JUANCARLOS VARGAS, MANIFESTACIONES DE CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA

Las violaciones masivas de derechos humanos que se han venido perpetrando desde inicios de febrero del presente año contra civiles que disienten del régimen de Maduro, no has llevado a publicar a través de este medio una serie de artículos relacionados con la posibilidad que la Corte Penal Internacional (CPI) juzgue a altos funcionarios del régimen de Maduro por la comisión de crímenes de lesa humanidad. Entre estos artículos, cabe mencionar “El falso tribunal internacional”, “Lesa humanidad en Venezuela”, y “Maduro y la Corte Penal Internacional”.

En fecha 08 de abril del presente año, un grupo de diputados latinoamericanos presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la CPI solicitando se investigue a Nicolás Maduro y altos funcionarios por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad. Esta nueva denuncia que es la primera que involucra a Maduro viene a unirse a las 34 denuncias que desde 2002 se han presentado, hasta ahora sin éxito.

Sin pretender analizar dichas denuncias o emitir juicios de valor, nos preocupa la poca acogida que el tema las violaciones graves y sistemáticas de DDHH contra civiles venezolanos, de las cuales algunas constituyen manifestaciones de lesa humanidad, han tenido hasta la fecha dentro de la Fiscalía de la CPI. A pesar del poco interés, se estima que es pertinente seguir documentando estos hechos conforme a los estándares internacionales y discutiendo el tema desde una perspectiva interdisciplinaria, debido a que la represión por parte del régimen de Maduro continúa, y es previsible que la justicia penal internacional, siempre en evolución, más pronto que tarde empezará a procesar denuncias que vayan más allá de las masacres cometidas principalmente en distintos países africanos.   

La situación antes descrita y nuestra preocupación e interés por el tema nos llevó a presentar, conjuntamente con el profesor Eduardo Rodríguez-Weil, durante la IX Congreso de Creación e Investigación Intelectual celebrado en la Unimet entre el 19 y 23 de mayo del presente año, la línea de investigación titulada “Manifestaciones de crímenes de lesa humanidad en Venezuela: Viabilidad que se juzguen altos funcionarios del régimen de Maduro ante la Corte Penal Internacional por la comisión de crímenes de lesa humanidad.”

El resultado de la investigación se estima estará organizado en cuatro puntos: i) Manifestaciones de lesa humanidad presentes en Venezuela; ii) casos donde el discurso de incitación al odio por parte de altos funcionarios motivó la comisión de delitos de lesa humanidad; iii) comparación de las referidas manifestaciones de lesa humanidad con denuncias previamente presentadas ante la CPI, y iv) examen de obstáculos jurídicos-políticos que deberán superarse para intentar con éxito una denuncia por comisión de crímenes de lesa humanidad contra altos funcionarios del régimen de Maduro.

Lo que nos anima a desarrollar este tema es determinar si en efecto, en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad analizando los hechos desde una perspectiva objetiva y académica, que podría a futuro servir para contribuir a proporcionar rigurosidad y solidez argumental a las denuncias que a futuro se presenten ante la Fiscalía de la CPI, toda vez que en el pasado se presentaron denuncias que no cumplieron los requisitos. Es de prever, que el expediente donde se acumulan las denuncias contra individuos vinculados al gobierno venezolano se seguirá ampliando en la medida que continúe la represión en Venezuela.

Juancarlos Vargas A

Juancarloseisaku@gmail.com

@jeisakuvargas

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JUANCARLOS VARGAS, SAIRAM RIVAS Y AIRAM DE ARAUJO: VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN

Recientemente Human Rights Watch dio a conocer el Informe “Castigados por Protestar”. Dicho documento contiene detalles sobre violaciones de DDHH de  manifestantes, al señalar, entre otros aspectos, como el régimen de Maduro ha recurrido a estigmatizar a quienes protestan como violentos. Allí se explica que no es posible calificar de violentos a manifestantes cuando estos son atacados por cuerpos de seguridad del Estado y grupos paramilitares “pandillas armadas partidarias del gobierno”, y se ven en la necesidad de defenderse con piedras y en algunos casos con bombas molotov, pues no existe proporción entre las acciones defensivas y la forma como los organismos de seguridad han utilizado perdigones a corta distancia para causar lesiones en el rostro y en la cabeza, e incluso armas de fuego para reprimir.

Los casos de detenciones arbitrarias de cientos de jóvenes estudiantes muestra como el régimen ha instaurado una política de estigmatización que se caracteriza por privaciones ilegales de la libertad perpetradas por organismos de seguridad y luego fiscales y jueces han venido avalando dichas detenciones arbitrarias, ordenando medidas privativas de libertad tomando como elementos incriminatorios artefactos, bienes u objetos, que de acuerdo con activistas de DDHH y abogados defensores habrían sido sembrados a los manifestantes.

Los casos de Sairam Rivas y Airam De Araujo reúnen tal magnitud de abusos, arbitrariedades y violaciones de DDHH, que los hacen paradigmáticos. Sairam, quien es presidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central de Venezuela (UCV), fue detenida el pasado 8 de mayo mientras se encontraba pernoctando en el campamento instalado por el movimiento estudiantil en la Plaza Alfredo Sadel. Su detención se produce al momento que la Policía Nacional y la Guardia Nacional procedieron a desmontar el campamento. Sairam no estaba cometiendo delito alguno al momento de su detención en las Mercedes. Los hechos por los cuales se le imputaron los delitos de agavillamiento e instigación pública y que la mantienen a la fecha detenida en el Sebin, son producto de reportes de inteligencia que, de acuerdo a sus abogados, no se pueden concebir como elementos probatorios, todo ello en violación a su derecho a la libertad personal, expresión y debido proceso.

Por su parte, Airam De Araujo, estudiante de ingeniería de la Universidad Santa María, fue detenida el 26 de abril del presente año mientras protestaba en el Municipio Baruta. De acuerdo al testimonio de su madre, Airam se encuentra detenida en el INOF en condiciones de hacinamiento, comparte colchoneta con otra reclusa, no tiene acceso a agua potable, su alimentación es deficiente y depende para hacer sus necesidades fisiológicas del agua que sus familiares les llevan los días de visitas, visitas estas que se limitan a un día a la semana.

Los casos de Sairam y Airam, al igual que el de miles de jóvenes estudiantes venezolanos, responden a una política de estigmatización de los manifestantes como grupos violentos. Sus derechos están siendo pisoteados por un aparato represivo que no tolera que jóvenes estudiantes posean convicciones e ideales políticos contrarios al régimen, que hayan decidido protestar no las convierte en delincuentes, y menos aún cuando se trata de procedimientos judiciales donde se han irrespetado las garantías del debido proceso, y se ha llegado al extremo de sustentar delitos en informes, reportes y lista de inteligencia.

Juancarlos Vargas A

Juancarloseisaku@gmail.com

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JUANCARLOS VARGAS, LEOPOLDO Y LOS LUCHADORES POR LA LIBERTAD

El régimen de Maduro avanza en la violación sistemática del derecho a la libertad personal, las detenciones arbitrarias se han convertido en una política de estado que no solo busca silenciar y excluir del juego político a líderes nacionales quienes luchan por el restablecimiento de las libertades como Leopoldo López y regionales como Scarano y Ceballos, sino también desmovilizar a los ciudadanos que protestan contra el régimen, quien sin distingo de edad y género son privados de su libertad, sometidos a tratos crueles y en algunos casos torturados.

Estas detenciones, en la mayoría de las ocasiones son justificadas por el régimen, que conjuntamente con los órganos del sistema de justicia han perfeccionado una maquinaria inspirada en prácticas que en su momento llevó a cabo Stalin y durante más de cincuenta años ha venido utilizando el régimen Castro-comunista, esto es la manipulación de la legalidad con el propósito de fabricar delitos que permitan proporcionar apariencia de legalidad a las detenciones. 

De esta forma hemos visto personas como el abogado Crovato quien permanece detenido por ejercer su profesión, Massiel está detenida en el Inof por denunciar la existencia de explosivos, e incluso personas de la tercera edad como los esposos Josefa y Rodolfo González quienes fueron detenidos recientemente por el Sebin. A cada de uno de estos ciudadanos se le han imputado o pretende imputárseles delitos comunes que van desde instigación pública, asociación para delinquir hasta financiamiento al terrorismo. A ello debemos agregar el caso de profesionales de la salud como María Gabriela Farías, Noris Gil y Henrique Orozco, así como el periodista Marcos Morín, quienes actualmente se encuentran bajo régimen de presentación.

No podemos dejar de mencionar a las miles de personas quienes hoy se encuentran en libertad pero en algún momento fueron detenidas a través de procesos viciados y leyes injustas que son utilizadas por el régimen con el propósito de marcarlos. Estas detenciones son contrarias a los estándares establecidos en instrumentos internacionales de DDHH vigentes, por lo que el régimen está violando el derecho a la libertad personal y expresión, así como también el derecho a la protesta, y en general al debido proceso.

A pesar del intento de manipular la legalidad ante la sociedad internacional por parte del régimen, estas detenciones siguen movilizando a la comunidad internacional. Organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales no dejan de mostrar su preocupación. 

Recientemente Mario Vargas Llosa señaló que Amnistía Internacional evalúa declarar prisionero de conciencia a ese símbolo de la lucha por la libertad en que se ha convertido Leopoldo López, quien al igual que ocurrió en su momento con otros luchadores por la libertad y la democracia como los ciudadanos cubanos Armando Valladares, Guido Singler y José Daniel Ferrer, cumple con los requisitos para ser declarado prisionero de conciencia. 

Esto es un estatus que Amnistía Internacional otorga a personas que son encarceladas a causa de sus creencias, origen étnico, sexo y color por haberse opuesto contra un régimen opresor sin haber utilizado y/o propugnado el uso de la violencia, en algunos casos haciendo uso legítimo del derecho a la desobediencia civil. Este estatus se confiere con el propósito de movilizar a sus activistas y en general a la opinión pública internacional para que soliciten ante las máximas autoridades de los respectivos gobiernos su liberación.

Juancarlos Vargas A

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JUANCARLOS VARGAS, NO MÁS BALAS CONTRA LOS ESTUDIANTES

Como consecuencia de la criminalización de las protestas estudiantiles que se vienen llevando a cabo a lo largo y ancho del país desde el 4 de febrero, el régimen de Maduro a través de la GNB, PNB, Guardia del Pueblo y paramilitares, han implementado una brutal represión que ha costado la vida de al menos 39 personas, en su mayoría jóvenes estudiantes que se encontraban ejerciendo el derecho a la protesta o cerca de las zonas de manifestaciones.

Estos asesinatos como hemos señalado en anteriores artículos, es posible subsumirlos dentro del artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI)  relativo a lo crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, se estima que para convencer al Fiscal y a los jueces de la CPI que estas graves violaciones de DDHH constituyen delitos de lesa humanidad, es importante no solo centrarse en el número de víctimas, pues ello es relevante, pero se estima aún más significativo el modus operandi que se ha venido utilizado para perpetrar estas muertes, debido a que éste coincide, en gran medida, con los medios empleados por otros criminales de lesa humanidad juzgados y sentenciados por tribunales internacionales ad hoc, así como por la propia CPI en el caso de Germain Katanga.

En el caso del régimen de Maduro, la represión se ha caracterizado por el uso de métodos que demuestran intención de sembrar el terror a toda costa dentro de la disidencia. En este sentido, se aprecia que en algunos casos las víctimas de asesinatos han sido engañadas mediante el empleo de ambulancias y otros vehículos  para transportar de manera encubierta a integrantes de la GNB y colectivos armados; ataques repetidos, principalmente durante horas de la noche, contra viviendas; y presencia de francotiradores portando fusiles Druganov. A ello se suma la práctica de disparar a un número importante de víctimas a la cabeza. Esto es grave porque no se trata de hechos aislados, ya que que el número de víctimas, así como la impunidad imperante, permite afirmar que se trata de una práctica que ha sido instigada y ordenada por altos funcionarios del régimen. Muestra de lo anterior es el discurso de odio proferido hacia los manifestantes, quienes han sido y son objeto de insultos que incluyen términos que frecuentemente usa Maduro como “lacayos del imperio”, “fascistas”, “apátridas”, “chuckys”, entre otros.

Destacan, por solo mencionar algunas manifestaciones, que permiten sustentar lo señalado, la reciente alocución televisiva de Maduro donde anunció al Táchira que usaría la fuerza militar, la cual fue seguida por una cruenta represión, así como la declaración de Diosdado Cabello en su programa televisivo mediante la cual amenazó a la disidencia con 13.683 integrantes de las Unidades de Batalla Hugo Chávez (UBCh). Cabe mencionar que el decálogo de estas unidades, en su numeral quinto señala que entre sus objetivos se encuentran “defender los logros de la Revolución y combatir en cualquier terreno a los enemigos de la patria”.

A lo largo de la historia se ha comprobado que el lenguaje que incita al odio y a la violencia ha estado presente al momento que se han cometido los crímenes de mayor transcendencia para la humanidad, es por ello que se insiste en alertar a los  militares, policías, grupos paramilitares y altos funcionarios del régimen, que el camino de la paz se construye con acciones que pasan por el reconocimiento de la disidencia, la justicia, el respeto a los DDHH y no con balas que están matando impunemente al futuro de Venezuela.

Juancarlos Vargas A

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JUANCARLOS VARGAS, MADURO Y LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

La crueldad de las violaciones a los derechos humanos cometidas para reprimir estudiantes que han venido manifestando a lo largo y ancho del país, inicialmente contra la inseguridad que aqueja a Venezuela y posteriormente contra las políticas de Maduro, manifestaciones éstas a las que se han venido sumando de manera progresiva distintos sectores de la población, ha traído como consecuencia que cada día se planteen con mayor frecuencia las siguientes interrogantes: ¿Podría la Corte Penal Internacional (CPI) juzgar al Régimen de Maduro por la comisión de crímenes de lesa humanidad? y ¿Cuáles serían los propósitos de esa denuncia?

La respuesta a la primera interrogante es afirmativa, debido a que el Estado venezolano está sometido a la jurisdicción de la CPI por haberse obligado a cumplir el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al ratificarlo en fecha 07 de junio de 2000. Asimismo, existen elementos para denunciar ante dicho tribunal internacional a Maduro y cada uno de las funcionarios del régimen, sobre quienes existen denuncias, videos, fotografías, audios, entre otros medios, que son posibles utilizar como pruebas para procurar demostrar quienes son autores intelectuales, instigadores, autores materiales, y cómplices por acción u omisión, especialmente de asesinatos, encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, persecución de un grupo y otros actos inhumanos, delitos estos que están tipificados en los literales a, e, f, h y k del artículo 7.1 del Estatuto de Roma. Estas violaciones al derecho penal internacional serían consecuencia de atacar desde el 05 de febrero de 2014, de manera constante y  desproporcionada a integrantes de una población civil que solo ha pretendido ejercer su derecho a la protesta y expresarse libremente. Además de los funcionarios del régimen deben ser denunciados por las razones que expusimos en el artículo de opinión “Lesa Humanidad en Venezuela”, también publicado por este medio, los integrantes de los grupos paramilitares que hayan participado en la comisión de dichos delitos

Con respecto a la segunda interrogante, el propósito principal de la denuncia sería establecer la responsabilidad penal individual de los funcionarios que hayan incurrido en estos crímenes, procurar obtener una justa indemnización para las víctimas y sus familiares a través del Fondo Fiduciario que ha establecido la Corte. Cabe destacar, que aunque el Estatuto de Roma contempla el carácter complementario de la CPI con respecto a los tribunales nacionales, está demostrado que en las actuales circunstancias el Poder Judicial y los demás órganos del sistema de justicia carecen de independencia para establecer las responsabilidades, esto viene a justificar el segundo propósito de la denuncia que es la necesidad de obtener justicia como requisito indispensable para llevar a cabo una transición democrática, debido a que la atrocidad de estos crímenes ante los cuales no cabe alegar obediencia debida, hace imperante que sean castigados para evitar la impunidad como requisito para evitar la repetición de los hechos.

Finalmente, es importante que la denuncia identifique de manera detallada y precisa a cada uno de los presuntos responsables y víctimas de los delitos, y se aporten los medios probatorios que permitan por una parte, establecer las responsabilidades y por la otra, determinar que se perpetraron en medio de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil.

Juancarlos Vargas

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JUANCARLOS VARGAS, LO QUE NO DIJO EL CANCILLER EN LA ONU

El pasado 3 de marzo, Elias Jaua en su carácter de Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, pronunció discurso con ocasión de celebrarse en Ginebra el XXV período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La intervención de Jaua se llevó a cabo ante 25 funcionarios de alto nivel pertenecientes a Estados Partes de esa organización, el presidente, miembros plenos y observadores de dicho Consejo.

El discurso de Jaua destacó por inexactitudes y tergiversaciones con la intención de victimizar al gobierno venezolano, al señalar que se está en presencia de una guerra psicológica, cuya naturaleza es política e ideológica y tiene como objetivo el derrocamiento del gobierno mediante protestas que carecen de contenido, que son consecuencia de la actuación de laboratorios mediáticos, así como de grupos entrenados, para colocar a Venezuela como un estado violador de DDHH.

Ante las mentiras y burda manipulación por parte de quien se desempeña como Canciller, nos vemos obligados a recordar que la comunidad internacional ha presenciado a través de documentos, entre los que destacan informes e investigaciones elaborados por medios de comunicación, ciudadanos, y especialmente por ONGs en materia de DDHH que han prestado asistencia a las víctimas y sus familiares, que: (i) en Venezuela se ha llevado a cabo una brutal represión, principalmente por parte de la GNB y la denominada Guardia del Pueblo contra estudiantes e integrantes de la población civil; (ii) esta brutal represión se ha caracterizado por un uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo de armas y sustancias prohibidas para el control de manifestaciones, las cuales también han sido accionadas por colectivos armados que han operado como apoyo y/o de manera conjunta con agentes del orden público; (iii) las manifestaciones se han extendido a áreas que no pertenecen a los sectores de clase media alta urbana; (iv) se persigue arbitrariamente a los principales dirigentes políticos del partido Voluntad Popular; (v) la práctica ha sido imputar a un porcentaje alto de los manifestantes con delitos contemplados en la Ley Antiterrorismo, negando las garantías del debido proceso, a ello se suma la práctica de tortura de forma sistemática.

Señor Jaua, las protestas son producto de 15 años de mal gobierno, carencias, inseguridad y políticas económicas erradas, que han afectado a todos los venezolanos por igual, no existen laboratorios mediáticos sino una brutal represión contra un pueblo que exige el reconocimiento de sus derechos. El tema del respeto de los DDHH, especialmente cuando son objeto de violaciones graves como las que han venido ocurriendo en el país atañe a la comunidad internacional, esto debido a que el gobierno ha incurrido en hechos que empiezan a demostrar que es incapaz de prevenir la perpetración de crímenes de lesa humanidad, y por ende no se percibe en condiciones de desempeñar la función estatal de mantenimiento del orden público en los niveles mínimos exigidos. 

De no rectificar la política del gobierno en materia de garantía de DDHH, al gobierno venezolano se le hará cada vez más difícil invocar la no intervención en sus asuntos internos, debido a que la tendencia actual en materia de derecho internacional se centra en que todos los estados que conforman la comunidad internacional tienen la responsabilidad de proteger a los ciudadanos al momento que comienzan a ser víctimas de violaciones masivas y sistemáticas de  estos derechos.

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JUANCARLOS VARGAS, LESA HUMANIDAD EN VENEZUELA

Como consecuencia de las manifestaciones que ha realizado el movimiento estudiantil durante las últimas semanas en distintas ciudades del país con el propósito de protestar pacíficamente contra el gobierno de Maduro, se ha sistematizado la represión contra la disidencia en Venezuela.

Lo anterior, nos lleva a plantear interrogantes sobre las repercusiones internacionales que acarrea la participación de grupos paramilitares armados, uso de armas de fuego contra manifestantes, y empleo de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes de manera sistemática contra los estudiantes en centros de detención.

Se ha podido apreciar a través de videos, fotografías y testimonios que los colectivos armados actúan como unidades paramilitares y ejercen actos de violencia contra civiles desarmados ante la actitud omisiva de los órganos de seguridad, los cuales los han protegido y empleado como apoyo durante actividades represivas. 

Es importante destacar que el Estado venezolano es susceptible de responder por las violaciones de DDHH en que han incurrido estos grupos, debido a que las normas y jurisprudencia internacionales han establecido que el elemento clave para determinar la responsabilidad internacional ante situaciones de esta naturaleza depende de si el Estado posee “control  general” sobre estos grupos. Es posible afirmar que el control de carácter general se ha materializado porque el gobierno venezolano ha intervenido en la formación, financiamiento, equipamiento, y en la planificación de las actividades de estas unidades.

En cuanto al uso de armas de fuego para contrarrestar a los manifestantes y en general contra la población civil ubicada en las zonas aledañas a los principales centros de protestas, esto puede ser subsumido como un “ataque contra una población civil” en los terminos del Artículo 7.2.a del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, toda vez que no se trata de un hecho aislado, se empieza a demarcar una línea de conducta que implica la comisión de actos conexos que están tipificados en los artículos 1.e y 1. f del mencionado Estatuto, como lo son: la encarcelación en violación de normas fundamentales de derecho internacional  (detenciones arbitrarias sin atender el debido proceso), y la tortura, respectivamente.

Con respecto a la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes existen testimonios contundentes por parte de integrantes del movimiento estudiantil, abogados, y activistas de DDHH para afirmar que esta practica que busca causar dolor o sufrimientos graves tanto físico como mental, ha sido perpetrado de manera sistemática contra estudiantes mientras han estado bajo la custodia de los organismos de seguridad o dentro de los centros de reclusión.

La documentación de las conductas adelantadas tanto por órganos estatales como por grupos paramilitares, evidencia que éstas además de constituir violaciones de DDHH que hacen exigible la responsabilidad internacional del Estado, acarrerán la responsabilidad penal individual por la comision de delitos de lesa humanidad de quienes han ordenado, ejecutado y cooperado en la perpetración de torturas y ataques armados contra la población civil, siempre y cuando se pruebe ante la Corte Penal Internacional que los hechos han constituido una política adelantada y promovida por parte del Estado venezolano de manera generalizada y sistemática, siendo fundamental para ello que se siga documentado conforme a los estándares internacionales la comision de estos crímenes.  

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JUANCARLOS VARGAS, LA CELAC ATENTA CONTRA LA DEMOCRACIA

Recientemente se llevó a cabo en Cuba, la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). El encuentro atrajo mayor atención que ediciones anteriores debido a la implementación de la “Operación Limpieza” que consistió en detenciones, represión, y en general violaciones contra los DDHH por parte del régimen castrista contra la disidencia cubana, práctica ésta que se llevó a cabo ante la mirada impávida y cómplice de la casi totalidad de los gobiernos que participaron, toda vez que solamente las delegaciones de Costa Rica y Chile mostraron interés por el tema de DDHH en la isla. Esta conducta omisiva constituye una traición a la vigencia de los valores democráticos dentro de la región.

En el encuentro participaron 33 jefes de Estados y de gobiernos pertenecientes a cada uno de los países integrantes de esta comunidad que ha sido definida como un espacio para el diálogo y la concertación que busca avanzar en el proceso de integración regional. La Celac fue creada mediante la Declaración de Caracas de 2011 suscrita por todos los países integrantes de Latinoamérica y el Caribe. Esta comunidad de estados es una manifestación del nuevo multilateralismo latinoamericano, el cual se caracteriza por la fragmentación y duplicidad de instancias en las que coexisten el marcado presidencialismo con la creación de instituciones que son confusas tanto jurídicamente como institucionalmente. A esto se le suma hacer énfasis en la autonomía frente a Estados Unidos.

Las declaraciones que se han producido desde su creación a la fecha se caracterizan por ser amplias, enunciativas y llenas de contradicciones, basta analizar la Declaración de La Habana para apreciar como durante la recién finalizada Cumbre Celac se buscó invisibilizar las obligaciones en materia de DDHH lo que es cónsono con la posición que en estos foros han promovido de manera insistente Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, y Venezuela. Esta declaración hace alusión de manera insistente a los términos: libertad, paz, pobreza, desigualdades, integración y territorio libre de colonialismo.

Con relación al tema del colonialismo, se considera oportuno precisar que en la intervención de Nicolás Maduro, se insiste en la necesidad que Puerto Rico alcance su independencia y se incorpore a la Celac. En este sentido, la declaración final trata de manipular el derecho internacional al hacer referencia solo a la Resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la cual contiene la Declaración Sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales omitiendo la Resolución 1541 (XV) también de la Asamblea General de la ONU, la cual amplió el criterio de la Resolución 1514 al señalar que además de la independencia, los pueblos sometidos a dominación colonial pueden, en ejercicio del derecho a su libre determinación, asociarse a un estado independiente. Este es el caso de Puerto Rico, estado libre y asociado de Estados Unidos cuyos habitantes han votado a favor de mantener ese estatus en cuatro oportunidades (1967, 1993, 1998 y 2012).

La paz, libertad, así como la erradicación de las desigualdades y pobreza no se declaran, se deben plasmar en acciones y medidas que se enmarquen dentro del respeto a los DDHH y el apego a los valores democráticos. Es lamentable el contenido de la Declaración de la Habana, a lo cual se suma la presencia cómplice durante la Cumbre del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien precisamente es garante de la democracia en la región.

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JUANCARLOS VARGAS, MADURO ALEJA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Nicolás Maduro ha venido señalado que existe una guerra económica promovida por los empresarios de la derecha para justificar el fracaso de las decisiones económicas adoptadas por su gobierno, políticas éstas que han tenido impacto negativo en la atracción de la inversión extranjera directa (IED). 

Maduro anunció durante la presentación de la memoria y cuenta correspondiente al año 2013 ante la Asamblea Nacional que implementará un plan de incentivos para atraer inversionistas extranjeros. Para que su plan tenga éxito, deberá ejecutar políticas públicas en distintas materias relacionadas con el funcionamiento de las instituciones del Estado, así como confrontar una inflación que ronda el 60%, el control cambiario, altos índices de corrupción, inseguridad, y carencia de infraestructura, lo cual ha generado que Venezuela haya dejado de estar entre los primeros receptores de IED en Latinoamérica para cerrar el año 2013 en la décima posición dentro de la región. 

Muestra de la inexistencia de un clima favorable para la atracción de IED es la decisión adoptada recientemente por la petrolera PetroVietnam de suspender el proyecto que venía ejecutando en la Faja Petrolífera del Orinoco hasta que mejoren las condiciones para la inversión. Cabe destacar que precisamente Vietnam adoptó desde finales de los 80´s un conjunto de políticas que lo llevaron a pasar de ser uno de los países más pobres del mundo a uno de los principales receptores de IED dentro del continente asiático. Para lograr el aumento de los flujos de inversiones, Vietnam adaptó sus instituciones y en general los aspectos políticos-institucionales a las exigencias de los inversionistas mediante la adopción, entre otras medidas,  de legislación que garantiza el derecho de propiedad, mejoramiento de  infraestructura, mayor descentralización, utilización del arbitraje internacional y reforma tanto de la legislación tributaria como laboral, aunado a ello se insertó dentro del principal mecanismo de integración de la región como lo es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), incluso celebró tratados bilaterales en materia comercial con su antiguo enemigo, los Estados Unidos, pero no sería hasta que se incorporó a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en el año 2007 cuando se produciría el gran despegue económico pasando de recibir 20 billones de dólares por concepto de IED en 2007 a obtener 60 billones de dólares en 2008.  

El gobierno de Maduro marcha en sentido contrario al de Vietnam y al de la mayoría de estados que conforman el sistema internacional, los cuales  han comprendido que la IED es vital para el crecimiento económico acelerado, toda vez que se niega a comprender la relación directamente proporcional que existe entre IED y el buen funcionamiento de las instituciones. Asimismo, en materia de integración regional, el régimen ha debilitado procesos de integración mediante la promoción del Alba y la Celac, organismos que duplican sus atribuciones, y la violación de obligaciones del Mercosur relacionadas con el cumplimiento de DDHH. Por si fuese poco, en el ámbito de la OMC, las posiciones del gobierno se caracterizan por el sesgo ideológico, buscando desnaturalizar las atribuciones de esa organización. Como muestra de ello, nuestro país se opuso, en diciembre de 2013 conjuntamente con Bolivia, Cuba y Nicaragua, a la adopción de un histórico acuerdo que busca facilitar el comercio multilateral, como medida de presión para que se levante el embargo a Cuba.

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JUANCARLOS VARGAS, EL FALSO TRIBUNAL INTERNACIONAL

Desde finales del año pasado han circulado informaciones sobre la creación del  Tribunal Penal Internacional para Venezuela (TPIV), así como el nombramiento de su fiscal. Dicho tribunal se habría creado para el enjuiciamiento de presuntos responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario cometidas en Venezuela durante las intentonas golpistas de 1992 (http://tinyurl.com/kfnablg).

Basta revisar el estatuto del TPIV para detectar falsedad e intención de crear falsas expectativas. Entre otros aspectos, porque pretende equiparar dicha instancia a los tribunales penales internacionales especiales creados por el Consejo de Seguridad conforme al Capítulo VII de la Carta de la ONU.

A partir de Núremberg, los tribunales penales internacionales han sido creados para juzgar los crímenes de mayor transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto. Estos tribunales son complementarios de las instancias nacionales. El TPIV no tiene jurisdicción sobre Venezuela, su estatuto es falso, toda vez que se pretende mediante interpretación, extrapolar la jurisdicción y competencia del Tribunal Penal Internacional para Ruanda a Venezuela haciendo uso de la analogía y de la jurisprudencia relacionada con la materia (http://tinyurl.com/n8esvqm). 

Igualmente, quienes están detrás del TPIV han señalado que solicitarán a Interpol orden de captura contra altos funcionarios del régimen (http://tinyurl.com/oz4jo5m), las cuales son igualmente falsas. Asimismo, hay una “Comisión Europea y Asiática de Derechos Humanos” que ha pretendido avalar la validez de este TPIV, a pesar que dicha comisión carece de personalidad jurídica de derecho internacional, incluso pretendiendo desprestigiar a Diego Arria por haberse pronunciado sobre la falsedad del tribunal (http://tinyurl.com/pccvrav). 

Es obligatorio señalar que el Tribunal Penal Internacional para Ruanda se creó exclusivamente para juzgar determinados delitos ocurridos dentro del territorio de ese Estado durante 1994, y no cabe extender su competencia a hechos ocurridos en Venezuela utilizando la analogía y la jurisprudencia. La analogía y  jurisprudencia no son fuentes formales del derecho internacional. Los tribunales penales internacionales solo se crean a través de tratados internacionales o a través de decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, se han establecido tribunales penales internaciones mixtos (Timor, Camboya, entre otros).

Es importante aclarar la falsedad del TPIV y sus actuaciones, pues estamos convencidos de la necesidad de preservar la justicia penal internacional. 

En este sentido, hemos advertido a través de distintos artículos publicados en este medio que la comisión de torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que involucran a funcionarios del régimen, así como las implicaciones que acarrearía la colocación de baterías antiaéreas en zonas habitadas por civiles, constituirían violaciones al Estatuto de Roma de Roma, el cual entró en vigor el 1 de julio de 2002, por lo que la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia para actuar por hechos cometidos a partir de esa fecha. 

Por si fuese poco, actualmente se están perpetrando tratos crueles, inhumanos y degradantes contra Simonovis y otros presos políticos, conductas estas que comienzan a ser sistemáticas y generalizadas, por lo que altos funcionarios del régimen involucrados en estos hechos, acumulan méritos para pasar a la historia como los primeros venezolanos que serían juzgados por la justicia penal internacional.

@jeisakuvargas

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JUANCARLOS VARGAS, LAS DETENCIONES ARBITRARIAS DE MADURO

La detención arbitraria ejecutada por funcionarios de la DIM contra Alejandro Silva, es un hecho que no debe pasar inadvertido, entre otras razones porque Nicolás Maduro había ordenado pocas horas antes, detener a un dirigente de Voluntad Popular y a otro de la tolda amarilla y no es una práctica aislada, por el contrario, durante el gobierno de Maduro han ocurrido suficientes casos similares para que el tema empiece a generar alarma tanto nacional como internacionalmente.

La práctica de la detención arbitraria se caracteriza porque las víctimas, al ser detenidas sin que se dicte medida privativa de libertad, se ven obstaculizadas para ejercer el derecho a la defensa, ya que no son acusadas ni juzgadas  por autoridad judicial alguna, en otros casos son incomunicadas, e incluso permanecen detenidas una vez que se cumple el período de la condena.

Se observa con preocupación como Venezuela se ha convertido durante los últimos 15 años en un país donde la práctica de la detención arbitraria, la cual   tradicionalmente ha caracterizado a las dictaduras latinoamericanas y en general a los gobiernos de facto, se ha utilizado tanto por el gobierno de Chávez como por el de Maduro con el propósito de generar terror dentro de la oposición, y en consecuencia desmovilizarla. De esta manera, se detuvo al dirigente de Voluntad Popular General (R) Antonio Rivero, quien ha denunciado la injerencia cubana dentro de la FFAA y a Gaby Arellano y otras estudiantes por protestar pacíficamente, esto sin olvidar las 300 detenciones ilegales como consecuencia de las protestas que siguieron a las elecciones del pasado 14A.

Por otra parte, han sido objeto de detenciones arbitrarias aproximadamente 30 comerciantes, esto en violación al derecho a las libertades económicas. La libertad de expresión y opinión también ha sido duramente vapuleada durante el actual gobierno, al ser detenidos arbitrariamente los periodistas norteamericanos Tim Tracy y Jim Wyss, así como el periodista venezolano Leocenis García.

La detención arbitraria per se es una violación de derechos humanos. No solo la prohíbe la Constitución de 1999 en su artículo 44. En el ámbito del Derecho Internacional de los DDHH, los instrumentos internacionales adoptados en el ámbito de la ONU protegen el derecho a la libertad personal, esto es que ningún individuo puede ser privado arbitrariamente de su libertad. En este sentido, el artículo 9 de la Declaración Universal de DDHH establece que “nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”.

En el ámbito del Sistema Interamericano de DDHH es menester señalar que la Declaración Americana establece en su artículo XXV que “nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por leyes preexistentes (…). La Corte Interamericana de DDHH (Corte IDH) a través de su jurisprudencia ha establecido las condiciones para clasificar una privación de libertad como arbitraria, al indicar que  nadie puede verse privado de libertad personal sino por causas o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material), pero además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos por la misma (aspecto formal) (Caso Gangaram Panday v. Suriname).

El gobierno de Maduro no sólo detiene arbitrariamente, también fabrica delitos para justificar detenciones, esto permite afirmar que se ha perfeccionado bajo la asesoría del régimen de La Habana un mecanismo que busca criminalizar la disidencia. Se trata de una realidad ante la cual se debe alzar la voz pues históricamente está demostrado, y ha sido señalado por la Corte IDH en el caso La Cantuta v Perú, que la privación arbitraria de la libertad es el paso previo para la tortura, ejecuciones, e incluso para la desaparición forzada de personas. Estamos a tiempo de evitar que Maduro continúe avanzando en convertir la práctica de la detención arbitraria en política de estado.

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JUANCARLOS VARGAS, MADURO Y SUS BATERÍAS ANTIAÉREAS

El pasado 7 de noviembre, Nicolás Maduro anunció mediante alocución la puesta en marcha de la Misión Barrio Nuevo Tricolor en el Estado Miranda, y su decisión de instalar baterías antiaéreas en puntos clave del país, incluyendo barrios y áreas ubicadas en la zona montañosa de toda Venezuela.

Estas defensas antiaéreas que consistirían en cohetes aire-tierra y distintas clases de misiles que el Gobierno venezolano ha adquirido durante los últimos 14 años a Rusia, Bielorrusia y China, tendrían como objetivo hacer frente, de acuerdo a Maduro, a una eventual injerencia imperialista en el espacio aéreo venezolano, pues para quien actualmente ejerce la presidencia, el país se haya en medio de una guerra económica y debe enfrentarse a planes conspirativos organizados por la derecha internacional conjuntamente con quienes él ha denominado como la trilogía del mal.

Este anuncio, que es sumamente grave y debe ser condenado por las consecuencias que generaría a la población civil conforme al derecho internacional, ha sido opacado por hechos noticiosos relacionados con  medidas económicas y acciones emprendidas supuestamente para luchar contra el acaparamiento, la especulación y la usura que terminaron en saqueos en tiendas de electrodomésticos, los cuales han monopolizado la atención de la opinión pública nacional e internacional. 

Paradójicamente, Nicolás Maduro quien ocupó el Despacho de Relaciones Exteriores por más de 6 años vuelve a demostrar su ignorancia en materia de derecho internacional, por lo que se considera oportuno alertar a Maduro, a sus asesores y a la opinión pública en general sobre las implicaciones que acarrearía la implementación de estos planes. La instalación de armas de guerra en zonas donde habitan civiles traerá como consecuencia convertir a estos civiles en blanco militar, y por ende es contrario al objeto y fin de normas de derecho internacional humanitario contenidas en tratados que han sido suscritos y ratificados por Venezuela, específicamente el Acuerdo de Ginebra relativo a la protección debida a los civiles en tiempos de guerra de 1949 y los Protocolos Adicionales a los Acuerdos de Ginebra de 1977.

Estos tratados establecen los principios de distinción y protección, el primero de estos principios acarrea que la población civil está protegida en todo momento durante las hostilidades, por lo que no debe intervenir en conflictos armados, mientras que el segundo principio trae como consecuencia que se deba evitar exponer a civiles a fin que sean confundidos de cualquier manera con objetivos militares, razón por la cual no deben asimilarse bajo ninguna circunstancia con los combatientes, quienes son los que intervienen en el conflicto armado y por ende asumen la condición de objetivos militares.

Asimismo, se debe advertir que la instalación de baterías anti-aéreas en puntos claves de zonas habitadas por civiles, como lo son los barrios ubicados en las zonas montañosas del país, traerán como consecuencia que Maduro y quienes lo acompañen en esta iniciativa, se conviertan en criminales de guerra a quienes se les podría exigir responsabilidad penal individual por la comisión de crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Se espera que Maduro rectifique, porque de lo contrario, convertiría a civiles indefensos venezolanos en objetivos militares y Nicolás pasará a la historia  como criminal de guerra.

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JUANCARLOS VARGAS, LIBERTAD: SUPREMA FELICIDAD

Después de 15 años de haberse instaurado la denominada revolución, Venezuela pasó de ser un país democrático para convertirse en un régimen autoritario en el que predominan rasgos de neo-totalitarismo. Hugo Chávez bajo la asesoría de los hermanos Castro y ahora con Nicolás Maduro en el poder, lograron que los venezolanos en pleno siglo XXI soñemos con volver a ser libres.

Con la llegada a Miraflores de Nicolás Maduro, quien no posee el carisma, influencia y liderazgo de su padre político, se recurre cada vez más al terror como herramienta para evitar que tanto los seguidores del régimen, así como opositores piensen y se expresen con libertad. El terror es una herramienta que utilizan los neo-totalitarismos para anular de manera progresiva los derechos de los ciudadanos.

No somos libres porque tenemos un control cambiario desde el año 2003 que limita nuestro derecho al libre tránsito, no somos libres porque el derecho a la protesta pacífica se ha criminalizado, no somos libres porque cada día la libertad de expresión se cercena más, no somos libres porque no podemos comprar la marca de alimentos de la cesta básica que más nos gusta, no somos libres porque evitamos salir de nuestros hogares porque podríamos ser víctimas de la inseguridad, no somos libres porque no hay estado de derecho y se manipula la legalidad con el propósito de afianzar al régimen, no somos libres porque se obliga a los funcionarios públicos a vestirse de rojo para garantizar sus puestos de trabajo, no somos libres cuando millones de venezolanos hemos sido objeto de apartheid político al ser revisados nuestros datos para verificar si estamos incluidos en la lista Maisanta.

Este tipo de regímenes neo-totalitarios luchan por la dominación total de la población, esto genera la necesidad, como señaló Hannah Arendt en los Orígenes del Totalitarismo, que el líder recurra a la creación de un mundo ficticio. Maduro ha venido desarrollando un mundo ficticio para mantenerse en el poder a pesar de los cuestionamientos relacionados con su legitimidad y doble nacionalidad, por eso en sus discursos niega que el gobierno sea responsable de la inflación, fallas eléctricas, desabastecimiento de alimentos, violaciones de derechos humanos y exorbitantes índices de criminalidad, pues para él se trata de una guerra económica orquestada desde el imperio y dirigida por la oposición.

En medio de una crisis sin precedentes en nuestra historia republicana, Maduro pretende engañar, una vez más, al pueblo venezolano promoviendo el concepto abstracto de suprema felicidad que pretende imponer a través de la creación de un viceministerio.

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos del régimen por tratar de crear un mundo ficticio, existe la realidad del venezolano que percibe que cada día somos menos libres y que la felicidad se alcanzará cuando el actual régimen deje de ostentar el poder y podamos rescatar nuestra libertad.

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JUANCARLOS VARGAS, SOBERANIA: BLA, BLA, BLA,BLA

El gobierno de Maduro al igual que el gobierno de su predecesor se ha caracterizado por hacer constante alusión al concepto de soberanía. Nunca antes en nuestra historia se ha abusado más del uso de este concepto que durante el régimen que ha gobernado al país durante los últimos 15 años.

En nombre de un modelo de soberanía defendido por las instituciones del Estado, el cual se basa en una concepción absoluta de este concepto, así como en el desconocimiento de tribunales y/o cualquier entidad internacional por encima de la República, este esquema ha tenido repercusiones económicas para Venezuela, pues en nombre de la denominada “soberanía petrolera” el régimen ha alejado la inversión extranjera directa del sector hidrocarburos, pues al proliferar la demandas ante tribunales constituidos de conformidad con las Reglas del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el ex-presidente Chávez decidió en fecha 24 de enero de 2012 denunciar el Convenio CIADI, esgrimiendo no sólo soberanía sino también la supuesta falta de imparcialidad del organismo debido a que respondería a intereses de los Estados Unidos y a designios del capitalismo, por tratarse de una institución creada bajo el auspicio del Banco Mundial, esto ha creado desconfianza y por ende ha alejado la inversión extranjera, salvo los acuerdos que en condiciones desfavorables se han negociado con China, país al que progresivamente se le han entregado muchas de nuestras principales fuentes de riquezas, hipotecando el futuro de varias generaciones de venezolanos.

Asimismo, el uso inapropiado del concepto de soberanía ha tenido repercusiones en materia de derechos humanos, toda vez que el entonces Presidente Hugo Chávez decidió, en fecha 10 de septiembre de 2012, siguiendo recomendación del TSJ denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo cual habría decretado el abandono de Venezuela de dicha convención a partir del 10 de septiembre del presente año, y como consecuencia la aparente imposibilidad para la Corte IDH de ejercer su competencia contenciosa contra el Estado venezolano. Consideramos que se trata de una aparente imposibilidad, toda vez que estamos convencidos que el régimen no cumplió con los requisitos de derecho interno al denunciar dicha convención, y por otra parte, el acto unilateral de denuncia posee vicios de nulidad, sobre estos vicios aún no se han pronunciado los órganos del Sistema Interamericano de DDHH.

Resulta contradictorio que se juegue y manipule con el concepto de soberanía en casos como los antes mencionados, pero a pesar que somos soberanos, al igual que lo son cada uno de los Estados que conforman el sistema internacional, hasta la fecha no se haya producido una reacción adecuada y contundente por parte del Gobierno venezolano, dentro de los límites del derecho internacional, con respecto a la decisión unilateral del Estado de Guyana consistente en otorgar concesiones a compañías transnacionales para que se aprovechen de recursos petrolíferos ubicados dentro de las áreas marinas y submarinas venezolanas, lo cual no sólo viola el Acuerdo de Ginebra, sino que además se constituiría en acto de aquiescencia del Estado venezolano, que en caso que no ejerza su soberanía a la brevedad, terminará otorgando derechos a Guyana sobre áreas que conforman el territorio venezolano. 

Esto nos lleva a recordar la famosa máxima que señala que la soberanía además de proclamarse debe ejercerse de manera efectiva.

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