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| CARLOS CANACHE MATA |
Anteayer 15 de diciembre se cumplieron 15 años de la realización del
referéndum mediante el cual se aprobó el Proyecto de Constitución elaborado por
la Asamblea Nacional Constituyente de 1999.
Es
la Constitución Nacional vigente, que desde su nacimiento ha tenido mala
suerte. Como en el mencionado referéndum el Proyecto obtuvo el 71% de los
votos, pero con la alta abstención del 55% de los inscritos en el Registro
Electoral, es obvio que sólo fue aprobado por el 30% de los venezolanos que
tenían derecho al sufragio. A eso se agrega que la Asamblea Nacional
Constituyente que lo elaboró estuvo integrada, gracias a una manipulación
electoral que eliminaba el principio democrático de la representación
proporcional, por una mayoría de diputados afectos al régimen que ocupaban el
98% de los escaños (125 constituyentes), no obstante haber recibido sólo el 65%
de los votos, en el marco de la también alta abstención del 53,7%. Tampoco se
puede olvidar que fue muy polémico el procedimiento de convocatoria de esa Asamblea,
que condujo a lo que podríamos llamar un parto legislativo con fórceps.
Si
los positivistas, que sostenían la tesis del “gendarme necesario”, llamaban
constitución “de papel” a la que enfrentaban la constitución “real”, esta
Constitución de 1999 es una “constitución de papel” porque se viola y no se
cumple en las disposiciones que consagran el ejercicio de los derechos humanos
y de las libertades democráticas.
Ha
servido –cito sólo algunos casos- para cambiarle el nombre a Venezuela; acabar
con la descentralización; catapultar el presidencialismo al conferirle al Jefe
del Estado un mandato de seis años y la opción a la reelección indefinida (esta
última aprobada por una reforma constitucional que se tramitó después de haber
sido negada en el referéndum popular del 2 de diciembre de 2007 y en abierta violación del artículo 345 del
texto fundamental); convertir en una burla la separación de poderes; propiciar
un acentuado militarismo, reflejado en la eliminación en el artículo 328 la
frase que en la anterior Constitución definía a la FAN como “una institución
apolítica, obediente y no deliberante”, en la supresión de la facultad que
tenía el Parlamento de “autorizar el ascenso de oficiales de las Fuerzas
Armadas desde Coronel o Capitán de Navío”, en la eliminación de la prohibición
del ejercicio simultáneo de la autoridad militar y la civil con la consecuente
colonización castrense de la Administración Pública, etc.
Para
seguir haciendo de la Constitución lo que le venga en gana, el régimen se
aferra al poder con el aporte fraudulento de un CNE a su servicio que, en
violación del artículo 296 de la Carta Magna que ordena se integre por personas
“no vinculadas a organizaciones con fines políticos”, ha sido copado casi en su
totalidad por quienes renuncian al PSUV días antes de ser designados por la
Asamblea Nacional.
canachemata@gmail.com
@CarlosCanacheMa
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