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jueves, 19 de mayo de 2011

A PROPÓSITO DE LA REFORMA DE LA LEY DEL SERVICIO EXTERIOR. ADOLFO R. TAYLHARDAT

La Asamblea Nacional inició ayer (martes 10 de mayo) la segunda discusión de la reforma de la Ley del Servicio Exterior del 2 de agosto de 2005 (GO No. 38.241). El objeto evidente que persigue la reforma es profundizar la condición del Servicio Exterior no como instrumento al servicio de la nación sino como un apéndice exclusivo del régimen. Ese proceso ya se había iniciado con la Reforma del 6 de agosto de 2001 (GO No. 37.254).

El 8 de septiembre de 2008 el Diputado Roy Daza, refiriéndose al proyecto de reforma de la LSE que se encuentra actualmente bajo la consideración de la AN, dijo lo siguiente ([EU, 09-09-08):

“Los cambios que se aplicarán al instrumento serán propicios para adaptar aún más el Servicio Exterior a las nuevas realidades que plantean el presidente Chávez y los demás líderes que le acompañan”. “Antes de la llegada del presidente Chávez Venezuela no tenía política exterior, la razón es que antes nuestro país no era un país soberano, independiente. Los gobiernos de antes no eran soberanos ni independientes del imperio norteamericano”. “En la actualidad el gobierno venezolano se ha planteado, con total asertividad relaciones con el mundo y de manera muy especial con aquellos países que han sido históricamente marginados”. “Al aprobarse la Reforma de la LSE el país contará con un instrumento que le permitirá ampliar aún más las relaciones de solidaridad que viene manteniendo con diversos países del mundo… un ejemplo de ello es el viaje que hizo el presidente Chávez a Sudáfrica. Solo con una política exterior abierta y multipolar se pueden establecer relaciones de hermandad como las que acaban de asentar con ese país del continente africano.
El diputado Daza parece desconocer o deliberadamente ignora que Venezuela siempre estuvo abierta a las relaciones con todos los países del mundo pero sólo tenía embajadas donde el gasto que ello implicaba se justificaba. Con el resto del mundo las relaciones se desarrollaban a través de las Naciones Unidas. Hoy la abundancia de petrodólares le permite al régimen actual crear embajadas a diestra y siniestra para desarrollar su populismo internacional. También ignora que Venezuela mantuvo en todos los foros internacionales una posición firme y categórica en relación con el régimen racista que gobernó a Sudáfrica y estableció oficialmente relaciones diplomáticas con ese país inmediatamente después del derrocamiento del gobierno del Apartheid. Además, Venezuela participó activamente como miembro del Consejo creado por las Naciones Unidas para impulsar la independencia de Namibia y fue el primer país que creó una embajada en Windhoek apenas ese país obtuvo la independencia.
El 29 de diciembre de 2010 el periódico cubano Granma publicó una nota destacando que la AN reanudaría en esa misma fecha - última sesión de ese cuerpo antes de la instalación de la nueva AN elegida el 26/09/11 - la segunda discusión de la reforma de la LSE. En la misma nota Granma destacó que el Diputado Roy Daza había declarado que la reforma “permitirá ampliar los lazos de Venezuela en aras de impulsar la multipolaridad”
Llama la atención el interés que le otorga el diario oficial cubano al tema de la reforma de la LSE y el hecho que destaque el papel que en la “multipolaridad” supuestamente jugará esa Ley. Esto hace pensar que la mano cubana ha estado “metida” en el proceso de elaboración del proyecto de reforma.
El 3 de mayo pasado el diputado Christian Zerpa (PSUV) miembro de la Comisión de PE de la AN afirmó que el proyecto de reforma de la LSE contribuirá a definir “una visión multipolar”. Dijo también que la Ley reformada contempla que “el servidor público de carrera exterior debe asumir la seguridad y la defensa de la nación”. También dijo que la reforma “pondrá fin a las prácticas cuarto republicanas que priorizaban a sólo un pequeño grupo de Embajadas como la de Washington, Bogotá y alguna que otra” Además aseguró que “el servicio exterior no puede seguir siendo un premio de consolación para quienes dejaban deservir a la Nación desde el interior del país. Anteriormente se premiaban las gestiones administrativas públicas mandando a los funcionarios al exterior a ganar bastantes dólares y a darse la dolce vita. Eso es lo que queremos evitar, como queremos acabar con los clanes familiares en el Servicio Exterior. En la cuarta república el Servicio Exterior sólo cumplían los familiares de los presidentes y ex presidentes de la república. Eso lo encontramos cuando revisamos la nómina del personal del Servicio Exterior.
Las declaraciones de este diputado evidencian el propósito de extender al Servicio Exterior el proceso de ideologización que se opera en toda la administración pública. Esas declaraciones son también una muestra de evidencia de cómo el régimen “bolivariano” pretende engañar a los venezolanos distorsionando los hechos. ¿Acaso la prioridad en las relaciones con un país son resultado de un capricho o de una improvisación? Además, en los 40 años de la democracia se logró reducir considerablemente el uso del Servicio Exterior como recurso de “exilio dorado”. Esto se profundizó con la LSE de 1962 que abrió un proceso de profesionalización del Servicio al punto de que para 1998, año en que llega al poder el actual presidente el 80% de los funcionarios eran profesionales, en su mayoría ingresados mediante concurso de oposición a pesar de que la LSE reservaba sólo el 50% de los cargos de Jefe de Misión para funcionarios de carrera. Un proyecto de reforma de la Ley de 1962 elaborado por la Comisión de PE del Senado bajo la presidencia del Senador Pedro Pablo Aguilar trató de ahondar aún más ese proceso que lamentablemente se vio interrumpido con la “rojización” de la Cancillería a partir de 1998. Por otra parte, para desmentir al señor Zerpa bastaría comparar los jugosos sueldos que actualmente perciben los funcionarios del servicio exterior con las austeras remuneraciones que recibíamos los funcionarios de la diplomacia democrática. Si tomamos al pie de la letra la última frase de las declaraciones de Christian Zerpa y se hace una revisión de la nómina del personal del servicio exterior se podrá ver que nunca como ahora los cargos de la diplomacia venezolana se han utilizado para ubicar amigos – y “amigas” – del presidente, ministros fracasados, agentes del régimen, espías para vigilar las actividades de la diáspora o para sustituir a los funcionarios profesionales con fichas del partido rojo, ignorantes incondicionales.
adolfotaylhardat@gmail.com
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domingo, 30 de agosto de 2009

*LAS CONTRADICCIONES DE LA POLÍTICA EXTERIOR K, GABRIEL C. SALVIA (CASO ARGENTINA), 19 DE AGOSTO DE 2009

A pedido de Manuel Zelaya, el presidente hondureño depuesto el pasado 28 de junio por un golpe de Estado, el canciller Jorge Taiana decidió expulsar a la embajadora de Honduras en la Argentina por apoyar al gobierno de facto de su país. Taiana justificó esta actitud señalando que la Argentina sólo mantiene vínculos con el gobierno democrático del destituido Manuel Zelaya, al único que considera legítimo pues surgió de elecciones libres.

De esta manera, la política exterior argentina realiza un paso muy importante al cuestionar el principio de no intervención en los asuntos internos, un criterio ya obsoleto al tener los Derechos Humanos carácter universal. El problema es que esta posición adoptada frente a Honduras no puede ser utilizada por el Canciller argentino como una excepción, sino como la regla. Es decir, el gobierno nacional tiene que ser consecuente con el planteo que utiliza frente a la embajadora hondureña en la Argentina y la situación política interna que atraviesa esa nación centroamericana, haciendo lo propio con otros países largamente gobernados por una dictadura.

Al respecto, en la Argentina existen actualmente representaciones diplomáticas de 13 países con gobiernos ilegítimos, pues no surgieron de elecciones libres y multipartidarias. En algunos casos, hasta su carácter dictatorial está expresamente institucionalizado como régimen de partido único y las violaciones a las libertades democráticas en los mismos son denunciadas por las más prestigiosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos.

Por ello, siguiendo el criterio que Taiana tomó respecto a Honduras, ¿la Argentina debería expulsar a los embajadores de Angola, Arabia Saudita, Argelia, Belarús, China, Cuba, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Vietnam?

A la luz de las relaciones cómplices que la Argentina mantiene con varias dictaduras, a muchas de las cuales la presidenta Cristina Fernández de Kirchner incluso visitó frívolamente en gira oficial, es que resulta poco creíble la convicción democrática en Taiana y el gobierno que representa. Y la sensación es que, respecto a Honduras, el gobierno nacional simplemente se está alineando donde más le conviene desde el punto de vista de sus intereses regionales sin que ello responda a una política exterior de promoción y defensa de los valores democráticos.

En todo caso, está claro que el gobierno nacional hace demagogia con los derechos humanos y uno de los ejemplos más claros es su falta de compromiso internacional con los mismos, pues ha estado más alineado con las dictaduras que con los demócratas que internamente luchan pacíficamente para enfrentarlas. Esto ha sido la regla, con muy pocas excepciones, como la crítica pública de la presidenta al dictador de Guinea Ecuatorial en su visita a la Casa Rosada o, recientemente, deplorando el veredicto contra Aung San Suu Kyi.

El caso de la disidente birmana es muy interesante, pues la Cancillería acaba de denunciar que en este caso se “extiende de manera injusta y arbitraria su arresto domiciliario” y por lo cual “la Argentina urge a las autoridades de Myanmar a poner fin de manera inmediata al arresto de Aung San Suu Kyi, en concordancia con los numerosos pedidos internacionales en tal sentido, así como a liberar a todos los prisioneros políticos y otros prisioneros de conciencia y a tomar las medidas necesarias a fin de asegurar que las elecciones previstas para 2010 gocen de legitimidad”.

Esta firmeza de la Cancillería, frente a la situación de la valiente opositora birmana, debería replicarse con reclamos similares frente al resto de los países gobernados por dictaduras, los cuales representan a un quinto de las naciones del mundo. Pero así como el gobierno argentino no ayuda a que se respeten en América Latina los principios suscriptos en la Carta Democrática Interamericana, siendo el de Venezuela el caso más notorio, tampoco es imaginable que adopten al menos una actitud más decorosa frente a dictaduras influyentes como las de China y Cuba.

En definitiva, más allá del gobierno de turno, como país que vivió una dictadura muy cruel y habiendo recibido en esos años de plomo muchas muestras de solidaridad internacional, la Argentina debería tener una política exterior muy activa en la promoción de los Derechos Humanos, denunciando públicamente a los dictadores, respaldando a sus víctimas e incluyendo la implementación de prácticas de diplomacia comprometida.

Gabriel C. Salvia es Presidente del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y Director del Proyecto Puente Democrático.
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