El franco y público cuestionamiento del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, a la inconstitucional Ley Habilitante otorgada el pasado diciembre por la fenecida Asamblea Nacional venezolana para otorgar poderes especiales durante 18 meses al presidente Hugo Chávez, así como la posibilidad cada vez más cierta de que el Consejo Permanente de ese organismo debata si esa Ley viola el espíritu y la letra de la Carta Democrática Interamericana, es de por sí un paso positivo en defensa de la democracia venezolana, más allá de los resultados de ese debate.
Ese paso no sólo significa –como ha reconocido Insulza- que hay preocupación real por la descomposición política e institucional venezolana y por la deslegitimación del ejercicio del poder de los nuevos diputados electos en las elecciones legislativas de 2010, sino que se está conjugando en la comunidad interamericana la decisión de contener el avance dictatorial del gobierno bolivariano. Si ese no fuera el caso, es de dudar que Insulza se hubiese pronunciado. Hasta el momento, el Secretario General se ha mostrado muy discreto y ponderado en cuanto a la actuación nacional e internacional del presidente Chávez y su gobierno.
Tal decisión no quiere decir en modo alguno que ya existe consenso para sancionar a Venezuela en la OEA por una Ley que, entre otros, viola el Artículo 30 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Ello será difícil en virtud de que algunos estados miembros –como es el caso de Ecuador, Bolivia y Nicaragua que ya se han pronunciado a favor del gobierno venezolano- votarían en contra. Pero sí parece existir la voluntad necesaria para realizar una apreciación colectiva de la situación que, seguramente, dará como primer resultado gestiones diplomáticas de buenos oficios para normalizar la institucionalidad democrática en el país.
Que se logre debatir en la OEA el caso venezolano también representaría un paso de gran significación para el fortalecimiento del propio organismo y sus normativas. De hecho, según el propio Insulza, ya hay disposición en el ente para que este año se discutan reformas a objeto de profundizar la Carta Democrática Interamericana.
Por supuesto, existe el riesgo que antes, durante o después del debate del caso venezolano, el gobierno de Chávez decida salirse de la OEA. No es de sorprender. Son numerosas las veces que el Presidente ha amenazado con hacerlo. En su opinión, el organismo no sirve para nada y debería ser sustituido por uno en que no hicieran vida Estados Unidos ni Canadá.
La salida de Venezuela podría producir una crisis en el organismo porque es probable que sus aliados del ALBA lo sigan o al menos presenten una división y conflictos permanentes en su seno. Pero no creo que por ello la OEA se desmembraría. Más bien podría ser esa la oportunidad para que se compactara y funcionara más eficientemente, que pasara a recuperar la relevancia que ha perdido en los últimos años. Todo dependería de una conducta unida e inteligente entre los miembros. Si la OEA pasa la prueba y se consolida, el único que resultaría perjudicado sería el gobierno venezolano que se colocaría de una vez por todas al margen del sistema interamericano.
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Pero, como en innumerables ocasiones anteriores, el gobierno venezolano ha reaccionado de entrada en forma irresponsable ante los colombianos y, por ende, ante los venezolanos y los países hermanos del hemisferio. En vez de refutar con argumentos sólidos las graves denuncias del país vecino, ha optado nuevamente por el insulto y por el rompimiento de relaciones bilaterales. El gobierno de Álvaro Uribe no solicitó en la OEA una sanción para Venezuela, sino una respuesta sincera, una cooperación transparente de este país. Al no hacerlo, el régimen chavista queda aún más desprestigiado de lo que está, tanto nacional como internacionalmente. Y mientras no enfrente el problema, también se incrementarán las sospechas en torno a sus nexos con la narcoguerrilla colombiana.