La indefensión en la que nos encontramos los
venezolanos, especialmente el ciudadano de a pie, ese que no tiene vínculo
alguno con el régimen ni cuenta con recursos, más allá de los que se traga
diariamente la inflación, es una situación tan grave como la amenaza diaria y
constante de la inseguridad. Esta situación nos expone de manera permanente a
la violación de los derechos más básicos, pero sobre todo, ha estado obligando
a la gente a aceptar situaciones absolutamente ilegales y guardar silencio,
para poder sobrevivir.
La violación
constante de nuestros derechos se sufre en el día a día y en casi todas las
áreas, dándole visos de cotidianidad a situaciones bizarras que tendrían que
ser corregidas por las autoridades, en caso de que de verdad, hubiera algún
interés en garantizar calidad de vida a los venezolanos.
Una de esas
situaciones insólitas, absurdas, preñadas de ilegalidad y corrupción tiene que
ver con el camino trágico que debe transitar el dueño de un vehículo recuperado
después de un robo. Ya de por sí, sufrir un atraco es lo suficientemente
traumático, pero en nuestro país, no basta con haber sido víctima de la
delincuencia, toca después enfrentar los obstáculos que hay que superar para
poder tener el derecho (secuestrado), del carro de su propiedad.
La experiencia pasa
primero por tener que poner la denuncia ante las autoridades, donde ya es tan
rutinario el robo de automóviles, que deja de tener importancia para los
funcionarios; luego viene el ser peloteado en la Fiscalía para lograr la
liberación del vehículo, que durante este proceso reposa en un estacionamiento
cuya factura va aumentando día a día. Conozco casos que a pesar de que el carro
fue recuperado a las 24 horas de haber sido robado, un mes después, por fin, el
propietario pudo tener acceso a su carro (sin contar las cientos de veces que debió
ir a las oficinas públicas correspondientes), lo que lo obligó a cancelar una
altísima suma por concepto de estacionamiento y lo que es más triste,
finalmente encontrar evidencias descaradas de que el auto fue utilizado para
campañas, zaraos y festines.
La víctima de una
situación como ésta ¿dónde puede quejarse?, ¿qué organismo la defiende?, a
sabiendas que el proceso sería tan engorroso como el que transitó para
recuperar el vehículo, prefiere callar y hasta darle gracias a Dios, que por lo
menos tiene su carro. En definitiva, tal y como me han narrado sus experiencias
algunas víctimas, no se puede definir qué es peor, ser despojado por la
delincuencia o sufrir la desdicha de la ineficiencia y las irregularidades que
empeñan el proceso de recuperación de su propiedad. "Sólo en
Venezuela", etiquetarían algunos.
Sin embargo, quiero
señalar que tan grave como las dos situaciones narradas está el acostumbrarnos
a las irregularidades, a las violaciones a nuestros derecho y llegar a
sentirlas como parte de la normalidad del país, porque en la medida en que esto
suceda, estamos avalando la acción delincuencial de quienes se aprovechan de
los demás, cuando deberían cumplir con su rol de servidor público como tanto lo
ha anunciado el Presidente a lo largo de estos 11 años y de cuyos males sigue
acusando a un pasado que cada vez se hace más lejano, obviando que este
régimen, ya es el pasado.
La misma indefensión
que siente el propietario de una finca que ha pertenecido a su familia hace más
de 100 años y que hoy tiene que contar con la autorización del INTI, hasta para
solicitar un crédito bancario, o sea, que en algún momento no sabe cuándo dejó
de ser propietario absoluto de sus tierras y pasó a tener el instituto como
socio sin quererlo, sin pedirlo y especialmente sin que se le hubiera
consultado. Y alguien diría, "que dé gracias a Dios que no le han
expropiado por completo", o sea, buscan que el ciudadano se acostumbre o
se someta.
Y en este buscar
someter y controlar, apareció el anuncio del alistamiento militar para todo
venezolano en edad comprendida entre 18 y 60 años, voluntario, como dijo un
jefe de las Fuerzas Armadas, pero que en realidad es tan obligatorio que sino
te inscribes te multan, o multan la empresa donde trabajas o te limitan los
derechos a trámites legales. O sea, voluntariamente obligado a ser censado
porque no hay otra manera, el venezolano no quiere aparecer en listas que no
sean las que él mismo escogió y eso no lo acepta el autoritarismo.
Detallitos... ¿Qué
gana un presidente de empresa marchando para solicitar insumos para producir si
ha estado vinculado con esta mala gerencia de nuestras industrias básicas desde
su inicio?, un gerente de verdad ya habría cubierto los trámites que le lleven
ante las instancias a las que corresponde, garantizar lo necesario para el
óptimo funcionamiento de las fábricas, especialmente cuando forma parte del mal
llamado proceso revolucionario.
Anunciar que marcharía fue una muy mala
decisión, tanto que a la hora de la caminata no estaba... No es nueva la
situación de carencia presupuestaria de nuestras universidades públicas, lo
nuevo, es que hasta una rectora identificada con el gobierno tenga que salir a
la luz pública pidiendo presupuesto justo. O sea, por fin está sufriendo en
gestión propia lo que significa trabajar sin recursos, especialmente en tiempos
en que esas carencias se están sembrando para perjudicar las universidades
autónomas...
Despenalizar el aborto es otro de esos anuncios escandalosos,
hechos de manera consciente para crear polémica y desviar la atención de los
resultados electorales y todo lo que los diputados salientes pretenden obedecer
antes de irse.
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