Las naciones, como las personas, intentan aprender de sus errores para evitar repetirlos. No siempre lo consiguen. En ocasiones, el simple paso del tiempo borra los recuerdos y favorece una pertinaz compulsión a la repetición. Einstein señalaba que la estupidez consiste en hacer las mismas cosas y creer que se van a obtener resultados diferentes.
En la década del 90 el peronismo -bajo la máscara del "menemismo"- se puso a la cabeza de un movimiento privatizador que pulverizó toda la estructura de empresas estatales. A diferencia de otras naciones, como España o Brasil, que hicieron un proceso de privatización inteligente que llevó a conformar grandes empresas nacionales que se convirtieron en poderosos actores globales, en la Argentina la furia privatizadora no tuvo límites y las empresas estatales fueron graciosamente entregadas a grupos multinacionales extranjeros.
El caso emblemático ha sido el de YPF. Gracias a la activa intervención del entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, que presidía la Ofephi (Organización Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos), YPF fue privatizada y luego desnacionalizada, al admitir la compra de sus acciones por la empresa española Repsol. Los servicios prestados por Kirchner fueron generosamente retribuidos por el presidente Menem -"el mejor presidente que ha tenido Argentina", Kirchner dixit-, quien reconoció a la provincia de Santa Cruz más de 600 millones de dólares de "regalías mal liquidadas", origen de los famosos fondos de esa provincia fugados al exterior.
El proceso de privatización del peronismo de los 90 fue acompañado por la aprobación mayoritaria de la población por una razón muy simple: todas las empresas públicas privatizadas, sin excepción, ofrecían servicios deficientes y generaban ingentes pérdidas que eran enjugadas en los presupuestos públicos. Existía el convencimiento de que las empresas públicas eran caladeros de prebendas en las que pescaban militantes políticos, corporaciones sindicales y empresarios de "la patria contratista". La presidenta Cristina Fernández, en su último discurso, admitió que YPF "terminó presa de las empresas contratistas y de los partidos políticos de turno", aunque omitió decir que el "partido de turno" era el suyo.
En la literatura política se denomina spoil system (sistema de expolio) la explotación que un partido político hace de los recursos públicos, que utiliza de modo diverso -incorporando militantes en las empresas públicas, desviando recursos o utilizando desaprensivamente la infraestructura pública- para financiar su actividad proselitista. Técnicamente estamos ante una malversación de caudales públicos, pero cuando esta práctica está instalada sólidamente en una cultura populista no es objeto de reprensión penal.
Otra fórmula menos visible consiste en recibir prestaciones gratuitas de los concesionarios de servicios públicos. Un ejemplo reciente lo suministra un dirigente socialista de Santa Fe que ha denunciado que los colectivos que transportaron militantes de La Cámpora al acto de Rosario pertenecían a Cirigliano, el concesionario de TBA, la empresa con responsabilidades en el trágico accidente de Once. Lo que explica también por qué los entes reguladores, controlados por el oficialismo, renuncian luego a su función de vigilancia, en agradecimiento por los favores recibidos.
En los momentos actuales -en los que el peronismo se presenta bajo la máscara del "kirchnerismo"- asistimos al retorno de una ola reestatizadora bajo una retórica que reclama la presencia del Estado como gesta recuperadora de una soberanía perdida. Todos los indicios señalan el deseo inequívoco del actual gobierno de forzar un proceso de venta de las acciones de YPF, actualmente en manos de Repsol, a través de actos preparatorios consistentes en acusar al grupo español de haber desinvertido en actividades de prospección para posibilitar un espectacular reparto de utilidades.
La acusación está respaldada por datos incontrovertibles, pero se omite señalar que la curiosa operación de "argentinización" que ha dado lugar a la desinversión fue propiciada por Néstor Kirchner para que un 25% del paquete accionario de la compañía YPF fuera a parar a manos de la familia Eskenazi, que en esos momentos pasaban por ser amigos del poder y, por consiguiente, "expertos en mercados regulados". Los Eskenazi, a través del Banco de la Provincia de Santa Cruz, habían sido los gestores de los famosos fondos fugados al exterior.
La eventual aventura de reestatización de YPF, en el contexto actual de vigencia exacerbada del spoil system, tiene todos los ingredientes para convertirse en un nuevo "caso Aerolíneas Argentinas", donde el Estado debe poner cada día dos millones de dólares para sostener financieramente a la compañía. El ejemplo ofrecido por el resto de empresas reestatizadas en los últimos años -Correo Argentino, ferrocarriles, Aguas Argentinas, etcétera- tampoco ofrece perspectivas demasiado alentadoras.
Mientras el Estado argentino no ofrezca verdadera capacidad de gestión, todas las medidas reestatizadoras aumentarán los problemas actuales, como lo demuestran palmariamente el estado de abandono de las infraestructuras ferroviarias y las dramáticas consecuencias que se han podido apreciar en la tragedia de la estación Once. Las empresas públicas terminan siendo un festín para concesionarios inescrupulosos, agentes públicos corruptos y sindicalistas devenidos en empresarios contratistas de mano de obra barata.
Los entusiastas partidarios del gobierno "nac&pop" deberían reflexionar sobre la incoherencia que supone defender el rol creciente del Estado al mismo tiempo que en la práctica se apuntala un aceitado sistema de expolio concertado entre el partido en el poder y las tramas sindical-empresariales. Mirar el caso de Brasil, que sí ha conseguido, a través de Petrobras, construir un conglomerado empresarial impresionante; ha sido porque ha sabido preservar la capacidad de gestión empresarial, conformando una empresa mixta blindada ante el clientelismo político.
Sin librarnos de la pesada losa del spoil system, sin tener una visión compartida sobre el rol del Estado que evite la recaída en un nuevo pendularismo y sin fijar una política energética consensuada entre la Nación, las provincias y la oposición que fije metas de corto, mediano y largo plazo, seguiremos condenados a repetir una historia de recurrentes fracasos.
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La estupidez es independiente de la inteligencia y si los más inteligentes las cometen y frecuentemente; ¿que dejamos para quienes hoy nos desgobiernan? 
