. Se podrían crear leyes que obligasen al INE a informar a los encargados de seguridad ciudadana cuáles son los crímenes que se cometen, en dónde y con qué frecuencia para así enfocar la acción policial donde es debido. Se podrían crear leyes que permitieran la comunicación abierta entre todos los cuerpos de seguridad ciudadana sin competencia ni recelo, por el bienestar de la sociedad, y leyes, también, que aseguraran el traspaso de información entre cuerpos policiales y los distintos cuerpos de Inteligencia del país.
Se podrían crear leyes que ampliaran el respeto a la vida, la propiedad y las libertades individuales de los venezolanos, porque ¿qué son el robo, el homicidio y el secuestro? Estas tres cosas son simplemente atentados contra la vida, la propiedad y las libertades individuales. Y si vivimos bajo un gobierno y somos representados por unos legisladores que no respetan ni al venezolano como individuo ni a su propiedad, ¿cómo pueden entonces defendernos de los demás criminales?
Podríamos los ciudadanos a través de nuestros representantes, crear leyes para tener los mejores cuerpos policiales de toda América, sin necesidad de ser víctimas una vez más de la prohibición. Leyes para convertir a Venezuela en un país extremadamente seguro, mientras derogamos las leyes innecesarias para recuperar nuestra libertad. Si hemos logrado el record mundial durante esta legislatura de ser el país más violento del planeta ¿por qué no luchar ahora por el record del país más seguro del mundo?
http://www.odlv.org/index.php
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