Los dirigentes del partido rojo quieren escribir una nueva historia en la que ellos son los héroes románticos que entregan todo por amor a la patria y el resto de los venezolanos somos traidores y culpables de todos los males que padece la República. Como contribución a esa nueva épica y darle insumos a fanáticos historiadores revolucionarios, quieren aprobar una Ley contra el Olvido para aplicarla en los casos de violaciones a los derechos humanos entre 1958 y1998. La intención no es hacer justicia, sino descalificar a los gobiernos civiles y elevar a la categoría de mártires a quienes los adversaron.
Revivir algunos hechos lamentables del pasado durante el cual se cometieron atrocidades, de parte del oficialismo y de los subversivos, pareciera no ser conveniente, ya que podría traer nuevos odios. En todo caso, si los chavistas insisten, lo procedente sería establecer una Comisión de la Verdad, sin necesidad de una Ley específica y sin acotar el período a investigar. Cabe recordar que durante los doscientos años de vida republicana han sido frecuentes las violaciones a los derechos humanos. En algunos casos esas violaciones han sido política de estado y en otros solo episodios esporádicos cuya responsabilidad es de uno o más integrantes de los cuerpos de seguridad o de efectivos militares.
Entre 1959 y 1969 se registraron casos de asesinatos, torturas y desaparecidos, en el marco de una guerra de guerrillas que pretendía tomar el poder. En la Digepol y en los Teatros de Operaciones sucedieron hechos repudiables que nadie debe justificar. En casi todos los casos, los detenidos eran asesinos de policías, de guardias nacionales y de efectivos del ejército, asaltantes de bancos, saboteadores de oleoductos y de otras instalaciones o conocedores del movimiento de los guerrilleros, a los cuales se les intentaba extraer información para prevenir otros hechos delictivos. Cuando los torturados morían, los desaparecían. En otros casos, la mayoría, las bajas se registraron en enfrentamientos entre efectivos del ejército y guerrilleros, los cuales no ameritan ser investigados. Algunas de las llamadas masacres no fueron tales y otras sí lo fueron. En el “caracazo” murieron saqueadores y muchos inocentes como consecuencia de la demora de CAP en enfrentar los desmanes, demora que obligó a sacar a las calles a soldados no entrenados para estas actividades; pretender enjuiciar al entonces Ministro de la Defensa y a otros oficiales por delitos cometidos por algunos efectivos sería injusto.
Durante el actual régimen, esa Comisión de la Verdad debe investigar a los pistoleros de la Baralt que asesinaron a civiles desarmados el 11 de abril de 2002, los atropellos de la Guardia en Los Semerucos, los asesinatos de José Manuel Vilas, de Evangelina Carrizo, Maritza Ron, Juan Carlos Sánchez. Igualmente la situación inhumana en las cárceles y las denuncias de la Red de Apoyo para la Justicia y la Paz, la cual señala que “en Venezuela la tortura no es cosa del pasado y que, en el 2010, 36 personas fueron torturadas”. Si quieren abrir investigaciones deben incluir al actual período.
Como en botica: La deuda de PDVSA puede llegar este año a 46 mil millones de dólares. Mientras tanto continúan los accidentes e ineficiencia. El Mayor General Motta y el general Benavides expusieron innecesariamente a sus subalternos en el El Rodeo, demostrando gran ineptitud para comandar. Al- Aisami debe renunciar ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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