Descartemos que el
ciudadano (¿venezolano?) Nicolás Maduro solicitó la habilitación por un año,
para combatir la corrupción y enfrentar
la supuesta guerra económica declarada por la derecha apátrida golpista.
Si
quisiera luchar contra el “cadivismo”, las comisiones, las empresas de maletín, los sobornos y demás vicios del régimen más descompuesto de
la historia nacional, le bastaría con levantar progresivamente el control de
cambios y aplicarles los instrumentos legales existentes (Ley de Contraloría,
Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito) a los parlamentarios,
funcionarios del alto gobierno, gobernadores, alcaldes y contratistas allegados
al oficialismo. Allí están la boliburguesía
y los bolichicos con su riqueza
súbita, fraudulenta y escandalosa ampliamente documentada, como símbolos
ostensibles de la impudicia con la que actúan los corruptos rojos. Diosdado
Cabello y Juan Barreto fueron liberados por la Asamblea Nacional y la
Contraloría de toda responsabilidad administrativa, a pesar del amplio
expediente elaborado en su contra por los desmanes cometidos en la gobernación
de Miranda y en la Alcaldía Metropolitana, respectivamente.
La
quimérica “guerra económica” inventada por el tándem Maduro-Castro para ocultar
la debacle causada por el socialismo del siglo XXI, se acabaría si se produce
un giro radical en la política oficial: se levantan los controles, se respeta
la propiedad privada, se permite que el dólar flote de acuerdo con la demanda
de divisas, se vuelve a crear un mercado de trabajo, ahora inexistente, se
paralizan las estatizaciones y comienza un proceso de retorno de las empresas nacionalizadas
al sector privado.
Nada
de lo que debe hacerse para amputar la corrupción y salir del rentismo, tal
como el propio Maduro propone (¿sabrá lo que es rentismo y mercantilismo?), se
hará. Su opaco discurso en la Asamblea Nacional –muy mal leído, por cierto-
revela que la intención de su solicitud avanza por un camino muy distinto a los propósitos expresados.
Los
objetivos de Maduro apuntan en tres
direcciones distintas, aunque complementarias. La primera, hacia el interior
de la claque dominante: demostrar que es
un digno sucesor de su “padre” Hugo Chávez y que puede concentrar tanto poder
como este; que representa el verdadero centro de gravedad de las decisiones y
no comparte ese lugar con Diosdado Cabelllo. La otra, hacia la oposición: revela
estar dispuesto a arrollar a quienes lo adversan sin detenerse en
consideraciones legales. La tercera: que su modelo económico consiste en
militarizar y favorecer su clientela, utilizando los recursos del Estado,
especialmente las divisas, para repartirlos entre quienes le sean incondicionales;
patrimonialismo del más primitivo.
Cabello,
el duro y todopoderoso presidente de la Asamblea, quedaría relegado a un
segundo plano durante un año, período suficientemente largo para que Maduro
ajuste las piezas de la maquinaria que le permitiría aspirar a la reelección en
2018. Los cubanos le han instruido. El tiempo pasa volando. Conviene minimizar
la figura del hombre del Furrial y sofocar sus deseos de llegar a Miraflores
por la vía electoral.
A
la oposición hay que amenazarla constantemente. El Ejecutivo cuenta con la
Fiscalía y con el Poder Judicial para atenazar a los adversarios. La
habilitante permitiría actuar de forma expedita contra gobernadores, alcaldes y
diputados opositores, sin tener que sujetarse a los protocolos convencionales.
El
modelo intervencionista militaarizado se mantendrá. El rentismo se exacerbará,
solo que con una variante: el reparto de la renta petrolera no se hará mediante
los canales y agentes tradicionales, sino a través de los militares, civiles y
organismos públicos que decida Maduro y su camarilla. Cadivi será aún más
selectiva en la asignación de las divisas. Estas serán administradas con mayor
celo por el Gobierno, quien las empleará para fortalecer su proyecto e imagen.
Ahora será cuando veremos clientelismo del bueno. Todas las empresas,
industrias y comercios pasarán a depender de la voluntad omnímoda de un Ejecutivo
que repartirá los dólares como se le
antoje. El empresario que no se someta a los designios del heredero
quedará excluido del beneficio.
Estos,
entre otros, son los cambios que buscan Maduro y los Castro con la habilitante.
Se trata de habilitar para atropellar. Lo bueno es que con tanto poder, y tanta
incompetencia, no tendrá a nadie a quien atribuirle los errores. La culpa será
de él solito.
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