Hace 63 años, la filósofa y escritora rusa
Alissa Zinovievna Rosenbaum, más conocida en el mundo de las letras bajo el
seudónimo de Ayn Rand, escribió en su novela La rebelión de Atlas, unas
contundentes palabras que describen a la perfección la deplorable realidad de
la Venezuela de estos años de imposición de un régimen híbrido, donde se
mezclan comunismo, incompetencias, ignorancia y corrupción.
Afirma crudamente, y tal vez de forma
premonitoria, Ayn Rand que
"Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; Cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican, no bienes, sino favores; Cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por el trabajo y que las leyes no nos protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra usted; Cuando repare que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada."
En Venezuela en estos últimos 14 años se
viene cumpliendo trágicamente de manera persistente cada una de estas
perniciosas premisas:
Para poder seguir cumpliendo su rol de
productor de cualquier tipo de bienes y servicios, todo el sector productivo ha
sido condenado a cumplir con una arbitraria e ilegal red de permisología y
controles a merced de una burocracia corrupta.
Sobran las denuncias de casos de corrupción
de personeros cercanos al oficialismo y de seudo empresarios que han medrado
del erario público, o de las multimillonarias cuentas de los llamados
“boliburgueses” que están resguardadas en paraísos fiscales.
Esta semana, sin ir más lejos, circula en la
prensa nacional e internacional, un informe elaborado por el Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, siglas en ingles), donde
tras 15 meses de investigación, se identifican las grandes fortunas escondidas
en paraísos fiscales, con 12.000 movimientos de empresas y cerca de 13.000
personas implicadas. Entre ellas aparecen las vinculaciones de soborno de
figuras del gobierno de Venezuela y su estatal petrolera incluyendo, entre
otros, el caso Francisco Illarramendi, Moris Beracha y su esquema Ponzi, donde
desaparecieron millones de dólares del fondo de jubilación de los trabajadores
de PDVSA.
Este caso es apenas uno de cientos
especificados en el informe que también cuenta los casos de corrupción de
Pudreval, Plan Bolívar 2000, el maletinazo de Antonini, el Central Azucarero
Ezequiel Zamora, todos ellos olvidados en algún cajón del sistema de justicia
en manos del oficialismo.
Mientras, decenas de venezolanos están
pagando injusta prisión, sin prueba alguna de los delitos que se le imputan, y
otros cientos sufren el exilio por similares razones de persecución de los
tribunales del horror castrocomunista.
Este 14 de abril, los venezolanos tendrán,
por segunda vez en menos de un año, la oportunidad de salir de este sopor de
corrupción, y de la atadura que imponen los controles, las injusticias y las
ilegalidades, para así comenzar a construir el camino de oportunidades que
permitan sacar el país del atraso jurídico, económico y social. ¿O se dejará
perder la República?
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