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viernes, 17 de abril de 2015

NARCISO GUARAMATO PARRA, MAS INFLACION

En los últimos 6 meses tenemos la percepción de que la inflación se disparó, Disculpen si usamos una expresión tan imprecisa como es “percepción”, pero todavía no tenemos a disposición las cifras oficiales para el primer trimestre de 2015.
Cada vez es mayor la cantidad de dinero que necesitamos para adquirir la misma o menor cantidad de productos. Un billete de Bs. 100 (el de más alta denominación en Venezuela) ya no logra comprar casi nada. 
También se está observando una de las consecuencias de la inflación, el uso de una gran cantidad de papel moneda en las transacciones diarias. 
En febrero de este año, según el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores, Cendas, reportó que la canasta alimentaria alcanzó un monto de Bs.19.858 (representa una variación de 122% con respecto al mismo mes del año anterior y equivale a 3.5 veces  sueldo mínimo), lo que obligaría a un consumidor no bancarizado  a tener 199 billetes de Bs. 100 para adquirirla. Más temprano que tarde el Banco emisor tendrá que emitir un billete de mayor denominación.
En días recientes se nos preguntó qué si en el futuro bajaran los precios, lamentablemente la respuesta es negativa, Quizás, los precios de algunos productos podrán bajar. pero, el precio de la canasta de bienes y servicios utilizado para el cálculo de la inflación continuará aumentando ya que no se han anulado las causas que generan esta alza. En economía la baja sostenida del nivel de precios se denomina “Deflación” y es causado básicamente por una caída en el consumo que obliga el ajuste a la baja de los precios. Sólo Japón ha experimentado este fenómeno que básicamente es causado por una caída en el consumo,
Este no es el caso de Venezuela ya que en primer lugar existe una severa contracción en la oferta de bienes, producto de la disminución de la producción doméstica y sobre todo de las importaciones, herramienta con la que venía trabajando el gobierno para contener la presión inflacionaria.
Continúa el déficit fiscal, obligando a su financiamiento por parte del Banco Central de Venezuela. Al sacar más dinero a la calle con una cada vez menor cantidad de productos que comprar, aumenta la presión sobre para que suban los precios.
La caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingreso de divisas del país obliga el racionamiento en el suministro de dólares. Se le está dando prioridad al servicio de la deuda, lo que queda se reparte entre las distintas necesidades de importación. Estas divisas no alcanzan para satisfacer a todos, por lo cual seguirá la escases de productos en los mercados venezolanos, fomentando la especulación y el acaparamiento.
Se estima un decrecimiento en la actividad económica del 3%, lo cual conlleva una vez más a la utilización de las importaciones como herramienta para combatir la inflación. Ya no estaríamos hablando de una recesión económica sino de algo más severo, de una depresión económica. Motivo por el cual, la situación económica de Venezuela debería denominarse “Depreflación”, depresión con inflación.
Ha fracasado la política de control de precios, incluso los bienes sometidos a regulación han visto incrementar de manera importante sus precios,
Todo esto genera un cuadro sombrío, se espera para el 2015 una variación de tres dígitos en el nivel de precios, la más alta del mundo.
Narciso Guaramato Parra
guaramatoparra@gmail.com
@guaramatoparra

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martes, 15 de octubre de 2013

PEDRO A. PALMA, MONETIZACIÓN DE LOS DÉFICIT PÚBLICOS.

En noviembre de 2009 escribí en esta columna un artículo sobre la reforma a la ley del Banco Central de Venezuela que se acaba de aprobar. Decía entonces que dicha reforma, además de inconstitucional, violaba un principio económico fundamental, cual es la capacidad que tienen que tener los bancos centrales de negarse a financiar gasto público deficitario, acción conocida también como la monetización de los déficit, con el fin de evitar la materialización de presiones inflacionarias. Expresaba allí que a través de esa reforma "se le permite, o mejor, conmina al Banco Central financiar programas determinados por el Ejecutivo como prioritarios, así como descontar y redescontar títulos provenientes de esos proyectos especiales. 

Esto se puede convertir en una fuente inagotable de financiamiento de gasto público, ya que el BCV tendría que adquirir obligaciones gubernamentales los títulos emitidos por entes públicos en las cantidades que el Poder Ejecutivo decidiere, simplemente con declarar que esos papeles están destinados al financiamiento de proyectos prioritarios, incluyendo aquellos orientados a cubrir las cuantiosas y recurrentes pérdidas de múltiples empresas del Estado".

Más adelante manifestaba que la reforma en cuestión también establecía que el BCV podría adquirir obligaciones de Pdvsa, organización que "tendría asegurada la colocación de los bonos que emita en condiciones favorables, y así contar con recursos adicionales para cubrir una serie de obligaciones impuestas por el Gobierno y ajenas a su actividad medular, tales como importación y comercialización de alimentos, financiamiento de misiones y otras tantas". Señalaba, finalmente, que lo que angustiaba de esa reforma era la posibilidad de que el instituto emisor se viera forzado a crear grandes cantidades de dinero para financiar gasto deficitario que generaran grandes presiones alcistas de los precios.

Pues bien, después de casi cuatro años de haber hecho esas advertencias ¿qué ha sucedido? ¿tenían éstas fundamento? Desgraciadamente sí.

Al momento de aprobarse la reforma de la ley, es decir, a fines de 2009, Petróleos de Venezuela mantenía una posición acreedora en el BCV, y fue sólo durante el año siguiente que comenzó a buscar financiamiento en ese ente, aun cuando de forma moderada.

No fue sino a partir de 2011 cuando los préstamos del BCV a la petrolera comenzaron a expandirse fuertemente, al punto de que al cierre de ese año su deuda neta con el instituto emisor era superior a los 96 millardos de bolívares, un monto equivalente a algo más de 22 millardos de dólares. En los meses subsiguientes, y hasta hoy, ese financiamiento no ha parado de crecer, ubicándose esos pasivos netos en la actualidad en más de 256 millardos de bolívares, lo cual equivale a más de 40 millardos de dólares, una magnitud similar a las divisas que anualmente le vende Pdvsa al BCV.

Algo semejante, aun cuando en mucho menor escala, ha sucedido con otras empresas públicas no financieras, tales como las empresas de Guayana, las cuales han acudido al BCV en busca de financiamiento para cubrir sus pérdidas, particularmente desde fines de 2012 hasta esta parte, acumulando a fines de septiembre de este año unas deudas netas con ese ente de 27 millardos de bolívares. Este masivo financiamiento a empresas públicas ha generado un fuerte aumento del dinero primario, o base, es decir, aquel creado directamente por el BCV, contribuyendo ello a expandir la oferta monetaria en poder del público en más de 64% en doce meses, un incremento muy intenso que se ha traducido en mayor inflación.

Esto tiene que cambiar, porque de continuar el financiamiento de gasto público deficitario por el instituto emisor de manera recurrente y creciente en el tiempo, se generarán presiones inflacionarias mucho más intensas que las actuales, con efectos devastadores sobre la población, particularmente sobre aquellos que menos tienen.

palma.pa1@gmail.com

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