Para una mayor concentración de poder en su
persona, la aprobación de una nueva Ley Habilitante, otorgada al Presidente de la República por la
Asamblea Nacional, para legislar ejecutivamente, constituye no sólo una
violación a disposiciones expresas de la Constitución Nacional vigente, sino
también, y como consecuencia de esta trasgresión, un desafío y una provocación
a la oposición democrática que se prepara para concurrir pacíficamente a las
elecciones parlamentarias de finales de este año 2015, y en las que el chavismo
sin Chávez, descontento con el gobierno de Nicolás Maduro, puede abstenerse o votar en contra de sus candidatos y provocarle una
contundente derrota.
. En la proximidad de unas elecciones
parlamentarias en las que el Presidente escogerá a la mayoría de los candidatos
del PSUV, que posiblemente concurran a unas elecciones primarias férreamente
controladas, la aprobación de la nueva
ley habilitante es también un desafío a los electores para que le otorguen más poder, particularmente los
incondicionales u obedientes a su mandato. Maduro desafiante se juega su
aspiración de un futuro continuista,
porque la sociedad civil saldrá a votar masivamente en su contra. Si
todo transcurre, como es de esperarse, pacíficamente, Nicolás Maduro sabe, por
las encuestas que ha mandado a realizar, que
puede ser derrotado y generar una impredecible desestabilización de su
régimen, que lo obligue a rectificar o a renunciar antes de someterse a un
referendo.
El otro objetivo de la aprobación,
aparentemente improvisada, de esta ley habilitante puede ser provocar una reacción violenta de
algunos sectores de la sociedad, que desesperados llamen a la abstención
electoral y al desconocimiento del gobierno, lo cual le permitiría al heredero
del extinto Comandante profundizar la
represión. Y de allí en adelante aplicar su ley habilitante violando la
Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, contra toda la oposición
y los disidentes del chavismo sin Chávez.
Por la experiencia nacional e incluso
mundial, la protesta debe mantenerse en el marco de la legalidad, porque esos
decretos leyes que puede aprobar Maduro, afectarán a la mayoría de la
población, que tiene la oportunidad de derrotar al maduro-cabellismo en las
urnas electores en noviembre o diciembre cuando convocan las parlamentarias,
modificar la correlación de fuerzas y
provocar un cambio significativo que neutralice y anule su tendencia
autoritaria y militarista.
El gobierno atraviesa su peor momento, cuando
el mundo democrático condena la violación de los Derechos Humanos, el
Presidente de los Estados Unidos, Barack
Obama, sanciona a 7 altos funcionarios
acusados de atropellar y torturar a centenares de estudiantes y ciudadanos que
les acompañaban en sus protestas pacíficas, solicitando, como la establece la
Constitución la renuncia de Maduro. Cuando el universo democrático también
condena la utilización de grupos parapoliciales y paramilitares armados para
reprimir y disparar contra manifestantes pacíficos. Y para agravarle la crisis
al gobierno se destapa la olla podrida del robo a Cadivi y el lavado de dineros
públicos por parte de PDVSA en bancos europeos y latinoamericanos, cuyas
consecuencias son difíciles de prever, porque son decenas o centenares de altos
funcionarios corruptos los descubiertos, más los protegidos por la DEA, quienes
acusan de tráfico de drogas al llamado Cartel de los Soles. Todo parece indicar
que estamos frente a una peligrosa bomba de tiempo.
Juan
Paez Avila
jpaezavila@gmail.com
@jpaezavila
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