En
vísperas de la Navidad y, más importante, de las elecciones municipales,
Nicolás Maduro planea fijar por decreto el precio de diversos bienes de consumo
La
inflación en Venezuela ronda el 54%, pero el mandatario se niega a atribuirla a
la caótica política económica de su gobierno
La
escasez de productos básicos no es noticia para los venezolanos, pero tampoco
es arriesgado pronosticar un futuro faltante de electrodomésticos, llantas y
repuestos para vehículos, entre otros bienes. La razón es sencilla: al
presidente Nicolás Maduro se le ocurrió controlar por decreto los efectos de la
inflación sobre el precio de esos productos.
En
vísperas de la Navidad y, más importante, de las elecciones municipales, Maduro
planea fijar por decreto el precio de diversos bienes de consumo. La gente se
agolpa en las puertas de las tiendas que los distribuyen para ser los primeros
en aprovechar las esperadas gangas. Sabia intuición. Los primeros probablemente
serán los únicos porque, una vez desabastecidos los anaqueles, es difícil creer
en la reposición de inventarios.
La
inflación en Venezuela ronda el 54%. Maduro se niega a atribuirla a la caótica
política económica de su gobierno e inventó la existencia de una “guerra
económica” contra el régimen, capitaneada por empresarios opositores. Es decir,
el alza en los precios es producto de la especulación –una mezcla de avaricia y
mala intención– que el mandatario puede resolver con solo decretar rebajas de
acatamiento obligatorio.
Por
eso advierte a los comerciantes: “No me vengan con cuentos”. Los precios, al
parecer, no son en Venezuela materia económica, sino psicológica o volitiva.
Frente a la arbitraria voluntad de elevarlos se yergue la del líder máximo,
empeñada en empujarlos en la dirección contraria.
Tan
peregrina concepción de la economía no tardará en surtir efectos, como ya
ocurrió en Venezuela con otros artículos y ha ocurrido en todo el mundo, allí
donde los gobernantes dan la espalda a las más elementales leyes del mercado.
El
baratillo de Maduro está a punto de suceder. Para asegurar el éxito, la
fracción chavista de la Asamblea Nacional se encargó de remover el último
obstáculo. El presidente pretende la concesión de poderes especiales para
gobernar por decreto, como en su momento lo hizo su mentor Hugo Chávez, pero
está a un voto de la mayoría necesaria para hacer su voluntad.
Para
subsanar la deficiencia, los oficialistas desempolvaron viejos cargos contra
una congresista opositora y aprobaron su desafuero. La legisladora fue
sustituida por un chavista y el mandatario completó los 99 votos necesarios
para gobernar por decreto, con poderes extraordinarios.
Lo
más extraordinario del caso es que la legisladora María Mercedes Aranguren fue
elegida por el partido de Maduro, cuando ya se conocían las acusaciones en su
contra, y luego se pasó a la oposición. Los cargos datan del 2008, cuando
Aranguren ejerció cargos públicos al abrigo del gobernador chavista del estado
de Monagas, José Gregorio Briceño, caído en desgracia y expulsado del partido
oficialista. Los cuestionamientos no fueron obstáculo para su postulación como
candidata del gobernante Partido Socialista Unificado de Venezuela.
El
desafuero de Aranguren siguió todos los pasos del procedimiento previsto: la
Fiscalía pidió al Tribunal Supremo de Justicia evaluar los cargos y decidir si
solicitaría a la Asamblea el levantamiento del fuero de la diputada. Los jueces
hicieron la solicitud al Congreso, que votó en bloques, con la oposición en
completo desacuerdo y el oficialismo a favor, a fila cerrada.
Sin
embargo, ni la Fiscalía ni el Supremo venezolano se han librado de
cuestionamientos por obsecuencia frente al Poder Ejecutivo, y mucho menos la
fracción legislativa chavista. Aranguren niega los cargos, atribuye la maniobra
al deseo de conquistar el voto 99 para otorgar a Maduro poderes extraordinarios
y reclama a los parlamentarios oficialistas la obtención de “respeto solamente
a punta de miedo, a punta de amenazas”.
Más
allá del debate sobre las responsabilidades atribuidas a la legisladora, lo
menos que puede decirse de su desafuero es que resulta oportuno para las
pretensiones de Maduro. Pero la inflación y, en general, la economía no
resultarán igualmente vulnerables ante la maniobra política
http://m.nacion.com/ultimas-noticias/nota/61593079
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