No hay nada que debilite más a una república, a una
nación o Estado que la existencia de una justicia comprometida. La inseguridad
jurídica que se genera a partir de la quiebra del poder de juzgar, ha sido la
rendija a través de la cual se escapa el Estado de Derecho. El poder de juzgar
no puede estar interferido en forma tal que la realización de la justicia se
transforme en una comedia.
Entre los derechos fundamentales de los hombres se
encuentra la presunción de inocencia. La Declaración Universal, proclamada hace
más de medio siglo, incluyó este derecho en el artículo 11, señalando que “toda
persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras
no se pruebe su culpabilidad”. Este derecho humano es aniquilado a diario en
Venezuela por los encargados de administrar la justicia y personas dedicadas a
las actividades más diversas. La acusación, ya sea que se haga ante la justicia
o simplemente en un medio de prensa, que se formule su responsabilidad o sin
ella, con ponderación o con escándalo, se ha transformado para muchos
ciudadanos venezolanos, sobre todo, si son políticos disidentes, en sinónimo de
condena firme e inapelable. El juicio
público conforme a la ley, con las garantías de defensa, carece de vigencia
efectiva si el acusado es condenado de antemano y en forma irreversible por una
opinión pública de cuya presión no todos los jueces son capaces de evadirse.
Cuando la acusación se identifica con la condena, la perdida de la honra y de
la honorabilidad es definitiva y no hay para el acusado absolución tardía que
pueda reintegrársela.
La presunción de inocencia es un derecho de formulación constitucional que implica que toda persona contra la que sea dirigido un proceso- imputado, procesado o acusado- debe ser tenida como inocente a todos los efectos hasta tanto no sea declarada su culpabilidad en sentencia judicial firme, es decir, que solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción.
Venezuela tiene una penosa tradición de no respetar la
presunción de inocencia. En los largos periodos de autoritarismo y de
autocracia de su historia, ningún perseguido era inocente. Aunque no hubiera
contra él acusación ante la justicia, lo que le hubiera permitido, al menos
defenderse de las imputaciones, siempre hubo agentes o servicios de
informaciones que se encargaban de difundir las supuestas culpas de los
disidentes. En décadas despóticas, cuando se ponía a alguien a disposición del
poder ejecutivo siempre era causa de una falsa peligrosidad que se le atribuía.
Desde luego que la historia de Venezuela da repetidas vueltas, quienes antes
reclamaban derechos hoy los niegan. Una democracia, es por naturaleza el
régimen donde se realiza la justicia. Un régimen donde no se realice la
justicia, ni es jurídico ni es democrático.
La lucha por los derechos humanos nunca ha sido fácil y
exige que quienes creen en ella hagan todos los esfuerzos necesarios para velar
por el reconocimiento y la vigencia plena de la presunción de inocencia de los
acusados mientras no se apruebe la culpabilidad en juicio público con garantías
de defensa.
Sixto Medina
sxmed@hotmail.com
@medinasixto
EL ENVÍO A NUESTROS CORREOS AUTORIZA PUBLICACIÓN, SIN COMUNISMO UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE, ESTO NO PUEDE CONTINUAR, TERCERA VIA, DESCENTRALIZAR, DESPOLARIZAR, RECONCILIAR, DEMOCRACIA PARLAMENTARIA, LIBERTARIO ACTUALIDAD NACIONAL, VENEZUELA, NOTICIAS, ENCUESTAS, ACTUALIDAD INTERNACIONAL,
